Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Domingo, 23 febrero 2020
Informe Especial
Resistencia cultural desafía censura y autoritarismo en Brasil

RÍO DE JANEIRO.- La Justicia impidió que el gobierno suspendiera un concurso público para el financiamiento de telefilmes, entre ellos cuatro con la diversidad sexual como tema, y abortó así uno de los intentos de censura que proliferan en el Brasil gobernado por la extrema derecha.

El ministro de Ciudadanía, Osmar Terra, un reconocido conservador en moral y costumbres, decretó el 20 de agosto la postergación “por 180 días prorrogables por igual período” del proceso de selección de obras audiovisuales a ser producidas para difusión en emisoras públicas de televisión, en que se trabajaba por 17 meses.

El fallo de la jueza federal Laura Carvalho del 7 de septiembre, ratificado por un juez de apelación de Río de Janeiro, invalidó la justificación del ministro, quien alegó la necesidad de revisar los “criterios” de evaluación de las propuestas y del destino de los recursos del Fondo Sectorial de Audiovisual, bajo su gestión.

Además de contrariar las reglas del concurso, hubo improbidad administrativa, al afectar recursos públicos ya parcialmente atribuidos y la medida supone una ilegal “discriminación por orientación sexual e identidad de género”, sentenció el tribunal.

En vísperas de la medida ministerial, el presidente Jair Bolsonaro había manifestado públicamente su rechazo a la inversión de dinero público en películas que incluyan el tema de las minorías sexuales.

La ofensiva del gobierno ultraderechista contra el sector cultural, supuestamente “dominado por izquierdistas”, se multiplicó en varias acciones contra espectáculos y otras actividades durante los últimos meses, en una censura disfrazada.

“Lo que están intentando es un ‘dirigismo’ por la financiación, recortando recursos y orientando el apoyo de estatales como Petrobras, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el Banco do Brasil y Eletrobrás, grandes complejos empresariales que suelen financiar proyectos culturales”, según Nabil Bonduki, exsecretario de Cultura de la ciudad de São Paulo.

Las presiones del gobierno “no tienen el éxito pretendido”, por ahora, porque son contenidas en gran parte por el Ministerio Público (fiscalía), el parlamento y el Poder Judicial, destacó Bonduki, profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo.

Muchos fallos del Supremo Tribunal Federal protegen la libertad de expresión, acotó a IPS.

El “marxismo cultural” seria el pecado dominante a exorcizar de los medios culturales y artísticos, según Bolsonaro y sus auxiliares ideológicamente allegados.

El gobierno de Bolsonaro, un excapitán del Ejército que siempre defendió la dictadura militar brasileña (1964-1985), empezó en enero de 2019 con la extinción del Ministerio de Cultura entre sus primeras medidas, en el marco de una restructuración que redujo a 22 los 29 ministerios existentes anteriormente.

Los asuntos del sector se sumaron a deportes y desarrollo social en el nuevo Ministerio de la Ciudadanía, bajo la jefatura de Terra, un médico que ya había sido ministro de Desarrollo Agrario en el gobierno anterior y con desconocimiento confeso de las cuestiones culturales.

Es la segunda vez que la cartera de Cultura desaparece. Antes el también derechista presidente Fernando Collor la incorporó como un órgano vinculado a su presidencia, que solo duró de 1990 a 1992, cuando fue destituido en un juicio político por corrupción.

En mayo de 2016, al asumir su mandato provisional, el presidente Michel Temer intentó repetir la medida, pero tuvo que echarse para atrás ante las resistencias del sector cultural y del bicameral Congreso Nacional legislativo.

Ahora es distinto, se trata de una confrontación que pone en juego cuestiones claves de la democracia y los derechos humanos, incluidos los culturales.

Caixa Econômica Federal, banco estatal que promueve la vivienda y al área social, suspendió el 7 de septiembre el contrato con el grupo Clowns de Shakespeare, tras la primera de las ocho presentaciones programadas de su última obra en el teatro de la institución financiera en Recife, una ciudad de la región del Nordeste.

Hubo violación del contrato, según Caixa Cultural, la división del banco que patrocina actividades del sector, sin aclarar que reglas se incumplieron.

