Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Martes, 4 agosto 2020


Racismo camuflado en Brasil

RÍO DE JANEIRO.- El racismo en Brasil es más mortal que en Estados Unidos, si se toma en cuenta la violencia policial contra los negros, pero tiene matices que hacen más compleja la lucha por su erradicación.

Poco más de 6000 homicidios cometió la policía brasileña en 2019, contra 1098 en Estados Unidos, según el brasileño Monitor de la Violencia y el estadounidense Mapping Police Violence, respectivamente.

Los negros constituyen 75 por ciento de las víctimas en Brasil y 28 por ciento en Estados Unidos. Es decir esos brasileños muertos suman 15 veces la cantidad de estadounidenses, aunque la población afrodescendiente de Brasil (56 por ciento de 210 millones) no alcanza el triple de la de Estados Unidos (13 por ciento de 328 millones).

Esa violencia selectiva alimentó las gigantescas protestas en Estados Unidos, tras el asesinato de George Floyd el 25 de mayo, con efectos internacionales y en el caso brasileño también estimuló comparaciones y preguntas sobre las respuestas internas al “racismo que mata”.

“Nuestro racismo es específico”, la esclavitud fue formalmente abolida en Brasil “sin ningún derecho, tierra ni educación a los antiguos esclavos, impedidos incluso de votar en las elecciones, mientras la población negra en Estados Unidos se liberó con derecho a escuela y tierra”, destacó Walmyr Junior, profesor de Historia y uno de los coordinadores del Movimiento Negro Unificado en Río de Janeiro.

“La colonización también fue distinta en los dos países”, acotó Gabriela de Sousa, educadora infantil de artes con orientación antirracista, igualmente en Río de Janeiro.

Los negros en Brasil salieron de la esclavitud en 1888 sin políticas públicas favorables, sino al revés, a sufrir medidas oficiales “para su exclusión”, como leyes contra la vagancia cuando ellos eran privados de trabajo y el gobierno atraía inmigrantes europeos para ocupar tierras y empleos, recordó.

Además se buscaba “blanquear” la población y los libros didácticos mostraban los negros desechables, sucios y “deshumanizados”, observó.

“El racismo mata no solo por la violencia policial, pero también al marginarnos de la sociedad y privarnos de ser humanos. El racismo es estructural, afecta todas las dimensiones de la vida, sea económica, política o cultural”, concluyó.

La enseñanza escolar contribuyó para arraigar los prejuicios y creencias racistas, por lo menos hasta recientemente, coincidieron los entrevistados por IPS, en diálogos por teléfono en Río de Janeiro, debido a las medidas por la pandemia de la covid-19.

“La educación propagó el mito de la democracia racial, de la convivencia entre las distintas razas sin conflictos”, todo basado en respetados intérpretes de la nacionalidad, como Gilberto Freire, dijo Renan de Sá, profesor de Historia en la enseñanza básica.

El amplio mestizaje, que hace de los pardos, como se llaman localmente a los mestizos, el mayor grupo de la población brasileña, con 46,5 por ciento, sería otro factor de la identidad nacional poco o nada racista.

 

A la vez en que disminuía el valor de los mestizos y los pueblos indígenas, en una “eugenesia blanqueadora”, la enseñanza ocultaba las luchas de los esclavos, de los afrodescendientes, cuya resistencia negra sufrió la más dura represión, con masacres, en contraste con rebeliones blancas, sostuvo.

Sá tiene también sus quejas contra los grandes medios de comunicación, que “deshumanizan” los negros, al limitarlos a estadísticas cuando son muertos por la policía, por ejemplo.

“Acá también se protesta cuando se asesina un negro, se incendia autobuses, se bloquean calles”, subrayó ante la comparación desfavorable con las masivas manifestaciones callejeras en Estados Unidos por más de dos semanas.

Pero son actos locales, aún no se lograron movilizaciones nacionales específicamente contra el racismo que muchos aún sostienen no existir en Brasil, incluso algunos gobernantes actuales.

“Desconstruir el racismo en Brasil será tarea para varias generaciones, incuso de mis nietos y bisnietos”, vaticinó Sá, al señalar que los prejuicios sobreviven incluso entre algunos de sus alumnos adolescentes, que se refieren despectivamente a sus condiscípulos negros afirmando que merecerían “tratamiento con bala”.

“Muchas instituciones se crearon para proteger el patrimonio privado de los ricos”, acotó Junior.

La Policía Militar del estado de Río de Janeiro, el gran verdugo de los negros y pobres de las favelas (barrios hacinados), tiene como escudo de armas el dibujo de dos pistolas y de ramas de café y caña de azúcar, principales fuentes de riqueza y poder de los hacendados en la historia brasileña, ejemplificó.

