Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Domingo, 8 diciciembre 2019


Universidad Jaime Bausate y Meza: Taller de locución, oratoria y producción radial para Fuerzas Armadas

La Universidad Jaime Bausate y Meza, inició el Taller de locución, oratoria, y producción radial dirigido a los miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú.

La bienvenida a los participantes a este curso, estuvo a cargo del  doctor José García Sosaya, Vicerrector Académico de la Universidad, quien resaltó la importancia de la labor que desempeñan como servidores de la patria.

Por su parte la doctora Connie Vega Jara, Jefa de la Oficina de Extensión Universitaria y Proyección Social, dio a conocer los detalles del taller y de la ceremonia que realizarán los participantes al finalizar el curso.

El Taller de locución, oratoria y producción radial será desarrollado en tres semanas con cursos de teoría y práctica que estarán a cargo del licenciado Manuel Gonzáles Duran, destacado docente universitario de esta casa de estudios y que cuenta con una amplia trayectoria en radio.

 
Unesco alerta sobre la violencia contra los medios de comunicación

Casi el 90% de los responsables del asesinato de 1.109 periodistas en todo el mundo entre 2006 y 2018 no han sido condenados, según un nuevo informe de la Unesco, titulado Intensified Attacks, New Defences [Ataques intensificados, nuevas defensas], publicado con motivo del Día Internacional para acabar con la impunidad de los crímenes contra periodistas, este 2 de noviembre.

La publicación señala un aumento del 18% en los asesinatos de periodistas en los últimos cinco años (2014-2018) en comparación con el quinquenio anterior. Según el informe, la región de los Estados Árabes es la más mortífera para los periodistas (30% de los asesinatos en el mundo), seguida de América Latina y el Caribe (26%) y Asia y el Pacífico (24%). El informe muestra además que en los últimos dos años (2017-2018), el 55% de los asesinatos de periodistas ocurrieron en zonas no conflictivas. Esta tendencia ejemplifica la naturaleza cambiante de los asesinatos de periodistas, que a menudo son blanco de ataques debido a sus reportajes sobre política, crimen y corrupción. Hasta la fecha, la Unesco ha registrado un número menor de asesinatos en 2019 que en la misma fecha del año pasado, con 43 periodistas condenados por la directora general de la Organización al 30 de octubre de 2019, en comparación con 90 asesinatos condenados en la misma fecha en 2018.

“La Unesco obliga a rendir cuentas a todos los que ponen en peligro a los periodistas, a todos los que matan a periodistas y a todos los que no hacen nada para poner fin a esa violencia. El fin de la vida de un periodista nunca debe ser el fin de la búsqueda de la verdad”, afirma la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, en su mensaje para el Día Internacional.

La Unesco también ha lanzado la campaña mundial de comunicación en redes sociales #LaVerdadSigueViva, desarrollada gratuitamente por la agencia creativa Doyle Dane Bernbach (DDB Paris) de París. La campaña llama la atención sobre los peligros a los que se enfrentan los periodistas cerca de sus casas, destacando el hecho de que el 93% de los periodistas asesinados son periodistas locales. En el marco de la campaña, se ha elaborado un mapa de Google que permite geolocalizar todos los asesinatos de periodistas condenados por la Unesco desde 1993. Los usuarios tendrán acceso a la información de cada caso y podrán compartir el mapa en las redes sociales para exigir justicia. Se puede acceder a él a través de la página web https://keeptruthalive.co/

La Unesco y el Gobierno de México acogerán el acto principal del Día Internacional para poner fin a la impunidad, un seminario internacional sobre el fortalecimiento de la cooperación regional para poner fin a la impunidad de los crímenes y los ataques contra periodistas en América Latina (Ciudad de México, 7 de noviembre). Tratará de determinar estrategias para fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad de los periodistas y poner fin a la impunidad en América Latina, haciendo hincapié en la cooperación intrarregional. El evento reunirá a representantes del poder judicial, los mecanismos de protección, las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, la sociedad civil y los medios de comunicación de México, así como a otros actores regionales como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Otras conmemoraciones se están llevando a cabo en más de 15 países de todo el mundo, incluyendo una exposición de la obra de 17 caricaturistas de prensa en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York (hasta el 8 de noviembre). La exposición honra la memoria de los periodistas franceses Ghislaine Dupont y Claude Verlon, asesinados en Malí el 2 de noviembre de 2013.

