Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Sábado, 23 octubre 2021


ANP: Ley de protección de datos personales no se puede utilizar como instrumento para amedrentar a la prensa

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) ve con profunda preocupación que, de manera reiterada, se haga mal uso de la denominada Ley de protección de datos personales (Ley 29733) en desmedro del derecho ciudadano a la información.

Reprobamos que, tal como viene sucediendo con el semanario Hildebrandt en sus Trece, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no pondere razonablemente el ejercicio de estos dos derechos. Utilizar la figura de vulneración a la protección de datos sensibles para coaccionar a periodistas y medios es injustificable. La instrumentalización de la ley desnaturaliza su fin legítimo de protección.

La ANP recuerda que el artículo 7 de la mencionada norma señala el principio de proporcionalidad entendiendo que el “tratamiento de datos debe ser adecuado, relevante y no excesivo a la finalidad que estos hubiesen sido recopilados”.

El semanario Hildebrandt en sus Trece ha revelado que, el 26 de octubre el Ejecutivo, a través de la Dirección de Fiscalización e Instrucción (DFI) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) ha iniciado un proceso administrativo sancionador que hace al medio pasible de una elevada sanción económica que, según revela la publicación, podría llegar hasta las 50 UIT (215 mil soles). Ello, en la práctica, significaría la quiebra económica de la publicación.

El origen de este proceso radica en una denuncia que el paciente 0 de covid en el Perú habría interpuesto al semanario ante el MINJUSDH, indicando que sintió invadida su privacidad ante una supuesta intromisión del medio para revelar su identidad y publicar su fotografía en un texto periodístico difundido el 13 de marzo.

En los últimos años la Oficina de los Derechos Humanos de la ANP ha detectado un aumento en las demandas contra medios por la presunta infracción a esta ley. Hemos advertido la necesidad de modificar su reglamento para que no se convierta en una potencial amenaza al trabajo periodístico y el derecho a la información.

Desde la ANP nos solidarizamos con el semanario Hildebrandt en sus Trece y demandamos al MINJUSDH reconsiderar el proceso administrativo sancionador valorando como elementos vitales a tomar en cuenta la primacía del interés público, la transparencia y el derecho a la información en el tratamiento de los datos. De no hacerlo la infracción se traducirá en la quiebra y consecuente cierre del medio, convirtiendo al Estado Peruano en el autor de uno de los más graves ataques a la libertad de prensa perpetrados en el país en el último quinquenio.

 
Caso Hugo Bustíos: Nuevo juicio oral se inicia el 26 de noviembre

La Tercera Sala Penal Nacional Especializada del Poder Judicial fijó para el 26 de noviembre el inicio del nuevo juicio oral contra Daniel Urresti por el crimen del periodista Hugo Bustíos, cometido en noviembre 1988, en Huanta, Ayacucho.

Para el 2 de setiembre se estableció el inicio del proceso, sin embargo, este tribunal reprogramó la audiencia después de que Vanesa Alfaro Mendoza, defensa legal de Daniel Urresti, solicitara más tiempo con el fin de estudiar el expediente contra su defendido.

El Ministerio Público acusa al hoy congresista de haber participado en el asesinato de Hugo Bustíos y, por ello, pide 25 años de cárcel en su contra por la presunta coautoría del delito contra la vida, cuerpo y salud en la modalidad de asesinato.

La audiencia para el 26 de noviembre empezará a las 9 de la mañana y se desarrollará de forma virtual.

El periodista Hugo Bustíos Saavedra fue presidente de la ANP Huanta, corresponsal de la revista Caretas y director de radio Amauta. El 24 de noviembre de 1988 un grupo de militares le disparó para luego detonarle un cartucho de dinamita.

En el 2007 sentenciaron a Amador Vidal Sanbento y Víctor La Vera Hernández como autores materiales del hecho. Sin embargo, en el 2011 son liberados sin completar la condena.

En 2015 inicia el proceso judicial contra Daniel Urresti, acusado de ser autor mediato; el mismo que culmina en octubre 2018 y cuya sentencia fue anulada para dar inicio a este nuevo proceso.

 
ANP: Restringir acceso a información pública es señal de opacidad gubernamental

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su preocupación por la falta de transparencia de ciertas dependencias del Estado que se resisten a brindar información sobre acciones de gobierno adoptadas durante el estado de emergencia nacional. Limitar el acceso a la información pública no solo es señal de opacidad, sino que lesiona el derecho constitucional a estar debidamente informado. La pandemia no debe servir de excusa para restringir las libertades civiles.

De manera particular, la ANP subraya la negativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) de brindar información sobre los beneficiarios del programa Reactiva Perú al portal web de periodismo de investigación Convoca.pe bajo el argumento de “guardar reserva respecto de las operaciones, actos, contratos, documentos e información que se relacionen con los fideicomisos, con los mismos alcances que la ley establece para el secreto bancario”.

Ante la respuesta deficiente del MEF el 8 de julio, en la que precisó que “toda la información del programa se encuentra en su portal web (citando la dirección web de dicho espacio)”, el periodista Luis Enrique Pérez Pinto, de Convoca.pe, se dirigió al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP) para presentar un recurso de apelación demandando se le brinde información sobre “la fecha de aprobación y otorgamiento de cada préstamo”.

El portal de investigación requería dicha data para identificar a las empresas que han sido beneficiadas por el programa de reactivación económica luego de detectar “que dos empresas supervisoras y cuatro estudios de abogados investigados por el megacaso de corrupción Lava Jato accedieron a préstamos con aval del Estado”.