Algunas sus víctimas provocaron una especial indignación popular. Ágatha Félix, de ocho años, regresaba con su madre a la favela donde vivía, en una camioneta de pasajeros, el 20 de septiembre de 2019, cuando fue muerta de un tiro por la policía, en una acción injustificable.

Igual pasó con João Pedro Matos, también negro, de 14 años, muerto de un balazo en la espalda en su propia casa acribillada por más de 70 tiros de la policía civil, el 18 de mayo en São Gonçalo, ciudad cercana a Río de Janeiro.

Las muertes provocadas por la policía aumentaron en los últimos años, en contraste con la reducción de la violencia criminal, incluso los homicidios. Parece resultar de la agresividad de los nuevos gobernantes, elegidos en 2018 con discursos de guerra sin límites contra la delincuencia.

Además de la violencia policial, los afrodescendientes, que comprenden los negros y los mestizos en las estadísticas nacionales, enfrentan actualmente los mayores daños provocados por la pandemia.

En muchos hospitales no se registra el color y género de las personas enfermas o muertas, pero los datos existentes evidencian diferencias. Moría un negro de cada tres hospitalizados y un blanco en cada 4,4, hasta mediados de junio, según la Sociedad Brasileña de Medicina de la Familia.

En São Paulo, la mayor metrópoli brasileña, pruebas por muestreo hasta el 24 de junio comprobaron que el contagio por el coronavirus era 2,5 veces más frecuente entre negros que entre la población blanca, es decir que ya había 19,7 por ciento de negros infectados y 7,9 por ciento de blancos.

 

Esa mayor vulnerabilidad, que incluso se reveló más intensa en Estados Unidos, refleja lo que últimamente se ha pasado a definir como racismo estructural.

Los negros tienen menos oportunidades laborales, están muy presentes en funciones esenciales que los exponen al contagio -como vendedores callejeros, repartidores y conductores de autobuses o taxis-, ganan menos y no pueden confinarse por muchos días, son mayoría entre los pobres y encarcelados y muchos sufren de enfermedades como diabetes e hipertensión que agravan la covid.

La crisis sanitaria y la conmoción mundial por el asesinato de Floyd le dieron “visibilidad a nuestras llagas” y estimulan un amplio debate en busca de “una respuesta del conjunto de la sociedad al problema del racismo”, espera Itamar Silva, líder comunitario en la favela Santa Marta, cerca del centro de Río de Janeiro.

“Podemos ver ahora con mayor transparencia de que somos formados, sin iludirnos sobre el carácter violento y de fuertes prejuicios de nuestra sociedad”, cuya transformación exigirá largo tiempo, advirtió.

“La única forma de combatir el racismo es vincularla al derecho a la ciudad”, afirmó Walmyr Junior, también consejero de Enegrecer Colectivo Nacional de la Juventud negra y habitante de Maré, un gran complejo de favelas de Río de Janeiro.

“Las ciudades fueron diseñadas para excluir a los negros y pobres, desplazarlos para las favelas o periferia. Las favelas son productos de desalojos, que le quitan la cultura, familiares, amistades y la identidad a la gente. Garantizar el derecho a la ciudad es el camino”, concluyó.

Mario Osava (IPS).

 
Crece desempleo en América Latina

LIMA.- América Latina y el Caribe puede quedar este año con 41 millones de desempleados debido al impacto de la pandemia covid-19, según un estudio de la oficina regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Se trata de “un récord histórico que va a repercutir sobre la estabilidad económica y social de nuestros países”, consideró el director regional de la OIT, Vinícius Pinheiro, al presentar el informe el miercoles 1.

Debido al choque económico aparejado con la pandemia, el Banco Mundial estima una pérdida en el producto interno bruto regional de -7,2 por ciento, lo que llevaría la tasa de desocupación de su registro de 8,1 por ciento en 2019 a 12,3 por ciento al cierre de este año.

Pero si la contracción económica alcanza a -9,4 por ciento según el más reciente cálculo del Fondo Monetario Internacional, la tasa de desocupación ascendería hasta 13 por ciento.

En números absolutos eso significa que en vez de 26 millones de desempleados habría 41 millones.

Para quienes sigan laborando habrá un deterioro en la calidad de los puestos de trabajo, y para los trabajadores y los hogares una merma en los ingresos, con un resultado global de incremento de la desigualdad y la pobreza.

Los ingresos laborales en promedio aportan 80 por ciento de los ingresos familiares totales en la región.

