Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Domingo, 23 febrero 2020
Informe Especial
Eritrea lidera la lista de los 10 paladines de la censura en el mundo

NACIONES UNIDAS.- Eritrea tiene los niveles de censura más altos del mundo y el gobierno más propenso a encarcelar a periodistas y suprimir medios de comunicación independientes, según un nuevo informe del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).

El gobierno autoritario del Cuerno de África, que cerró todos los medios independientes en 2001 y actualmente tiene unos 16 periodistas tras las rejas, es seguida por Corea del Norte y Turkmenistán como los peores lugares del mundo para trabajar como periodista, dice el estudio del CPJ, divulgado este martes 10.

“Se suponía que Internet convertiría en obsoleta la censura, pero eso no ha sucedido”, dijo el director ejecutivo del grupo, Joel Simon, en un comunicado al publicar el informe anual.

“Muchos de los países con mayor censura del mundo están altamente conectados, con comunidades en línea activas. Estos gobiernos combinan la brutalidad a la antigua usanza con la nueva tecnología, a menudo comprada a compañías occidentales, para sofocar la disidencia y controlar los medios”, añade el responsable del CPJ.

La lista de los 10 principales países que “ignoran las normas y garantías internacionales de libertad de expresión” también incluye a Arabia Saudita, China, Vietnam, Irán, Guinea Ecuatorial, Bielorrusia y Cuba, por ese orden.

El CPJ basa su protección a los periodistas en el Artículo 19 de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, que defiende que toda persona tiene el derecho de buscar y recibir noticias y expresar opiniones.

La organización asegura que los 10 países de su lista violan ese artículo “al prohibir o restringir drásticamente los medios independientes y al intimidar a los periodistas a silenciarse por medio de amenazas de prisión, vigilancia física y digital y otras formas de acoso”. “La autocensura es generalizada en estos países”, añade.

En Eritrea, muchos de los periodistas que fueron encarcelados a durante la ola represiva  de 2001 permanecen tras las rejas, dice el CPJ. El gobierno mantiene el monopolio de los medios audiovisuales y controla la mayoría de los canales de transmisión, mientras las conexiones a Internet son difíciles y las señales de radio extranjeras están bloqueadas.

La ley de Prensa de 1996 de Eritrea obliga a los periodistas a promover “objetivos nacionales”. Los periodistas de los medios de comunicación estatales del país “siguen la línea editorial del gobierno por temor a represalias”, dijo el CPJ en su informe anual de nueve páginas sobre la conducta del gobierno de Isaías Afewerki, en el poder desde 1993.

La misión de Eritrea en las Naciones Unidas en Nueva York  no respondió a una solicitud de comentarios al informe realizada por IPS.

En Corea del Norte, la gubernamental Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA, en inglés) controla prácticamente todos los medios impresos del país asiático y las emisoras de radio y televisión. Centra sus informaciones y comentarios en seguir las actividades de su presidente,  Kim Jong Un.

La KCNA “limita en alto grado la cobertura de las noticias internacionales”, pero hizo un alto en esa conducta para informar ampliamente de la breve visita al país del presidente estadounidense Donald Trump, en junio, y su entrevista con Kim, con el programa nuclear de Pyongyang de telón de fondo.

Los medios libres también permanecen en gran parte ausentes en Turkmenistán, donde el presidente Gurbanguly Berdymukhamedov “ejerce un control absoluto” sobre el país, y en particular los medios de comunicación,  a los que obliga a participar en “su culto a la personalidad”, dice el CPJ.

Todos los medios están controlados por el gobierno, los periodistas que osan informar en forma independiente son encarcelados y “un puñado de medios independientes dedicados a Turkmenistán, como Khronika Turkmenistana (Crónicas de Turkmenistán), funcionan en el exilio” y las personas que intentan visitar su sitio dentro del país “pueden ser interrogada por las autoridades”.

