Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Jueves, 4 junio 2020
Informe Especial
Ira contra las élites: otra revolución de octubre, en América Latina

Indignación y rabia contra élites que se alejan de sus bases sociales, incumplen promesas democráticas y aplican ajustes sobre las mayorías han animado la ola de manifestaciones populares que estremecieron  este octubre a varios países de América Latina.

Las protestas callejeras multiplicadas en Ecuador, Chile, Haití y Bolivia “tienen un sustrato en la insatisfacción de la mayor parte de la población, muy perjudicada por las políticas que adelantan las élites”, dijo a IPS el argentino Andrés Serbin, presidente de la académica Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales.

A su vez, la violencia que ha acompañado esas manifestaciones, de parte de quienes protestan y de las fuerzas que las reprimen, muestra que “los espacios cívicos, institucionalizados, cada vez son más restringidos y reprimidos, y la gente no ha podido organizarse, lo que abre campo a la anarquía”, observó Serbin desde Buenos Aires.

En Ecuador, el 1 de octubre el presidente reformista Lenín Moreno lanzó un paquete de ajustes pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con fuertes alzas en los precios de los combustibles al eliminarse subsidios, desatando dos semanas de protestas que incluyeron el asedio a los poderes públicos por miles de indígenas que convergieron sobre Quito, la capital.

En el balance de las protestas y su represión quedaron ocho muertos, 1 300 heridos, más de 1 000 detenidos, según la Defensoría del Pueblo, y la decisión de Moreno de revocar el decreto con los ajustes y entablar un diálogo con los movimientos indígenas y otros opositores.

El transporte también disparó la protesta en Chile. El pasaje en el metro (tren subterráneo) de Santiago subió unos pocos centavos de dólar el 6 de octubre, y bastó para que estallase la ira: primero los estudiantes abordaron los trenes saltando sobre los torniquetes de cobro, luego los exaltados destruyeron esos controles, las estaciones, los vagones y llegaron saqueos, incendios y barricadas.

El presidente derechista Sebastián Piñera sacó el Ejército a las calles para contener desmanes, declaró que “estamos en guerra” contra quienes destruían bienes, y en el contexto de las protestas, desmanes y represión perecieron al menos 18 personas, hubo 289 heridos (incluidos 50 uniformados) y 2 151 detenidos, según cifras del gobierno y de la Fiscalía.

Días después, al progresar las manifestaciones pacíficas, Piñera dio marcha atrás, pidió perdón “porque es verdad que los problemas se acumulaban desde hace décadas y no fuimos capaces de reconocer esta situación”, eliminó el alza en las tarifas del metro (ya parcialmente destruido) y ordenó algunos paliativos en materia de salarios y salud.

“Si el estallido en Ecuador se explica por el ‘paquetazo’ del FMI, en Chile se explica  porque las recetas del llamado Consenso de Washington (de políticas neoliberales de finales del siglo XX) se han ido inoculando por dosis hasta que llegaron a una saturación”, señaló a IPS el analista y exdirector de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Gustavo González.

En Chile “los gobiernos de la mal llamada restauración democrática se esforzaron por jugar “en las ligas mayores” y negociaron acuerdos comerciales con todo el mundo. En este afán liberaron el capital financiero y avalaron herencias de la dictadura (1973-1990), en particular un sistema de pensiones que implica la expropiación de los ahorros previsionales en beneficio de los grupos económicos. La salud y la educación se someten al endeudamiento de las familias”, opinó González desde Santiago.

El analista reconoce que “hay vandalismo, sobre todo en los saqueos de comercios, que en última instancia son la extralimitación de una sociedad de consumo, con una suerte de lumpen-pequeña burguesía (si se permite este lenguaje marxista), que ve en el robo de un plasma de televisión, de una lavadora, un refrigerador o hasta un colchón de dos plazas, el acceso a bienes con que el sistema lo está tentando a diario”.

