Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Sábado, 28 marzo 2020
Informe Especial
Pobladores del sur de México, obligados a huir por irrupción de cárteles

MÉXICO.- La irrupción de delincuencia organizada que busca el control del corredor que conecta la Tierra Caliente del estado de Guerrero, en el sur de México, con la Costa Grande ha provocado el desplazamiento de cientos de personas y la organización de grupos de autodefensa.

Los enfrentamientos registrados en el municipio de Coyuca de Catalán hace unos tres meses encendió los focos de alerta en el vecino Zirándaro, sin embargo no fue hasta el pasado 10 de noviembre cuando enfrentamientos por el territorio obligaron al desplazamiento y organización armada de los habitantes.

Algunos han sido obligados a salir por los grupos que se buscan adueñar de las tierras.

"Nos llegó una orden que nos daban una hora para que saliéramos. Nos mandaron a decir con un chamaco", detalló a Efe una habitante de la comunidad El Limoncito que ahora se refugia en Guayameo.

De acuerdo con su testimonio, tuvieron que salir la noche del pasado domingo a oscuras porque la orden indicaba que no querían luces. Dijo que ese pueblo quedó vacío.

Un grupo de mujeres desplazadas contó que decidieron salir de sus comunidades porque los grupos de la delincuencia organizada se llevan a los jóvenes para sumarlos a sus filas, y ellas no están dispuestas a permitirlo.

"Nos venimos porque no queremos que nuestros hijos anden cuidando, ninguno nos sacó pero queremos a nuestros hijos. Llegan y dicen 'vámonos', a boca de pistola. Ustedes creen que estamos a gusto aquí sin dinero para arrancar", dijo una afectada, madre de dos jóvenes.

De acuerdo con el comisario de Guayameo, Evodio García, en ese poblado hay más de 40 familias, de hasta ocho integrantes, refugiadas, procedentes de las comunidades Los Alacranes, La Piedra, San Rafael, El Limoncito, La Barranca, El Guajolote y El Ídolo.

En otras comunidades, los grupos criminales sacaron a los pobladores de sus viviendas para ocuparlas ellos.

"Mi papá es un anciano y llegaron a su casa, le pidieron las llaves y lo sacaron, y así a muchas familias", expresó una mujer habitante de la cabecera municipal, que ahora vive con su padre.

El alcalde de Zirándaro, Gregorio Portillo Mendoza, informó a Efe que el 10 de noviembre los habitantes reportaron enfrentamientos en las zonas de Los Guajes, La Cañita, Los Alacranes, El Pino, San Rafael y La Parota del Cuartel.

Aseguró que de acuerdo con versiones de los pobladores se contabilizaron 14 muertos, aunque para las autoridades ministeriales solo fue uno. También informó que atendieron a diez heridos.

Hasta el viernes se tenían registradas 1.500 personas desplazadas, la mayoría refugiadas en Guayameo y en la cabecera municipal; otro tanto permanece en viviendas de familias cercanas.

El alcalde indicó que más que operativos que por momentos hay en ese municipio se deben instalar filtros en los caminos, para persuadir a los grupos y permitir el regreso de los desplazados.

Asimismo confirmó que no hay clases, servicios de salud ni de transporte público en la sierra.

En Los Alacranes pareciera que el tiempo se detuvo. Decenas de viviendas están cerradas y solas, con sus mascotas y animales de crianza abandonados, en espera de que sus dueños vuelvan por ellos y continuar con su cotidianeidad robada.

En el entronque del camino que va a la comunidad de San Rafael, un grupo de pobladores con escopetas se organizaron en resistencia para impedir que los delincuentes adueñen de su patrimonio.

El comisario, quien pidió a Efe permanecer en el anonimato, informó que la mayor parte de mujeres y niños se fueron, pero los hombres se resisten.

Detalló que desde hace meses son extorsionados por los grupos delictivos, pues les cobran 150 pesos (unos ocho dólares) de cuota por cada cabeza de ganado que tienen en sus propias tierras.

También los han obligado a dejar de usar leña para cocinar para que les compren gas a ellos, y quien no cumple tiene que pagar 1.000 pesos (unos 50 dólares) "de multa".

