Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Domingo, 22 setiembre 2019
Informe Especial
Emotivo homenaje de la ANP a “Gato” Marcoz

En  una emotiva ceremonia por el Día del Periodista, la ANP rindió homenaje a dos maestros del reporterismo policial, Juan “Gato” Marcoz”. El presidente de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, Dr. Roberto Mejía Alarcón, resaltó las cualidades del “Gato” Marcoz, al designarlo Socio Honorario de nuestra institución, ante la ovación de los colegas, nacionales y extranjeros.

Con la picardía de sus años mozos, “Gato” Marcoz respondió que su anhelo es ser socio activo, tras recordar que su padre, Juan Marcoz Serrín, fue uno de los fundadores de la combativa ANP. Durante la ceremonia se destacó la trayectoria profesional del “Gato” Marcoz, en una crónica enviada por el colega Héctor Perona que a continuación resumimos:

Considerado uno de los patriarcas del periodismo policial, empezó a cubrir esa especialidad en el diario La Crónica, cuando tenía 19 años de edad. Tenía pocos meses de haber ingresado a cubrir policiales y su jefe Luis Becerra le encargó la investigación periodista del caso de Mamoru Shimitzu, ciudadano japonés que había asesinado a siete de sus familiares en Breña, el 1 de noviembre de 1944. Por su astucia en esa investigación y por el parecido físico que tenía con su tío Sergio Martínez, a quien llamaban “Gato” por sus ojos azules, dicho apodo le fue atribuido.

Son muchas anécdotas que vivió el popular “Gato” Marcoz: en 1948, la policía debía recibir en el aeropuerto a un delincuente mexicano que había asesinado a una mujer en una casa de citas en Lima y no contaba con muchos efectivos, por lo que le solicitaron ayuda al "Gato". Marcoz acudió con su equipo de reporteros, colaboró con la seguridad en la detención y ganó la primicia periodística.

En 1950 también ayudó a la Policía de Investigaciones en la captura del delincuente apodado “Pulgarcito”, quien había asesinado a un homosexual en el hotel San Francisco, en Lima, y fugó a Cajamarca. Marcoz consiguió que el diario La Crónica le facilitara una unidad móvil y, una vez en el lugar, colaboró con un detective en la captura del asesino. Por supuesto, fue otra exclusiva del mencionado matutino.

Se desempeñó como redactor y jefe de policiales en La Crónica, desde 1944 hasta 1971, colaboró en las revistas El Deporte (1945-46), La Noche (52) y Pánico (52), así como en la agencia internacional UPI (1956-58), La Prensa (1966), semanario Tic Tac (1976-79) y el diario El Observador.

Juan Marcoz fue reconocido por la Policía por su espíritu de colaboración hacia dicha institución, aunque también se convertía en un serio fiscalizador cuando malos efectivos actuaban con exceso.

En su afán de proteger y capacitar a las generaciones de jóvenes periodistas, a los que siempre ayudaba, Marcoz constituyó la Asociación de Periodistas Policiales del Perú, APEPOL, en 2004, la cual dirige hasta la fecha.

 
Manuel Jesús Orbegozo: un maestro y reportero infatigable

Falleció Manuel Jesús Orbegozo Hernández, uno de los últimos más ilustres periodistas cuya ejemplar trayectoria ha prestigiado de manera especial el periodismo peruano e hispanoamericano.

Nuestro colega reporteó desde los eventos más sencillos hasta los más convulsivos sucesos mundiales.

Orbegozo tuvo la virtud de practicar aún un periodismo más complicado, más exigente, con menores recursos, que implicaba la necesidad de tomar fotos, acopiar datos, entrevistar, redactar y editar la nota o reportaje con un sabor especial, cargado además de anécdotas singulares.

Es que tuvo la suerte, en mérito a su carácter de auténtico cronista, de ser uno de los primeros peruanos en recorrer el mundo en busca de la noticia.

Esto fue lo que hizo de su pluma algo especial, diferente, pues efectivamente él buscó la noticia en su lugar exacto, lejos, muy lejos, a miles de kilómetros de las salas de redacción.