La sospecha de censura se hace inevitable. El espectáculo infantil del grupo, “Abrazo”, se basa en el “Libro de los abrazos”, de Eduardo Galeano, escritor uruguayo muerto en 2015, y representa a una dictadura que prohíbe gestos de afecto, con la mirada de un niño.

Otro grupo teatral, Aux Pieds de la Lettre, también vio vetada semanas después una obra por Caixa Cultural, probablemente porque en una de sus escenas aparecía una travesti desnuda.

Chico Buarque, enemigo destacado

Chico Buarque de Holanda, uno de los compositores populares brasileños más conocidos en el mundo y de los más censurados durante la dictadura militar, sufre ahora dos nuevos vetos.

El filme “Chico, artista brasileiro”, sobre su vida y dirigido por Miguel Faria Junior, no pudo exhibirse en el Cine Fest Brasil de Montevideo, celebrado del 3 al 9 de octubre, ante un pedido de la Embajada brasileña, copatrocinadora del festival.

Luego la cancillería brasileña negó haber censurado la obra, sino que solo había sugerido su exclusión por ser un filme estrenado en 2015 y estar dedicado el festival a producciones más recientes. Varios cines de la capital uruguaya decidieron estrenar el documental el jueves 17, para reparar su retirada.

Chico Buarque, además ser famoso como músico, es escritor de una docena de novelas, obras teatrales e infantiles, Por su trabajo literario se le concedió en mayo el premio Camões, principal reconocimiento a las letras en lengua portuguesa.

La distinción se acompaña con 100000 euros (111000 dólares), concedidos por los gobiernos de Brasil y Portugal, que instituyeron conjuntamente el premio anual en 1989.

Por eso debe tener la firma de los presidentes de ambos países. Pero hasta ahora no lo firmó Bolsonaro, cinco meses después de anunciado el premio por un jurado de seis literatos del mundo de lengua portuguesa, dos africanos entre ellos.

Preguntado sobre el asunto, el presidente brasileño demostró su berrinche por el premio a un artista que siempre tuvo posiciones progresistas.

“¿Tengo plazo? Hasta el 31 de diciembre de 2026 podré firmarlo”, contestó a la pregunta de un periodista sobre el asunto. Con eso se vanaglorió que está seguro de que será reelegido en 2022 para un segundo cuatrienio y que la rúbrica va a tener que esperar.

Pero, de hecho, Brasil ya hizo el aporte de la mitad del premio y el Chico Buarque, quien recibirá el galardón en abril de 2020, comentó que “la no firma de Bolsonaro, es para mí un segundo premio Camões”.

Mira especial contra género

La intolerancia por razones políticas llega hasta el extremo cuando se trata de género. Bolsonaro ya vetó una publicidad del Banco do Brasil por incluir actores negros, jóvenes tatuados y una mujer transgénero. Y forzó el despido del responsable del área en el banco.

“No es censura, sino preservar los valores cristianos, reconocer la familia”, dijo el presidente, para justificar la serie de restricciones y anunciar que “con dinero público no veremos más cierto tipo de obras”, ya que, con su elección presidencial, “Brasil cambió”, ahora es la derecha en el poder.

La guerra contra manifestaciones culturales consideradas contrarias a la familia tradicional y las “buenas costumbres” se anunció durante la campaña electoral de 2018, con grupos bolsonaristas atacando muestras de artes visuales, performances y charlas con desnudez, homosexuales o feministas.

“Es un error clasificar los artistas en un espectro ideológico, poner en una lista negra los que ‘hablan mal’ de gobierno y privilegiar los que ‘hablan bien’ sobre él”, advirtió Bonduki.

La pretensión de dirigir la cultura de la dictadura brasileña y otros regímenes autoritarios puede “añadir algún peso a visiones conservadoras”, pero “sin éxito” en imponer sus valores, sostuvo.

En Brasil, si se acepta como bueno el diagnóstico bolsonarista, de que ideologías izquierdistas dominan actualmente amplios sectores, significaría que la dictadura militar de 21 años, su censura y represión tuvieron el efecto contrario al pretendido.

Las inversiones estatales tienen un gran peso en su fomento, pero “la cultura brasileña tiene una gran pujanza y capacidad de resistir, no depende del Estado”, sostuvo Bonduki.