De hecho, según el CPJ, los tres países cuyos gobiernos encabezan la lista de censores del mundo este año, tienen en común que los medios de comunicación permitidos actúan como “megáfonos del Estado y todo ejercicio independiente del periodismo se realiza desde el exilio”.

En cuarto en la lista de grandes censores de la libertad de expresión y de prensa en el mundo, según la CPJ, es Arabia Saudita. Allí, según el informe, el ejercicio del periodismo, que ya era represivo antes, “sufrió un brusco deterioro” desde que en 2017 fue nombrado príncipe heredero y hombre fuerte del reino Mohammed bin Salman.

El más conocido caso de crueldad y represión contra los periodistas ocurrió en octubre de 2018, cuando “agentes sauditas –entre ellos algunos vinculados con bin Salman– asesinaron brutalmente a Jamal Khashoggi, columnista del Washington Post y crítico del gobierno, dentro del consulado saudita en Estambul”, indica el CPJ.

La potencia petrolera del Golfo ha sumado desde que Bin Salman es el gobernante de facto saudí nuevas leyes antiterroristas y de ciberdelitos que ayudan a silenciar a los periodistas, dice el CPJ.

Según el informe, en diciembre de 2018 había 16 periodistas encarcelados, a los que sumaron otros nueve, al menos, en el primer semestre de 2019.Parte de ellos han sido torturados.

El informe del CPJ se publicó solo días después de que el grupo radical islamista Talibán secuestró a seis periodistas locales en Afganistán, cuando viajaban a un taller para profesionales de la comunicación en la provincia de Paktika.

Los investigadores del CPJ señalaron que los periodistas han enfrentado muchas limitaciones para informar en medio de la guerra y la inestabilidad en países como Afganistán, Siria y Somalia, pero subrayaron que estos problemas “no son necesariamente atribuibles únicamente a la censura del gobierno”.

La clasificación de los líderes mundiales de la censura del CPJ se complementa con otra lista compilada por Reporteros Sin Fronteras, otra organización que defiende la libertad de expresión en el mundo y que también avergüenza a Eritrea, Corea del Norte y Turkmenistán como los peores tres países del mundo para un periodismo independiente.

(IPS) James Reinl

 
La poderosa señora K

La última encuesta sobre el poder, elaborado por Ipsos y publicado en la revista Semana Económica, nos muestra quiénes tienen más poder en el Perú, y no ha sido una sorpresa, que la hija de Alberto Fujimori, pese a estar en prisión, figure en el tercer lugar y sea la mujer más poderosa en el país.

Es un hecho evidente. En los últimos meses, las visitas de los congresistas de Fuerza Popular al penal de mujeres de Chorrillos, donde se encuentra detenida, han sido indiscutibles reuniones de trabajo. En esas “visitas” se han tomado acuerdos que han permitido al fujimorismo, por ejemplo, formar la mesa directiva y designar a los voceros y presidentes de las comisiones.

Esto demuestra, además, el control férreo de su aparato partidario. Y lo usa para tener jaqueado al presidente Martín Vizcarra, contra quien ha lanzado la orden de atacarlo hasta conseguir la renuncia o la vacancia. Es la manifestación de todo su poder: ha conseguido la renuncia de un presidente y está a punto de lograr la vacancia de otro.

Por supuesto, no es un poder para utilizarlo a favor del país. Keiko Fujimori quiere humillar a quienes ella considera sus “enemigos”, comenzando con el Presidente de la República y los funcionarios de más alto nivel. Y, castigar, asimismo, al pueblo peruano por no haberla elegido. Son sus iras santas, luego de su derrota por un mínimo porcentaje el 2016.

La señora K, gusta disfrutar del placer que genera el poder omnímodo para utilizarlo a su antojo sin rendir cuentas a nadie. Las decisiones que ha tomado en distintos momentos de su vida lo demuestran.