Entre otros actos destacados cabe mencionar un seminario sobre la libertad de expresión para jueces de la Corte Suprema de África, que se celebró en Kampala (Uganda) los días 28 y 29 de octubre en colaboración con el organismo alemán de desarrollo GIZ y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

La conmemoración del Día Internacional para poner fin a la Impunidad por Crímenes contra Periodistas a través de un seminario regional continúa la serie de seminarios regionales que celebrados en años anteriores en América Latina (San José, Costa Rica), en 2014, Europa (Estrasburgo, Francia) en 2015, África (Arusha, Tanzania) en 2016, Asia (Colombo, Sri Lanka) en 2017 y el Medio Oriente (Beirut, Líbano) en 2018.

 
FIP lanza campaña de tres semanas contra la impunidad

La Federación Internacional de Periodistas lanza una campaña de tres semanas para exponer los altísimos niveles de impunidad de los crímenes contra periodistas así como la falta de acción internacional para combatir la creciente ola de amenazas y ataques a los que se enfrentan los/as profesionales de los medios en todo el mundo.

La campaña comenzará el 2 de noviembre, Día Internacional para Acabar con la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, y durará hasta el 23 de noviembre, aniversario de la masacre de Ampatuan en Filipinas, en la que al menos 32 trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados.

La FIP ha registrado 1064 asesinatos de profesionales de medios de comunicación en los últimos 10 años. Sin embargo, sólo uno de cada diez asesinatos es castigado. Según la UNESCO, el 93% de las víctimas fueron periodistas locales.

“La impunidad ocurre cuando quienes colocan una bomba debajo del coche de un periodista y acaban con su vida permanecen sentados en las instituciones de un estado o en la junta directiva de una gran empresa”, dice la FIP.

La campaña de la FIP se centrará en cinco países -Palestina, Perú, Filipinas, Somalia, Ucrania- donde el nivel de impunidad por acosar, encarcelar, atacar y asesinar a periodistas ha sido alto, teniendo en cuenta los niveles de violencia contra los periodistas en los respectivos países y el fracaso sistemático de las autoridades en la lucha contra la impunidad.

En Palestina la situación de los/as periodistas es muy complicada, ya que suelen ser el blanco de las autoridades israelíes. En la Franja de Gaza, los/as periodistas, así como los ciudadanos, están pagando el precio de la violencia en una zona donde el contexto político es extremadamente delicado. En la última década, 31 periodistas han sido asesinados, incluyendo 3 extranjeros en los Territorios Palestinos Ocupados, según el Sindicato de Periodistas Palestianos (PJS). De éstos, 28 fueron asesinados por las fuerzas israelíes, 2 por pistoleros en Gaza y 1 por la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa. Ninguno de los asesinos de estos 31 asesinatos ha sido castigado.

En Perú, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) ha registrado un total de 64 periodistas asesinados desde 1980, 61 de ellos sin resolver. La tasa de impunidad por crímenes contra periodistas en el país es del 98%. A pesar de que alguna vez se ha juzgado a los asesinos materiales, la mayoría de ellos sicarios, los autores intelectuales de los crímenes prácticamente nunca han sido identificados ni castigados.

En Filipinas, el Sindicato Nacional de Periodistas (NUJP) ha registrado 186 asesinatos desde 1986, de los cuales sólo 17 han sido resueltos. La masacre de Maguidanao, donde asesinaron a 32 periodistas, es la mayor matanza de trabajadores de los medios de comunicación de la historia y sin embargo, sigue impune. La actitud de la administración Duterte hacia la prensa y su constante acoso y abuso de los profesionales de los medios de comunicación fomenta la cultura de que atacar a periodistas sale gratis.

En Somalia, 55 periodistas han sido asesinados desde 2010, entre ellos 8 extranjeros, mientras que tan sólo 4 han sido castigados. Desde su creación, el grupo terrorista islamista Al-Shabab es responsable de muchos de estos ataques, asesinatos y secuestros, también de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. El clima de miedo que rodea a los profesionales de los medios tiene un efecto devastador en la libertad de expresión y en la libertad de prensa, que lucha por revelar los abusos contra los derechos humanos en toda Somalia.

Por último, Ucrania también es un país peligroso para para los periodistas, especialmente en la capital, Kiev. Dieciséis periodistas han sido asesinados desde 1995, entre ellos siete extranjeros. La propiedad de los medios de comunicación está en manos de oligarcas, lo que complica y dificulta el trabajo de los periodistas. La Unión Nacional de Periodistas de Ucrania (NUJU) destaca el hecho de que nunca se han abordado los casos de acoso a periodistas durante las protestas de 2013-2014 Euromaidan. Durante las últimas elecciones presidenciales, numerosos periodistas fueron atacados, amenazados y sometidos a una vigilancia y control exhaustivo. Además, nunca se ha castigado a nadie por el asesinato de Georgiy Gongadze, cuyo cuerpo fue encontrado en noviembre de 2000, decapitado y cubierto de ácido.

