Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Jueves, 21 enero 2021


CPJ pide respeto por seguridad de periodistas y la libertad de prensa en EEUU

WASHINGTON.- El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, sus siglas en inglés) urgió que se respete la libertad de prensa de EE.UU. y se defienda la seguridad de los periodistas después de que los reporteros fueran acosados por manifestantes durante el asalto del Capitolio de Washington.

“Estamos muy preocupados por el ataque de hoy sobre instituciones estadounidenses, incluyendo el edificio del Capitolio de Washington, donde tanto periodistas como legisladores están en riesgo”, afirmó el director ejecutivo de CPJ, Joel Simon, en un comunicado remitido a la prensa.

“Los periodistas y equipos de informativos que acuden a cubrir estos eventos, que son de interés público fundamental, deben poder hacerlo con libertad y seguridad, y con el apoyo y la protección de las fuerzas del orden”, apuntó Simon, que agregó que ha habido momentos de intimidación y vandalismo hacia los medios por parte de “manifestantes violentos”.

“Hay una posibilidad real de que aumenten los ataques contra los medios”, agregó el representante de CPJ, que pidió a los periodistas y a los medios de comunicación que sean precavidos.

Las declaraciones de Simon se producen pocas horas después del asalto al Capitolio de EE.UU. por parte de seguidores del presidente Donald Trump, donde numerosos periodistas fueron intimidados y su material de trabajo destruido.

En varios vídeos publicados en las redes sociales se puede ver cómo los manifestantes comienzan a hostigar a un grupo de periodistas y fotógrafos, a los que llaman “enemigos del pueblo”, y pocos segundos después lanzan objetos hacia los focos y las cámaras de los reporteros.

Tras verse forzados los miembros de los medios de comunicación a abandonar el lugar, los atacantes pasan a pisotear cámaras de televisión y focos y lanzar agua sobre cables.

También pudo verse un constante acoso de los manifestantes hacia los reporteros durante las conexiones en directo de los principales medios de comunicación, incluido Fox News, que hasta hace poco era uno de los canales más afines a Trump pero que en las últimas semanas se ha distanciado del presidente.

EFE

 
Falleció Benedicta Borjas, destacada periodista y activista sindical

Benedicta Borja Bustamante, quien destacó por su activa participación en el movimiento laboral organizado de la mujer periodista, falleció a última hora del reciente 8 de enero, en la ciudad de Lima.

Ella era militante gremial de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, desde hace varias décadas atrás y como tal ejerció la Secretaría General del Sindicato de Mujeres Periodistas, desde su fundación en la década de los años ochenta del reciente siglo pasado. Su principal empeño estuvo dirigido a la conquista de los derechos sociales y económicos y de la igualdad de género.

Realizó sus estudios profesionales de la carrera periodística en la histórica Escuela “Jaime Bausate y Meza“. Desarrolló labores en el Senado de la República como comunicadora social y, posteriormente, luego de su arbitraria separación, dedicó todos sus esfuerzos al desarrolló de campañas gremiales para la defensa y protección de los periodistas, tanto en la capital como en las regiones del interior del país, sobre todo en épocas de terrorismo y dictadura política.

Su presencia, en primera fila, en las marchas públicas llevadas a cabo por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, en múltiples oportunidades, se dejará sentir hondamente, así como su palabra cargada de optimismo en los Congresos Ordinarios de esta gloriosa institución de los trabajadores y trabajadoras de prensa. En homenaje a ella, la ANP se viste de luto y pone sus banderas de lucha a media asta. ¡Descanse en paz, compañera Benedicta! ¡Vivirá siempre en el corazón de los anepístas!

 
Prensa recoge informe ANP: Prensa sufrió el 2020 la mayor cantidad de ataques del siglo

Los periodistas y los medios de comunicación peruanos sufrieron durante 2020 la mayor cantidad de ataques en lo que va de este siglo, al registrarse 239 de esas afectaciones, reveló un informe de la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

Esa situación superó el récord de 2007, cuando se registraron 212 ataques, y se presentó en un año “marcado por una coyuntura compleja” en la que se propagó la pandemia de la covid-19, comenzó la campaña hacia las elecciones generales y se agudizaron la crisis política y las protestas sociales en el país.

La ANP indicó que el ataque con mayor incidencia contra periodistas fue la agresión física y verbal, que llegó a 76 casos, seguido por la amenaza y el hostigamiento, con 53, y las trabas al acceso a la información, con 32.

El gremio agregó 29 intimidaciones judiciales, 16 “discursos estigmatizantes”, 12 ataques cibernéticos, ocho afectaciones laborales, seis detenciones, cinco robos y una “presión/sanción administrativa”.

LOS AGRESORES

La ANP remarcó que, después de Lima, donde se presentaron 71 casos, las provincias con más ataques fueron Huaraz, Ica, Santa y Tumbes, en cada una de las cuales se reportaron nueve ataques, seguidas por Cañete y Espinar, con siete, y Cusco y Huánuco, con seis.

En ese contexto, el informe afirmó que policías, militares, policías municipales y vigilantes propiciaron 84 de los ataques, mientras otros 65 fueron causados por civiles.