Mario Osava (IPS)

 
Los problemas urgentes del país y gobernabilidad

La presencia de nuevos rostros, altamente calificados para ejercer las delicadas tareas de la función pública, en el nuevo Gabinete Ministerial que preside Vicente Antonio Zeballos Salinas, debe interpretarse como un aire renovador que, en la medida que sintonice con los reales problemas del país, afirmará las posibilidades de una gobernabilidad más eficaz. Sin duda existe una suma de asuntos que deben estar, con carácter prioritario, en la agenda presidencial y que requieren de respuestas eficaces e inmediatas.

Dejando de lado, lo que no significa incurrir en el descuido jurídico, los berrinches que el pequeño grupo de ex parlamentarios que, en el papel, dirige Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón, el renovado equipo ministerial tiene la obligación de hacer suyos los códigos del mensaje popular. Hay clamor general para combatir con pulso firme la inseguridad ciudadana, protagonizada por bandas organizadas en todas las regiones del territorio; sistematizar la atención de la salud, poniendo frenos a los afanes de lucro excesivo de los fabricantes de productos farmacéuticos y optimizando la atención en los servicios a cargo del Estado; aplicar con sensatez las iniciativas que permitan una educación de calidad, si es que verdaderamente se quiere contar con nuevas generaciones ciudadanas, en capacidad de sacar al país del subdesarrollo; hacer de la protección social lo que en esencia significa para que los pobres no sigan siendo pobres por falta de sensibilidad gubernamental; promover y hacer realidad el cumplimiento de las normas que tutelan los derechos sociales y económicos de los trabajadores, haciendo un pare a las exigencias de quienes con el pretexto de la flexibilización, pretenden que la clase trabajadora siga expoliada por quienes todavía creen que el Perú es su hacienda.

Lo anterior no significa cruzarse de brazos ante la necesidad indiscutible de la presencia de nuevas y mejores inversiones de capitales. En este aspecto juega un rol de vital importancia la nueva Ministra de Economía, María Antonieta Alva, quien entre otros antecedentes, tiene experiencia en la compleja tarea de planificación. Se espera que ella tome en consideración  la viabilidad de los recíprocos derechos del capital  y también los derechos de los trabajadores.

Respecto a este punto, habría que traer al recuerdo lo ocurrido en  Europa Occidental en décadas pasadas, donde se encontraron nuevas formas de “democracia industrial” y se introdujeron sistemas de planificación democrática. Tuvo éxito, tanto así que en Alemania e Italia se reconstruyó una sociedad democrática después de un fascismo y corporativismo deplorables. Hubieron otras experiencias y se cambió el sistema económico, extendiendo el sector público e introduciendo un sistema de planificación. Hoy en día Europa Occidental, sin llegar a la perfección, es de lejos más humana que América Latina y en particular Perú, país nuestro que ha sido tomado como laboratorio del neo liberalismo, con las consecuencias de miseria que subsiste a pesar de los cantos de sirena de los devotos de esa perversa política económica.

Roberto Mejía Alarcón

 
La crisis de liquidez de la ONU

NACIONES UNIDAS.- La crisis de liquidez que está cocinándose en la ONU y que amenaza los sueldos del personal y los pagos a los proveedores, sacude a los más de 6.400 empleados que trabajan en el emblemático edificio acristalado de 93 pisos de la Secretaria General en Nueva York.

Los recortes de gastos propuestos, que también incluyen a unos 37.500 empleados de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en todo el mundo, excluyendo sus más de 25 agencias, han puesto el foco en varios temas, incluida una “inflada burocracia”, y más críticamente, en el tiempo y el dinero gastados en viajes internacionales constantes de algunos altos funcionarios, que están permanentemente “en el aire”.

Guy Candusso, ex vicepresidente primero del Sindicato del Personal de la ONU, dijo a IPS que la escasez de liquidez en la década de los 90 fue mucho peor, pero el subsecretario general Joe Connor logró solventarla.

“En los últimos 10 años, la ONU se ha convertido en una organización desmesurada, especialmente en la cima. Si la crisis de liquidez se considera tan grave ahora, debería haber una congelación completa de la contratación junto con las otras medidas anunciadas”, dijo Candusso, un antiguo miembro del personal del organismo, hasta su reciente retiro.