Con estos detalles, no solo informaba a través de sus noticias, sino también recreaba y entusiasmaba. Orbegozo caracterizó sus reportajes con grandes detalles, verdad y también una dosis de belleza.

Sus informes, crónicas, testimonios, reportajes han llenado cientos de páginas de los suplementos dominicales de diarios peruanos, gracias a que anduvo al pie de cientos de acontecimientos que sacudieron la atención pública mundial en diversas latitudes y en particular en la segunda centuria del siglo pasado.

CORRESPONSAL VIAJERO

Para el Suplemento Dominical del diario El Comercio, donde trabajó más de 30 años, Orbegozo cubrió, por ejemplo, sucesos bélicos complicados, cargados de evidentes peligros para su integridad y su propia vida, como las guerras de Vietnam, Camboya, Líbano, etc.
Y como si fuera poco, anduvo con su cámara fotográfica, su libreta de apuntes y lapicero, anotando y registrando impactantes imágenes y reportes de la conflagración en el Golfo Pérsico.
También tuvo en sus trémulas manos su máquina fotográfica, registrando las imágenes de la asonada estudiantil en la plaza de Tian’anmen en China.
En estos y otros conflictos, sin embargo, Orbegozo aprovechó para visitar, además, lugares de impresionante riqueza histórica y cultural que luego aparecieron en sus crónicas.

ENTREVISTA A PERSONALIDADES

Al margen de su trabajo periodístico, Orbegozo cultivó algunas amistades de personalidades mundiales como del escritor premio Nobel, periodista y corresponsal de guerra Ernest Hemingway, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges y entrevistó al líder obrero polaco Lech Walesa, Pol Pot, etc., pero también vivió experiencias curiosas como su detención en El Chad o la pérdida de su pasaporte en Africa que él contaba como una de sus experiencias más curiosas. Una vida cargada no solo de espectaculares experiencias periodísticas sino también emociones singulares.

CATEDRÁTICO DE PERIODISMO

Orbegozo, quien firmaba sus notas como MJO es Premio Nacional de Periodismo de los años 50 y una de las figuras más representativas de la docencia en la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se desempeñó como catedrático de Periodismo.

Privilegiadas las generaciones de estudiantes que oyeron y aprendieron de este maestro, los secretos del periodismo y toda su carga de inocultable experiencia.

Además del premio periodístico también recibió la Medalla Cívica de la Ciudad de Lima y diversas distinciones.

Aparte del diario El Comercio, donde también fue jefe de redacción, laboró en La Crónica y Expreso y en su etapa otoñal fue director del diario oficial El Peruano.

Había nacido el 8 de enero de 1923 en Otuzco, La Libertad, y se fue con la sencillez y humildad que caracterizó a este paladín del periodismo y corresponsal viajero de sucesos casi increíbles; casi en silencio a los 88 años de edad.



 
RSF: Poderes públicos tienen que ofrecer garantías

El 7 de septiembre de 2011, Pedro Alfonso Flores Silva fue víctima de asesinos encapuchados, que le dispararon cuando se encontraba cerca de su domicilio; falleció al día siguiente debido a las heridas que le produjeron las balas en el colon y en el hígado.

Con el asesinato de este periodista de 36 años de edad, director de un programa de la cadena televisiva Canal 6 en la ciudad de Casma (noroeste), ya son dos los profesionales de los medios de comunicación asesinados desde el inicio del año.

Según información proporcionada por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), la esposa y colega del periodista asesinado, Mercedes Cueva, mencionó enseguida un móvil político. La víctima era blanco regular de amenazas desde hacía tres meses, tras haber denunciado actos de corrupción que implicaban a Marco Rivera Huerta, alcalde de la localidad Comandante Noel. El edil, que había presentado una querella judicial contra el periodista, negó toda responsabilidad en el crimen.

