Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Domingo, 20 enero 2019


El pueblo anhela una verdadera reforma de justicia y una real reforma política

El nuevo año encontrará al pueblo peruano expectante de dos reformas que trascienden, en tanto auguran la posibilidad de que el país camine sobre ejes de una democracia más sólida y de participación más efectiva de la ciudadanía.  Nos estamos refiriendo a la Reforma de Justicia y a la Reforma Política.

La primera etapa de esta delicada tarea se ha cumplido. La Comisión encargada de la Reforma de Justicia hizo entrega, en su oportunidad, de diez recomendaciones al Jefe del Estado y éste, a su vez, las ha hecho de  conocimiento del Congreso de la República.  Ahora se espera que, luego del debate respectivo, la reforma en mención permitirá realizar en el país un auténtico cambio y asegurar la transparencia de los ciudadanos en sus instituciones. El anhelo general es que haya una reforma integral del sistema. ¿Se cumplirá ese cometido o entrarán en juego otros intereses a los que ya nos tiene acostumbrados el actual Parlamento?

La segunda etapa corre por cuenta de la Comisión encargada de la Reforma Política, la misma que ha asumido la responsabilidad de plantear, en el marco de la mayor autonomía, los cambios que deben de efectuarse. La tarea es sumamente delicada porque se trata de una reforma que, sin medias tintas, asegure la participación democrática del pueblo en asuntos que tienen que ver con su dignidad y plena realización.

La calidad intelectual de quienes integran esta comisión ha sido bien recibida y se espera mucho de ella, en cuanto pueda superar, por ejemplo, los cambios que el Congreso de la República, introdujo a la reforma de la bicameralidad parlamentaria y que dieron lugar al rechazo ciudadano, en la consulta popular que se efectuó el pasado 9 de diciembre.

Sin embargo, ahora es de esperar que la comisión que comenzará sus funciones el primer día útil de enero entrante, tenga en consideración tres principios fundamentales que se presentan como condiciones que gobiernan y determinan toda sociedad. Se trata de la igualdad, la libertad y la justicia, bases que sustentan la vida en una verdadera democracia.

Los dos primeros principios son inmanentes a la esencia misma del ser humano, mientras el tercer principio, derivado de la igualdad y fundado en la libertad, constituye un fin ético de suyo inseparable de toda relación que tenga el ser humano, como uno de sus términos.

En cuanto al principio de igualdad, hay que subrayar que cualquier sociedad que se pretenda legítima, debe disponer su organización de modo tal que garantice, para todas y todos de sus miembros, la posibilidad de alcanzar su propia realización y de acceder a los beneficios que la vida en común comporta. La igualdad se funda en la naturaleza humana. Todos los seres humanos son esencialmente iguales.

En cuanto al principio de libertad debe ser entendida como indeterminación del acto humano, acto en el que se distingue entre una libertad interior o libre albedrío y una libertad exterior o de libertad de independencia. El libre albedrío es una nota esencial del ser humano, de la misma manera como lo es la igualdad que deriva de la naturaleza humana. La libertad de independencia corresponde a la igualdad de proporción y se erige en condición de posibilidad de su realización fáctica. El orden jurídico determina los alcances de la libertad.

Decíamos que otro principio es el referente a la justicia, principio por el cual el acto humano, individual o social, se acerca, se ajusta, a su fin. Bastará a los fines propuestos, entender a la justicia como orden que hace referencia a la igualdad o que persigue, como se suele decir, la realización de la igualdad entre un cierto “dar” y un cierto “recibir”.

Como principio de la organización social, o principio operativo de la sociedad, la justicia afecta tanto las relaciones entre los seres humanos que son sus miembros, como las que ocurren entre los grupos intermedios y los seres humanos, la de aquellos miembros entre ellos, y también las de todos los componentes individuales colectivos de la sociedad con el propio cuerpo social, considerado en su totalidad y generalmente representado por aquella parte suya responsable de la gestión del bien común, es decir, el Estado.

Hemos querido subrayar la importancia de estos tres principios como aporte que con mayores luces asumirá la Comisión de Reforma Política. Por una razón muy sencilla: tales principios se nos presentan como principios operativos de la sociedad. Constituyen en realidad verdaderas condiciones para su organización pues, en ausencia de ellos el resultado no se da en una sociedad autentica, sino un colectivo de seres humanos, más o menos coercitivo, más o menos aceptado o mantenido, pero donde los seres humanos, varones y mujeres, jóvenes y mayores, no tienen posibilidades de desenvolverse adecuadamente en busca de su destino. La reforma política puede ser el hito inicial de una democracia real. El Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de hacer suyos o no las recomendaciones de la Comisión de Reforma Política. ¿El Poder Legislativo actuará, preguntamos, a la altura de estas circunstancias históricas o reincidirá en poner obstáculos a los cambios que demanda el país?