Patricia Nemeth, presidenta del Sindicato del Personal de las Naciones Unidas en Nueva York, dijo a IPS que el personal del organismo está alarmado por la crisis de flujo de fondos que enfrenta.

“Además de la ansiedad que sentimos con respecto al salario del próximo mes, la incertidumbre financiera constante limita nuestra capacidad de cumplir con nuestros mandatos o prestar servicios a los más vulnerables”, explicó.

Ese sindicato ha estado trabajando estrechamente con el secretario general adjunto de Estrategia, Política y Cumplimiento de la Gestión, así como el Contralor de la ONU, para mantener informado al personal sobre la evaluación de la situación.

Entre las diversas medidas de mitigación, el sindicato acoge con satisfacción la instrucción de limitar todos los viajes oficiales a actividades esenciales.

“En este espíritu, esperamos que los altos funcionarios lideren con el ejemplo, ya que estamos juntos en esto”, dijo Nemeth, quien también como vicepresidenta para las Condiciones del Servicio en Comité Coordinador de Sindicatos y Asociaciones Internacionales del Personal del Sistema de las Naciones Unidas (CCISUA, en inglés).

“Lo que es más importante, en nombre de nuestros más de 15.000 integrantes (personal de Nueva York y personal local en las misiones de paz)”, dijo, es que los países aún no han hecho sus pagos, los realicen cuanto antes, “para que el trabajo de las Naciones Unidas pueda continuar, con los recursos necesarios para cumplir los mandatos que ellos mismos nos han dado”.

“Contamos con los líderes mundiales para apoyar el valioso trabajo de la ONU, mejorando la vida de las generaciones actuales y futuras”, añadió.

Ian Richards, presidente del CCISUA, con 60.000 miembros, dijo a IPS que “obviamente, el personal está muy preocupado por lo que está sucediendo”. Consideró positivo que ante la crisis, el secretario general, António Guterres, haya priorizado el pago de salarios y que les haya pedido asesoría sobre que reuniones se pueden posponer hasta que haya más fondos.

Pero si las cosas empeoran, advirtió Richards, esto tendrá graves consecuencias. “El personal tiene que pagar el alquiler y otras facturas, y para aquellos que trabajan en lugares peligrosos, debemos poder continuar pagando por su seguridad”, afirmó.

También podría perjudicarse la capacidad de la ONU para entregar alimentos a los más necesitados y proteger los derechos de los más vulnerables.

Sobre los mandatos del organismo, Nemeth alertó que el mundo se enfrenta a innumerables problemas apremiantes, como conflictos violentos o desastres naturales, en los que la ONU tendría para asistir, al igual que en todas las actividades encomendadas para impulsar el desarrollo sostenible.

Las Naciones Unidas son la fuerza principal en los esfuerzos humanitarios; en el mantenimiento de la paz y la seguridad; y en ofrecer apoyo y esperanza a los más vulnerables, aquellos que aspiran a satisfacer sus necesidades más básicas: vida, libertad, dignidad, paz, seguridad y justicia.

“Sin embargo, nuestro trabajo crítico en todo el mundo se ve obstaculizado actualmente por demoras en el pago de las contribuciones de los Estados miembros, agravadas por normas financieras demasiado restrictivas”, aseguró la lideresa sindical.

Nemeth pidió a Guterres y su equipo que, “si la situación no mejora”, tome medidas junto con los sindicatos para encontrar soluciones prácticas y que “el personal esté protegido”.

El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, dijo a los periodistas que la Secretaría podría enfrentar un incumplimiento en los salarios y pagos de bienes y servicios a fines de noviembre a menos que más Estados miembros paguen sus cuotas en su totalidad.

Por lo tanto, el secretario general solicitó medidas adicionales inmediatas, incluidas nuevas reducciones en los viajes oficiales; posponer el gasto en bienes y servicios; y la interrupción de eventos programados fuera del horario de reunión oficial en la sede.

Además, el calendario de conferencias y reuniones puede tener que posponerse o ajustarse, dijo Dujarric, quien puntualizó que se están estudiando opciones en ese sentido.

Guterres ya ha escrito a los Estados miembros sobre “la peor crisis de liquidez que enfrentan las Naciones Unidas en casi una década” y que cumplir con las cuotas es una obligación establecida en la Carta de la ONU.