El estado de emergencia nacional por la covid-19 facultó a las fuerzas de seguridad a “asumir conductas extraordinarias en un Estado de Derecho”, lo que permitió que se “cometieran excesos contra periodistas que realizaban labor informativa”, agregó.

Otros 58 ataques fueron responsabilidad de funcionarios, 22 fueron causados por personas no identificadas y 10 por los empleadores.

ATAQUE SEGÚN EL MEDIO

Según el medio, la mayoría de los ataques se dirigieron contra la prensa digital, que reportó 103 casos tras asumir “predominancia ante el impacto que la pandemia generó en los medios tradicionales, y cuya presencia mayoritaria está en provincias”.

Le siguieron los medios tradicionales, con 56 casos en la prensa radial, 55 en la televisiva y 25 en la escrita, mientras la mayor cantidad de ataques se dio por el ejercicio del reporterismo.

Al referirse al género, el informe indicó que 141 de los periodistas atacados en 2020 fueron hombres y 35 mujeres, mientras que los ataques dirigidos a perjudicar directamente a los medios de comunicación también fueron “considerables”, ya que llegaron a 63.

CASOS EMBLEMÁTICOS

Entre los casos emblemáticos figura el de Daysi Lizeth Mina, quien desapareció el 26 de enero tras haber cubierto para un canal local por cable las elecciones legislativas extraordinarias en el distrito de Santa Rosa, en la provincia sur andina de La Mar.

La ANP remarcó que su familia “ha emprendido una lucha por encontrarla confrontando con la desidia del sistema de justicia”, mientras que la coalición internacional de medios One Free Press Coalition incluyó este caso entre los diez más urgentes a resolver en el mundo por ataques y hostigamientos a mujeres periodistas.

El periodista Carlos Enríquez Salinas también fue atacado físicamente, y luego denunciado, por un empresario en la ciudad norteña de Chimbote, mientras que el periodista Marco Antonio Morán fue detenido por la policía del distrito selvático de Mazamari tras ser acusado de “perturbación de la tranquilidad pública”.

Los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz fueron atacados por investigar las actividades de la organización católica Sodalicio de Vida Cristiana y ambos denunciaron seguimiento y amenazas de muerte, mientras que a Ugaz se le abrieron varios procesos judiciales.

SUCESOS PARA LA HISTORIA

La asociación aseguró que la semana de protestas sociales que se presentó en el país en noviembre pasado tras la destitución de Martín Vizcarra por el Congreso “queda para la historia por lo que ha significado” y por el registro de más de 40 ataques a periodistas y medios de comunicación.

“En estos días la represión policial significó el mayor peligro”, enfatizó el gremio, antes de indicar que en la región sureña de Ica se dio en octubre “el despliegue policial más impresionante” con allanamiento de medios como “corolario a una secuencia de actos” de hostigamiento que recibió la prensa “por cuestionar al poder local”.

En 2020 “la afectación laboral en el sector no ha tenido precedentes”, ya que más de medio millar de periodistas perdieron su empleo en Lima, otros tantos fueron sometidos a la suspensión de sus labores, y medios regionales y periodistas locales “sufrieron las consecuencias de la extrema precarización del ejercicio del periodismo independiente”, concluyó el informe de la ANP.

EFE

 
ANP: 239 ataques a periodistas en Perú durante el 2020

En el 2020 se han producido 239 ataques a periodistas y medios. Esta es la cifra más alta en lo que va del siglo, superando el récord del 2007, cuando fueron registrados 212 ataques, según reporte de la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

El año estuvo marcado por una coyuntura compleja: campaña electoral, pandemia, crisis política y protestas sociales. En este contexto el ataque con mayor incidencia contra periodistas fue la agresión física y verbal, con 76 casos; seguido por la amenaza/hostigamiento, con 53; y las trabas al acceso a la información, con 32.

Le siguen las intimidaciones judiciales (29), los discursos estigmatizantes (16), ciberataques (12) y las afectaciones laborales (8).

También se han presentado detenciones (6), robos (5), y una presión/sanción administrativa.

Sobresale la desaparición de la periodista Daysi Lizeth Mina Huamán, vista por última vez en enero durante la cobertura de las Elecciones Congresales Extraordinarias.

Periodistas vulnerables en provincias

Después de Lima (71) las provincias con más ataques registrados son Huaraz, Ica, Santa, y Tumbes, donde han sido reportados 9 ataques en cada una. Le siguen Cañete y Espinar con 7, y Cusco y Huánuco con 6.

Las provincias Ica, Espinar y Huánuco fueron, en algunos momentos del año, el foco de conflictos sociales, lo que propició ataques contra periodistas.

A estas les siguen Jaén, Pomabamba, Piura, San Ignacio y San Román, con 5 cada una. Continúan Callao, Chepén, Chiclayo, Maynas, Puno, Rioja y Utcubamba con 4 cada una.

Los agresores

Los agentes de seguridad (policía / militar / serenazgo / vigilante) propiciaron 84 ataques a periodistas; seguidos por civiles (65). Como se recuerda, la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional facultó a las fuerzas del orden asumir conductas extraordinarias en un Estado de Derecho, esto permitió que cometieran excesos contra periodistas que realizaban labor informativa.