Serbin concuerda en que “la gente reacciona ante élites que prometen mucho pero resultan incapaces de desarrollar las soluciones y terminan imponiendo políticas desfavorables no solo para los más pobres, sino también para las capas medias”.

El sustrato común que esgrimen los manifestantes que en este octubre se lanzan a las calles es el de la desigualdad. La región,  pese a sus avances económicos, sigue siendo la más desigual del mundo, con expresiones como que una de cada cinco personas vive en tugurios, según diferentes agencias de las Naciones Unidas.

Las expresiones son multidimensionales y locales, pero el contexto es que la falta de acompañamiento del progreso económico con la inclusión social ha llevado, según las últimas cifras del Banco Mundial, a que en la lista de los 10 países más desiguales del mundo, ocho sean latinoamericanos, Chile destacado entre ellos.

También resalta en esa lista Haití, donde las protestas tienen carácter casi crónico, que han debido solventar los 17 presidentes que ha tenido desde 1990.

Allí, en septiembre comenzaron manifestaciones contra el gobierno del mandatario Jovenel Moise. El detonante esta vez ha sido la escasez en el suministro de combustible, aunque también de alimentos y de agua potable.

En un país donde más de la mitad de la población sobrevive con menos de tres dólares al mes, la protesta se animó con las denuncias de corrupción en el manejo de más de 2 000 millones de dólares recibidos en los últimos años de Petrocaribe, el programa de cooperación petrolera que ha mantenido Venezuela para paliar el déficit energético de países del área.

Ya a finales de octubre las protestas callejeras masivas han alcanzado a Bolivia, aunque el disparador en este caso es la presunción de fraude en las elecciones presidenciales del domingo 20, pues el actual mandatario y candidato a reelegirse por tercera vez, Evo Morales, reivindica que ha triunfado y la oposición reclama una segunda vuelta según prevé la Constitución.

Pese al fuerte origen nacional y social que soporta las protestas, la idea de un hilo conductor político en la serie de revueltas que agitan a países con gobiernos opuestos al Foro de São Paulo (colectivo de partidos de izquierda de la región) ha ganado algún espacio en medios políticos y de opinión pública, aunque no sea el caso de Morales, que gobierna Bolivia desde 2006.

“Es un disparate razonar sobre las movilizaciones sociales en América Latina endosándolas al Foro de São Paulo.  Eso es anticomunismo inútil. La izquierda, por el contrario, vive su peor momento, es un cierre de ciclo con clara pérdida de la mayoría popular en El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia. Que incluso compromete al Frente Amplio de Uruguay, que ha hecho un gobierno excelente”, dijo a IPS Rodrigo Cabezas, quien condujo por años los asuntos internacionales del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela.

Cabezas, también exministro de Finanzas del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), opinó que “en el caso de Ecuador y Chile queda la experiencia de que los programas macroeconómicos de ajuste excesivo, sin gradualidad y sin atención a la exclusión social, terminan en el mediano plazo siendo inviables por la desigualdad y pobreza que generan. Pensé que los neoliberales habían aprendido de la experiencia histórica, todo indica que no”.

Perú fue otro escenario de manifestaciones callejeras, después de que el presidente Martín Vizcarra utilizó una prerrogativa legal para disolver el legislativo Congreso el 30 de septiembre y convocó a elegir un nuevo parlamento el 26 de enero, con lo cual quebró el poder bloqueador de la oposición guiada por los herederos políticos del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000).

Esas movilizaciones estrenaron el efervescente mes latinoamericano de octubre, en esa ocasión a favor del presidente y contra el intento del Congreso de destituirlo, lo que amenazaba con extender y profundizar el conflicto institucional.

Pero la crisis fue conjurada con la renuncia a asumir la primera magistratura de la vicepresidenta Mercedes Araoz, el respaldo de las fuerzas Armadas y policiales al gobernante y, sobre todo, al evidenciarse en las calles, e igual en las encuestas, que el presidente contaba con mucho mayor apoyo que sus detractores.

