Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Viernes, 30 octubre 2020
Informe Especial
A la ONU le urge un alto el fuego…en su Consejo de Seguridad

NACIONES UNIDAS.- Con más de 20 000 civiles muertos el año pasado en conflictos en tan solo 10 países, el secretario general de la ONU,  António Guterres, reiteró ante la Asamblea General del organismo su llamado a un «alto el fuego global», una propuesta que no ha logrado generar una respuesta positiva desde que la lanzó en marzo por primera vez.

Esa propuesta se estrella ante un conflicto interno en la propia ONU (Organización de las Naciones Unidas). Su organismo más poderoso, el Consejo de Seguridad (CSNU), sigue paralizado y enfrentado por la confrontación incruenta de dos de sus potencias con derecho al veto.

Así que antes de poder afrontar la solicitud de Guterres, la ONU tiene que alcanzar un popio “alto el fuego político” entre los 15 miembros del CSNU.

De hecho, En la segunda jornada de la sesión de alto nivel de la 75 Asamblea General de la ONU (AGNU) que comenzó el lunes 21, ya China y Estados Unidos escenificaron su “guerra” diplomática, económica y política con acusaciones y contraacusaciones.

Es previsible que esa aspera confrontación pública entre Beijing y Washington paralice al Consejo de Seguridad y que cada uno vete las resoluciones del otro, lo que coloca al organismo ante un virtual «cese de utilidad».

Richard J. Ponzio, director de Just Security 2020 e investigador principal del Centro Stimson con sede en Washington, recordó a IPS que entre marzo y julio Estados Unidos bloqueó la aprobación de una resolución del CSNU, en respaldo al llamado de Guterres de un alto el fuego mundial.

Ese alto el fuego, como ha reiterado desde marzo el secretario general, tiene como fin el garantizar que durante la pandemia de covid-19 se garantice que la asistencia para salvar vidas pueda llegar a los más vulnerables, que en buena parte se concentran en territorios en conflicto.

Una lucha, dos discursos

Fiel a su esencia, el presidente estadounidense Donald Trump puso todo el énfasis de su discurso ante la Asamblea, el martes 22, en culpar a China por el surgimiento y propagación del coronavirus por el planeta y más en general por buena parte de los males de la escena mundial.

Tanto en tono como en sustancia, señaló Ponzio, el discurso ante la AGNU de Trump contrastó con el de sus contemporáneos, incluido el presidente chino Xi Jinping y sus pares Vladimir Putin, de Rusia, o Emmanuel Macron, de Francia.

Mientras Trump eligió en sus breves palabras por videoconferencia atacar principalmente a China por difundir la covid-19 y otras transgresiones, “los otros líderes mundiales hablaron extensamente sobre la necesidad de cooperación mundial y de un orden internacional basado en reglas para enfrentar mejor las amenazas y desafíos globales”, anotó.

En su participación en la 75 AGNU, que en esta ocasión se realiza en forma telemática, mediante intervenciones pregrabadas, Trump utilizó el foro mundial para intensificar su larga batalla con China, incluida una enconada guerra comercial bilateral, al lanzar un devastador ataque contra Beijing.

«Debemos responsabilizar a la nación que desató esta plaga en el mundo: China», dijo tras autoalabarse por su gestión de la pandemia de covid, pese a que Estados Unidos es el país del mundo con más casos y muertes.

Trump también acusó a China de «controlar» a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y arrojar millones y millones de toneladas de plástico y basura a los océanos,  explotar con sobrepesca los mares de otros países, destruir vastas franjas de arrecifes de coral y emitir más mercurio tóxico en los océanos y la atmosfera que cualquier otro país.

Un sitio digital estadounidense sintetizó el discurso del mandatario con el titular:  «Trump en la ONU: Estados Unidos es el bueno, China es el malo».

El multilateralismo según Beijing

Contracorriente de la exhibición de unilateralismo de Trump, el presidente chino, Xi Jinping, defendió la bondad de acciones conjuntas de la comunidad internacional.

En su discurso por videoconferencia a la Asamblea General se mostró optimista sobre que «la humanidad ganará esta batalla» contra el virus y apuntó «cualquier intento de politizar el tema o estigmatización debe ser rechazado». Añadió que la covid “nos recuerda que la globalización económica es una realidad indiscutible y una tendencia histórica”.