Este hecho llamó la atención del equipo periodístico puesto que, el 11 de mayo el Ejecutivo publicó el decreto legislativo que agregaba restricciones e impedimentos de acceso a empresas procesadas o investigadas por casos de corrupción. Para sorpresa del medio, hasta el 29 de mayo detectaron que, algunas de las entidades involucradas en investigaciones por estos ilícitos, habrían sido beneficiadas luego de aprobada esta norma.

La ANP detecta, a partir de su propia experiencia de pedidos de acceso a la información pública en el marco de esta pandemia, que las instituciones públicas cumplen con el plazo de respuesta, pero lo hacen de manera incompleta y genérica. El Tribunal Constitucional ha señalado anteriormente que “no solo se niega el derecho de acceso a la información pública cuando la negativa es expresa, sino también cuando la respuesta proporcionada es ‘fragmentaria, desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, no oportuna o errada’ (faz negativa de este derecho fundamental)”.

En razón a ello, y ante un segundo pedido de apelación de Convoca.pe para acceder a la data sobre la fecha de aprobación y otorgamiento de préstamos a la empresas beneficiarias del programa Reactiva Perú -precisando que la entrega de esta información no vulnera el secreto bancario de las empresas beneficiarias-, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP exhorta al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que priorice la necesidad de información de la ciudadanía.

Asimismo, la ANP recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su resolución 001-2020 (denominada “Pandemia y Derechos Humanos, en América Latina”), señala que los estados miembros deben “asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el COVID-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público”, recomendación que subrayamos con especial énfasis.

Para la ANP, la transparencia debe ser considerada una prioridad tanto en el sector público como el privado. La obligación de rendición de cuentas del Gobierno es esencial en democracia.

Lima, 22 de octubre del 2020

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

 
La ONU pide ayuda ante la “devastación” causada por la covid

GINEBRA.- Cuatro agencias de las Naciones Unidas lanzaron un nuevo llamado a la solidaridad internacional para enfrentar el impacto de la pandemia covid-19 sobre los grupos más vulnerables del planeta, en los campos de la salud, el trabajo y la alimentación.

El trastorno causado por al covid ha sido “devastador” y “ahora es el momento de la solidaridad y el apoyo mundial, especialmente con los más vulnerables de nuestras sociedades, particularmente en el mundo emergente y en desarrollo”, asentó el texto difundido en las sedes de la ONU.

La declaración fue producida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (Fida).

Calificaron como “devastador” el trastorno económico y social causado por la pandemia, con más de un millón de muertos, millones de enfermos, decenas de millones de personas en riesgo de caer en el desempleo y la pobreza extrema, y un aumento sin precedentes de la desnutrición.

El número de personas desnutridas, que actualmente se estima en casi 690 millones, podría aumentar en 132 millones para el final del año.

Casi la mitad de los 3300 millones de trabajadores del mundo corren el riesgo de perder sus medios de vida, y aquellos que se desempeñan en la economía informal son más vulnerables porque la mayoría carece de protección social y atención de salud.

“Sin los medios para obtener ingresos durante los encierros, muchos no pueden alimentar a sus familias. No tener ingresos significa no comer o, en el mejor de los casos, menos alimentos o comida menos nutritiva”, indicó el texto.

Los cierres de fronteras, las restricciones comerciales y las medidas de confinamiento han impedido que muchos agricultores accedan a los mercados, incluso para comprar insumos y vender sus productos, y así se han interrumpido las cadenas de suministro de alimentos.

“A medida que las cabezas de familia pierden sus trabajos, enferman y mueren, la seguridad alimentaria y la nutrición de millones de mujeres y hombres se ven amenazadas”, sobre todo en los países de bajos ingresos y, dentro de ellos, grupos vulnerables como pequeños agricultores e indígenas.

Millones de trabajadores agrícolas, asalariados y autónomos, regularmente enfrentados a altos niveles de pobreza laboral, cuando experimentan pérdidas de ingresos pueden recurrir a estrategias de supervivencia negativas, como la venta de activos por situaciones de emergencia, los préstamos abusivos o el trabajo infantil.

El Fida estima que 63 por ciento de las personas pobres del mundo trabajan en la agricultura, y esas labores también  registran 70 por ciento del trabajo infantil.

Las cuatro agencias pidieron “acciones inmediatas y decididas para salvar vidas y medios de subsistencia”, como extender la protección social hacia la cobertura universal de salud y medidas de apoyo a los ingresos para los más afectados.

En las medidas de apoyo incluyeron las transferencias de efectivo, asignaciones por hijos y las comidas escolares saludables, iniciativas de ayuda alimentaria y de refugio, apoyo para la retención y recuperación del empleo, y la ayuda financiera para las empresas, incluidas las micro, pequeñas y medianas.

“Millones de empresas se enfrentan a una amenaza existencial”  bajo el impacto de la pandemia, y por ello las agencias de la ONU recomendaron que los gobiernos implementen medidas en estrecha colaboración con trabajadores y empleadores.

En ese marco, el director de la OIT, Guy Ryder, elogió el reciente compromiso de los países del grupo  Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) para prestar más apoyo a las empresas y fomentar mercados de trabajo más inclusivos, atendiendo a los trabajadores con mayor riesgo, como las mujeres, jóvenes y los de más edad.

Al yuxtaponerse las crisis sanitaria y alimentaria, la declaración pide dar prioridad a los desafíos subyacentes de la seguridad alimentaria y la desnutrición, a la pobreza rural, a universalizar la protección social y a facilitar vías migratorias seguras.

Finalmente, señalaron que junto con promover la formalización de la economía informal se preste atención a la degradación ambiental y al cambio climático, para proteger la nutrición, la seguridad alimentaria, la salud y los medios de vida de todos.

IPS

 
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