Finalmente, la región también se vio estremecida este octubre por la violenta eclosión del crimen organizado en México, cuando las fuerzas del cartel de drogas de Sinaloa doblegaron al ejército en esa ciudad del noroeste mexicano e impusieron la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del afamado traficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien purga cadena perpetua en Estados Unidos.

“Una muestra de que al distanciarse las élites de las bases sociales, la descomposición penetra en todos los ámbitos”, resumió Serbin.

¿Qué hacer? Para Serbin, la primera recomendación a los gobiernos es que deben “hacer a un lado los liderazgos carismáticos y generar los espacios organizativos necesarios para los indispensables empoderamiento y participación de la gente”.

Análisis de Humberto Márquez (IPS).

 
La crisis de la democracia representativa

La conducta desarrollada por la excongresista Rosa Bartra Barriga, en una serie de hechos de interés público y, en el caso concreto, cuando ejerció la presidencia de la Comisión Investigadora del caso Lava Jato, que concluyó eximiendo de toda responsabilidad a Keiko Fujimori y Alan García Pérez, constituye una manifestación de la crisis de la democracia representativa.  En tanto la ciudadanía mayoritariamente comulga con el interés general de combatir a fondo todo hecho corrupto, la citada excongresista ha dado muestras de un pensamiento distinto.

A estas alturas, cabe preguntar ¿cuáles son las desventajas del régimen de democracia representativa o indirecta? Y la primera respuesta que nos vienen a la memoria es que la primera de esas desventajas sería una excesiva intermediación entre ciudadanía y poder. A ello habría que agregar una segunda respuesta: la existencia de aparatos jurídicos más o menos grandes y complicados, que buscan el perfeccionamiento alambicado de las decisiones y de la vida política. Ampliando el concepto se puede parafrasear: De la vida política en general y, especialmente, de la vida partidaria de la maquinaria estatal y del proceso de las decisiones.

Lo anterior nos lleva a la conclusión que todo eso hace que a la ciudadanía no le resulte comprensible lo que pasa en esa maquinaria de intermediación-poder. Y por consiguiente, crece la opinión de que existe mucha oscuridad en los procesos institucionales.

En nuestro país ya está anunciada la convocatoria a elecciones complementarias para representantes ante el Congreso de la República. Por eso lo expresado líneas arriba tienen explicación y también llama a una reflexión que permita la elección de hombres y mujeres que se encuentren en capacidad de parlamentar, no tanto por la grita sin fundamento que hemos observado en los últimos tiempos en los repudiados congresistas, sino más bien animados por la firme voluntad de poner talento y conocimiento al servicio de una sociedad que realmente disfrute de la democracia y con ella del bien común.

En los viejos textos de la ciencia política se encuentran otras respuestas. Recuerdo a Roberto Papini y su trabajo titulado “La participación de los Ciudadanos en el Poder Político”. En esa obra contrapone el hambre de transparencia y de claridad de la gente a esta oscuridad de los mecanismos institucionales, los cuales permiten o facilitan acuerdos bajo la mesa, que son contraproducentes al interés nacional. Esa convivencia de fujimoristas y apristas es un ejemplo de lo que nunca más debería repetirse. Ahí primaron los intereses personales y de grupo antes que los intereses nacionales.  Esa oscuridad con el más natural alejamiento, extrañamiento de la gente respecto de esos procesos, señala Papini hace devenir una inautenticidad de los mismos. Se vuelven inauténticos porque la gente no participa de ellos, no los respeta. Se presta a una serie de manipulaciones de trastienda, en las cuales los beneficiados son los dirigentes políticos y no los militantes y mucho menos los ciudadanos.

Roberto Mejía Alarcón

 
La protesta social enciende el mundo

BOGOTÁ/MADRID.- De Hong Kong a Chile, pasando por el Líbano, Irak, España, Colombia o Haití, las protestas sacuden el mundo, con millones de personas en las calles por diferentes razones, aunque con un denominador común: el descontento social.