China «no tiene intención de librar otra guerra fría o una caliente con ningún país… que esto quede claro: el mundo nunca volverá al aislamiento y nadie puede romper los lazos entre países», subrayó el presidente chino antes de advertir que su país  «no participará en un juego de suma cero».

Xi también fue contundente al asegurar que “ningún país tiene derecho a dominar los asuntos globales, controlar el destino de los demás o reservarse las ventajas en el desarrollo para sí mismo. Menos aún debería permitírsele a uno hacer lo que quieran y ser un hegemón, el matón o el jefe del mundo”.

“El unilateralismo es un callejón sin salida», sentenció el mandatario de la gran potencia mundial emergente, antes de subrayar que ante la crisis de crisis generada por la pandemia “el mundo necesita solidaridad, no confrontación”.

La inutilidad del Consejo de Seguridad

Mientras  la ONU conmemora su 75 aniversario, una de las críticas más generalizadas contra la Organización se centra en gran medida en el Consejo de Seguridad, donde los Estados miembros han fracasado, durante los últimos 25 años, en sus esfuerzos por reformarlo y ampliarlo.

Quizás la crítica más dura es su incapacidad —y su monumental fracaso— para resolver conflictos militares y problemas políticos de larga data, incluida el otorgar una patria a los palestinos.

Stephen Zunes, profesor de Política de la estadounidense Universidad de San Francisco, quien ha escrito extensamente sobre el Consejo de Seguridad, dijo a IPS que es notable que la mayoría de los vetos en ese órgano en las últimas décadas se hayan relacionado con resoluciones que abordan violaciones del derecho internacional humanitario.

«Estados Unidos y Rusia han abusado repetidamente de su poder de veto para proteger a los gobiernos aliados de la rendición de cuentas”, dijo.

Prácticamente todas las resoluciones que se evitó que prosperasen, como propuestas o en las votaciones, estaban bajo el Capítulo VI de la Carta de la ONU. Eso significa que se trataba de reconocer y deplorar violaciones humanitarias e incluían intervenciones militares, sanciones o medidas similares.

Se trata de resoluciones que fueron bloqueadas antes de someterse a aprobación o al hacerlo quedaron vetadas en su mayoría por solo un voto negativo, indicó Zunes.

El mensaje esencial de Moscú y Washington es que sus aliados, como se evidenció en el caso de Siria por citar solo uno, “pueden actuar con impunidad”.

Courtney B. Smith, decano interino de la Escuela de Diplomacia de la estadounidense Universidad Seton Hall en Nueva Jersey, dijo a IPS que el balance del Consejo de Seguridad en sus tres cuartos de siglo de existencia es “decididamente mixto”.

El Consejo en repetidas ocasiones no cumplió las esperanzas depositadas en él, en buena parte por la posición de sus cinco miembros permanentes (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia), que han manejado el máximo órgano de la ONU con un lente nacionalista y atado a sus intereses tanto internos como externos.

«Esto se demuestra más vívidamente en la postura reciente de Estados Unidos y China en una serie de temas del Consejo», dijo Smith, quien ha entrevistado a más de 100 representantes e integrantes del personal de la ONU para su investigación sobre la organización y sus miembros.

A su juicio, en el CSNU convive «una historia de dos Consejos», uno que busca desarrollar nuevos métodos de trabajo que promuevan  los intereses compartidos y otro que está empañado por el desacuerdo entre las grandes potencias.

El 75 aniversario, a su juicio, podría presentar una ocasión para ir más allá de estas contradicciones, pero es pesimista sobre que eso suceda, porque todo hace presuponer que los dos Consejos sigan conviviendo y arrojando, por ello, un desempeño desigual.

«El Consejo va a tratar desesperadamente de seguir siendo relevante”, pero va a sufrir los achaques de la edad y de la falta de renovación ante un mundo muy diferente a cuando surgió, por lo que “vivirá momentos de esperanza y desesperación para todos los que anhelamos un Consejo más sólido y eficaz en los años venideros”, sentenció Smith.

Ponzio consideró que sería muy útil para mejorar la utilidad del Consejo que se amplíe su composición, para alinearlo con las realidades políticas actuales y modificar el uso del veto de los cinco miembros permanentes, sobre todo en los casos que involucran la prevención de atrocidades masivas.

Pero dado que las iniciativas para esa ampliación han fracasado a lo largo de este siglo, el especialista planteó como alternativa la enmienda del Artículo 23 de la Carta de la ONU, para que se permita que los principales miembros no permanentes apodan ser reelegidos en periodos consecutivos en el Consejo, lo que les volvería en “permanentes de facto”.