“En muchos aspectos, el asesinato de Pedro Flores Alfonso Silva presenta los mismos antecedentes que el de Julio Castillo Narváez, ocurrido el 3 de mayo pasado, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La misma región: el norte del país. Los mismos temas delicados y el mismo tipo de amenazas. Finalmente, el mismo móvil: político, mencionado a priori. Por desgracia, el poco avance de la investigación en este caso precedente de asesinato –hasta hoy en día dos arrestos, sin más resultados–, nos hace temer la misma lentitud en la investigación de esta nueva tragedia. Desafortunadamente, la historia ha mostrado que existe un fuerte grado de impunidad en Perú cuando se trata de crímenes cometidos contra periodistas que cuestionan, de cerca o de lejos, a políticos, magistrados o policías”, declaró Reporteros sin Fronteras.

“Expresamos nuestras condolencias a los allegados y colegas de Pedro Alfonso Flores Silva. Asimismo, reiteramos nuestro llamado dirigido al gobierno y a las más altas instancias judiciales para que ofrezcan rápidamente garantías sólidas contra la impunidad y a favor del ejercicio del derecho de informar”, agregó la organización.
De ahora en adelante, una muestra importante pasaría por la despenalización de los delitos de prensa y la puesta en libertad sin demora de Paul Garay Ramírez, director de un programa del canal Visión 47 TV y corresponsal de la estación de radio La Exitosa, condenado a tres años de prisión el 19 de abril pasado por “difamación” de un fiscal. La pena del periodista fue reducida después a la mitad. Reporteros sin Fronteras une su voz a la de las organizaciones profesionales peruanas para que recobre su libertad. (Fuente: RSF)

 
Redes sociales: Ser éticos y responsables

Los usuarios de las redes sociales están aprendiendo que no siempre es fácil y placentero compartir información u opinar y que, más bien, esas acciones muchas veces se tornan sinuosas y de alto riesgo.

No me refiero al encarcelamiento de blogueros o la censura impuesta a la comunicación digital en regímenes como China y Cuba, sino a las consecuencias legales y éticas impredecibles que en una democracia pueden tener una simple frase en Twitter o un comentario desafortunado en Facebook.

Antes, esos riesgos solo los asumían los periodistas profesionales, pero ahora también los pueden confrontar los usuarios de Internet como sucedió esta semana en Veracruz, México, donde un maestro y una ex funcionaria fueron detenidos y procesados por divulgar rumores en Twitter y Facebook sobre una escuela bajo ataque de narcotraficantes. Aunque pudiera tratarse de una violación a la libertad de expresión, el pánico generado entre padres de familia llevó a una jueza a aplicar la ley sobre el incentivo al terrorismo y el desorden social, delitos penados hasta con 30 años de cárcel.

La misma vara se usó en Guatemala. Un "tuitero" fue acusado en 2009 por generar pánico financiero al pedir a los ahorristas que retiraran el dinero de un banco. La estampida no ocurrió, pero el juez aplicó una ley que penaliza con tres años de cárcel a quien divulgue información falsa o inexacta que menoscabe la confianza de los clientes. Por cargos similares, dos usuarios de Twitter fueron procesados en 2010 en Venezuela y otro, fue acusado de instigar para delinquir contra el presidente Hugo Chávez.

El mayor riesgo es que los usuarios desconocen cuestiones legales básicas o se creen seguros tras la sensación de anonimato que ofrecen las redes sociales. Pero lo cierto es que son consideradas como cualquier medio de comunicación tradicional, tal lo demostraron los jueces en México, Guatemala y Venezuela. Hasta pueden ser fácilmente monitoreadas cuando se cree que sirven para delinquir o para amplificar un insulto.

Las leyes tampoco diferencian entre periodistas e informadores ocasionales o aficionados. Es más, los periodistas gozan de mayores protecciones que un "tuitero" independiente, por cuanto están amparados bajo el secreto profesional, respaldados por empresas periodísticas, y guiados por manuales de estilo, códigos de ética y asesoría legal. Y si aun los profesionales a menudo confrontan juicios y cárcel, es fácil advertir la vulnerabilidad y riegos a los que se exponen los usuarios de redes sociales.