La falta de derechos democráticos, la subida de los precios de productos y servicios básicos, las altas tasas de desempleo, el asesinato de líderes sociales o las discrepancias políticas son las principales y diversas motivaciones que han movilizado a las sociedades de medio mundo, en su mayoría sin tener en cuenta el sexo, edad o ideología política.

Estas reivindicaciones cuentan con un amplio respaldo popular en las calles, con multitudinarias marchas pacíficas, pero también con disturbios violentos, toques de queda, declaratoria de estado de emergencia y militarización, que han causado muertos y numerosos heridos, en un momento de gran conciencia social que choca con la escasa sensibilidad de los gobernantes.

La convocatoria de las protestas a través de redes sociales e internet ha resultado fundamental para lograr un éxito de participación que ha servido para mostrar al mundo el descontento global de la sociedad, en la que también ha calado con éxito, en los últimos meses, la lucha contra el cambio climático de los jóvenes en todo el mundo.

HONG KONG, EL DETONANTE POR LA LIBERTAD

Los hongkoneses continúan en las calles cuatro meses después de lo que supuso el pistoletazo de salida de este momento de particular desarraigo social en el mundo.

Superada su mecha inicial -una polémica propuesta de ley de extradición ya retirada por el Gobierno-, la protesta ha pasado a convertirse en un movimiento que busca una mejora de los mecanismos democráticos que rigen Hong Kong y una oposición al autoritarismo de Pekín, con decenas de miles de jóvenes en las calles dispuestos a aguantar el tiempo que haga falta.

Las manifestaciones, que comenzaron siendo pacíficas, han degenerado en enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad y escenas de caos, con bloqueos de carreteras, lanzamiento de cócteles molotov, cargas policiales o el uso de gases lacrimógenos, mientras las autoridades chinas observan a la excolonia británica.

CHILE, DESIGUALDAD Y DESCONTENTO

En Chile se ha producido la última revuelta, un país considerado el alumno aventajado de las políticas neoliberales “con éxito” en Latinoamérica. Estabilidad, crecimiento y disciplina fiscal eran tarjetas de visita de un país ejemplar en el entorno convulso del Cono Sur, pero estas cuentas esconden una sociedad muy desigual, con una clase media en el filo y un sistema educativo que no permite el “ascensor social”.

El alza de la tarifa del metro ha sido la gota que ha colmado el vaso. Según la Universidad Diego Portales, Chile cuenta con el noveno transporte público más caro de un total de 56 países de todo el mundo y algunas familias tienen que pagar el 30% de su sueldo mensual para ir al trabajo, por lo que la subida del tiquete era una mecha ardiente.

Pese a todo -el ejército en las calles, la suspensión del incremento del pasaje, las llamadas al diálogo-, el toque de queda se mantiene en Chile. “Estamos en guerra”, ha dicho el presidente Sebastián Piñera.

EL INDEPENDENTISMO ENCIENDE CATALUÑA

Las condenas de hasta 13 años de cárcel a nueve líderes independentistas de Cataluña desencadenaron las protestas y un caos en las calles de Barcelona y otras ciudades con escasos precedentes en España, donde las reivindicaciones pacíficas de decenas de miles de catalanes acabaron en manos de unos cientos de violentos.

Más de 600 heridos, la mitad de ellos policías, y unos 200 detenidos es el saldo de una semana en la que las imágenes del centro barcelonés con contenedores ardiendo, lanzamientos de piedras a las fuerzas de seguridad y fuertes cargas policiales contrastan con las largas marchas pacíficas y una huelga general sin incidentes.

Tras varias noches con barricadas y hogueras, la tensión en las calles ha saltado a los políticos, a punto de entrar en campaña electoral para las cuartas elecciones en España en cuatro años, el próximo 10 de noviembre. La falta de entendimiento entre el Gobierno central en funciones y el catalán parece el primer obstáculo a superar para lograr un diálogo que abra la puerta a una solución.