Además los cinco permanentes se verían obligados a ser más responsables con sus bloqueos si tuviesen que defender públicamente su voto negativo en las resoluciones relacionadas con la implementación del principio de Responsabilidad de Proteger.

(IPS)-  Por Thalif Deen

 
España, entre los países más avanzados en regulación del teletrabajo

MADRID.- El recurso al teletrabajo para no parar la actividad durante la pandemia de COVID-19 ha sido una tendencia generalizada en Europa y en otras grandes economías del mundo, aunque muchos de estos países no cuentan aún con una regulación específica como la aprobada en España con acuerdo social.

"Esta norma nos coloca a la vanguardia de las legislaciones europeas", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ha reconocido que la pandemia ha acelerado la aprobación de la ley.

EUROPA

Fuentes de la Comisión Europea han indicado a EFE que vigilarán que el teletrabajo cumpla con las normas europeas, entre ellas la "muy necesaria" separación entre la vida privada y la profesional, un aspecto sobre el que también se ha mostrado preocupada la Confederación Europea de Sindicatos (CES).

Según cifras oficiales, antes de la pandemia, en 2019, el 5 % de los europeos trabajaba desde casa, un porcentaje que se disparó hasta el 37 % en abril de 2020.

Francia cuenta con una regulación desde 2005, pero la situación actual ha abierto el debate sobre si es necesaria una modificación, ya que los sindicatos quieren que se impida el teletrabajo a toda la semana, un control más riguroso sobre la carga laboral y horarios para garantizar la desconexión -que es un derecho ya recogido- o precisar los gastos que asume el empleador.

La patronal francesa prefiere no interferir en los procesos abiertos en muchas empresas con los representantes de los trabajadores para fijar sus propias reglas, mientras que el Gobierno ha optado por dejar el tema en manos de los interlocutores sociales.

Alemania no cuenta con una legislación específica, pero el marco legal general establece que el teletrabajo es voluntario.

El Gobierno federal está elaborando un proyecto de ley que está previsto que se apruebe este otoño y en el que podría incluirse la desgravación de los gastos que para el empleado acarrea el teletrabajo.

En Italia, durante el estado de alarma, hasta el 15 de octubre, las empresas pueden asumir el teletrabajo para su plantilla de forma unilateral y simplificada, pero si no se prorroga el estado de emergencia, las empresas tendrán que firmar acuerdos individuales que incluyan las herramientas a utilizar, los tiempos de descanso y las medidas que garantizarán el derecho a la desconexión.

No obstante, el Ejecutivo italiano quiere regular a nivel nacional el teletrabajo y tiene previsto reunirse con los agentes sociales.

Los empleados británicos pueden solicitar a su empresa acogerse a medidas de "trabajo flexible", entre las que se incluye el teletrabajo, siempre que hayan trabajado al menos 26 semanas en esa compañía.

La empresa está obligada evaluar su petición y responder de "manera razonable", aunque puede rechazarla, y de aceptarla está obligada a pagar el mismo salario y aplicar el resto de condiciones del contrato.

AMÉRICA LATINA Y ESTADOS UNIDOS

México no tiene regulado el trabajo a distancia, aunque el Gobierno anunció en junio que lo haría, teniendo en cuenta que solo el 20 % de las empresas están preparadas para el teletrabajo, aunque el 57 % lo habilitó en la pandemia, según el Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF).

Más de 15 millones de trabajadores independientes ya trabajaban desde casa antes de la pandemia, en un contexto en el que casi el 55 % de las 49,8 millones de personas ocupadas están en la informalidad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En Brasil, el teletrabajo está regulado desde 2017, aunque hay propuestas para mejorar la normativa, principalmente dirigidas a garantizar los derechos de los empleados y transferir al empleador los costes de energía, internet y teléfono.

El Parlamento de Argentina aprobó el pasado 30 de julio una ley que regula el teletrabajo, pero varias cámaras empresariales rechazan la nueva norma porque consideran que es de muy difícil implementación y desalienta la generación de empleo.

El nuevo marco normativo general establece el derecho a la desconexión y el carácter voluntario de esta modalidad para el trabajador, en tanto que contempla los mismos derechos para quienes trabajan a distancia y presencialmente.