Al igual que muchos afectados, el comisario hizo un llamado al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores para que recorra la zona, pues insiste en negar que no pasa nada en ese municipio.

Según el alcalde, son células de los cárteles Familia Michoacana, Cartel Jalisco Nueva Generación, y familias de Coyuca de Catalán quienes quieren el control del corredor que llega al municipio de Zihuatanejo, en la Costa Grande.

Hasta el momento el gobernador del estado de Guerrero ha negado los hechos y considera que todo está bien en esa localidad.

EFE

 
La situación humanitaria en Venezuela continúa deteriorándose

NACIONES UNIDAS.- El responsable de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Naciones Unidas, Mark Lowcock, acaba de concluir una visita de tres días a Venezuela en la que ha sido testigo de la situación humanitaria que vive el país.

“Durante mi primera visita a Venezuela, he visto cómo las mujeres, los hombres, los niños y las niñas se enfrentan cada día a retos abrumadores para sobrevivir. Millones de personas no pueden acceder al mínimo de alimentos, agua y atención médica. La situación continúa deteriorándose”, señala Lowcock en un comunicado.

La gran mayoría de los venezolanos se han visto afectados por la crisis política y económica en la que fue el país más rico de América Latina. Una enorme contracción económica exacerbada por la hiperinflación ha provocado una situación difícil para la gente en todo el país.

El sistema sanitario al borde del colapso

Entre sus principales observaciones en el terreno, destaca el hecho de que el sistema de salud está al borde del colapso y que muchos hospitales carecen de la infraestructura básica de agua y electricidad.

Pero, el coordinador humanitario también ha podido constatar la solidaridad del pueblo venezolano.

“Los pacientes hospitalizados, muchos de los cuales ya están gravemente enfermos, corren un alto riesgo de perder la vida a causa de las nuevas infecciones que están adquiriendo mientras están en el hospital, ya que no es posible realizar una limpieza y desinfección básica”, afirma el responsable de la OCHA.

“Todo esto se ve agravado por la falta de medicamentos y la escasez de médicos y enfermeras para administrarlos. Las enfermedades prevenibles, como el paludismo y la difteria, han vuelto con mucha fuerza. Las personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y lactantes, niños y niñas y personas en situación de discapacidad se encuentran entre los más vulnerables”, afirma Lowcock.

“A pesar de la gravedad de la situación, también me ha impresionado la solidaridad de las personas que se apoyan mutuamente. El personal y los pacientes del hospital José Gregorio Hernández, que visité, me dijeron que los medicamentos son escasos, que los apagones han causado que sólo una quinta parte del hospital tenga electricidad, que el agua llega sólo dos días a la semana, y que cuando lo hace, algunas de las tuberías oxidadas y rotas desprenden un hedor desagradable que persiste en todo el hospital. Me dijeron que algunos trabajadores del hospital gastan más de su salario mensual sólo para ir a trabajar”, añade.

Algunas estimaciones sugieren que 4,5 millones de venezolanos viven actualmente fuera del país, la mayoría de ellos en otros países de América Latina y el Caribe. Muchas de estas personas se arriesgan a realizar viajes peligrosos, enfrentándose a la explotación sexual, la trata y el abuso.

Voluntad común de abordar la situación humanitaria

El alto funcionario de la ONU destaca que, en sus reuniones con miembros del Gobierno y de la Asamblea Nacional, ha encontrado que, pese a las divisiones políticas, hay una voluntad común de abordar la situación humanitaria.

Ambas partes, además, “han apoyado plenamente” el Plan de Respuesta Humanitaria, elaborado este año por las Naciones Unidas, y se han comprometido a seguir respaldándolo.

“Todas las partes deben respetar nuestro enfoque humanitario de principios y no manipular la asistencia basada en las necesidades. El sufrimiento humano no es un arma política. Seguiremos monitoreando la prestación de asistencia para asegurarnos de que ésta se presta de manera transparente y en conformidad con evaluaciones independientes”, declaró.

Pero Lowcock destaca que “sólo una solución política puede detener el sufrimiento en Venezuela”.

Mientras llega tal solución, las Naciones Unidas seguirán prestando ayuda a los más vulnerables de acuerdo con los principios de imparcialidad, independencia y neutralidad.