ECUADOR, LA CHISPA LATINOAMERICANA

Ecuador ha sido la chispa que despertó este octubre las protestas en América Latina, cuando el Gobierno de Lenín Moreno aprobó la eliminación de los subsidios al combustible, que estaban vigentes desde hacía décadas, en respuesta a un acuerdo con el FMI.

Tras doce días de batalla campal en las calles de Quito, con un balance de siete muertos y más de 1.340 heridos, la revuelta popular se frenó al derogarse esa polémica medida, que afectaba a cientos de miles de familias campesinas e indígenas.

Ecuador demostró que el descontento de la calle puede frenar el diseño económico de los despachos oficiales, y también lo que los callados indígenas son capaces de lograr cuando se organizan.

LÍBANO, LA REVOLUCIÓN DEL WHATSAPP

El detonante de las protestas en el Líbano, aún vigentes, fue el anuncio de las autoridades de aprobar una tasa de 20 centavos de dólar por día a las llamadas de voz por redes sociales como WhatsApp, Facebook o Viber en un intento de aumentar los ingresos de la deteriorada economía del pequeño país mediterráneo, pero las reivindicaciones iban más allá.

"Lo del Whatsapp es la chispa, el desencadenante de todo. Odiamos el sistema basado en la corrupción, el sectarismo, en el estado policial. Literalmente piensan que somos estúpidos. Todos los impuestos que nos imponen cuando no recibimos ningún servicio", resumió a Efe Layal, de 23 años y estudiante de Derecho en Beirut, el pasado viernes.

Las multitudinarias y festivas marchas de los libaneses, que, a pesar de todo, no han renunciado a bloquear el tráfico y quemar neumáticos, han logrado poner de acuerdo a los partidos del Gobierno sobre un paquete de reformas para salir de la crisis y terminar con el descontento popular, tras el ultimátum de 72 horas del primer ministro, Saad Hariri, quien parece haberle dado un giro a su favor a la situación.

COLOMBIA, A LAS URNAS ENTRE EL DESCONTENTO Y LA VIOLENCIA

Las protestas colombianas han colapsado en los últimos meses la capital, Bogotá, por cortes estudiantiles, demandas del transporte o movilizaciones sociales.

Sin embargo, la tragedia del país tiene nombre y apellidos: 155 líderes sociales han sido asesinados en los ocho primeros meses de 2019, según el último informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.

En este contexto, los colombianos acuden a las urnas el próximo domingo para elegir a sus autoridades locales y regionales, tres años después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, en medio de un alto riesgo de violencia política y fraude electoral. Al cóctel colombiano se añaden cinco grupos armados operativos en el país.

SIN NOVEDAD EN HAITÍ

El país más pobre de América solo ocupa los noticieros cuando sus calles arden. Y en las últimas semanas ha vuelto a ocurrir. Haití es escenario de protestas diarias contra el actual presidente Jovenel Moise, a raíz de la delicada situación económica y de la crisis política que ha hecho imposible formar un Gobierno desde el pasado marzo.

Moise ha ofrecido diálogo a la oposición, pero la semana pasada le ha abandonado la comisión que formó para entablar conversaciones con los opositores, por discrepancias con el mandatario.

Los incendios y las barricadas ha vuelto a las calles de Puerto Príncipe. Como de costumbre.

IRAK, LA REVUELTA MÁS VIOLENTA

Más de cien muertos y 6.000 heridos es el resultado de las protestas en Irak, donde los ciudadanos salieron este mes a las calles de Bagdad y otras localidades para exigir mejores servicios públicos, trabajo y el fin de la corrupción.

En el quinto mayor productor de petróleo del mundo, los iraquíes, principalmente jóvenes, desempleados y funcionarios estatales, se manifestaron convencidos de que la corrupción es la principal causa de que el Estado no pueda ofrecer buenos servicios a pesar de disponer de los recursos provenientes del "oro negro".