También agradeció a los países que están al día en sus contribuciones, que hasta ahora alcanzan a 129, e instó a los que están en mora a ponerse al día con urgencia.

Al concluir septiembre, los Estados miembros habían pagado solo 70 por ciento del del presupuesto ordinario, en comparación con 78% de un año atrás. Desde enero la Secretaría ha ido tomando medidas para alinear sus gastos con el flujo de ingresos.

Los 64 Estados que aún tienen que pagar las cuotas del presupuesto de este año son: Afganistán, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Bangladesh, Belice, Benin, Brasil, Burkina Faso, Burundi, República Centroafricana, Comoras, Congo, Costa Rica , República Popular Democrática de Corea, República Democrática del Congo, Djibouti, Ecuador, Eritrea, Estados Unidos, Gambia, Grenada, Guatemala, Guinea-Bissau, Honduras, Irán, Israel, Kiribati, Líbano, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malí, Mauritania, México, Mozambique, Níger, Nigeria, Omán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Filipinas, República de Corea, Rumania, San Cristóbal y Nevis, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Sudán del Sur, Suriname, Tayikistán, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Uruguay, Venezuela y Yemen.

Thalif Deen (IPS)

 
El último acto de la tragedia colonial en la Amazonia brasileña

RÍO DE JANEIRO.- “El interés por la Amazonia no es por el indígena ni el árbol, sino por los minerales”, dijo el presidente Jair Bolsonaro, al rechazar supuestas intenciones coloniales europeas, que en realidad más bien proyectaba sus propias obsesiones sobre la neurálgica ecorregión brasileña.

Sus planes más reiterados incluyen abrir las tierras indígenas a la minería y explotar el niobio en la cuenca amazónica del Río Negro, por más inviable que sea extraer ese mineral de uso siderúrgico en un yacimiento remoto, cerca de la frontera con Colombia y Venezuela.

El apoyo del presidente a la explotación minera y agrícola, incluso en áreas de protección ambiental e indígenas, contribuyó al auge de los incendios forestales en agosto que movilizaron gobiernos y activistas del mundo en defensa de la Amazonia.

El conflicto, ahora realzado por el Sínodo Panamazónico, que tiene lugar en el Vaticano desde el domingo 6 y hasta 27 de este mes, puede definir el destino de la cuenca que ostenta los más extensos bosques tropicales y la mayor biodiversidad del mundo, en el marco de la crisis climática.

La deforestación de la Amazonia brasileña se acerca a 17 por ciento y al “punto de no retorno”, cuando sus bosques perderían capacidad de autosostenerse y degenerarían en sabanas, explicó Carlos Nobre, climatólogo brasileño, al presentar ante el sínodo el informe “Marcos científicos para salvar la Amazonia”, firmado por 44 especialistas.

“Los incendios disminuyeron en septiembre, en parte porque vinieron las lluvias, pero principalmente debido a las presiones nacionales e internacionales”, reconoció Ane Alencar, directora de Ciencia del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia.

Además el gobierno, temiendo sanciones comerciales, decretó la moratoria del fuego por 60 días y movilizó militares para apoyar a los gobiernos de los nueve estados amazónicos en el combate a la quema de bosques y desechos agrícolas.

“Los hechos comprueban que el problema es político, primero los estímulos del gobierno alentaron los que usan las quemas para adueñarse de tierras públicas. Al invertirse el mensaje los incendios bajaron a menos del promedio histórico de septiembre”, destacó Alencar a IPS, desde Brasilia.

“Eso no significa preservación de bosques, la deforestación ocurrió antes y debe alcanzar este año la mayor extensión desde 2008, o más de 10.000 kilómetros cuadrados”, advirtió, al lamentar el retroceso en los esfuerzos de una década.

Se trata de “una pérdida desnecesaria de recursos naturales” provocada por los “grileiros”, apodo local para quienes se apoderan ilegalmente de tierras y no se debe confundir con “el agronegocio moderno”, cuyos intereses son dañados por la deforestación, aclaró la activista.

“El Sínodo tiene lugar en un momento oportuno para reforzar la importancia de conservar los bosques, sin los cuales indígenas y comunidades amazónicas “engrosarían los bolsones de pobreza en las ciudades”, opinó.