En Estados Unidos, la regulación del teletrabajo está circunscrita al empleo público y requiere que haya un acuerdo por escrito entre el empleado y el supervisor, el nombramiento de un director de teletrabajo y que haya una capacitación previa.

OIT

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) cree que el teletrabajo seguirá siendo necesario hasta el fin de la pandemia e incluso en la "nueva normalidad" posterior, lo que requerirá una gestión empresarial más basada en la confianza y los resultados que en la presencia física del empleado.

Asimismo, advierte de que, aunque el teletrabajo da a los trabajadores una agenda más flexible y la libertad de trabajar en lugares alternativos, "presenta riesgos como el aislamiento y la pérdida de contacto con los colegas de trabajo".

EFE

 
Los electores son el límite de la democracia

ROMA.- El 23 de agosto, un respetado organismo de encuestas electorales  brasileñas reveló que el presidente Jair Bolsonaro disfruta de un índice de aprobación de 51%, el más alto desde que fue elegido. Brasil es el segundo país con mayor número de muertes por coronavirus, después de Estados Unidos.

Pero pese a que Bolsonaro redujo el virus a una “gripezinha” se negó a usar la máscarilla, atacó duramente a los gobernadores de los Estados que estaban tomando medidas de control, colocó  a un militar como ministro de Salud (después de haber expulsado a dos médicos), es considerado por los votantes brasileños ajeno al flagelo.

Bolsonaro siempre ha declarado que la responsabilidad era de los gobernadores y que consideraba que frenar la economía era una irresponsabilidad. Ha otorgado una ayuda de aproximadamente 80 dólares a familias pobres y ahora es particularmente popular en la mayoría de las áreas más pobres del país, que siempre han sido los baluartes de Lula.

La Convención del Partido Republicano, concluida el 27 de agosto en Estados Unidos, siguió el mismo guion.

La responsabilidad de la epidemia no es del presidente, sino de los gobernadores. El hecho de que la mayor cantidad de muertes en verdad se han producido en Estados gobernados por republicanos, como Texas y Florida, no importa a los votantes de Donald Trump, lo que cuenta la palabra del presidente, que  nunca creyó en el virus, diciendo que desaparecería “uno de estos días".

Intervino en el debate de salud, recomendando tomar detergentes de cocina e ignorar total y descaradamente al responsable de salud pública, el famoso virólogo Anthony Fauci. Pero a pesar de todo, gracias a la plataforma de la Convención,  redujo la brecha con Joe Biden de 13 a nueve puntos.

Y son muchos los que escuchan sus acusaciones contra los gobernadores democráticos de dejar actuar a los agentes del comunismo y la anarquía: los manifestantes movilizados por la muerte de un negro, Frank Lloyd, asfixiado sin causa aparente por un policía blanco.

Los análisis que predicen la victoria de Trump han reaparecido en los periódicos.

El virus ha demostrado que ahora ya no hay  diferencia entre un científico y uno que tuitea en las redes sociales. En Madrid, Miguel Bosé, cantante hijo de dos personajes famosos,  la actriz italiana Lucia Bosé y el torero español Miguel Luis Dominguín, convocó una manifestación contra las mascarillas en la Plaza Colón. Concurrieron 2500 personas, muchas de las cuales gritaron: “el virus no existe”.

Un estudio Gallup dice que casi 20% de la población europea rechazará la vacuna. En  Estados Unidos, hay estimaciones más altas. También porque todo el mundo sabe que el virus fue una creación de Bill Gates y que la vacuna introducirá un chip en el cuerpo humano, gracias al cual se puede controlar el mundo…

Y una diputada italiana hizo una denuncia en el parlamento: “quien se pone una máscara es de izquierda, porque acepta reducir su libertad… y quien no la usa es porque es un hombre libre”, un tema recurrente de la derecha…

Además,  en todo caso se trata de un virus chino (definición de Trump), creado en un laboratorio de Wuhan, para gobernar el mundo: la prueba es que inmediatamente controlaron la epidemia, y su economía ha sufrido menos que las demás.

Los chinos responden que fueron los soldados estadounidenses, que asistieron a una ceremonia, quienes introdujeron el virus en China para destruir su creciente poder. La explicación de los científicos de que el virus proviene de un animal infectado que ha contaminado la cadena alimentaria no convence a nadie.

Mientras tanto, aumenta el número de los que creen que la Tierra es plana, así como de los que niegan la teoría de la evolución, porque la Biblia dice que la creación se hizo en siete días.