La brutalidad de la represión y las enormes restricciones han dejado clara la falta de libertad en un país tristemente acostumbrado a la guerra, donde las autoridades han logrado contener, al menos de momento, el descontento ciudadano con medidas económicas y sociales y la comparecencia ante la justicia de políticos corruptos y miembros de las fuerzas de seguridad que llegaron a disparar con fuego real a los manifestantes.

EFE/ Fotos EFE

 
Resistencia cultural desafía censura y autoritarismo en Brasil

RÍO DE JANEIRO.- La Justicia impidió que el gobierno suspendiera un concurso público para el financiamiento de telefilmes, entre ellos cuatro con la diversidad sexual como tema, y abortó así uno de los intentos de censura que proliferan en el Brasil gobernado por la extrema derecha.

El ministro de Ciudadanía, Osmar Terra, un reconocido conservador en moral y costumbres, decretó el 20 de agosto la postergación “por 180 días prorrogables por igual período” del proceso de selección de obras audiovisuales a ser producidas para difusión en emisoras públicas de televisión, en que se trabajaba por 17 meses.

El fallo de la jueza federal Laura Carvalho del 7 de septiembre, ratificado por un juez de apelación de Río de Janeiro, invalidó la justificación del ministro, quien alegó la necesidad de revisar los “criterios” de evaluación de las propuestas y del destino de los recursos del Fondo Sectorial de Audiovisual, bajo su gestión.

Además de contrariar las reglas del concurso, hubo improbidad administrativa, al afectar recursos públicos ya parcialmente atribuidos y la medida supone una ilegal “discriminación por orientación sexual e identidad de género”, sentenció el tribunal.

En vísperas de la medida ministerial, el presidente Jair Bolsonaro había manifestado públicamente su rechazo a la inversión de dinero público en películas que incluyan el tema de las minorías sexuales.

La ofensiva del gobierno ultraderechista contra el sector cultural, supuestamente “dominado por izquierdistas”, se multiplicó en varias acciones contra espectáculos y otras actividades durante los últimos meses, en una censura disfrazada.

“Lo que están intentando es un ‘dirigismo’ por la financiación, recortando recursos y orientando el apoyo de estatales como Petrobras, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el Banco do Brasil y Eletrobrás, grandes complejos empresariales que suelen financiar proyectos culturales”, según Nabil Bonduki, exsecretario de Cultura de la ciudad de São Paulo.

Las presiones del gobierno “no tienen el éxito pretendido”, por ahora, porque son contenidas en gran parte por el Ministerio Público (fiscalía), el parlamento y el Poder Judicial, destacó Bonduki, profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo.

Muchos fallos del Supremo Tribunal Federal protegen la libertad de expresión, acotó a IPS.

El “marxismo cultural” seria el pecado dominante a exorcizar de los medios culturales y artísticos, según Bolsonaro y sus auxiliares ideológicamente allegados.

El gobierno de Bolsonaro, un excapitán del Ejército que siempre defendió la dictadura militar brasileña (1964-1985), empezó en enero de 2019 con la extinción del Ministerio de Cultura entre sus primeras medidas, en el marco de una restructuración que redujo a 22 los 29 ministerios existentes anteriormente.

Los asuntos del sector se sumaron a deportes y desarrollo social en el nuevo Ministerio de la Ciudadanía, bajo la jefatura de Terra, un médico que ya había sido ministro de Desarrollo Agrario en el gobierno anterior y con desconocimiento confeso de las cuestiones culturales.

Es la segunda vez que la cartera de Cultura desaparece. Antes el también derechista presidente Fernando Collor la incorporó como un órgano vinculado a su presidencia, que solo duró de 1990 a 1992, cuando fue destituido en un juicio político por corrupción.

En mayo de 2016, al asumir su mandato provisional, el presidente Michel Temer intentó repetir la medida, pero tuvo que echarse para atrás ante las resistencias del sector cultural y del bicameral Congreso Nacional legislativo.