Roberto Mejía Alarcón

 
El periodista y dirigente gremial Johnny Pezo Tello, ha muerto

El periodista y emblemático defensor de la libertad de prensa, como derecho ciudadano, en la región amazónica, Johnny Pezo Tello, dejó de existir el reciente 23 de diciembre, víctima de una grave enfermedad. Su deceso se produjo en la Sala de Cuidados Intensivos del Hospital Almenara, en la ciudad de Lima.

Johnny Pezo Tello dirigía el Diario al Día, con circulación en Yurimaguas, en el oriente peruano, región Loreto. El público lector seguía con gran interés sus notas editoriales, en las cuales demandaba una mayor atención a los serios problemas sociales  y económicos que afectaban a la población, al mismo tiempo, que le expresaba su respaldo por las investigaciones periodísticas mediante las cuales hizo conocer una serie de irregularidades, sobre todo en el manejo de los recursos públicos.

Esa labor, incansable, del reconocido hombre de prensa, le significó, sin embargo, querellas,amenazas y agresiones de parte de funcionarios corruptos, enquistados en la administración estatal, e inclusive pérdida de su libertad. No faltaron quienes le acusaron de delitos que nunca cometió. Pero Pezo Bello, quien era agremiado a la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y presidente de la ANP-Yurimaguas, supo defender su honor y superar esos duros trances.

Su esposa, Janina Acosta Saavedra y sus dos menores hijos lloran su muerte, a consecuencia del dengue, mal que contrajo en Yurimaguas, lejos de su extrañada Barranquita, en San Martín, en donde nació hace 44 años.

Enterados de la enfermedad que contrajo Johnny, sus familiares lograron trasladarlo a Tarapoto y luego a Lima, en donde sus colegas estuvieron pendientes de su estado de salud. Lamentablemente, los facultativos no pudieron dar remedio al mal.

Sus restos mortales han sido trasladados a San Martín, en donde recibirá sagrada sepultura.

 
ANP: Seminario- taller Las cooperativas como acción de futuro

Este fin de semana se desarrolló el seminario- taller Las cooperativas como acción del futuro organizado por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y Solidaridad Mundial (WSM).

Participaron periodistas de las asociaciones provinciales de Barranca, Callao, Cañete, Huacho, Lima y Huaral.

“Nosotros creemos que la riqueza es importante en tanto se convierta en bien común y ese bien común es el derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la educación. Ese es el bien común que tiene que ser compartido por todos”, expresó el Doctor Roberto Mejía Alarcón, presidente de la ANP. al inaugurar el acto gremial en la sede anepista en el Cercado de Lima.

Destacó: Los trabajadores y nuestro gremio, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, nació con ese pensamiento y si recordamos quiénes organizaron y fundaron la Asociación vamos a encontrar mentes muy esclarecidas que ya pensaban en un mundo distinto.

“A nosotros nos corresponde hacer realidad ese mundo distinto”, manifestó, tras resaltar el trabajo que la ANP realiza en conjunto con Solidaridad Mundial sobre economía solidaria, que es la economía de los pobres materialmente hablando, mas no intelectual y cultural.

El presidente de la ANP sostuvo que a lo largo de la historia siempre una mayoría ha estado formada por gente necesitada junto a una minoría que ha explotado siempre a esa mayoría necesitada.

“Hoy las cosas han cambiado. La ANP está organizada. La ANP tiene su propia doctrina, ideología y experiencia gremial y está en la obligación de organizar de otra manera a los trabajadores “, agregó, tras destacar que la ANP apuesta por la economía solidaria.

Disertaron también sobre cooperativismo y economía solidaria el destacado sociólogo Carlos Barrios Napurí, así como los catedráticos universitarios y dirigentes de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Amaro La Rosa Pinedo y Juan Francisco Camborda Ledesma.

El acto gremial concluyó este sábado 22 de diciembre en la sede de la ANP.

 
No insistan en violentar el Estado Constitucional de Derecho

No es la primera vez que el grupo parlamentario que viste los colores del fujimorismo se empeña en desconocer el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Ahora vuelve a las andadas y maniobra con el nada oculto propósito de censurar al presidente del Congreso, el trujillano Daniel Salaverry, quien ha oficializado la creación de dos nuevas bancadas, en estricto cumplimiento de los fallos del organismo jurisdiccional cuya finalidad específica es el control de la constitucionalidad.