No pasemos a explicar la teoría catalogada como QAnon (1) que afirma que estamos bajo una conspiración de personalidades muy altas, que mientras tanto quieren sacar a Trump, para apoderarse del mundo (una teoría que Trump ha relanzado) y que ahora está echando raíces en Europa…

Las teorías de la conspiración están circulando cada vez más, y con mayor fervor. Una vez, los negacionistas impugnaron la emergencia climática a pesar de todas las pruebas. Ahora también niegan el virus, aunque avanzamos rápidamente hacia al menos 800 000 muertes oficiales. Es como si la ciudad de Marsella desapareciera…

Estas teorías de negación o conspiración hacen sonreír a los que creen en la ciencia y los números. Pero hay un detalle que les debería preocupar: esos extremistas también votan…

Es hora de vincular la crisis de la democracia con las teorías de negación y conspiración. El límite de la democracia son sus votantes, dijo Winston Churchill. Añadimos que los reyes de la negación del virus, Trump y Bolsonaro, fueron elegidos libremente y hoy gozan de un considerable apoyo popular.

Según Fact Check, Trump ha dicho más de 20 000 mentiras desde que fue elegido. Pero según Fox y sus electores, son otros los que mienten. Los romanos decían que los dioses, antes de arruinar a los hombres, los vuelven locos. De ser cierto, el virus y la emergencia climática serían enviados por los dioses…

Roberto Savio (IPS).

 
Garantizar derechos de los indígenas protege también el bosque

BUENOS AIRES.- En la Amazonia, los territorios indígenas funcionan como la barrera más efectiva frente al desmonte si se garantiza a sus comunidades sus derechos sobre los territorios.

Un trabajo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS, en inglés), el 10 de agosto, que investigó la relación entre el derecho sobre la tierra de los pueblos originarios y la deforestación, cruzó información satelital sobre la cobertura vegetal de la selva tropical amazónica de Brasil, entre 1982 y 2016, con los registros del gobierno brasileño sobre los derechos de propiedad de las comunidades indígenas locales.

Así, los investigadores hallaron que contar con derechos de propiedad permite a los indígenas proteger la tierra de amenazas externas, lo que se traduce en una reducción de 66 por ciento de la deforestación.

Este efecto no se evidenció en los territorios donde a los indígenas no se les reconoce o se reconocen parcialmente esos derechos.

“Proporcionar plenos derechos de propiedad y el entorno institucional para hacer cumplir esos derechos es una forma importante y rentable para que los países protejan sus bosques y alcancen sus objetivos climáticos”: Kathryn Baragwanath.

La Amazonia representa la mitad de la selva tropical del planeta, con gran influencia en el clima y los ciclos hidrológicos del mundo.

En los últimos años ha experimentado una deforestación sin precedentes debido principalmente a los incendios forestales, la tala ilegal y la minería en aumento, según consigna el estudio en base a datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) brasileño.

De enero a agosto de 2019, ese instituto informó más de 40.000 incendios, con un aumento de 278 por ciento en la deforestación de la Amazonia Legal, donde se encuentra 60 por ciento de la selva tropical amazónica.

La quema de bosques, principal causa de esos incendios, es utilizada para despejar rápidamente la tierra con fines agrícolas.

“Consideramos que el reconocimiento pleno de los derechos de propiedad de los pueblos indígenas les permite ser eficaces para frenar la deforestación en la Amazonia brasileña”, dijo por correo Kathryn Baragwanath, coautora del trabajo e integrante del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de California San Diego, en Estados Unidos.

Según el estudio, en 1985 la mayoría de los territorios indígenas no habían recibido derechos plenos de propiedad, pero en 1995 cerca de la mitad de esos sitios habían sido homologados.

Esta homologación se obtiene por decreto presidencial y es la última etapa de un proceso que involucra a diferentes instancias jurídicas

“El territorio constituye el bien social y cultural más importante para los pueblos indígenas. Desde esta perspectiva asegurar su espacio vital, constituye la base sobre la que se apoyan el conjunto de los derechos indígenas”, explicó a SciDev.Net por Whatsapp Mariela Flores Llampa, abogada diaguita de la Comunidad India Quilmes-Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán, Argentina.

Ane Alencar, directora de Ciencia del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (Ipam) de Brasil, dijo por teléfono a SciDev.Net que la investigación confirma, por medio de análisis estadísticos, lo que puede pensarse intuitivamente.

“Muestra que garantizar los derechos territoriales es clave para combatir la deforestación y los incendios”, afirmó.

