Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Sábado, 21 julio 2018
Informe Especial
El peligro de las elecciones para la libertad de expresión en México

En enero, el medio digital Animal Político publicó un reportaje sobre el presunto desvío de más de 28 millones de dólares del gobierno de México, a través de convenios con universidades públicas para realizar investigaciones que nunca ocurrieron.

En la operación estaban involucrados dos antiguos secretarios (ministros) de Desarrollo Social: Rosario Robles, la controvertida exgobernadora de Ciudad de México que pasó de la izquierda al gobernante Partido de la Revolución Institucional (PRI), y José Antonio Meade, entonces precandidato presidencial de esa agrupación las elecciones del 1 de julio.

Al día siguiente, el 11 de enero, un portavoz de Meade envió una carta a Animal Político, que especialistas interpretaron como una amenaza: “Lo ahí manifestado constituye una injuria gratuita a su persona, es por ello que se valorará emprender las acciones legales en contra del portal de noticias que publicó la nota y en contra del autor de la misma”.

La organización internacional Artículo 19 consideró que la misiva “evidencia el interés de inhibir el libre ejercicio periodístico materializado en la búsqueda, recopilación y difusión de información de interés público” y alertó de la gravedad de eso “en un país asolado por múltiples actos de corrupción y el mantenimiento de la impunidad”.

Tres meses después, Meade fue nombrado candidato del PRI, un partido que ha mantenido la hegemonía del poder en México durante casi un siglo, con excepción de dos periodos presidenciales en los que gobernó el derechista Partido Acción Nacional (PAN), de 2000 a 2012.

Por su parte, Artículo 19 presentó su informe anual y lanzó un llamado enérgico al gobierno del conservador presidente Enrique Peña Nieto, para garantizar el libre ejercicio del periodismo, ya que durante su administración “cada año ha sido más violento que el anterior”.

La oficina de Artículo 19 en México tiene una década, desde que comenzó a documentarse un aumento inédito de agresiones a periodistas que se ha extendido en todo el país. La lista de periodistas asesinados ya supera un centenar y al menos hay 20 comunicadores desaparecidos.

“La violencia, tiene un objetivo político en particular, es un ataque generalizado en las raíces de la vida democrática en México”, concluyeron por su parte los relatores especiales sobre la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  luego de su visita conjunta en diciembre de 2017.

En sus observaciones preliminares (el informe final está previsto para junio de este año) los relatores sostuvieron que el gobierno mexicano, “aunque reconoce los problemas, no ha podido  asignar los recursos necesarios y demostrar voluntad política”.

“Los mecanismos de protección tienen, de forma sorprendente, recursos limitados considerando el contexto de una crisis nacional” y que “México ha hecho poco o  ningún  progreso para erradicar la  impunidad”, añade.

Para los relatores, los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos,  representan “la amenaza más inmediata y desafiante  a  la libertad de expresión en México”.

Pero también aclaran que “existe un contexto más amplio” de retos a la libertad de expresión.

Eso “involucra la transición histórica” que “no  ha eliminado la problemática y las prácticas intimidantes del pasado, como la expectativa  de buena cobertura bajo publicidad oficial, que describe el aforismo: ‘no pago para que me golpeen’; el despido de periodistas críticos a solicitud de las autoridades; la creación de nóminas de periodistas pagados por administraciones estatales; y la falta de pluralismo en la  propiedad y la línea editorial de los medios”.

A eso se agregan “casos bien documentados” de vigilancia digital de periodistas y defensores de derechos humanos, que “parecen ser tanto una reliquia de los métodos en el pasado y un  ejemplo de los retos que enfrentan los periodistas en la era digital”.

El documento destaca que el ecosistema mediático mexicano ha evolucionado: ahora hay más pluralidad y los medios digitales y redes sociales tienen un papel central en el acceso a la información, a pesar del “contexto en extremo difícil y complejo”.

Sin embargo,plantea,  los periodistas siguen enfrentando amenazas de demandas civiles, frecuentemente de funcionarios públicos, además de ataques digitales, acoso en medios sociales y vigilancia secreta, que “han emergido como nuevos retos preocupantes”.

Los relatores incluyeron una “nota de urgencia añadida” por el proceso electoral de 2018: “Las elecciones, y la tensión  política que traerán, aumentará  la necesidad de seguridad para los periodistas, sin la cual el país podría sufrir una pérdida significativa de información  y debate público”.

México vivirá el próximo 1 de julio las elecciones generales más grandes y complejas de la historia, con más de 18 .000 cargos en disputa, donde junto con los comicios presidenciales y legislativos se escogerán los gobernadores de 30 de los 32 estados de este país federal de  122 millones de personas.