Es bueno recordar, qué con sólo 18 años, dio la espalda a su madre, expulsada por Alberto Fujimori de Palacio de Gobierno, y asumió las funciones de Primera Dama, avalando, además, la humillación a que fue sometida Susana Higuchi.

Si no le dolió el drama de su madre, ni siquiera cuando fue torturada en el SIN, menos se iba a compadecer de su padre, si este era un estorbo para llegar a la presidencia de la república. Por eso se desmarcó del exdictador y de la vieja guardia fujimorista y construyó su propia organización, recogiendo en parte, la escoria que salía de los otros partidos.

Pero eso no era suficiente. No era un secreto que Kenyi Fujimori, ingresó a la política y salió elegido congresistas con un solo argumento: la libertad de Alberto Fujimori. Y, en medio de la crisis generada en el intento de vacar a Pedro Pablo Kuczynski, pactó con el presidente y consiguió el indulto presidencial.

Pero fueron los miembros de su partido, lo sabemos ahora, cumpliendo órdenes de ella, a través de la Botika y la Mototaxi, los que denunciaron que el indulto era un pacto político y no un indulto por razones humanitarias. Si Alberto Fujimori, su padre, retornó a prisión, fue por obra y gracia de Keiko Fujimori. Por supuesto que la renuncia de Kuczynski fue el trofeo y para conseguirlo utilizó las malas artes, esas que el “tío Vladi” fue diestro en enseñarle.

Maneja una bancada política que es la más vergonzosa de nuestra historia republicana. Ni en los peores momentos de nuestra vida democrática, incluso en dictaduras con parlamento o congreso, como fue la de Odría y de su mismo padre, hubo un congreso tan nefasto como el actual.

Y por supuesto obediente a la Jefa. Y eso, hay que reconocerlo. Tiene la capacidad de doblegar las voluntades de sus seguidores. ¿Cómo explicar, por ejemplo, la conducta de Luis Galarreta, quien, de enemigo del fujimorismo, hoy es el escudero de la Jefa?

¿Y de Martha Chávez o Luz Salgado, traicionando a Alberto Fujimori para complacer a la hija? Lo único bueno, si algo de bueno se puede sacar de una personalidad tan nefasta, es que nos hemos salvado -por lo menos por ahora- de tener una presidente como Keiko Sofía Fujimori Higuchi. Si a su padre no le tembló la mano para dar órdenes al grupo de Colina, a la hija no le hubiera temblado un dedo para ordenar peores tropelías.

Abimael Guzmán tenía como lema “Salvo el poder, todo es ilusión”. ¿Es el mismo lema de la señora K? Parece que sí.

Julio Abril

 
Apoyo al sindicalismo en EEUU se dispara en era Trump

WASHINGTON.- El movimiento sindical, nacido en Europa en el siglo XIX, ha ganado apoyo en la sociedad al otro lado del Atlántico en los últimos años, en EEUU, que hoy 2 de setiembre celebra el Día del Trabajo, coincidiendo con la era del presidente, Donald Trump, y el estancamiento de los salarios de la clase trabajadora.

En vísperas de esta festividad se ha dado a conocer que el 64 % de la población aplaude la existencia de organizaciones sindicales, según una encuesta del prestigioso centro de investigación Gallup.

Esa es una de las cotas más altas registradas en los últimos 50 años y demuestra que la sociedad estadounidense aboga ahora más por las negociaciones colectivas de los trabajadores para conseguir mejores condiciones en sus contratos y hacer frente a las empresas.

El dato se publica 125 años después de que el que fuera presidente de EEUU entre 1885 y 1889, y entre 1893 y1897, Grover Cleveland, firmase una ley para establecer como festivo el Día del Trabajo, después de un periodo de disturbios laborales.

Para Richard Trumka, presidente de la plataforma sindical AFL-CIO, la mayor de EEUU, “los trabajadores de EEUU continúan sintiéndose cada vez más abandonados por una economía que ha sido dominada por Wall Street”, ya que, a su juicio, el Gobierno de Trump “escucha primero” a las grandes empresas.