Ahora es distinto, se trata de una confrontación que pone en juego cuestiones claves de la democracia y los derechos humanos, incluidos los culturales.

Caixa Econômica Federal, banco estatal que promueve la vivienda y al área social, suspendió el 7 de septiembre el contrato con el grupo Clowns de Shakespeare, tras la primera de las ocho presentaciones programadas de su última obra en el teatro de la institución financiera en Recife, una ciudad de la región del Nordeste.

Hubo violación del contrato, según Caixa Cultural, la división del banco que patrocina actividades del sector, sin aclarar que reglas se incumplieron.

La sospecha de censura se hace inevitable. El espectáculo infantil del grupo, “Abrazo”, se basa en el “Libro de los abrazos”, de Eduardo Galeano, escritor uruguayo muerto en 2015, y representa a una dictadura que prohíbe gestos de afecto, con la mirada de un niño.

Otro grupo teatral, Aux Pieds de la Lettre, también vio vetada semanas después una obra por Caixa Cultural, probablemente porque en una de sus escenas aparecía una travesti desnuda.

Chico Buarque, enemigo destacado

Chico Buarque de Holanda, uno de los compositores populares brasileños más conocidos en el mundo y de los más censurados durante la dictadura militar, sufre ahora dos nuevos vetos.

El filme “Chico, artista brasileiro”, sobre su vida y dirigido por Miguel Faria Junior, no pudo exhibirse en el Cine Fest Brasil de Montevideo, celebrado del 3 al 9 de octubre, ante un pedido de la Embajada brasileña, copatrocinadora del festival.

Luego la cancillería brasileña negó haber censurado la obra, sino que solo había sugerido su exclusión por ser un filme estrenado en 2015 y estar dedicado el festival a producciones más recientes. Varios cines de la capital uruguaya decidieron estrenar el documental el jueves 17, para reparar su retirada.

Chico Buarque, además ser famoso como músico, es escritor de una docena de novelas, obras teatrales e infantiles, Por su trabajo literario se le concedió en mayo el premio Camões, principal reconocimiento a las letras en lengua portuguesa.

La distinción se acompaña con 100000 euros (111000 dólares), concedidos por los gobiernos de Brasil y Portugal, que instituyeron conjuntamente el premio anual en 1989.

Por eso debe tener la firma de los presidentes de ambos países. Pero hasta ahora no lo firmó Bolsonaro, cinco meses después de anunciado el premio por un jurado de seis literatos del mundo de lengua portuguesa, dos africanos entre ellos.

Preguntado sobre el asunto, el presidente brasileño demostró su berrinche por el premio a un artista que siempre tuvo posiciones progresistas.

“¿Tengo plazo? Hasta el 31 de diciembre de 2026 podré firmarlo”, contestó a la pregunta de un periodista sobre el asunto. Con eso se vanaglorió que está seguro de que será reelegido en 2022 para un segundo cuatrienio y que la rúbrica va a tener que esperar.

Pero, de hecho, Brasil ya hizo el aporte de la mitad del premio y el Chico Buarque, quien recibirá el galardón en abril de 2020, comentó que “la no firma de Bolsonaro, es para mí un segundo premio Camões”.

Mira especial contra género

La intolerancia por razones políticas llega hasta el extremo cuando se trata de género. Bolsonaro ya vetó una publicidad del Banco do Brasil por incluir actores negros, jóvenes tatuados y una mujer transgénero. Y forzó el despido del responsable del área en el banco.

“No es censura, sino preservar los valores cristianos, reconocer la familia”, dijo el presidente, para justificar la serie de restricciones y anunciar que “con dinero público no veremos más cierto tipo de obras”, ya que, con su elección presidencial, “Brasil cambió”, ahora es la derecha en el poder.

La guerra contra manifestaciones culturales consideradas contrarias a la familia tradicional y las “buenas costumbres” se anunció durante la campaña electoral de 2018, con grupos bolsonaristas atacando muestras de artes visuales, performances y charlas con desnudez, homosexuales o feministas.