Alejandra Ahmad, autora de una tesis sobre políticas públicas en relación con la propiedad de las tierras de los pueblos originarios de Argentina, dijo a SciDev.Net que el primer antecedente en América Latina y el Caribe sobre el reconocimiento colectivo a la propiedad de tierra de las comunidades indígenas tuvo lugar en Nicaragua.

Fue en 1988 con un fallo a favor de la comunidad Awas Tigni que había demandado al gobierno nicaragüense por permitir la explotación maderera en su territorio, sin su consentimiento.

“La corte reconoció la propiedad colectiva de los pueblos originarios y ordenó la demarcación y titulación de las tierras a nombre de esa comunidad”, contó Ahmad.

En Argentina, un fallo de la Corte Interamericana de Justicia del 6 de febrero de 2020 reconoció la propiedad comunitaria de 400 000 hectáreas a 132 comunidades indígenas de la provincia de Salta agrupadas en la asociación civil Lhaka Honhat, tras un reclamo iniciado a fines de 1980.

El dictamen no solo corroboró el derecho a la propiedad comunitaria, sino que también hizo hincapié en el derecho a un ambiente sano, alimentación adecuada, acceso al agua y la participación de la comunidad en la vida cultura, señaló Ahmad.

No obstante, la abogada Flores sostiene que en Argentina se ha avanzado muy poco en asegurar a los pueblos originarios la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, a pesar de disponer del más completo y abarcador marco jurídico, con adhesión a tratados internacionales y leyes provinciales.

“De poco sirven si no se los dota de un presupuesto adecuado, capital humano comprometido y —sobre todo— voluntad política para llevar a cabo un verdadero reconocimiento a los Pueblos Originarios”, opinó.

“Proporcionar plenos derechos de propiedad y el entorno institucional para hacer cumplir esos derechos es una forma importante y rentable para que los países protejan sus bosques y alcancen sus objetivos climáticos”, agregó Baragwanath.

En Brasil, “las políticas públicas, la movilización internacional y las ONG deberían centrar ahora sus esfuerzos en presionar al gobierno brasileño para que registre los territorios indígenas que todavía están a la espera de sus plenos derechos de propiedad”, concluyó la coautora del estudio publicado en PNAS.

Este artículo fue publicado originalmente por SciDev.net.

(IPS).

 
Covid-19 en Perú: Pandemia ya deja más muertos que la guerra con Sendero Luminoso

Perú suma en seis meses de pandemia más de 70.000 muertos, un número superior a las víctimas que, durante veinte años (1980-2000), dejó la sanguinaria violencia del conflicto armado interno causado por las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Es el nuevo y macabro hito de Perú en esta crisis sanitaria, al haber visto morir en medio año más personas que las 69.000 que se estima que se cobró el enfrentamiento entre el Estado y los subversivos, según la estimación más alta que realizó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) en su informe final.

Agosto fue el cuarto mes consecutivo que cerró con más de 25.000 muertos a nivel nacional, más del doble que lo habitual antes de la pandemia, según figura en el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), registro que se ha vuelto el mayor barómetro de esta tragedia nacional.

Los dos meses anteriores (marzo y abril) también superaron con mucho las cifras medias de defunciones.

Con ese ritmo mensual de fallecimientos, y sin ser un evento bélico, los seis meses de emergencia han superado el saldo mortal de cualquier guerra o conflicto bélico en 199 años de independencia de Perú, incluida la cruenta Guerra del Pacífico contra Chile (1879-1884) que tanto marcó la historia republicana con unas 18.000 muertes.

AUMENTO DE 120 % DE DECESOS

Desde marzo, cuando se conoció el primer caso de coronavirus en Perú, han fallecido en total unas 125.000 personas por cualquier causa, lo que supone un 120 % más que los decesos registrados en el mismo periodo de los dos años anteriores.

Ese exceso de muertes asciende ya a más de 70.000 personas fallecidas, de las que apenas 29.000 son decesos confirmados por covid-19, lo que hace de Perú el primer país del mundo en mortalidad por coronavirus al promediar 88 muertes por cada 100.000 habitantes.

De los 44.000 restantes, hay unas 11.000 consignadas como sospechosas de coronavirus por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, pero aún quedan otras 18.000 muertes inusuales sin explicar.

