La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) se unió a la Asociación Nacional de Periodistas de Perú (ANP) para exigir al gobierno de Perú la despenalización de delitos de prensa ante el aumento de ellos que han producido sentencias de cárcel o libertad condicional contra los periodistas.

Reporteros Sin Fronteras levantó reclamó al presidente Ollanta Humala para que cumpla con la promesa de campaña de despenalizar los delitos de prensa, a fin de evitar que más periodistas sufran persecución judicial.

Según RSF, debido a ese incumplimiento las sentencias con penas privativas de la libertad o libertad condicional contra los hombres de prensa peruanos van en aumento.

En el 2011, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) registró más de 25 demandas para intimidar y silenciar a los periodistas independientes. Ese mismo año, tres periodistas fueron asesinados y un locutor de radio estuvo encarcelado durante seis meses por el supuesto delito de difamación.

El blog Periodismo en las Américas, del Centro Knight, también ha reportado las sentencias de prisión contra el columnista Luis Torres Montero, los periodistas Fritz Du Bois y Gressler Ojeda, así como Hans Francisco Andrade.

El fin de las penas de prisión y de las multas exorbitantes por los delitos de “difamación”, “injuria” o “calumnia” continúa siendo una de las etapas claves en el mejoramiento general de la situación de la libertad de informar al sur del continente.

En este sentido, Argentina y Uruguay han puesto el ejemplo; falta dar este paso en Ecuador, marcado por el caso de El Universo, en Bolivia, en Colombia o en Chile. La despenalización se ha vuelto urgente en Perú, donde una alentadora reforma del código penal, adoptada en julio de 2011, aún no ha sido promulgada.

Reporteros sin Fronteras constató que, lejos de las intenciones personales expresadas por el jefe de Estado, numerosas acciones judiciales y demandas abusivas continúan obstaculizando la libre circulación de información y de opiniones, e incluso incitando a periodistas y blogueros a la autocensura.

El encarnizamiento procesal se manifiesta en especial cuando en un artículo o un reportaje se acusa a un político, se denuncian casos de corrupción o de conflictos de interés, o se cuestiona la colusión, en ocasiones real, entre algunos representantes de las fuerzas del orden y el crimen organizado.

Año trágico para la prensa peruana por el asesinato de tres de sus miembros, 2011 también estará marcado por los seis meses de detención del periodista audiovisual Paul Garay Ramírez, condenado injustamente por “difamación” de un fiscal. En otros casos pendientes se espera que las más altas instancias del país cumplan sus promesas; de ello depende el futuro de la libertad de informar y del derecho de crítica.

Escándalos políticos

Gastón Darío Medina Sotomayor sabrá si se confirma su sentencia, en apelación, a tres años de prisión condicional y el pago de 10.000 soles (3.700 dólares) de reparación civil. Empleado de Cadena Sur TV-Canal 15 y de Radio Nova FM en Ica (sur), el periodista fue condenado el 30 de septiembre de 2011 en primera instancia por haber calificado al congresista José Luis Elías Ávalos de político "tránsfuga". Este término tiene sus orígenes en un escándalo político que data de 2008, cuando parlamentarios fueron acusados de haber abandonado su partido original a cambio de dinero, para unirse durante su mandato al de Perú 2000, partido formado y dirigido por el ex presidente Alberto Fujimori. José Luis Elías Ávalos, quien era miembro del partido Avancemos, finalmente fue absuelto de la acusación de haber recibido cerca de 100.000 dólares a cambio de apoyar a Fujimori.

El 7 de noviembre pasado Teobaldo Meléndez Fachín, director del programa de radio y televisión “Ribereña Noticias”, fue condenado a una pena aún más severa por “difamación agravada” por denunciar una operación bancaria e inmobiliaria fraudulenta en la que se acusaba al alcalde de Yurimaguas (norte), Juan Daniel Mesía Camus. Fue sentenciado a tres años de prisión condicional, que podrían convertirse en prisión efectiva si no paga los 30.000 soles (11.000 dólares) que también pide el demandante. El periodista apeló la sentencia una semana después de su condena.

“Las autoridades locales se creen todopoderosas porque tienen dinero, aún cuando este dinero pertenece en realidad al pueblo. Es la segunda vez que soy condenado por haber denunciado casos de corrupción y operaciones fraudulentas”, nos confió el periodista, quien subrayó que el juez nombrado en un inicio para decidir sobre su caso fue remplazado cuando el cargo de “difamación agravada” iba a ser anulado.