“Una característica de esta crisis ha sido la velocidad de su impacto, lo que se ha traducido en un colapso inmediato de los ingresos laborales y familiares de un conjunto muy amplio de la población, y eso puede aumentar las desigualdades sociales”, dijo Pinheiro en la sede regional del organismo en Lima.

El análisis de la OIT destacó que “la masiva destrucción de empleo no se refleja por completo en incrementos en la tasa de desocupación, debido a que una parte de los trabajadores que pierden su empleo ha salido de la fuerza de trabajo”.

Eso es consecuencia de las medidas de confinamiento, o de la falta de oportunidades laborales, que coloca a muchos trabajadores en condición de inactividad. La situación puede variar a medida que se flexibilicen las medidas de contención.

Por otra parte, el documento dice que en la región aproximadamente 40 por ciento del total del empleo se desarrolla en sectores de alto riesgo frente a la crisis detonada por la pandemia, y 17 por ciento lo hace en sectores de riesgo medio-alto.

Algunos de los sectores de actividad de alto riesgo como, por ejemplo, servicios de alojamiento o de comidas, o comercio, emplean mano de obra intensiva y en numerosos casos con niveles bajos de calificación.

En el otro extremo de la clasificación, una proporción baja de trabajadores, menos de 20 por ciento, están ocupados en actividades de bajo riesgo, como por ejemplo la administración pública y los servicios de educación.

También se indicó que 60 por ciento de los ocupados en América Latina y el Caribe están expuestos a perder su empleo u horas laborales, y con ello sus ingresos.

 

El documento de la OIT sostiene que “el desafío para las políticas de respuesta a la crisis es mayúsculo, requiriendo que los gobiernos junto con los actores sociales del mundo del trabajo logren consensuar programas de respuesta efectivos”.

El organismo pide una estrategia para reconstruir los mercados de trabajo que se apoye en cuatro pilares: estimular la economía y el empleo, apoyar a las empresas y los ingresos de los trabajadores, proteger a los trabajadores en el lugar de labor, y lograr soluciones eficaces mediante el diálogo social.

(IPS)

 
La pandemia está teniendo un impacto catastrófico en el desarrollo

NUEVA YORK.- La pandemia del coronavirus está teniendo un “impacto catastrófico” en el ámbito del desarrollo, complicando aún más el cumplimiento de la llamada Agenda 2030, el gran plan de la ONU contra la pobreza y para proteger el medio ambiente, según advirtió este martes la organización.

La implementación de esa estrategia ya registraba problemas a finales de 2019 y la llegada de la COVID-19 hace mucho más cuesta arriba lograr los objetivos fijados para dentro de diez años, señala un informe presentado por Naciones Unidas.

El documento, que confirma varias tendencias ya apuntadas previamente por la ONU, sirve de base a las discusiones del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, una amplia reunión inaugurada este martes y que continuará hasta el próximo 16 de julio por vía virtual.

“El informe desafortunadamente no trae buenas noticias”, explicó a los periodistas el responsable de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, Liu Zhenmin, que insistió en que los avances ya estaban siendo insuficientes antes de la pandemia.

La crisis del coronavirus, sin embargo, ha hecho que se frenen en seco muchos de los esfuerzos en el ámbito del desarrollo y pone en peligro los progresos logrados durante años.

Entre otras cosas, la ONU estima que en 2020 unos 71 millones de personas caerán en la extrema pobreza, en lo que será la primera subida en la pobreza global desde 1998.

El impacto de la pandemia, según subrayó Liu, no está siendo igual en todo el mundo y está afectando especialmente a las poblaciones más pobres y vulnerables.

Por ejemplo, Naciones Unidas destaca la situación de los alrededor de 1.600 millones de personas que trabajan en la economía informal, cuyos ingresos se han desplomado y que en muchos casos no tienen acceso a ayudas.

El informe subraya además el fuerte impacto en los niños, dada la interrupción de muchos servicios de salud y campañas de vacunación, que pueden desembocar en miles de muertes infantiles, y el cierre de las escuelas, con sus consecuencias a largo plazo.

Mientras, el cambio climático continúa acelerándose y 2019 fue el segundo año más cálido desde que hay registros, culminando una década con temperaturas récord.

El Foro Político de Alto Nivel es la principal cita anual de la ONU para revisar la aplicación de la Agenda 2030, un amplio plan con 17 metas que sustituyó a los Objetivos del Milenio.

En el Foro intervendrán durante los próximos días centenares de representantes gubernamentales, de organismos internacionales, de empresas y de la sociedad civil.