Trumka hizo estas declaraciones en un encuentro con un grupo reducido de periodistas para evaluar cómo llega la situación laboral del país en un festivo marcado en rojo en el calendario de los trabajadores.

Pese a su crítica al Gobierno, se mostró esperanzado de que el Ejecutivo empiece a tener más en cuenta a la gente de a pie en un futuro cercano para realizar cambios en términos de infraestructura, algo que el país “necesita”.

Respecto a la evolución de los salarios, lamentó que su desarrollo en los últimos meses, por debajo de las expectativas de los economistas en un contexto de expansión económica, haya significado la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora.

“Los salarios reales cayeron en general impulsados por los aumentos en los precios de la vivienda y la atención médica”, dijo Trumka, que aseguró que esa situación provoca “ansiedad” entre los trabajadores y una mayor intención de llevar a cabo “acciones colectivas” para cambiar el marco actual.

De acuerdo a los últimos datos ofrecidos por el Departamento de Trabajo estadounidense, el índice de desempleo se mantuvo en el 3,7 % en julio, cerca de los niveles más bajos en medio siglo y en un mes en el cual la economía añadió 164.000 puestos de trabajo.

Sin embargo, Trumka señaló que esos datos “no esconden que realmente ni el sistema político ni el económico” funcionan para los trabajadores en el país, dado que sus salarios “han estado estancado por años” mientras los precios de la educación, la sanidad y la vivienda han crecido.

Otra de las cuestiones que va a tener un impacto importante en el mercado laboral estadounidense es la política comercial exterior de Trump, marcada principalmente por la imposición de aranceles a diferentes regiones; el pacto entre EE.UU., Canadá y México (T-MEC) y las negociaciones para llegar a un acuerdo comercial con China.

Para intentar que el T-MEC llegue a buen puerto y sea aprobado en el Congreso, Trumka y otros líderes sindicales se desplazarán a Ciudad de México este miércoles para reunirse con el presidente mexicano, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, y analizar las cuestiones laborales del tratado.

El líder sindical explicó que, si México “no puede garantizar” la capacidad de los trabajadores de negociar salarios más altos o crear sindicatos “libres y democráticos”, el Legislativo de EEUU no debería ratificarlo.

EFE

 
Las mujeres soportan la “segregación ocupacional” en América Latina

LIMA.- Por cada hora trabajada, las mujeres de América Latina y el Caribe reciben ingresos laborales que son en promedio 17 por ciento inferiores a los de los hombres con la misma edad, educación, presencia de niños en sus hogares, condición de ruralidad y tipo de trabajo, destaca un nuevo informe, presentado este martes 27.

La persistencia de las brechas de género y la evidencia que la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo está demorando más de lo esperado, hace necesario que los países de la región adopten una serie de medidas transformadoras para abordar tanto los desafíos de políticas de empleo como aquellos factores “no observables”, dijo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al lanzar el documento en la capital peruana.

Al mismo tiempo la participación laboral femenina, tras subir en forma importante hasta el año 2000 ahora evoluciona de forma muy lenta y llegó a 50,3% según los últimos indicadores, 25 puntos porcentuales por debajo de los hombres, dice el Panorama Laboral Temático titulado “Mujeres en el mundo del trabajo. Retos pendientes hacia una efectiva equidad en América Latina y el Caribe”.

“Si bien es cierto que ha habido avances muy importantes en la incorporación de las mujeres al trabajo, el camino hacia la igualdad aún es largo, y a veces empinado”, dijo Juan Hunt, director regional interino  de la OIT para América Latina y el Caribe al presentar el informe que pone en evidencia diversas dimensiones de una “segregación ocupacional”.

“El informe que estamos presentando advierte que las diferencias de género constituyen una de las formas de desigualdad injustificables hoy en día. Y es claramente, un hecho que conspira contra la posibilidad de construir sociedades más prósperas, justas y cohesionadas”, agregó Hunt.