A eso se agregan elementos inéditos, derivados de la ley de Reforma Político Electoral  de 2014, como la posibilidad de reelección en cargos de menos de tres años, una cuota de candidaturas para mujeres y para indígenas y la posibilidad de fiscalización en tiempo real.

Pero el asunto de mayor riesgo es la violencia que asola a regiones enteras del país. Solo en el sureño estado de Guerrero han sido asesinados 25 políticos desde 2017.

La campaña electoral comenzó el 30 de marzo, con ventaja unánime en los sondeos para el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien participa en su tercera contienda presidencial. El candidato del PRI arrancó en tercer lugar, mientras los sondeos adjudican la segunda opción de triunfo a Ricardo Anaya, quien lidera una coalición encabezada por el PAN.

En su informe anual, “Democracia simulada, nada que aplaudir”, Artículo 19 dedicó un capítulo a los recursos de la publicidad gubernamental, que se ejercen sin control y “como mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales y como herramienta de censura sutil hacia los medios de comunicación”.

Según informes al respecto, el actual gobierno de Enrique Peña Nieto excedió en 71 por ciento el gasto autorizado de publicidad y en los cuatro primeros años de su sexenio, iniciado en diciembre de 2012,  erogó más de 2.000 millones de dólares en publicidad.

El capítulo mexicano de Artículo 19 ha encabezado una batalla por la publicidad oficial y consiguió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara al bicameral Congreso legislar en la materia durante el actual periodo de sesiones, que termina el 30 de abril.

Sin embargo, los legisladores del PRI y sus aliados maniobraron para impulsar un proyecto de ley opuesto a las propuestas de la sociedad civil, al plantear que las asignaciones para la publicidad gubernamental se concentren en la Secretaria de la Gobernación (ministerio del interior).

“El PRI, a pesar de que parece que no va a ganar, no está permitiendo perder el poder que implica el uso discrecional de la publicidad. Ni siquiera está dejando abierta la posibilidad de que la asignación de publicidad salga de la esfera oficial”, dijo a IPS el periodista Ernesto Aroche, uno de los promotores de la iniciativa de la sociedad civil.

En sus observaciones, los relatores de la ONU y la CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos,  también alertaron de los riesgos del avance de leyes con potencial para reducir sustancialmente la libertad de expresión en México.

“La falta de regulaciones sobre el uso de demandas frívolas contribuye al efecto escalofriante entre los periodistas expuestos a este  tipo de amenaza”,  concluyeron los relatores, quienes hicieron un llamado al Congreso y al Poder Judicial para regular esas prácticas.

A su juicio,  subrayaron, se deben hacer transparentes las reglas de la publicidad oficial, que “son oscuras” y “llevan a muchos a concluir, con evidencia sustancial, que los actores de gobierno utilizan los fondos de publicidad  para dar forma y distorsionar la cobertura de medios”.

Edición: Estrella Gutiérrez/IPS

 
Cuba comienza algo más que un relevo generacional

La etapa que comienza en Cuba el 19 de abril conlleva una división hasta ahora inédita en la cúpula del poder: el presidente y jefe de gobierno no será a la vez primer secretario del Partido Comunista (PCC), único legal, ni comandaría las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

El jueves 19 se constituye la nueva Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral),  electa el 11 de marzo, para después escoger de entre sus miembros al nuevo presidente, un primer vicepresidente, cinco vicepresidentes, un secretario y 23 miembros más del Consejo de Estado, máximo órgano ejecutivo.

Durante décadas, el líder histórico Fidel Castro (1926-2016) se mantuvo al frente del PCC, los institutos armados y las presidencias del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, cargos que recayeron tras su enfermedad en su hermano menor Raúl, de 86 años, quien desistió de ser reelecto para un tercer mandato de cinco años.

Pero se supone que el mandatario saliente se mantendrá al frente del PCC al menos hasta 2021, cuando esa organización, considerada constitucionalmente “vanguardia organizada de la nación cubana”, celebre su octavo Congreso, la más importante cita del comunismo cubano y que se realiza  cada cinco años.

El artículo 93, inciso g de la Constitución confiere al presidente del Consejo de Estado y jefe de gobierno, entre otras atribuciones,  “desempeñar la Jefatura Suprema de todas las instituciones armadas y determinar su organización general”.

Castro no se ha referido a sus responsabilidades en el PCC ni en las FAR, de las cuales es fundador y lidera con el grado de general de Ejército, cuando ha hablado de su decisión de no ostentar la presidencia de este país insular caribeño más de dos periodos.

Así que por mandato constitucional, si Miguel Díaz-Canel, de 57 años, actual primer vicepresidente del Consejo de Estado y el de Ministros y quien se prevé como sucesor de Castro, resulta el elegido, podría convertirse en el primer civil en comandar los cuerpos armados cubanos desde el comienzo de la Revolución en 1959.