Los funcionarios fueron responsables de 58 ataques, seguidos por los elementos no identificados (22) y los empleadores (10).

Otros datos

En otras cifras, el ataque según el medio ubica en primer lugar a la prensa digital (103), que asumió predominancia ante el impacto que la pandemia generó en los medios tradicionales, y cuya presencia mayoritaria está en provincias.

Le siguen los medios del periodismo tradicional como son la prensa radial (56), televisiva (55) y escrita (25). En la mayoría de casos el ataque ha surgido a raíz del ejercicio del reporterismo.

En cuanto al ataque según el género o medio, los periodistas más atacados este año fueron los hombres (141), seguido de las mujeres de prensa (35). Una cifra igualmente considerable son los ataques dirigidos a perjudicar directamente los medios de comunicación, que alcanzaron los 63 ataques.

Casos emblemáticos

Durante el 2020 trascendieron algunos casos que, por su relevancia, tuvieron mayor impacto en la sociedad o en el sector. Entre estos figuran:

La desaparición de la periodista Daysi Lizeth Mina Huamán, reportera de Cable VRAEM, vista por última vez la tarde del 26 de enero al terminar la cobertura de la jornada electoral en el distrito Santa Rosa (provincia La Mar, Ayacucho). Desde ese momento su familia ha emprendido una lucha por encontrarla confrontando con la desidia del sistema de justicia.

La agresión al periodista chimbotano Carlos Luis Enríquez Salinas, quien fue atacado físicamente por el empresario local Alfredo Enrique Quispe Muguerza mientras cubría un conflicto por la posesión de terrenos del proyecto especial Chinecas. Además de ser violentado, fue denunciado.

El periodista Marco Antonio Morán Huanaco fue detenido por la policía de Mazamari bajo el argumento de perturbación de la tranquilidad pública. Además de ser detenido una funcionaria del hospital local lo querelló por el presunto delito contra la tranquilidad pública y la intimidad personal.

Lo acontecido en Juliaca (San Román) también sobresale. Agentes del orden, en distintas circunstancias, arrebataron el celular y borraron material fílmico a los periodistas Deyvid Rufino Apaza Ito y Julio Jaime Miranda Gonzales. Ambos hechos se dieron cuando los hombres de prensa cubrían operativos desarrollados por los efectivos militares o policiales. A esto se suman las restricciones y hostigamientos del alcalde provincial de San Román en contra de la prensa local.

Asimismo, en Puno el periodista Martín Salazar fue hostigado por agentes policiales que lo llevaron hasta la comisaría local; similar situación le pasó a Nélida Maquera, en la misma provincia, que recibió maltrato por parte de un agente militar cuando se dirigía a realizar cobertura periodística.

El reiterado maltrato de agentes policiales a periodistas de Tumbes fue señal de alarma. No solo se trataba de impedimentos de cobertura, también se vieron intentos de detención y cartas notariales a quienes cumplían su trabajo de informar a la ciudadanía lo que estaba aconteciendo.

Durante el conflicto social de Espinar el periodista Vidal Merma Maccarco fue atacado reiteradamente por la policía. Agresión física, borrado de material fílmico, desconocimiento de su rol como periodista y disparos hacia su persona (que no llegaron a impactarle) fueron algunos de los actos que tuvo que afrontar.

Los periodistas Pedro Eduardo Salinas Chacaltana y Paola Margot Ugaz Cruz también fueron atacados este año como consecuencia de su trabajo de investigación al Sodalicio de Vida Cristiana. Además de los procesos judiciales en contra de Paola Ugaz, este año denunciaron seguimiento hacia ellos y amenazas de muerte.

El semanario crítico Hildebrandt en sus 13 vio cómo se instrumentalizaba la figura de “protección de datos personales” para iniciarle un proceso administrativo sancionador que podría resultar en el cierre de la publicación.

La semana de protestas por la democracia queda para la historia por lo que ha significado, y para el sector periodístico, por los más de 40 ataques a periodistas y medios de comunicación que se dieron durante la misma. En estos días la represión policial significó el mayor peligro.

En Ica, los medios cerraron octubre con el despliegue policial más impresionante que habían visto. El allanamiento a medios fue el corolario a una secuencia de actos hostigantes (seguimientos) que recibía la prensa local por cuestionar al poder local; también sobresalió la amenaza al periodista radial Ricardo Herrera. A esto, se le debe sumar los ataques recibidos durante la segunda ronda de protestas de la tercera semana de diciembre, cuando personas desconocidas agredieron a periodistas y medios, y un funcionario hostigó a una reportera local.

El 2020, la afectación laboral en el sector no ha tenido precedentes. Más de medio millar de periodistas perdieron su empleo en Lima, otros tantos fueron sometidos a suspensión perfecta y medios regionales y periodistas locales sufrieron las consecuencias de la extrema precarización del ejercicio del periodismo independiente.

Lima, 31 de diciembre del 2020

 
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Créditos: Eylen Jalilíe