La ayuda humanitaria alivia el sufrimiento

Los programas de ayuda apoyados por las Naciones Unidas están sirviendo para aliviar el sufrimiento de muchos venezolanos.

8,5 millones de niños han sido vacunados contra el sarampión

975 000 personas han recibido medicamentos en 109 centros de salud

50 000 han recibido alimentos y apoyo agrícola a 50 000

350 000 personas tienen acceso al agua potable

160 000 estudiantes han tenido un apoyo educativo, pudiendo continuar en la escuela desde el comienzo del nuevo año escolar.

Más de 100 000 niñas, niños y mujeres embarazadas y lactantes han recibido apoyo nutricional

Los recursos internacionales no bastarán

Este año se han recibido más de 155 millones de dólares. Sin embargo, nuestro Plan de Respuesta Humanitaria de 223 millones de dólares sigue careciendo de recursos suficientes y la mayor limitación para la prestación de asistencia humanitaria sigue siendo la financiación.

“Todo el mundo necesita hacer más”, asegura el coordinador humanitario quien adelanta que el próximo mes su Oficina publicará los planes provisionales para 2020, año en el que adelanta que “se necesitarán muchos más recursos” por lo que buscará financiación adicional de los donantes.

Sin embargo, añade, que es poco probable que los recursos internacionales sean suficientes para estabilizar la situación humanitaria.

“Tendremos que encontrar una manera de liberar los recursos venezolanos para contribuir más a la acción humanitaria. Reconociendo las diferencias políticas, esto requerirá que las partes interesadas den una mayor prioridad a la reducción del sufrimiento inmediato de la población de este país”, concluye Lowcock.

Este artículo fue publicado originalmente por ONU Noticias

IPS (RV: EG).

 
Vuelco jurídico libera a Lula y agita la política brasileña

BRASIL.- El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva salió libre de la cárcel en Curitiba, en el sur de Brasil, este viernes 8, beneficiado por la nueva jurisprudencia sobre la prisión de los reos que aún tienen pendientes fases del proceso judicial, aprobada en la víspera por el Supremo Tribunal Federal.

En un fallo que exigió cuatro sesiones con intervalos de una semana, los 11 ministros (magistrados) del STF dictaminaron que el encarcelamiento del condenado solo se ejecuta al agotarse todas las posibilidades de recursos judiciales.

Recibido por decenas de militantes fuera de la sede de la Policía Federal, donde estuvo detenido 580 días, Lula anunció que recorrerá el país como hizo varias veces en el pasado.

Dijo que sale sin rencores, pero criticó la “banda podrida del Estado brasileño” y del sistema judicial y las condiciones sociales del pueblo que empeoraron en los últimos años. Puede mejorar con un gobierno “que no mienta tanto como Bolsonaro por el Twitter”, sostuvo refiriéndose al presidente de extrema derecha, en el poder desde enero.

Lula es el principal beneficiado de esa nueva interpretación del inciso LVII del artículo 5 de la Constitución de 1988, que asegura que “nadie será considerado culpable hasta el tránsito en juzgado de sentencia penal condenatoria”.

Su libertad, aunque posiblemente temporal, puede alentar la oposición al presidente Jair Bolsonaro, de extrema derecha. La derrota electoral en octubre de 2018, con Lula ya preso desde abril, desarticuló las fuerzas opositoras, especialmente el izquierdista Partido de Trabajadores (PT) de Lula.

En realidad las elecciones sellaron el desmantelamiento del sistema político que se había construido en el proceso de redemocratización, tras la dictadura que los militares  impusieron a los brasileños de 1964 a 1985.

La corrupción generalizada, revelada por la operación Lava Jato (autolavado de vehículos), iniciada en 2014 por fiscales del Ministerio Público (fiscalía) y policías federales, fue el factor determinante de ese derrumbe de los partidos y la seducción de la antipolítica representada por Bolsonaro.

El triunfo de ese excapitán del Ejército, que siempre mantuvo relaciones estrechas con los cuarteles, representó una redención de las Fuerzas Armadas. En el gobierno que asumió en enero son militares un tercio de los ministros y centenares de funcionarios de rangos superiores en varios ministerios.