“Es un error clasificar los artistas en un espectro ideológico, poner en una lista negra los que ‘hablan mal’ de gobierno y privilegiar los que ‘hablan bien’ sobre él”, advirtió Bonduki.

La pretensión de dirigir la cultura de la dictadura brasileña y otros regímenes autoritarios puede “añadir algún peso a visiones conservadoras”, pero “sin éxito” en imponer sus valores, sostuvo.

En Brasil, si se acepta como bueno el diagnóstico bolsonarista, de que ideologías izquierdistas dominan actualmente amplios sectores, significaría que la dictadura militar de 21 años, su censura y represión tuvieron el efecto contrario al pretendido.

Las inversiones estatales tienen un gran peso en su fomento, pero “la cultura brasileña tiene una gran pujanza y capacidad de resistir, no depende del Estado”, sostuvo Bonduki.

Mario Osava (IPS)

 
Los problemas urgentes del país y gobernabilidad

La presencia de nuevos rostros, altamente calificados para ejercer las delicadas tareas de la función pública, en el nuevo Gabinete Ministerial que preside Vicente Antonio Zeballos Salinas, debe interpretarse como un aire renovador que, en la medida que sintonice con los reales problemas del país, afirmará las posibilidades de una gobernabilidad más eficaz. Sin duda existe una suma de asuntos que deben estar, con carácter prioritario, en la agenda presidencial y que requieren de respuestas eficaces e inmediatas.

Dejando de lado, lo que no significa incurrir en el descuido jurídico, los berrinches que el pequeño grupo de ex parlamentarios que, en el papel, dirige Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón, el renovado equipo ministerial tiene la obligación de hacer suyos los códigos del mensaje popular. Hay clamor general para combatir con pulso firme la inseguridad ciudadana, protagonizada por bandas organizadas en todas las regiones del territorio; sistematizar la atención de la salud, poniendo frenos a los afanes de lucro excesivo de los fabricantes de productos farmacéuticos y optimizando la atención en los servicios a cargo del Estado; aplicar con sensatez las iniciativas que permitan una educación de calidad, si es que verdaderamente se quiere contar con nuevas generaciones ciudadanas, en capacidad de sacar al país del subdesarrollo; hacer de la protección social lo que en esencia significa para que los pobres no sigan siendo pobres por falta de sensibilidad gubernamental; promover y hacer realidad el cumplimiento de las normas que tutelan los derechos sociales y económicos de los trabajadores, haciendo un pare a las exigencias de quienes con el pretexto de la flexibilización, pretenden que la clase trabajadora siga expoliada por quienes todavía creen que el Perú es su hacienda.

Lo anterior no significa cruzarse de brazos ante la necesidad indiscutible de la presencia de nuevas y mejores inversiones de capitales. En este aspecto juega un rol de vital importancia la nueva Ministra de Economía, María Antonieta Alva, quien entre otros antecedentes, tiene experiencia en la compleja tarea de planificación. Se espera que ella tome en consideración  la viabilidad de los recíprocos derechos del capital  y también los derechos de los trabajadores.

Respecto a este punto, habría que traer al recuerdo lo ocurrido en  Europa Occidental en décadas pasadas, donde se encontraron nuevas formas de “democracia industrial” y se introdujeron sistemas de planificación democrática. Tuvo éxito, tanto así que en Alemania e Italia se reconstruyó una sociedad democrática después de un fascismo y corporativismo deplorables. Hubieron otras experiencias y se cambió el sistema económico, extendiendo el sector público e introduciendo un sistema de planificación. Hoy en día Europa Occidental, sin llegar a la perfección, es de lejos más humana que América Latina y en particular Perú, país nuestro que ha sido tomado como laboratorio del neo liberalismo, con las consecuencias de miseria que subsiste a pesar de los cantos de sirena de los devotos de esa perversa política económica.

Roberto Mejía Alarcón

 
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