EFE

 
La Prensa de Panamá pide levantar secuestro y critica al partido de Gobierno

PANAMA.- El diario panameño La Prensa presentó este lunes una fianza de 1,13 millones de dólares y pidió que se levante el secuestro de sus bienes, dictado en el marco de una demanda civil impulsada por el expresiente Ernesto Pérez Balladares desde 2012, una medida que dijo busca "acallar" el periodismo crítico.

"Hemos presentado al juzgado décimo quinto el único recurso que teníamos a nuestra disposición, una fianza por el valor de 1,13 millones de dólares, junto a la petición de levantamiento de secuestro", dijo en una rueda de prensa el presidente de la Corporación La Prensa (Corprensa), Diego Quijano.

Ese juzgado civil notificó el sábado pasado al diario que inmovilizó cuentas y acciones de la Corprensa por valor de 1,3 millones de dólares como parte del litigio civil por daños y perjuicios, admitido en marzo de 2012, en el que el expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) reclama 5,5 millones de dólares.

"No tenemos garantizado" que la fianza sea acogida, declaró Quijano, quien dijo confiar en que el "derecho prevalecerá, pues la ley está" del lado del diario, el más importante del país.

UN ATAQUE A LA LIBERTAD DE PRENSA Y PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA

La medida de secuestro impide en lo inmediato que la Corprensa cumpla con el pago de la nómina de sus empleados y a largo plazo compromete su operación, por lo que constituye un atentado a la libertad de expresión e información, sostuvo Quijano.

La Prensa enfrenta 12 demandas civiles y 22 querellas penales que suman 84 millones de dólares, interpuestas "por expresidentes, exfuncionarios, contratistas del Estado y todas tienen interés público", dijo Quijano.

Resaltó que la medida que inmoviliza sus fondos por el caso Pérez Balladares es un "golpe fortísimo al periodismo investigativo" y sienta un "precedente" que perjudica no solo a ese rotativo sino "a todos los que se atrevan a criticar a quienes detenten el poder político, a indagar en los posibles actos de corrupción".

"El monto que pretende esta reclamación" de Pérez Balladares es desproporcionado, valoró Quijano, que se preguntó "de qué manera" ese dinero "restituye la honra" del expresidente, como este defiende.

En ese sentido, Quijano pidió que se aprueben en Panamá "modificaciones legales para asegurar que las medidas cautelares" contra los medios escritos sean "comedidas o proporcionadas" de manera que no constituyen "una amenaza a la libertad de prensa".

"Hoy es La Prensa secuestrada, mañana es un activista ambiental, un periodista independiente, un ciudadano que escribe una columna de opinión", alertó Quijano.

"CALLAR NO ES UNA OPCIÓN"

Quijano cuestionó el hecho de que la demanda de Pérez Balladares se haya reactivado un año después de que su Partido Revolucionario Democrático (PRD) volvió al Gobierno tras 10 años en la oposición, y que la medida de secuestro se haya notificado luego de que otro expresidente, Ricardo Martinelli (2009-2014), advirtiera que "él u otros" podrían apelar a esa medida.

 

En un editorial titulado "Para La Prensa callar no es la opción", el rotativo denunció este lunes que el PRD, "nacido a la sombra de esa dictadura tramposa y acostumbrada a silenciar a sus críticos" que vivió Panamá entre 1968 y 1989, "vuelve a la carga".

Recordó que el rotativo cumple 40 años y que en ese tiempo nunca ha cesado en "llevar adelante el rol crítico (...) y el periodismo investigativo que merece una sociedad informada".

Así, criticó al actual Gobierno, de Laurentino Cortizo, "que se nos vendió como el de un PRD renovado y transformado", pero al que "sus ministros lo traicionan, sus diputados lo retratan, sus lúgubres conexiones lo desnudan y ahora su expresidente lo delata".

"La lista de investigaciones y escándalos de corrupción destapados durante la administración de Ernesto Pérez Balladares es demasiado larga para este espacio (...) la acción obtenida por el expresidente tiene como víctima a la sociedad (...) hemos llegado a esta encrucijada, en la que la Patria se ha visto atrapada por una pandemia mientras es asaltada por una nueva generación de pillos", añadió.

Y ahora "se vuelven a encontrar las pretensiones de dos expresidentes. Uno ataca y el otro felicita. Uno avisa y el otro ejecuta", dijo el editorial, en referencia a Pérez Balladares y Martinelli.

El secuestro de los bienes del diario ha sido condenado por gremios de prensa locales y organismos internacionales de derechos humanos, que señalan que es una decisión propia de un sistema judicial "obsoleto e inoperante" en un "Estado fallido" que amenaza la libertad de expresión.

EFE

 
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Créditos: Eylen Jalilíe