El informe de la OIT plantea la necesidad de una renovación de los instrumentos de políticas, y pone énfasis en la necesidad de reconocer que “una parte importante de las limitaciones del progreso de las mujeres reside en los hogares”, en particular porque el reparto por género de las tareas domésticas aún es abrumadoramente desigual.

“Las mujeres se encargan de 80 % de las tareas del hogar, lo cual restringe su participación efectiva en el mundo del trabajo”, dice el documento.

Plantea que la persistencia de las brechas salariales se produce a pesar que las tendencias de largo plazo muestran evoluciones importantes, por ejemplo en el caso de la educación, donde el número de mujeres con estudios terciarios supera al de hombres.

Entre los nacidos en1990, 40% de las mujeres que trabajan tienen educación terciaria, frente a 25% de los hombres, dice el documento.

A partir de las diferencias detectadas en los ingresos laborales el nuevo Panorama Laboral Temático de la OIT explora varias dimensiones de la brecha de género, con la finalidad de identificar las mayores vulnerabilidades, una información que también debe ser útil al diseñar las políticas y estrategias de intervención.

“Son necesarias políticas activas de empleo que apoyen la inserción laboral femenina, servicios de información y orientación que asuman las necesidades específicas de las mujeres, programas de capacitación y formación para mejorar su empleabilidad, así como programas específicos para atender, principalmente, los requerimientos de mujeres afectadas por la desigualdad (migrantes, jóvenes, mujeres rurales y trabajadoras agrícolas)”, dijo el economista regional de OIT, Hugo Ñopo.

El análisis de datos realizado en el marco de este informe que fue coordinado por Ñopo permite detectar donde es mayor la brecha de ingresos, al destacar los “patrones diferenciados”. Las desigualdades, por ejemplo, son más pronunciadas entre el 20% de trabajadores de ingresos más bajos, o entre los autoempleados rurales.

También se detectó una brecha salarial elevada “en la zona ubicada alrededor del salario mínimo”, lo cual es atribuido a que un alto nivel de informalidad genera también elevados niveles de incumplimiento en el pago de esta remuneración.

“El problema de las brechas de género está asociado al de la pobreza”, dijo Ñopo.

Ñopo destacó que para acelerar los cambios que conducen hacia la igualdad será necesario hacer frente a “los factores no observables detrás de las brechas salariales de género y al tratamiento diferenciado con respecto a las mujeres en América Latina y el Caribe”.

Entre estos factores el informe menciona:

Los estereotipos: presencia de diversos tipos de sesgos cognitivos y discriminación;

Los comportamientos: aspiraciones, habilidades de negociación y aversión al riesgo;

Las normas sociales: división sexual del trabajo y nuevos arreglos familiares.

También se refiere al tema del cuidado no remunerado y participación laboral. “El grueso del trabajo de cuidado en todo el mundo es realizado por cuidadoras y cuidadores no remunerados, en su mayoría mujeres y niñas pertenecientes a grupos socialmente desfavorecidos”. Esto obliga a las trabajadoras a buscar flexibilidad en sus arreglos laborales, y “tienden a tomar empleos en inferioridad de condiciones frente a los hombres y con un poder de negociación menor”.

El nuevo informe de la Oficina Regional de la OIT está enmarcado en las celebraciones del Centenario de la OIT y en uno de sus capítulos hace un recuento histórico al revisar una serie de Convenios y Recomendaciones adoptadas desde 1919 para promover la igualdad de género.

Al mismo tiempo, incluye un capítulo sobre el futuro del trabajo, y los desafíos y oportunidades que plantean los cambios profundos y las oportunidades que se ofrecen. Si no se toman las medidas adecuadas, el riesgo es que se perpetúen las brechas de género.