El presidente de la FISJ, Youness Mjahed, dijo: “Hablar de impunidad para los crímenes contra los periodistas es hablar de injusticia, silencio y complicidad institucional con los asesinos. Hoy hacemos un llamamiento a todos nuestros afiliados de todo el mundo para que se unan a nuestra campaña mundial y expresen su firme rechazo al nivel de impunidad que deja a las familias de muchas víctimas impotentes y a muchos colegas con miedo de decir la verdad. La lucha contra la impunidad de los crímenes contra los periodistas es una obligación para todos nosotros, más allá del sector mediático. No hay prensa libre si quienes ordenan o cometen asesinatos permanecen impunes, obligando a los medios de comunicación a ocultar la verdad y aterrorizando a quienes se arriesgan a revelarla”

 
Ira contra las élites: otra revolución de octubre, en América Latina

Indignación y rabia contra élites que se alejan de sus bases sociales, incumplen promesas democráticas y aplican ajustes sobre las mayorías han animado la ola de manifestaciones populares que estremecieron  este octubre a varios países de América Latina.

Las protestas callejeras multiplicadas en Ecuador, Chile, Haití y Bolivia “tienen un sustrato en la insatisfacción de la mayor parte de la población, muy perjudicada por las políticas que adelantan las élites”, dijo a IPS el argentino Andrés Serbin, presidente de la académica Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales.

A su vez, la violencia que ha acompañado esas manifestaciones, de parte de quienes protestan y de las fuerzas que las reprimen, muestra que “los espacios cívicos, institucionalizados, cada vez son más restringidos y reprimidos, y la gente no ha podido organizarse, lo que abre campo a la anarquía”, observó Serbin desde Buenos Aires.

En Ecuador, el 1 de octubre el presidente reformista Lenín Moreno lanzó un paquete de ajustes pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con fuertes alzas en los precios de los combustibles al eliminarse subsidios, desatando dos semanas de protestas que incluyeron el asedio a los poderes públicos por miles de indígenas que convergieron sobre Quito, la capital.

En el balance de las protestas y su represión quedaron ocho muertos, 1 300 heridos, más de 1 000 detenidos, según la Defensoría del Pueblo, y la decisión de Moreno de revocar el decreto con los ajustes y entablar un diálogo con los movimientos indígenas y otros opositores.

El transporte también disparó la protesta en Chile. El pasaje en el metro (tren subterráneo) de Santiago subió unos pocos centavos de dólar el 6 de octubre, y bastó para que estallase la ira: primero los estudiantes abordaron los trenes saltando sobre los torniquetes de cobro, luego los exaltados destruyeron esos controles, las estaciones, los vagones y llegaron saqueos, incendios y barricadas.

El presidente derechista Sebastián Piñera sacó el Ejército a las calles para contener desmanes, declaró que “estamos en guerra” contra quienes destruían bienes, y en el contexto de las protestas, desmanes y represión perecieron al menos 18 personas, hubo 289 heridos (incluidos 50 uniformados) y 2 151 detenidos, según cifras del gobierno y de la Fiscalía.

Días después, al progresar las manifestaciones pacíficas, Piñera dio marcha atrás, pidió perdón “porque es verdad que los problemas se acumulaban desde hace décadas y no fuimos capaces de reconocer esta situación”, eliminó el alza en las tarifas del metro (ya parcialmente destruido) y ordenó algunos paliativos en materia de salarios y salud.

“Si el estallido en Ecuador se explica por el ‘paquetazo’ del FMI, en Chile se explica  porque las recetas del llamado Consenso de Washington (de políticas neoliberales de finales del siglo XX) se han ido inoculando por dosis hasta que llegaron a una saturación”, señaló a IPS el analista y exdirector de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Gustavo González.

En Chile “los gobiernos de la mal llamada restauración democrática se esforzaron por jugar “en las ligas mayores” y negociaron acuerdos comerciales con todo el mundo. En este afán liberaron el capital financiero y avalaron herencias de la dictadura (1973-1990), en particular un sistema de pensiones que implica la expropiación de los ahorros previsionales en beneficio de los grupos económicos. La salud y la educación se someten al endeudamiento de las familias”, opinó González desde Santiago.

El analista reconoce que “hay vandalismo, sobre todo en los saqueos de comercios, que en última instancia son la extralimitación de una sociedad de consumo, con una suerte de lumpen-pequeña burguesía (si se permite este lenguaje marxista), que ve en el robo de un plasma de televisión, de una lavadora, un refrigerador o hasta un colchón de dos plazas, el acceso a bienes con que el sistema lo está tentando a diario”.