Es más, en los últimos días se menciona a Mercedes López Acea, de 53 años, vicepresidenta del Consejo de Estado y primera secretaria del PCC en La Habana, como candidata a primera vicepresidenta, cargo desde el cual en caso de ausencia, enfermedad o muerte del gobernante debe asumir sus funciones.

Ingeniera forestal, López Acea es también graduada de la Especialidad en Defensa Nacional. De los 605 miembros del nuevo parlamento, 53 por ciento son mujeres.  Raúl Castro ha impulsado durante su gestión la participación femenina a cargos políticos y  gubernamentales.

El cientista social Ovidio D’Angelo descarta que el cese de la coincidencia institucional entre poder político, gubernamental y militar, de lugar a “fraccionamientos o pugnas internas dados los orígenes civiles o militares de los posibles componentes del nuevo Consejo de Estado”, como habrían especulado “algunos analistas”.

“En mi opinión, esto no sería algo a considerar, dado que en el presente se mantiene la dirección del país en el Buró Político, máximo órgano del PCC, legitimado por el artículo 5 de la Constitución, al que se subordinan el gobierno y las fuerzas armadas, que, por demás participan del mismo Buró”, dijo a IPS este experto.

El mandatario saliente, quien según trascendidos establecerá su residencia en la oriental ciudad de Santiago de Cuba, figura entre los 605 diputados de la legislatura parlamentaria que se inaugura el jueves 19 para un período de cinco años, lo que marca otra novedad de los próximos años.

“Se trata de una situación nunca antes manejada por la ANPP: contar en su seno con uno de los dos líderes históricos de la Revolución cubana, sin que ocupe los máximos cargos estatales”, lo que, en teoría, “se explicará a través del poder moral del liderazgo histórico”, señaló el académico Julio César Guanche, en un artículo para IPS.

A su vez, el analista político Carlos Alzugaray considera que estos cambios “tendrán mucho más impacto que lo que se supone” en el sistema político y en la población. “Va a haber una estructura de poder distinta con nuevos actores que van a tomar cada vez mayor protagonismo”, indicó a IPS.

Al ampliar en el tema, agregó que “no solo habrá una sustitución de la generación histórica por una nueva generación más joven, sino que esta última no tendrá con las otras generaciones que conviven en el sistema sociopolítico cubano el mismo tipo de relación que tenía la generación histórica”.

“Por otra parte, hay suficientes presiones sociales ante la demora en producir un socialismo próspero y sustentable como se ha prometido”, advirtió. En ese sentido, señaló que Cuba “no ha logrado la mayor parte de los objetivos previstos en los Lineamientos”, como se denomina oficialmente a las reformas iniciadas en 2011.

Para Alzugaray, “a partir de esta apreciación creo que se avizoran tres desafíos principales: la economía, la economía y la economía. Quiero decir con esto la materialización de las promesas previstas en los Lineamientos sobre mayor prosperidad”.

Datos oficiales indican que el relevo generacional comenzó hace varios años. En el  parlamento electo en 2013, más de 78 por ciento de sus miembros nació después de 1959 y su promedio de edad fue de 48 años. En nuevo, es de 49 años y 80 de sus diputados tienen entre 18 y 35 años.

En 2016, el promedio de edad del Comité Central del PCC se redujo de 59 a 54 años, en tanto más de la mitad de los ministerios y de las instituciones estatales eran dirigidas por personas menores de 60 años.

Para la investigadora Ailynn Torres, entre los próximos retos figura la generación de nuevos consensos en un escenario “de mayores tensiones políticas explícitas”, seguido de la capacidad de quienes lideren el “nuevo momento” ante problemas y desafíos que continuarán ocupando el primer plano de las necesidades políticas de Cuba.

“Me refiero a la necesidad de transparencia de la política, al estímulo y garantía de la participación popular y del control popular de la política y la economía, a la flexibilización de las formas productivas y organizativas de la sociedad cubana, al mejoramiento de la calidad de los servicios sociales y de la política social hoy deteriorada”,  afirmó a IPS.

En su opinión, un reto “enorme a inminente” apunta “al cambio constitucional anunciado desde el poder político, reclamado por actores sociales y gestionado, hasta el momento, solo desde el primer lugar mencionado.  El modo en que transcurra ese proceso, y sus contenidos y alcances, podrá leerse, al menos, en dos niveles”.

“Será (por una parte) un mirador privilegiado de la línea política dominante después del 19 de abril, y, además, podrá ser un termómetro del dinamismo o el inmovilismo social cubano. En todo caso, estimulará varias evaluaciones meditadas sobre el futuro de Cuba de las cuales el poder político no debería desentenderse”, concluyó.

Con aportes de Ivet González desde La Habana.

Edición: Estrella Gutiérrez. IPS Noticias

 
Cumbre de las Américas: Piden fortalecer lucha contra la trata de personas

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