El debate en el Vaticano hace más visibles los riesgos “agravados por el gobierno brasileño” y “fuerza la Iglesia católica a proponer otra visión de la Amazonia, en defensa de la vida, la cultura y el futuro de los pueblos locales”, según Francisco Loebens.

“El objetivo es reorientar políticas, para que la Amazonia no siga como reserva de recursos naturales en una lógica colonial, que atiende a intereses externos en desmedro de sus pueblos”, sostuvo el miembro del Equipo de Apoyo a los Pueblos Indígenas Aislados o Libres del Consejo Indigenista Misionero.

“El gobierno critica a los europeos como colonialistas, pero se alinea con Estados Unidos. Y asusta lo que dijo el ministro de Medio Ambiente (Ricardo Salles), que la ‘Amazonia necesita más capitalismo’, es decir más explotación, depredación y violencia contra los pueblos”, lamentó a IPS desde Manaos por teléfono.

Ante los estímulos oficiales a la “apropiación privada de las tierras”, Loebens es pesimista, cree que la tendencia de aumento de la deforestación seguirá el próximo año. Bosques degradados se incendian más fácilmente en un círculo vicioso que puede hacer irreversible la destrucción forestal.

“La Amazonia aún sufre los efectos del Plan Nacional de Desarrollo del general Ernesto Geisel”, resumió Lucio Flavio Pinto, un premiado periodista y profundo conocedor de la región, en referencia al presidente que gobernó Brasil de 1974 a 1979, durante la dictadura militar (1964-1985).

El colonialismo real es interno, en su evaluación. Los gobernantes militares y los que les siguieron en Brasil siempre encararon la Amazonia como territorio a colonizar con objetivos extractivos.

La lógica colonial rigió incluso durante los gobiernos del izquierdista Partido de los Trabajadores (2003-2016), que impulsaron la construcción de Belo Monte, la gigantesca central hidroeléctrica que es un “ejemplo acabado” de proyecto impuesto por intereses dominantes y ajenos a la Amazonia, apuntó Pinto a IPS, desde Belém, la capital del estado amazónico de Pará donde vive.

Construida en la Amazonia oriental, su energía es llevada al Sureste, la región de mayor consumo nacional, por una línea de transmisión de 2.500 kilómetros hasta Río de Janeiro. Otra gran central, Tucuruí, inaugurada en 1984, quedó rodeada de pueblos sin electricidad hasta 20 años después.

Pará, estado que acoge esas dos centrales, sufre también los impactos ambientales de su producción de mineral de hierro, sin beneficiarse de su exportación.

Tierras baratas, madera, minerales y ríos de energía son los atractivos a esa economía desarraigada. Bosques, áreas de conservación, indígenas y exigencias ambientales son obstáculos.

Los indígenas siguen pobres viviendo sobre suelos ricos, según dijo Bolsonaro para defender la minería y agricultura en gran escala en sus tierras, a fin de que, a su juicio, prosperen como los blancos.

Estimula con sus palabras el “garimpo”, la minería ilegal de oro y otras piedras preciosas, origen de numerosas tragedias indígenas, como enfermedades que desconocían y contaminación de los ríos, especialmente por mercurio.

Así también el avance de la ganadería, volcada más a la conquista de tierras que a producir carne o leche, además de grandes proyectos de expansión del “progreso”, como carreteras.

La biodiversidad poco importa, pero es clave para el futuro desarrollo amazónico en la propuesta de científicos como Carlos Nobre, que apuesta a combinar biotecnología y conocimientos tradicionales, especialmente indígenas.

Pinto, autor de más de 20 libros sobre la Amazonia, es escéptico sobre ese futuro. La lógica de la expansión permanece y la deforestación avanza. El estado de Amazonas, el corazón del bioma, perdió en los últimos años extensas áreas boscosas deforestadas en el sur, señaló a IPS.

Las protestas nacionales e internacionales y el Sínodo pueden provocar cambios, pero solo “cosméticos”, sin parar el desastre, admitió.

Ese proceso se aceleró con la ocupación agrícola impulsada por la dictadura militar, que creó en 1970 el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria para promover oleadas de migración interna hacia el norte y oeste de Brasil.

El sur, donde escaseaba la tierra ante la explosión demográfica, proveyó el flujo que pobló la Amazonia de numerosos apellidos alemanes e italianos.

