Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Jueves, 20 setiembre 2018


Al menos 21 periodistas están desaparecidos en México desde 2003

Al menos 21 periodistas están desaparecidos en México desde el año 2003, afirmó la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que aseguró que este dato supone un "récord en el continente americano".

De algunos de estos periodistas "no se tiene noticia desde hace por lo menos 15 años", indicó RSF en un comunicado emitido por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se celebra hoy.

Los estados de Michoacán, Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca, señaló, están "gangrenados por el crimen organizado y la corrupción" y son los que registran más asesinatos de periodistas y desapariciones de comunicadores.

Entre las víctimas de este último delito están Jesús Mejía Lechuga (desaparecido en 2003 en Veracruz), María Esther Aguilar Cansimbe (2009, Michoacán), Marco Antonio López (2011, Guerrero) y Zane Plemmons (2012, Tamaulipas).

"Las denuncias de las familias no prosperan y las investigaciones se estancan, incluso las emprendidas a escala federal por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle)", indicó RSF.

En México, agregó, en los casos de desaparición se suele mencionar como responsables a los cárteles de la droga, pero "a menudo los allegados de las víctimas sospechan que funcionarios del Gobierno podrían estar implicados".

Además, instó al nuevo Gobierno, que estará encabezado por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre, debe "redoblar esfuerzos" para que las investigaciones de desapariciones de periodistas den resultados.

Por último, RSF lamentó que no exista información pública detallada sobre los avances de las investigaciones ni un plan integral de resarcimiento para las familias, como recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2016.

EFE

 
ANP participó en 15 aniversario de entrega de informe de Comisión de la Verdad

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú estuvo presente en el 15 aniversario de entrega del Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional, en el memorial El Ojo que Llora, en Jesús María. Como le toca al gremio, como le toca a los periodistas. Al lado de las víctimas y recordando también a nuestros desaparecidos y asesinados.

Para la ANP no se puede negar lo que sucedió. Un pueblo que tiene memoria se hace así mismo una mejor sociedad.

La memoria es la única garantía de no repetición.

Seguimos buscando a nuestros colegas Pedro Yauri (Huara), Jaime Ayala (Huanta) e Hilario Ayuque (Huancavelica).

 
Ortega incrementa el asedio a los periodistas en Nicaragua

Sandra Weiss, periodista alemana enviada a Nicaragua por el diario suizo Neue Zürcher Zeitung, fue agredida el 10 de agosto cuando documentaba una invasión de tierras en Chinandega, provincia localizada al oeste del país. Weiss quería documentar los daños causados al proyecto "Chinandega Maracuyá Company (Chimaco)", una enorme plantación de maracuyá con una inversión de 20 millones de dólares propiedad de una empresa suiza y del Grupo Coen —uno de las mayores de este país centroamericano—, que había sido invadida por grupos armados leales al Gobierno del presidente Daniel Ortega. A la reportera le ordenaron que se bajara del taxi que había contratado, le robaron su cámara, grabadora, sus notas y la tarjeta de crédito, con la que más tarde sus asaltantes harían una compra por 2.000 dólares en gasolineras locales. El asalto a Weiss es la más reciente agresión contra el periodismo en un país donde desde el Gobierno se persigue y criminaliza esta profesión, según denuncias de reporteros y directores de medios de comunicación.

El 18 de abril, cuando el presidente Ortega ordenó un ataque de sus huestes a una manifestación contra las reformas a la Seguridad Social que se desarrollaba de forma pacífica en Managua, los simpatizantes de Ortega —armados de tubos y garrotes— agredieron a periodistas que cubrían la protesta, entre ellos corresponsales de la prensa extranjera. La indignación por la respuesta violenta del Ejecutivo a quienes se oponían a las reformas derivó en una serie de manifestaciones que desde el 19 de abril exigen la salida del poder del mandatario sandinista y que han dejado al menos 317 personas asesinadas. El 21 de abril, cuando se cumplían tres días de brutal represión, Ángel Gahona, periodista y propietario del noticiero El Meridiano, fue asesinado en la ciudad de Bluefields, localizada en el Caribe de Nicaragua. Gahona transmitía por Facebook Live un enfrentamiento entre las tropas de antidisturbios y los manifestantes, cuando recibió un disparo en la cabeza.

Los colegas de Gahona en Bluefields repudiaron el asesinato y culparon a la Policía Nacional, que desató el acoso e intimidación contra los reporteros que fueron testigos del hecho. La periodista Ileana Lacayo denunció que ella y otros reporteros han sido "perseguidos" por "policías de civil y uniformados", que también han "monitoreado los movimientos" de sus familiares, por lo que ella tuvo que dejar Nicaragua.

A estas agresiones se sumó la censura a medios de comunicación independientes, tras la orden de Telcor —la empresa estatal reguladora de las telecomunicaciones— de retirar de la señal abierta a al menos cuatro canales de televisión, que cubrían en directo las manifestaciones antigubernamentales. El Canal 100% Noticias fue el medio más afectado por la censura de Ortega, al ser retirado del aire sin explicaciones durante varios días en abril. Los sitios de Internet de la revista Confidencial y del diario La Prensa también sufrieron ataques que los dejados desconectados durante horas.