Las declaraciones recientes del vocero oficial de ese colectivo, Carlos Tubino, un poco conocido marino, metido ahora en los enredos terrenales de la singular política peruana, así lo revelan. Para él y  sus consejeras inmediatas como la señora Rosa Bartra, la señora Karina Beteta y la “independiente” Ursula Letona , no cuenta que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado en dos oportunidades, si en forma reiterada, para que se proceda, por respeto a la ley de leyes, a reconocer el derecho de los legisladores a formar nuevas bancadas, en caso de haber renunciado por razones de conciencia a las que originalmente pertenecían.

El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, en consonancia con lo resuelto por dicho organismo, que a la vez de controlar la vigencia de la Constitución, es también el órgano jurisdiccional premunido de facultades decisorias, ha expresado: “las sentencias del TC no se discuten, se cumplen y eso es lo que corresponde”. Declaración puntual, clara, rotunda, como debe ser en un país que, se supone, rige su gobernabilidad conforme a lo prescrito en un Estado Constitucional de Derecho.

Pero, lastimosamente, no es así como piensan los seguidores de Keiko Fujimori. De la boca para afuera manifiestan que reconocen lo dispuesto por el Tribunal Constitucional y, al mismo tiempo, apelan a las malas artes que les caracteriza, para hacer nuevas consultas “a constitucionalistas” que, por supuesto, se entiende, no forman parte del organismo protector de los preceptos constitucionales. La intención es clara: evitar que funcionen las nuevas bancadas y sacar de la presidencia del Congreso de la República a Salaverry, por infracción constitucional. Todo un golpe de Estado, que les permitirá manejar a diestra y siniestra el Parlamento, presidir el mismo, tener a su mando las más importantes Comisiones de Trabajo, a la par que los recursos administrativos y presupuestales. Tal como lo han venido haciendo desde hace dos años y medio.

Tales integrantes, digamos, conformantes de una rama del fujimorismo, no se han dado cuenta que tienen la gran oportunidad de corregir errores políticos. Ponerse a tono con lo anunciado, antes de su carcelería, por Keiko, en el sentido de enmendar malos pasos y trabajar con otros criterios para devolverle al país la estabilidad política y el respeto de la constitucionalidad, situaciones a las que nos han llevado sus perversiones autoritarias y vengativas, derivadas del fracaso en el pasado proceso electoral presidencial. Palabras que no hay duda se las ha llevado el viento.

Sin embargo, creo que todavía están a tiempo de salir de perdedores, pese a que gran parte de la ciudadanía tiene un pésimo concepto sobre la calidad de la cultura política que poseen. No es posible que el fundamentalismo keikista los tenga dominados. O que ella misma no reflexione, en estos momentos de dolor, para salir del adoctrinamiento equivocado que aprendió al lado de Alberto, su padre, del maquiavelismo montesinista o de la consejería de Figari. Existe algo que se llama grandeza de la dignidad humana. Estos son días para tenerla en consideración con verdadero arrepentimiento.

¿Por qué tanto embrollo, cuando todo está claro? podría ser parte del cuestionario de la reflexión que se les pide al grupo keikista, como a ella misma. Como ayuda deberían saber sus miembros, que los más conspicuos expertos en la materia han formulado precisiones de gran valor. Entre ellas, por ejemplo: que no corresponde a la Comisión de Constitución del Congreso, emitir opinión tras el fallo del Tribunal Constitucional; que Daniel Salaverry ha cumplido con un deber constitucional y no al contrario, como irresponsablemente habla Rosa Bartra, quien, dígase de paso, no se puede poner a la altura, en cuanto conocimientos jurídicos,  del Presidente o de los expresidentes del Tribunal Constitucional; y, finalmente, que los asuntos administrativos del funcionamiento del Congreso, forman parte de las obligaciones del Oficial Mayor pero que no significa obstáculo para que se cumpla la sentencia.

Es cierto que en la lucha por el poder político, como en otros aspectos de la vida humana, lo importante es triunfar. Pero no es correcto ni aconsejable recurrir a la mentira, a la artimaña, al fanatismo ni a la hipocresía, para ese fin. Por si acaso, la ciudadanía está pendiente de lo que ocurra en estos momentos, cuando observa un fujimorismo que no ceja en la politización de la justicia  y cuando, del mismo modo, ve que ese grupo autoritario trata de rebajar la autonomía, la independencia del Tribunal Constitucional. Olvidan, adrede, que no depende administrativamente de ningún otro órgano del Estado, que adopta decisiones sin influencia ni sujeción a otros elementos que no sean la Carta Magna, la ley y la conciencia de sus magistrados. La política debe ejercerse, llevando en alto el anhelo de una democracia real.

Roberto Mejía Alarcón

 
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