Los gobiernos todavía no arremeten contra ellos en forma directa y prefieren la censura indirecta del Internet, obligando, por ejemplo, a compañías de servicios o motores de búsqueda a cortar los servicios como sucedió en Argentina el mes pasado. No obstante, puede que en el futuro usen la legislación para restringir directamente si las nuevas tecnologías mejoran y permiten burlar filtros y controles. En Latinoamérica ya abundan normas restrictivas, como las de desacato en Ecuador que blindan a Rafael Correa y las autoridades de las críticas; los decretos aprobados por Chávez en Venezuela que permiten limitar el uso del Internet o como los criterios de los jueces brasileños, proclives a defender el derecho a la intimidad de funcionarios corruptos por sobre principios de libertad de expresión.

Por otra parte, aunque Twitter, Facebook y otras redes sociales han expandido el sentido de comunidad, también son usadas para provocar daño, propalar vulgaridades, rumores, falsedades y para difamar. Por eso, para quienes no tienen esas intenciones y son conscientes sobre el poder de la comunicación, se hace necesario que conozcan y respeten las leyes, sin descuidar los criterios éticos informativos para evitar errores con efectos indeseados. Como el del técnico de fútbol del Palmeiras brasileño, Vanderlei Luxemburgo, quien perdió su trabajo en 2009 por criticar sarcásticamente en Twitter a uno de sus delanteros, después de que desistió de practicar con el equipo.

Los usuarios deben tener en cuenta que las redes sociales son medios de comunicación y su uso conlleva responsabilidades. Deben considerar que hay una línea muy delgada entre libertad de expresión y libertinaje, y que esa diferencia no radica en el hecho en sí mismo, sino en cómo lo describimos y comunicamos. (Escribe Ricardo Trotti - Tomado del diario El Universal)