Serbin concuerda en que “la gente reacciona ante élites que prometen mucho pero resultan incapaces de desarrollar las soluciones y terminan imponiendo políticas desfavorables no solo para los más pobres, sino también para las capas medias”.

El sustrato común que esgrimen los manifestantes que en este octubre se lanzan a las calles es el de la desigualdad. La región,  pese a sus avances económicos, sigue siendo la más desigual del mundo, con expresiones como que una de cada cinco personas vive en tugurios, según diferentes agencias de las Naciones Unidas.

Las expresiones son multidimensionales y locales, pero el contexto es que la falta de acompañamiento del progreso económico con la inclusión social ha llevado, según las últimas cifras del Banco Mundial, a que en la lista de los 10 países más desiguales del mundo, ocho sean latinoamericanos, Chile destacado entre ellos.

También resalta en esa lista Haití, donde las protestas tienen carácter casi crónico, que han debido solventar los 17 presidentes que ha tenido desde 1990.

Allí, en septiembre comenzaron manifestaciones contra el gobierno del mandatario Jovenel Moise. El detonante esta vez ha sido la escasez en el suministro de combustible, aunque también de alimentos y de agua potable.

En un país donde más de la mitad de la población sobrevive con menos de tres dólares al mes, la protesta se animó con las denuncias de corrupción en el manejo de más de 2 000 millones de dólares recibidos en los últimos años de Petrocaribe, el programa de cooperación petrolera que ha mantenido Venezuela para paliar el déficit energético de países del área.

Ya a finales de octubre las protestas callejeras masivas han alcanzado a Bolivia, aunque el disparador en este caso es la presunción de fraude en las elecciones presidenciales del domingo 20, pues el actual mandatario y candidato a reelegirse por tercera vez, Evo Morales, reivindica que ha triunfado y la oposición reclama una segunda vuelta según prevé la Constitución.

Pese al fuerte origen nacional y social que soporta las protestas, la idea de un hilo conductor político en la serie de revueltas que agitan a países con gobiernos opuestos al Foro de São Paulo (colectivo de partidos de izquierda de la región) ha ganado algún espacio en medios políticos y de opinión pública, aunque no sea el caso de Morales, que gobierna Bolivia desde 2006.

“Es un disparate razonar sobre las movilizaciones sociales en América Latina endosándolas al Foro de São Paulo.  Eso es anticomunismo inútil. La izquierda, por el contrario, vive su peor momento, es un cierre de ciclo con clara pérdida de la mayoría popular en El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia. Que incluso compromete al Frente Amplio de Uruguay, que ha hecho un gobierno excelente”, dijo a IPS Rodrigo Cabezas, quien condujo por años los asuntos internacionales del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela.

Cabezas, también exministro de Finanzas del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), opinó que “en el caso de Ecuador y Chile queda la experiencia de que los programas macroeconómicos de ajuste excesivo, sin gradualidad y sin atención a la exclusión social, terminan en el mediano plazo siendo inviables por la desigualdad y pobreza que generan. Pensé que los neoliberales habían aprendido de la experiencia histórica, todo indica que no”.

Perú fue otro escenario de manifestaciones callejeras, después de que el presidente Martín Vizcarra utilizó una prerrogativa legal para disolver el legislativo Congreso el 30 de septiembre y convocó a elegir un nuevo parlamento el 26 de enero, con lo cual quebró el poder bloqueador de la oposición guiada por los herederos políticos del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000).

Esas movilizaciones estrenaron el efervescente mes latinoamericano de octubre, en esa ocasión a favor del presidente y contra el intento del Congreso de destituirlo, lo que amenazaba con extender y profundizar el conflicto institucional.

Pero la crisis fue conjurada con la renuncia a asumir la primera magistratura de la vicepresidenta Mercedes Araoz, el respaldo de las fuerzas Armadas y policiales al gobernante y, sobre todo, al evidenciarse en las calles, e igual en las encuestas, que el presidente contaba con mucho mayor apoyo que sus detractores.

Finalmente, la región también se vio estremecida este octubre por la violenta eclosión del crimen organizado en México, cuando las fuerzas del cartel de drogas de Sinaloa doblegaron al ejército en esa ciudad del noroeste mexicano e impusieron la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del afamado traficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien purga cadena perpetua en Estados Unidos.

“Una muestra de que al distanciarse las élites de las bases sociales, la descomposición penetra en todos los ámbitos”, resumió Serbin.

¿Qué hacer? Para Serbin, la primera recomendación a los gobiernos es que deben “hacer a un lado los liderazgos carismáticos y generar los espacios organizativos necesarios para los indispensables empoderamiento y participación de la gente”.

Análisis de Humberto Márquez (IPS).

 
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