La justificación de los militares era la seguridad nacional, se trataba de poblar la Amazonia para rechazar posibles invasiones extranjeras. El espantajo de la codicia externa fomentó la colonización interna.

Eso se refuerza nuevamente ahora, pero en una aparente disyuntiva, su reflujo o el colapso de la Amazonia forestal.

Mario Osava (IPS)/ Foto internet-medios

 
“Pedro el breve” no debe seguir haciendo daño a la democracia

Quienes creían que el Presidente Constitucional, Martín Vizcarra Cornejo estaba solo, viviendo una orfandad política y que en ese episodio de enfrentamiento principista, con la mayoría corrupta del fujimorismo y su furgón de cola aprista y otros tránsfugas, estaba prácticamente obligado a retirarse a sus cuarteles de invierno, tienen ahora la obligación moral y ética, de golpearse el pecho con fuerza, ponerse humildemente de rodillas y pedir perdón al pueblo que, soberano indiscutible de la civilidad, pudo haber creído  en sus mentiras, llámese desinformación o falsa verdad.

La disolución del Congreso de la República, que presidia Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón, quien de acuerdo con sus pergaminos de nobleza virreinal, ahora podría llamarse “Pedro el breve”, dado el poco tiempo en que ejerció el mando en el Poder Legislativo, a despecho del afán de los acostumbrados a manipular la información de interés público, viene recibiendo el multitudinario y significativo respaldo de las instituciones tutelares y con ellas la de organizaciones sociales y populares en todo el territorio nacional.

El hecho mismo de la firmeza con que viene actuando desde un inicio el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ratificando su reconocimiento al Presidente Vizcarra, como Jefe Supremo, así como también la inmediata convocatoria del Jurado Nacional de Elecciones, al proceso que se llevará a cabo el 26 de enero del 2020, para que el pueblo elija a sus nuevos representantes ante el Congreso de la República, tienen una especial trascendencia, en circunstancias de crisis de la mayor gravedad, que requiere de medidas ajustadas a la Constitución Política y a las leyes que norman la vida ciudadana del Perú.

Una lectura adecuada y equilibrada del mensaje de la Organización de Estados Americanos (OEA), que en lo sustantivo señala que corresponde al pueblo soberano, decidir su propio futuro, mediante elecciones limpias y trasparentes, ratifica lo que piensa también en estos momentos la ciudadanía del país.  No más elecciones financiadas por dinero de procedencia delincuencial, no más elecciones de personajes involucrados en hechos de corrupción y que, en lugar de tener la sagrada representación popular, deberían de estar hace rato en la prisión, purgando sus delitos.  Eso es lo que significa en la forma y en el fondo la recomendación de la OEA.

A estas alturas, en lugar de estar en idas y vueltas, seudo legales, desconociendo la realidad política del país, es hora que “Pedro el breve”, sirva lo mejor de su bodega de piscos y vinos y corrija con sus escasos acompañantes, sobre todo de la señora Bartra Barriga, los daños que viene ocasionando a la vida democrática del país. No se trata de mantenerse en un estado de ebriedad. Las malas borracheras son dañinas, cualquiera que sea la circunstancia. Ojalá que escuche este consejo. Está demostrado que la señora Bartra Barriga no es una experta en derecho constitucional. Ella está sometida a una suerte de titeretismo, de quien durante el régimen dictatorial de Alberto Fujimori, tuvo un desafortunado paso por el Congreso de la República. Por eso, tal es la causa de su fracaso como legisladora y presidenta, nada menos, que de la extinta Comisión de Constitución.

Dado los últimos acontecimientos, mantener la serenidad, trabajar con el nuevo equipo ministerial, acogiendo los anhelos del pueblo en su conjunto, debe ser el norte de la acción de gobierno. Y por lo que se observa, todo indica que llegaremos al próximo 26 de enero, en las mejores condiciones cívicas. Esta es una labor de cuantos formamos parte de la colectividad peruana, la que ha demostrado que no renuncia a su condición social y quiere participar de una manera concreta en la organización de la vida democrática, de los mecanismos de funcionamiento de los poderes del Estado, introduciendo modificaciones y hasta alteraciones profundas de tales mecanismos y de los comportamientos sociales concurrentes.

Roberto Mejía Alarcón

 
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