 
Lo que quedó de las primarias argentinas: Más bolillas al bolillero

Por Damián Loreti *
En la noche del domingo 14 de agosto, luego de la realización de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, la presidenta CFK hizo una referencia a la importancia de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de reforma política, a partir de las cuales los partidos pudieron acceder de forma equitativa a la difusión de sus propuestas. Este cambio fundamental estuvo destinado a garantizar la presencia de todas las voces político-partidarias que quisieron participar de la contienda, sin importar ni el tamaño del padrón de afiliados, ni el tamaño del bolsillo de los aportantes a las campañas. Hasta esta elección, los donantes –y el propio candidato– definían el tiempo de aire (desbalanceado, por cierto) que le correspondería a cada lista. Algunos accedían apenas a unos segundos más de los asignados por el sorteo de la Dirección Electoral.
En los últimos tiempos, y no por mera casualidad del destino, la sociedad argentina comenzó a naturalizar el uso de conceptos como diversidad, pluralismo y multiplicidad de voces. Esto fue posible en la medida en que se puso sobre el tapete la necesidad de discutir el paisaje mediático heredado, no sólo en términos de concentración, sino también de cantidad de medios y diversidad de contenidos. Estos son los ejes del problema. La concentración no sólo se soluciona poniendo límites a la propiedad de los medios ya existentes, sino también promoviendo mayor cantidad y diversidad de voces. En ese ritmo late el corazón de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y ese camino es el que vamos transitando.
¿Pero cuál es la incidencia concreta de estos cambios en el modelo electoral como para que hasta los sectores opositores más radicalizados reconozcan los nuevos y democráticos vientos? ¿Y de dónde vienen?
La influencia nace del cambio en el paradigma regulatorio. En particular, en lo que tiene que ver con la TV. Cuando se promovió la elaboración de una ley que regulara los servicios de comunicación audiovisual y no la radiodifusión, no era sólo por la necesidad de plantear una política de Estado hacia la convergencia tecnológica de las comunicaciones. También se buscó dar entidad de medio de comunicación a las señales y no sólo a los propietarios de los canales de televisión abierta y radios. Es decir, hasta ahora los mensajes electorales se distribuían entre los “servicios de radiodifusión”: las estaciones de televisión abierta, que eran 39 en todo el país –y sólo siete ciudades contaban con más de una propia– y no todas las radios. Esta subutilización discriminatoria del espectro de frecuencias fue lo que provocó hace décadas la expansión y la capilaridad del tendido del cable, pero las señales –“canales” en el lenguaje coloquial– que distribuían esos proveedores de cable no existían, ni para la ley de radiodifusión, ni para los mensajes de campaña que se asignaban según lo dispuesto por el Código Electoral.
La nueva regulación incorporó a las señales y el caudal de soportes para la difusión de mensajes electorales creció. Hasta ahora se sumaron treinta y un nuevos medios, cuya distribución alcanza el territorio nacional, a los que se accede mediante el pago del abono si la recepción es por cable y de manera gratuita si es por Televisión Digital Abierta. Simple: el ancho de la boca del embudo multiplicó varias veces su diámetro y en esos nuevos flujos comunicacionales caben más contenidos y más segundos de exposición para todos los candidatos frente a la sociedad.
Pero esto no es todo. La normativa exige a los medios que brinden igualdad de condiciones a todos los partidos y el decreto reglamentario de la LSCA excluye del conteo de publicidad a los espacios sorteados por la Dirección Nacional Electoral. ¿El resultado? Más tiempo, más candidatos, más voces. Más pluralismo. La ley, su aplicación y el impacto en la comunicación social, una vez más, van en serio.
Sin embargo, existía un problema adicional que la ley de medios no podía resolver porque no era parte de su competencia. Podía ocurrir que la inversión publicitaria en la campaña para las primarias distorsionara la ecuanimidad del foro de modo tal que algunos poderosos se quedaran con más segundos para que sus candidatos favoritos pudieran exponerse por más tiempo. De esta cuestión se hizo cargo la ley de reforma electoral, de manera consistente con los principios más democráticos y las posiciones doctrinarias más avanzadas en materia de libertad de expresión.
Constitucionalistas norteamericanos como Owen Fiss advierten que es imperativo que el Estado implemente regulaciones vinculadas con el uso del dinero de las campañas, incluso cuando resulten antipáticas. El objetivo debe ser universalizar la libertad de expresión y garantizar igualdad de acceso para todos los oradores en el debate público. Esto implica poner límites a la presencia de aportes privados para la compra de espacios de televisión y radio. Fiss sostiene que “el ilimitado gasto de campañas políticas no sólo reproduce la desigualdad en la distribución de la riqueza y pone en desventaja a los pobres en la arena política, sino que también podría tener el efecto de silenciar –hasta el desvanecimiento total– la voz de los que menos tienen. Los ricos pueden así dominar el ámbito de la publicidad en los medios y otras esferas de lo público, de manera tal que la audiencia sólo escuche su mensaje”. Esta doctrina de Estado intervencionista se aplicó durante décadas en Estados Unidos, pero la impugnación judicial por parte de los sectores más conservadores dio resultado hace poco más de un año. En enero de 2010 obtuvieron el acuerdo –por una mayoría tan conservadora como los presentantes– de la Corte Suprema. La decisión mereció durísimas críticas del presidente Obama, quien afirmó: “La Corte Suprema ha dado luz verde a una nueva estampida de especial interés para el dinero en nuestra política. Es una gran victoria para las grandes petroleras, bancos de Wall Street, compañías de seguros de salud y los demás intereses poderosos para ejercitar su poder cada día en Washington y ahogar la voz de los estadounidenses comunes”.
Esa lógica que denunció Obama es la que buscó revertir la reforma política en Argentina. La nueva ley electoral y su decreto reglamentario establecen la asignación igualitaria de espacios para todos los partidos y sus líneas internas en todos los servicios audiovisuales, abiertos y por suscripción así como en las radios AM y FM. Esta normativa abreva en el mismo espíritu que guió la elaboración y sanción de la LSCA. Los resultados están a la vista.
Habrá que acostumbrarse a que el Estado ya no sea un convidado de piedra y comprender que tiene funciones que cumplir a la hora de obtener para la sociedad más espacios de comunicación, pluralidad de opiniones y mejor institucionalidad. Esto implica, a la vez, reducir la presión económica y de ciertas prácticas de las corporaciones de medios sobre la política. La voz de los argentinos de todas las tendencias empezó a tener nuevas cajas de resonancia y ya no quiere estar ahogada. Nunca más.
* Doctor en Comunicación. Ex vicedecano de Sociales de la UBA.

 
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