Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Lunes, 23 julio 2018


Fact-checking en el mundo: Wafana de Alemania

La periodista alemana Johana Wild estaba trabajando en Ruanda en 2014, cuando comenzó a circular un post en Facebook sobre la muerte del presidente Paul Kagame. El post llevó a la gente a tomar las calles y celebrar en el país vecino, la República Democrática del Congo.

“Por varias horas nadie pudo averiguar si el rumor era cierto o falso”, dice Wild.

Ella había estado en África por tres años, y no era la primera vez que rumores online la tomaban por sorpresa, propagándose como reguero de pólvora.

Pero lo que más le molestaba era no tener habilidades para lidiar con ese tipo de desinformación.

"Como periodista de prensa y de radio, no tenía experiencia en fact-checking y realmente no sabía qué hacer", cuenta. "Estaba completamente abrumada".

Wild decidió que quería explorar más a fondo el tema de las noticias falsas. En 2016, después de obtener una maestría en periodismo digital en la Birmingham City University, participó en un programa del Media Lab Bayern, una incubadora de medios que reúne a periodistas y especialistas en inteligencia artificial.

Trabajando en equipo con otro periodista y dos desarrolladores de software, cofundó la primera organización digital de verificación de datos de Alemania. Su nombre, Wafana, es una combinación de las palabras "verdad" (Wahrheit), "hecho" (Fakten) y "noticias" (Nachrichten).

La organización ofrece capacitación en fact-checking para redacciones y periodistas de todo el país, una necesidad que Wild considera urgente.

Ella explica que antes de 2017, el tema de la desinformación no despertaba mucho interés en su país. Tras entrevistas con 20 redacciones alemanas, los investigadores de Wafana descubrieron que la mayoría de los periodistas consideraban que no tenían suficientes conocimientos para verificar contenidos online.

Wild y su equipo querían ir más allá de simplemente ofrecer entrenamiento para verificar hechos. Así que, en agosto de 2017, lanzaron Crowdalyzer, una herramienta de escucha social.

"La herramienta no solo muestra las tendencias (trends) del momento, sino también las tendencias de información falsa", explica.

La herramienta fue desarrollada para el mercado alemán, donde generalmente no hay grandes engaños que lleguen a grandes audiencias. En cambio, la desinformación a menudo toma la forma de pequeñas falsedades y hechos incorrectos que circulan dentro de comunidades específicas online.

Crowdalyzer utiliza el aprendizaje automático para hacer un perfil de la comunidad digital extendida que se relaciona con un tema, un medio o un partido político, y rastrea de qué se está hablando allí.

Si bien ya había herramientas para detectar información errónea, Crowdalyzer permite a los periodistas no solo detectar noticias falsas sino también dirigirse a la comunidad en la que circulan, lo que les da "más oportunidades para desacreditarlas", dice Wild.

Varias redacciones del país la están usando, incluida una redacción local que ayuda a Wafana a desarrollar y mejorar Crowdalyzer al brindar feedback de manera regular.

Alemania tiene leyes severas destinadas a limitar las noticias falsas, los discursos de odio y el contenido ilegal. Las redes tienen la responsabilidad de eliminar mensajes con contenido criminal dentro de las 24 horas, y dentro de los siete días para casos menos claros, o deben pagar una multa. Incluso con estas leyes estrictas, Wild dice que el contenido dudoso sigue circulando.

"El problema con la desinformación es que no siempre es contraria a la ley", explica. "La información falsa que encontramos suele encontrarse en una zona gris".

El principal desafío al que se enfrenta la organización es el ritmo y el alcance de la desinformación.

"Los bots siguen siendo muy estúpidos, no se comportan al 100% como los humanos", dice Wild. "Pero esto está a punto de cambiar, así que tenemos que cambiar. Necesitamos adaptarnos constantemente al paisaje de la desinformación y el desafío es financiar el tiempo que necesitamos para experimentar".

Ella está motivada a continuar innovando y encontrar soluciones en la intersección entre el periodismo y el aprendizaje automático. Wafana fue incluida en la lista de las 30 Mejores Startups de Noticias del Global Editors Network en 2018.

ijnet.org/Clothilde Goujard

 
Reporteros mexicanos dicen a candidatos que sin periodismo no hay democracia

CIUDAD DE MÉXICO.- México es el país más peligroso de América para ejercer el periodismo, por lo que varios reporteros han decidido levantar la voz y exigir garantías para la profesión a los candidatos presidenciales, a quienes recordaron que sin periodismo libre no hay democracia.

“Desgraciadamente no hemos visto en ninguno de los candidatos una propuesta clara y específica de lo que van a hacer para atajar los ataques contra la prensa y garantizar de manera integral la libertad de expresión”, declaró en rueda de prensa Ana Cristina Ruelas, directora de la asociación de periodistas Artículo 19.