Norbil Vallejo Saavedra, director de la publicación bimensual Quincenario Macro Regional Nuevo Confidencial, de la provincia de Chiclayo (noroeste), fue condenado a un año de pena privativa de libertad y a 10 mil nuevos soles (3.700 dólares) de multa, el 3 de enero de 2012. Ha interpuesto recurso de apelación inmediatamente después. El 3 de octubre de 2011 David Cornejo Chinguel, propietario de la universidad privada Instituto Juan Mejía Baca, presentó una denuncia contra el periodista por difundir quejas de alumnos contra la dirección del establecimiento por “estafa”. En el caso se acusa al propio hijo del demandante, quien es sospechoso de haber ofrecido cursos inexistentes a jóvenes a cambio de fuertes sumas de dinero. Norbil Vallejo Saavedra dijo a Reporteros sin Fronteras que teme por la supervivencia de su publicación. También señala las estrechas relaciones entre el autor de la denuncia presentada contra él y los magistrados locales.

Sátira prohibida

El periodista y bloguero Luis Torres Montero fue condenado el 7 de diciembre de 2011 a una pena de dos años de prisión (efectiva el primer año, condicional el segundo) y a pagar una multa de 155.000 soles (55.000 dólares) por “difamación” del ex Ministro de la Defensa, Rafael Rey, por un artículo publicado en el diario La Primera en abril de 2010. Este artículo, considerado una sátira literaria por el periodista y titulado "Rafi Rey no se anima a salir del closet", hace pasar a Rafael Rey por homosexual, razón por la que éste emprendió el proceso. Luis Torres Montero apeló la sentencia el 22 de diciembre y espera el próximo juicio.

"Este artículo es una crítica de esta sociedad peruana, poco tolerante con las minorías, conservadora y que considera la homosexualidad como algo que no es natural. Escribiendo este texto, que es una ficción y no un artículo informativo, quería integrar a Rafael Rey, ex Ministro de la Defensa, alto dignatario del Opus Dei, a un panorama que no tolera”, explicó Luis Torres Montero a Reporteros sin Fronteras.

Otro bloguero, José Alejandro Godoy, acusado de “difamación” por Jorge Mufarech, ex ministro de Alberto Fujimori, fue condenado el 29 de octubre de 2010 en Lima a una pena de tres años de prisión, a pagar una multa de 300.000 soles (107.000 dólares), así como a 120 días de trabajo social. José Alejandro Godoy publicó un artículo en su blog, Desde el Tercer Piso, en el que hacía un recuento de todas las acusaciones hechas contra Jorge Mufarech por escándalos financieros difundidas por otros medios de comunicación, indicando en cada ocasión los enlaces para precisar las fuentes. El 3 de noviembre de 2011 su abogado, Roberto Pereira, presentó un nuevo recurso contra la sentencia, que es injusta sobre el fondo, inconstitucional y que infringe la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en tres casos similares.

Farsa judicial

La estación de radio La Voz de Bagua, ubicada en la localidad que lleva el mismo nombre, fue suspendida en junio de 2009 por la falsa acusación, un pretexto, de “uso ilegal de frecuencia”. Esto, aún cuando gozaba desde 2007 de una concesión por un plazo de diez años. En realidad la radio era acusada por el gobierno de entonces de haber apoyado una rebelión indígena ocurrida ese mismo mes en la región amazónica de Yurimaguas. En agosto de 2010 se le permitió a la radio, también defendida por el abogado Roberto Pereira, volver al aire. No obstante su directora, Aurora Flores de Burgos, sigue acusada hasta la fecha de “uso ilegal del espectro radioeléctrico” y enfrenta una pena de cuatro años de prisión efectiva y el pago de una multa al Ministerio Público. Aurora Burgos de Flores debía ser juzgada de nuevo el 15 de noviembre de 2011 tras innumerables recursos, pero la juez Marleni Urbina Quispe, encargada del caso, nunca acudió al proceso. Como lo han recordado allegados a Aurora Flores de Burgos, el mismo Ollanta Humala, antes de ser elegido presidente de la República, estaba conmovido por la suerte que había corrido la radio y sus representantes. La farsa judicial debe llegar a su fin.

Reporteros sin Fronteras continuará apoyando la campaña para la despenalización de los delitos de prensa lanzada el 23 de noviembre pasado por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

La nueva sentencia a tres años de prisión contra el periodista Teobaldo Meléndez Fachín, de la provincia de Alto Amazonas, querellado por difamación por una autoridad municipal, revela la urgente necesidad que tiene el impulsar la despenalización de los delitos de prensa en el Perú.

Esta es la hora de sumar fuerzas y voluntades para lograr una reivindicación largamente esperada  por los periodistas que día a día cumplen, con nobleza y sacrificio, la tarea de informar con la verdad. Se está abriendo camino para alcanzar la necesaria despenalización de los llamados delitos de prensa.

El esfuerzo inicial de los años 90 impulsado por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú -ANP- y consolidado en la década siguiente con un proyecto de ley presentado ante el Congreso de la República, nos alienta a seguir luchando, ahora más que nunca, con la satisfacción de apreciar que otros sectores, también, se van sumando en procura de una conquista que reclama todo Estado de Derecho sensible a los cambios sociales y que legisla de cara al Derecho moderno.