En junio, cuando el Gobierno armó a agrupaciones irregulares que asaltaron las barricadas levantadas por la población en varias ciudades del país como forma de protesta, un grupo de parapoliciales golpearon a periodistas que pretendían realizar una cobertura del asalto contra la ciudad de Masaya, localizada a 35 kilómetros al sureste de Managua. Los encapuchados rodearon a las periodistas Leticia Gaitán, de 100% Noticias, y Daliana Ocaña y Luis Alemán, de Canal 12, y los amenazaron con armas de alto calibre. Les robaron parte de su equipo.

Mientras tanto, Roberto Collado Urbina, corresponsal del noticiero Acción 10 en la colonial ciudad de Granada, fue golpeado y secuestrado por grupos parapoliciales. El joven resultó con heridas de gravedad en la cabeza —que tuvieron que ser suturadas— y el dedo meñique de su mano izquierda quedó inutilizado por la golpiza. Otro reportero de Acción 10, Paco Espinoza, denunció persecución en su contra, por lo que tuvo que esconderse en las montañas del norte de Nicaragua. A Espinoza, que dio cobertura a las manifestaciones contra el Gobierno en Jinotega, ciudad del norte de Nicaragua, la Policía lo acusa por "terrorismo, robo y tortura". El joven reportero dijo que se le ha puesto "precio" a su captura: se ofrecen 7.000 dólares. Una denuncia similar hizo la dirección de Radio Corporación, de Managua, al informar la semana pasada que en perfiles de redes sociales afines al Gobierno se ofrecen hasta 5.000 dólares por la captura del corresponsal de esa emisora en Masaya.

Carlos Salinas (El País/España).

 
Periodista e inmigrante latino

Serafín Morán Santiago es un periodista cubano. Colaboró con varios medios extranjeros, Univisión, Telemundo y TV Martí entre los más renombrados. Según ha declarado, fue detenido y abusado por la Seguridad del Estado en reiteradas ocasiones, las más recientes en junio de 2016 y en septiembre de 2017. En esta última oportunidad le fue confiscado su equipo de trabajo.

Asegura haber sido amenazado de muerte por ejercer su labor en Cuba, razón por la cual solicitó asilo en la Embajada de Estados Unidos en dos oportunidades, ambas denegadas. Así emigró primero a Guyana y luego a México, desde donde acudió a un puesto fronterizo para volver a solicitar asilo político. Desde abril está recluido en un centro de ICE, Immigration and Customs Enforcement, en Pearsall, Texas, esperando la correspondiente audiencia de fianza que volvió a ser suspendida esta misma semana.

Emilio Gutiérrez Soto es un periodista mexicano. El pasado 11 de julio fue liberado por orden de un juez federal en El Paso, Texas, quien consideró que las autoridades migratorias habían violado la Primera Enmienda, el derecho a la libertad de expresión. El reportero estuvo preso durante ocho meses, según la opinión de varias instituciones por haber sido crítico de la política migratoria del presidente Trump.

Gutiérrez es solicitante de asilo político desde su llegada al país en 2008 junto a su hijo, petición basada en las amenazas y agresiones recibidas por él y su familia. Ello como resultado de una serie de reportajes sobre corrupción y ataques contra la población perpetrados por fuerzas militares en Chihuahua. Su audiencia de asilo está pendiente en una corte de El Paso.

Manuel Durán Ortega es un periodista salvadoreño con diez años de residencia en Memphis, Tennessee, donde llegó a causa de amenazas de muerte sufridas en su país de origen. En abril pasado fue arrestado por la policía local junto a un grupo de activistas. Se hallaba transmitiendo por Facebook Live para su sitio digital, Memphis Noticias, una manifestación sobre inmigración que coincidía con el aniversario del asesinato de Martin Luther King.

Durán permaneció en prisión 48 horas y luego el Departamento de Policía desestimó los cargos en su contra. Sin embargo, al salir del centro de detención lo esperaban oficiales de ICE para arrestarlo. En 2007 no se presentó a comparecer en una audiencia de inmigración en Atlanta y fue dictada su orden de deportación. En mayo una orden judicial ordenó la suspensión de dicha deportación, pero el caso inmigratorio continúa abierto y Durán se encuentra en un centro de detención en Jenna, Luisiana.

FundamediosUSA, Reporteros sin Fronteras y otras organizaciones que abogan por la libertad de prensa y los derechos de los periodistas han seguido de cerca estos tres casos. Entre tantos otros, lo común a los tres casos es la violencia que cotidianamente sufren los reporteros en América Latina, donde son blanco de la represión estatal y del crimen organizado, y la vulnerabilidad a la que están expuestos cuando emigran a Estados Unidos, donde son víctimas de una política de estigmatización deliberada del inmigrante

De este modo, sufren una doble vulneración de derecho. El periodista latino intersecta los dos temas más significativos de un clima político como no se recuerda haber vivido en Estados Unidos. Los medios son acusados por el propio presidente de ser “enemigos del pueblo”. En consecuencia, sus seguidores los hostilizan, una imagen casi diaria en la pantalla de televisión.

Los inmigrantes latinos, a su vez, también han sido acusados por el presidente. En este caso, y de manera ad hominem, de ser “narcotraficantes, asesinos y violadores”. Como resultado, las acciones de la autoridad migratoria reflejan la animosidad del primer mandatario. La separación de familias ilustra el punto.

Ser periodista e inmigrante latino al mismo tiempo es casi una doble condena basada en el prejuicio, sin suficiente debido proceso ni demasiadas garantías constitucionales.

Héctor E. Schamis/El País (España).

 
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