El próximo 1 de julio se disputarán la Presidencia de México el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, líder en las encuestas, el conservador Ricardo Anaya, el oficialista José Antonio Meade y el independiente Jaime Rodríguez Calderón.

Ruelas sostuvo que “es una mentira hablar de democracia mientras no existe la posibilidad de palabra” y exigió a los candidatos que reconozcan que la prensa en México “está sujeta a la violencia del Estado”.

Según la organización, 48 % de las agresiones a reporteros proviene de autoridades municipales, seguidas de funcionarios estatales y federales.

La mayoría de agresiones son amenazas dado que “en México una amenaza basta para buscar el silencio de los periodistas porque sabes que después de la amenaza viene la muerte”, dijo Ruelas.

“La violencia contra la prensa es algo que afecta a toda la sociedad” ya que sin el periodismo “no podemos ejercer libertades de manera clara y efectiva”, expuso.

Por ello, la organización lanzó hoy una campaña de concienciación junto con la agencia de publicidad La Doblevida, que ha diseñado un chaleco antibalas elaborado con noticias de periódico sobre los reporteros asesinados en México.

Manuel Camacho, coordinador del proyecto, sostuvo que el objetivo de este chaleco es “demostrar que la información nos protege a todos” y, a la vez, reivindicar que los periodistas no deben necesitar chalecos antibalas.

La prenda, pintada con una mancha de sangre en la que figuran nombres de periodistas asesinados, será distribuida para que los reporteros que lo deseen se fotografíen con ella y la difundan a través de las redes sociales.

“La información nos termina protegiendo y la información tendría que ser a prueba de balas”, añadió Ana Cristina Ruelas.

Guillermo Xibille, reportero que cubrió este evento, contó a Efe que la situación del periodismo en México es “bien complicada” porque “hay que ir con cuidado cuando te metes con algún grupo que no le gusta lo que dices”.

“A compañeros los han levantado (secuestrado), torturado y a algunos los han matado”, deploró.

De acuerdo con Artículo 19, durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, iniciado en diciembre de 2012, 42 periodistas han sido asesinados y se han registrado cerca de 2.000 agresiones a reporteros.

Además, México cerró 2017 con 12 periodistas asesinados, encabezando la lista de países más peligrosos para los comunicadores junto con Siria, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras.

Tanto la Organización de Naciones Unidas (ONU) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han condenado enérgicamente estos crímenes y han urgido al gobierno a “aumentar los recursos para la protección de periodistas“.

Los mecanismos estatales y federales de protección a periodistas no han funcionado dado que varios de los reporteros asesinados se habían acogido a ellos.

La fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión tampoco ha tenido el éxito esperado, pues 99 % de los crímenes contra reporteros quedan impunes, según Artículo 19.

En lo que va de año, siete periodistas han sido asesinados en México. Los últimos dos fueron Héctor González, muerto en el estado de Tamaulipas, y Alicia Díaz, asesinada en Nuevo León, con menos de una semana de diferencia.

EFE/Foto: eldiario.net

 
CPJ denuncia que EEUU incautó registros de comunicaciones de una periodista

NUEVA YORK.- El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) denunció que el gobierno de EEUU incautó los registros de teléfono y correo electrónico de una periodista del diario The New York Times, y consideró que eso “sienta un peligroso precedente” para la libertad de prensa en el país.

El Departamento de Justicia obtuvo los datos de la periodista Ali Watkins durante una investigación sobre varias filtraciones del Comité de Inteligencia del Senado a los medios, que concluyó este jueves con el arresto de su director de seguridad, James A. Wolfe.

“Para cumplir con su responsabilidad pública, los periodistas deben ser capaces de proteger a sus fuentes confidenciales. Los esfuerzos gubernamentales que socavan esta habilidad representan así una amenaza fundamental a la libertad de prensa”, manifestó Alexandra Ellerbeck, coordinadora del CPJ en Norteamérica.

Según el periódico neoyorquino, a Watkins, que había mantenido una relación de tres años con Wolfe, se le informó por carta a posteriori sobre la incautación, en un caso que califica como el primer “ejemplo conocido” de que la justicia estadounidense “va tras los documentos de un periodista durante (la Administración) Trump”.

Wolfe, de 57 años, era el encargado de gestionar la información clasificada y sensible que compartían el Comité de Inteligencia y el Ejecutivo. Tras trabajar para el Comité durante casi tres décadas, sin estar ligado a un partido, dejó su trabajo en diciembre del año pasado y se retiró en mayo.

Fue arrestado el jueves y las autoridades lo acusan de haber hecho declaraciones falsas al FBI sobre el suministro de información clasificada a dos reporteros, aunque él niega haber dado nunca ese tipo de material a periodistas, de acuerdo al NYT.