Pese a que solo pueden figurar como confirmados aquellos fallecidos que han dado positivo a una prueba de descarte de covid-19, el Gobierno peruano está revisando desde junio cada muerte para poder acercarse lo antes posible a la cifra real de muertos por el coronavirus.

Solo el número de muertes confirmadas hasta ahora por el virus SARS-CoV-2 es ya superior a la cifra de víctimas documentadas que dejó el conflicto interno, que asciende a unas 25.000 identificadas.

UNA MASACRE DIARIA

Desde finales de mayo los fallecimientos diarios por coronavirus no bajan del centenar y hasta hace poco rondaban los 200 cada jornada, un número superior a cualquiera de los peores episodios de violencia protagonizada por Sendero Luminoso, el MRTA o las fuerzas armadas.

Hace casi tres meses que en Perú mueren a diario por covid-19 más personas que las 117 que perdieron la vida en 1984 en la masacre de Soras, la mayor matanza atribuida a Sendero Luminoso en sus numerosas venganzas terroristas contra los pueblos de los Andes que no se sumaban a su lucha armada.

También es un número superior a las al menos 109 personas cuyos restos fueron hallados cerca del cuartel Los Cabitos, el mayor centro de torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones que practicaron sistemáticamente las fuerzas armadas entre numerosos episodios de violaciones a los derechos humanos.

CIENTOS DE POLICÍAS Y MÉDICOS MUERTOS

Estos crímenes tampoco alcanzan por separado para igualar el número de médicos fallecidos por covid-19 en Perú, que alcanza ya los 155, y menos aún para los policías que perecieron a causa del virus, que suman ya más de 400, más de la mitad de los casi 700 policías perecidos en el conflicto interno, según la CVR.

Las masacres del periodo de violencia acontecido en Perú hay que multiplicarlas por seis para alcanzar la magnitud de muertes diarias que ha reportado el Sinadef en el peor momento de la pandemia, con un pico máximo de casi 700 en un solo día.

No obstante, este nivel de fallecimientos diarios está descendiendo desde hace tres semanas, una señal de que el ritmo de decesos en estos seis meses de pandemia está regresando paulatinamente a los niveles previos a la emergencia.

MATANZA MULTIPLICADA POR DIEZ

Otro capítulo emblemático del conflicto interno fue la matanza en 1983 de ocho periodistas en el caserío de Uchuraccay, en la región de Ayacucho, en el sur de Perú, a manos de una turba que supuestamente los confundió con ‘senderistas’.

La pérdida de estos profesionales de la información equivale en número a apenas una décima parte de los al menos 82 periodistas que han fallecido por covid-19 en estos últimos seis meses en Perú, según el registro de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).

De esos periodistas fallecidos por coronavirus, 35 se contagiaron presuntamente mientras ejercían su trabajo con la misión de informar sobre la misma pandemia.

Aunque no hay una cifra oficial de indígenas fallecidos en el país por la covid-19, las organizaciones de nativos apuntan a casi 400, una pérdida que en este caso aún no llega a los 6.000 asháninkas y machiguengas que se estima que murieron perseguidos por Sendero Luminoso o esclavizados en los campos de trabajos forzosos que los insurgentes instalaron en la selva de Perú.

REUNIDOS EN CEMENTERIOS

Víctimas de la crisis sanitaria del covid-19 y del conflicto armado interno de Perú coinciden ahora en los colapsados cementerios como el de Mártires 19 de julio, ubicado en el distrito de Comas, ubicado en el cono norte de Lima.

Allí hace décadas descansan los restos de víctimas del conflicto interno, aunque ya no existe el mausoleo que hasta hace poco albergaba a varios ‘senderistas’ muertos durante la brutal represión al motín de la cárcel de El Frontón en 1986, derruido para que no se convirtiese en un monumento de peregrinación y apología terrorista.

Ahora los nichos y tumbas apenas esperan para ser ocupados. Se construyen y cavan horas antes de que lleguen los cuerpos y se celebre el funeral entre los cerros secos de este rincón de la capital peruana y en medio de una permanente neblina que se acumula entre las laderas en esta época invernal.

La abrumadora cantidad de fallecidos hace que las escenas de dolor para dar el último adiós se hayan multiplicado sin que se vislumbre aún la luz al final de un túnel.

Los contagios siguen creciendo y ya son más de 647.000 confirmados, lo que hace de Perú el quinto país del mundo y el segundo de Latinoamérica con más casos confirmados.

Fernando Gimeno/ Agencia EFE

 
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