A la luz de los hechos, con cifras crecientes de periodistas asesinados, encarcelados, querellados, amenazados y agredidos, especialmente en las regiones en donde la seguridad ciudadana y la administración de justicia no son más que un mito, la ANP levanta, una vez más, su voz para decirle al Poder Legislativo, pero también al Poder Ejecutivo y Poder Judicial, que no sean sordos ni mudos, porque ya es tiempo que se deroguen aquellas normas jurídicas que impiden el desarrollo de un periodismo auténticamente libre.

Las razones que nos animan son fundamentalmente diez, pero hay muchas más, que se sustentan tanto en el Derecho Internacional como también en la propia experiencia nacional. Lo cierto es que no puede decirse que existe verdadera libertad de prensa en una nación donde los periodistas son objeto de represiones debido a su trabajo. Para la ANP, sin libertad de prensa amplia y real, no puede  afirmarse de manera contundente que estamos en una sociedad democrática donde el derecho a la palabra es un bien de todos.

Nuestro gremio desea que el Perú abandone el indecoroso lugar de encontrarse entre los países en donde se disfraza, mediante leyes punitivas, la censura contra el periodismo que combate la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico, bajo el pretexto de que se está protegiendo el honor. Y lo hacemos, también, porque es necesario que quienes tienen mandato en los Poderes del Estado, entiendan, de una vez por todas, que el país no se puede regir por la noción de leyes que son propias de la Edad Media, cuando los reyes y los señores feudales eran intocables y se creía que no podían equivocarse.  

La ANP se pregunta si quienes están en el deber de derogar y reformar las leyes de acuerdo a los cambios sociales o se oponen a ello, tienen presente que durante muchas décadas y, sobretodo, en las últimas del siglo XX, fueron muchos los periodistas victimados, llevados a las prisiones, silenciados, por decir la verdad. Se pregunta, asimismo, si ellos saben que la misma naturaleza de la figura jurídica de los llamados delitos contra el honor, nos demuestra que tales conductas calificadas como delitos son de interés privado y contraviene, por tanto, la esencia del sistema penal (último ratio).

A ellos, la ANP les demanda que cumplan con el deber de derogar aquellas normas penales que solamente han servido para imponer la censura y coartar la libertad de prensa. Y, del mismo modo, alienta fraternalmente a todos las y los periodistas, más allá de credos e ideologías, para que se sumen a esta tarea de lograr la despenalización de los delitos de prensa.


10 razones para despenalizar los delitos de prensa

1. Porque despenalizar los delitos de prensa no significa menoscabo del derecho al honor, la intimidad y la dignidad de las personas, mucho menos impunidad y discrecionalidad o privilegio a favor de los periodistas.

2. Porque la aplicación de la responsabilidad civil constituye una sanción adecuada y proporcional a la infracción y perjuicio sufrido en tales casos. Se trata de utilizar la vía civil para resarcir el derecho al honor lesionado y no para la represalia y el escarnio como castigo a l periodista.

3. Porque la amenaza de sufrir carcelería efectiva establecida en el Código Penal es desmedida e inhibitoria y, por tanto, contraria a la libertad de expresión. Cuando se trata de asuntos de interés público, estos actos deben estar más expuestos al escrutinio ciudadano.

4. Porque la consideración de conductas como delitos que deben ser sancionados con penas drásticas constituye el último recurso en una democracia. Las facultades para criminalizar deben estar dirigidas a la delincuencia por sus consecuencias dañosas a la sociedad y no a quienes expresan o comunican una idea o una noticia.

5. Porque la despenalización posibilita el reemplazo de las sanciones mediante la aplicación de programas educativos sobre ética, moral y respeto a la dignidad de la persona humana, entre otras apropiadas para mejorar la convivencia social.

6. Porque los delitos contra el honor limitan el libre flujo de la información y, en consecuencia, las sanciones penales inhiben la libertad de opinión y de expresión, así como la forma adecuada de tomar decisiones democráticas en la sociedad.

7. Porque la moderna doctrina jurídica internacional establecida en  la ONU, la OEA y la Unión Europea interpreta los tratados sobre derechos humanos y adopta criterios consensuados y coincidentes en que los delitos contra el honor de las personas  no deben sancionarse con la pérdida de libertad, sino que deben solucionarse en la vía judicial civil. El peligro de reclusión origina efectos de inhibición y temor propios de la censura dictatorial.

8. Porque la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones de los organismos supranacionales obligan a los jueces peruanos a no encarcelar a las personas que sean condenadas por tales delitos y al Estado peruano a la necesaria adecuación legislativa que los despenalice.

9. Porque en diversos países de América Latina como México, Argentina y Uruguay se han despenalizado los delitos de prensa y en otros, como Honduras, El Salvador y Panamá, están aprobados los proyectos por el Poder Legislativo.

10. Porque la consolidación del derecho a la libertad de expresión fomenta la lucha contra la corrupción y el establecimiento de políticas de transparencia indispensables para fortalecer la democracia y el respeto por los derechos humanos.