Los documentos de la acusación exponen que Wolfe se comunicó con cuatro periodistas mediante su teléfono, su correo oficial y aplicaciones de mensajería encriptadas, como Signal o Whatsapp.

En el caso de Watkins, el FBI investigaba cómo ella se había enterado de que espías rusos intentaron contratar en 2013 a un exasesor del actual presidente, Donald Trump, tal y como publicó en un artículo para Buzzfeed, según el Times.

En febrero, el Departamento de Justicia le informó que tenía información sobre sus registros de clienta y suscripciones de dos correos electrónicos y números de teléfono, procedentes de firmas de telecomunicaciones como Google y Verizon.

Aunque el Times señala que los investigadores no obtuvieron el contenido de sus mensajes, los documentos de la periodista abarcan años de comunicaciones, incluidas las asociadas a su correo universitario, de cuando era estudiante.

El abogado de la periodista, Mark J. MacDougall, consideró “siempre desconcertante” que las autoridades obtengan registros telefónicos de un periodista “mediante una citación de un gran jurado u otro proceso legal”, y cuestionó que fuera “realmente necesario”.

En vista de los hechos, el CPJ advirtió que la “incautación gubernamental de los datos de Ali Watkins sienta un peligroso precedente”.

“Tememos que pueda ser una salva inicial en la actual batalla contra la habilidad de los periodistas para proteger a sus fuentes”, señaló el comité.

Asimismo, la organización recordó que el año pasado, el fiscal general Jeff Sessions afirmó que la Administración Trump ha triplicado el número de investigaciones sobre filtraciones y que se mostró a favor de revisar las normas del Departamento de Justicia para facilitar la obtención de documentos de periodistas.

EFE

 
Ecuador: CIDH inicia seguimiento a caso del equipo de prensa asesinado

QUITO (Ecuador).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que el viernes 15 se desarrollará la primera reunión de trabajo del Equipo de Seguimiento Especial (ESE), que fue conformado para investigar y esclarecer el secuestro y asesinato de un equipo ecuatoriano de prensa.

Así lo aseguró la ONG Fundamedios, que ha dado seguimiento constante al caso del reportero Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra de diario El Comercio, secuestrados en la zona fronteriza con Colombia y asesinados en cautiverio, presuntamente a manos de disidentes de las FARC.

A la reunión, que tendrá lugar en la sede de la CIDH, en Washington, “han sido convocados los representantes del Estado ecuatoriano y los peticionarios que incluyen a los familiares de los periodistas y representantes de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, de Colombia y de Fundamedios, del Ecuador”, indicó.

Añadió que, a través de un comunicado, Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo de la CIDH, puso en conocimiento el plan de trabajo y las acciones que tendrá el ESE entre mediados de junio y diciembre del 2018, de conformidad con las atribuciones y mecanismos dispuestos en la Convención Americana, Estatuto y Reglamento.

Parte de las actividades planteadas por el ESE, contempla tres visitas al Ecuador, en donde el equipo mantendrá reuniones y mesas de diálogo, indicó Fundamedios en un comunicado.

Además, el envío de aportes técnicos, solicitudes de información, reuniones de trabajo, audiencias públicas durante el período de sesiones de la CIDH y la emisión de reportes.

De acuerdo al cronograma preliminar, el ESE planea presentar su informe para diciembre próximo.

En su escrito, dirigido a los familiares, en calidad de peticionarios de las medidas cautelares que fueron otorgadas tras el secuestro del equipo periodístico, la CIDH aseguró que es de “suma importancia” que los familiares de los comunicadores sean parte central del proceso de investigación, en el cual esperan transparencia “con la debida cooperación del Estado”.

El pasado 12 de abril, la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de Ortega, Rivas y Segarra, dando respuesta favorable al pedido hecho dos días antes por parte de la FLIP, Fundamedios y los familiares de los comunicadores.

El 30 de mayo, las familias de los integrantes del equipo periodístico recuperaron el vehículo con el que se desplazaron a la frontera de Ecuador y Colombia para recabar informaciones para el rotativo sobre la violencia en el sector donde el 27 de enero estalló un coche bomba.

El equipo fue secuestrado el pasado 26 de marzo cuando realizaba una cobertura en frontera norte del país y el presidente Lenín Moreno, confirmó su asesinato el 13 de abril, que atribuyó a un grupo disidente de las FARC liderado por alias “Guacho”.

Desde entonces sus restos están en paradero desconocido, pese a los llamamientos de los gobiernos de Ecuador y Colombia, y la disposición de organizaciones como la Cruz Roja Internacional para recuperar los cuerpos, lo que ha llevado a los familiares a seguir una campaña regional para lograr una pronta solución a su situación.

 
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