Una serie de conclusiones y recomendaciones de la OIT sobre cómo abordar el desafío de acelerar la igualdad de género en los mercados laborales cierra el informe. El documento destaca que “mejorar el reparto de las labores domésticas es probablemente el cambio cultural más importante que se requiere para el avance en igualdad de oportunidades”.

(IPS) RV: EG

 
Amazonía en llamas, obra de la paranoia militar en Brasil

RÍO DE JANEIRO, (IPS) - El gobierno de Brasil decidió, ante las presiones internacionales, movilizar los militares para contener la oleada de incendios forestales en la Amazonía, pero solo habrá un cambio de rumbo si se modifican las convicciones que son la matriz de esa tragedia ambiental y climática.

Tanto el presidente Jair Bolsonaro como los generales que lo acompañan en su gobierno de extrema derecha creen que hay una conspiración para “internacionalizar” la Amazonía o quitarle partes de su territorio a Brasil, sin considerar que en sus bosques está en juego el clima mundial.

Por eso Bolsonaro rechazó la ayuda de 20 millones de dólares ofrecida por el Grupo de los Siete (G7) países más industrializados, al concluir su cumbre el 26 de agosto, en apoyo al combate a los incendios que proliferaron en la Amazonía brasileña este mes de agosto.

“¿Qué quieren ellos?”, se preguntó antes de subrayar su sospecha de que hay pretensiones “coloniales” detrás de la oferta, ya que “nadie ayuda alguien sin retribución”.

En una reunión con los gobernadores de los nueve estados amazónicos de Brasil, que argumentaron que cualquier ayuda es indispensable ante la magnitud de la crisis de recursos presupuestarios que enfrentan, el presidente justificó así su oposición a tales recursos externos.

El problema es que se destinarían a demarcar tierras indígenas y áreas de protección ambiental, “eso nos lleva a un destino que ya conocemos, la insolvencia de Brasil” y amenazas a la soberanía nacional, sostuvo Bolsonaro.

Esas demarcaciones de territorios indígenas hechas por gobiernos anteriores fueron “una irresponsabilidad”, opinó, obviando que responden a un mandato explícito de la Constitución de 1988, que rige la democracia brasileña tras la dictadura militar (1964-1985).

El apoyo financiero del G7 sería para combatir los incendios y la deforestación, nada se habló sobre indígenas o conservación en Biarritz, la ciudad balnearia del sur de Francia que acogió su cumbre anual de tres días.

En el pasado esa misma paranoia justificó grandes desatinos y atrocidades de los gobiernos militares, como masacres de varios grupos indígenas para la construcción de carreteras en las selvas, varias de las cuales quedaron inútiles por décadas.

Pero sirvió como eje del asentamiento de miles de familias campesinas provenientes principalmente de las regiones del Sur y del Nordeste brasileño, que quedaron abandonadas a su suerte.

“Integrar para no entregar”, era la consigna de la dictadura para promover la ocupación amazónica y alejar la codicia extranjera. “Tierras sin hombres para hombres sin tierra” decía la publicidad oficial para atraer gente al paraíso tropical, en el ámbito del Plan de Integración Nacional, formalizado en 1970.

En consecuencia, la Amazonía muy conservada hacia 1960, con actividades extractivas, como la del caucho natural, que poco alteraban su estructura forestal, pasó a vivir un período de intensa deforestación hasta 2004.

Medidas de control lograron una reducción de 73 por ciento del área afectada, en los últimos 14 años, según datos del estatal Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe).

La alarma de un rebrote en este año sonó ante los 42.719 puntos de fuego observados por el Inpe en el bioma amazónico hasta 27 de agosto, 128 por ciento más que en igual período de 2018.

“Hay una evidente relación de esos incendios con la deforestación”, aseguró a IPS la geógrafa Ane Alencar, directora de Ciencia del no gubernamental Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (Ipam).

Autoridades del gobierno atribuyeron su aumento a la sequía, pero “no es verdad que este año haya sido más seco, al revés, hubo más lluvias que en años anteriores”, contrarrestó.

“Gran parte de las llamas ocurren donde hubo deforestación meses antes. El apogeo será en septiembre, si no se adoptan medidas”, porque es cuando habrá más vegetación seca para quemar, advirtió.

También hay quemas de pastizales y residuos de las siembras, pero eso no explica el gran incremento del uso del fuego, ya que son actividades sin expansión brusca del área aprovechada.

El despliegue de los militares contra los incendios forestales, decidido por el gobierno el 24 de agosto, “exige buena orientación para ser eficaz y eso depende de los miembros del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) que tienen experiencia en combatir los grandes agentes deforestadores en las áreas estratégicas para inhibir el fuego ilegal”, destacó Alencar desde Brasilia.

Sin embargo, la proliferación de los incendios ilegales se debe en buena parte a la desmovilización del Ibama. De sus oficinas en los 27 estados brasileños, la autoridad ambiental solo cuenta ahora con siete superintendentes. Los demás fueron relevados de su función en febrero, hasta ahora sin sustitución.

El desmantelamiento del sistema de prevención y control ambiental es, según los activistas, la misión del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, conocidamente vinculado a los “ruralistas”, los grandes terratenientes radicalmente opuestos a la conservación ecológica y a las tierras indígenas, con bancada propia en el parlamento.

Este año las multas aplicadas por inspectores del Ibama cayeron 23 por ciento en relación al año pasado, alentando delitos por la impunidad.

El ministro además ya casi echó a perder el Fondo Amazonia, creado con donaciones de Noruega y Alemania, que ya aportaron el equivalente a cerca de 900 millones de dólares para el financiamiento de proyectos de control de la deforestación y desarrollo sostenible.

Hasta ahora no logró explicar porque cuestionó la administración del Fondo, en un momento en que su ministerio carece de recursos y sufrió recortes presupuestarios.

La prédica de Bolsonaro contra la “industria de las multas” y el ambientalismo contribuye a estimular las ilegalidades en la neurálgica ecorregión.

Líderes de la gran agricultura destinada a la exportación se alarmaron por la repercusión de los incendios amazónicos y presionaron el gobierno por medidas de emergencia para la contención de las llamas. Temen posibles embargos europeos a productos sospechosos de provenir de tierras recientemente deforestadas.

Los agricultores deberían ser campeones de la preservación forestal también porque gran parte de las lluvias en el centro-sur brasileño, la región de mayor producción agrícola, dependen de la “evapotranspiración” de los árboles amazónicos, explican los investigadores del cambio climático,

Además, como la mayor área forestal tropical, la Amazonía es fundamental para evitar un mayor calentamiento del planeta, al retener gran cantidad de carbono.

No es proveedor de oxígeno, como dijeron el presidente francés Emmanuel Macron y el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, sino un determinante regulador del clima.

Militares y soberanía

Se trata de un “bien común” de la humanidad, reconoció Macron que, al proponer un debate sobre un “estatuto internacional” de la Amazonía para evitar la destrucción forestal, reavivó los viejos temores militares brasileños.

Indígenas que viven en reservas fronterizas con los otros siete países de la cuenca amazónica podrían proclamar su independencia, quitándole parte del territorio a Brasil, teoriza por ejemplo Augusto Heleno Pereira, jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, uno ministro muy cercano a Bolsonaro, también él un capitán retirado del Ejército.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) constituyen otros enemigos para los militares y el gobierno, que los perciben como sucesores de los comunistas de la Guerra Fría. Para algunos militares de Brasilia conspiran por intereses externos, especialmente europeos, y buscan obstaculizar el desarrollo brasileño, recurriendo al ambientalismo.

Como las ONG fueron esenciales a la construcción de la conciencia, las leyes y el sistema ambiental brasileño, será difícil impulsar una política de protección de la Amazonia sin su participación y con un gobierno en que los militares ocupan un tercio de los ministerios.

(IPS)/Mario Osava

 
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