La ausencia de una oposición organizada y activa se refleja en el dicho de que “Bolsonaro es su mayor opositor”, ante sus acciones que despiertan rechazo, por el autoritarismo y desprecio por el medio ambiente, la ciencia, los derechos humanos y la cultura.

Es un cuadro que puede cambiar, por el liderazgo de Lula, quien presidió el país de 2003 a 2010 y cuya popularidad permitió elegir a Dilma Rousseff como su sucesora, manteniendo al PT en el poder hasta 2016.

Pese a la mancha de la corrupción, que llevó a otros de sus exdirigentes a la cárcel, el PT se mantuvo como el partido de mayor representación en la Cámara de Diputados, con 56  escaños. Además sigue siendo mayoritario en todo el Nordeste, segunda región más poblada de Brasil.

Crece, sin embargo, el temor de analistas y políticos moderados, centristas, de que un Lula libre y un despertar del PT realimenten la polarización “entre extremos” que dominó las elecciones de 2018 y condujo al triunfo de Bolsonaro.

La evaluación general es que el rechazo a Lula y su partido, por la corrupción y la crisis económica al final de los 13 años del gobierno del PT, le dieron al excapitán los votos decisivos.

El STF volvió ahora al entendimiento que había aprobado por mayoría de siete votos a cuatro en 2009, reconociendo la presunción de inocencia hasta la condena definitiva del reo, agotadas todas las instancias posibles de recurso, que establece claramente la la Constitución.

Lula de telón de fondo

Pero en 2016, con el auge de la operación Lava Jato y una opinión pública clamando por el fin de la impunidad de los criminales del “cuello blanco”, el STF revisó su fallo y decidió que se puede encarcelar a los condenados en segunda instancia, es decir por un tribunal de apelación, aunque tengan la posibilidad de recurrir a tribunales superiores.

Es el caso de Lula, condenado en 2017 por el juez Sergio Moro, símbolo de la operación anticorrupción y actual ministro de Justicia y Seguridad Pública. Su sentencia fue luego ratificada por el Tribunal Regional Federal del Sur, con una condena de 12 años de cárcel.

El delito sentenciado fue el haber recibido como “regalo” un apartamento de tres pisos en una playa cercana a São Paulo, como un supuesto soborno de una gran constructora beneficiada con contratos de la estatal compañía petrolera Petrobras.

Moro se volvió un héroe popular por juzgar y encarcelar a poderosos políticos y empresarios, pero su entrada en el gobierno de Bolsonaro y la ruptura de reglas jurídicas dañaron su credibilidad. En particular, en el caso de Lula, trascendieron este año diálogos con fiscales para concertar posiciones, algo prohibido en Brasil, en que se pusieron al descubierto su parcialidad e interés en encarcelarlo.

Alcances y consecuencias del fallo

La decisión de los 11 ministros supremos fue por la mínima mayoría de seis votos contra cinco.

El argumento vencedor es que el sistema judicial brasileño, con cuatro instancias y una infinidad de recursos posibles, favorece la impunidad de los ricos y poderosos, que pueden pagar buenos abogados para enlentecer y alargar el proceso hasta la prescripción de las acusaciones.

Además las pruebas son examinadas solo en las dos primeras instancias, las superiores se destinan a revisar los procedimientos. Y en todos los países más avanzados el encarcelamiento es aplicado tras la segunda fase e incluso la primera instancia, arguyen los más interesados en castigar la corrupción.

Ahora el STF volvió a la jurisprudencia de 2009, de prisión solo tras completarse el tránsito en los tribunales, aunque sea con la mínima mayoría posible.

El juez Gilmar Mendes cambió su voto, arguyendo que en 2016 defendió la “posibilidad” de prisión tras condena en segunda instancia, pero que en la práctica la cárcel se volvió “obligatoria”, lo que obliga a una corrección.

No faltaron, sin embargo, especulaciones de que el cambio se debió a la nueva situación política. Hace tres años había fuerte interés de la derecha en debilitar el PT y alejar Lula de la disputa presidencial, en que era favorito según las encuestas. Y Mendes es conocido como un juez bien relacionado con políticos derechistas.

El STF sufrió un gran desgaste en su credibilidad por fallos encontrados, medidas adoptadas individualmente por sus miembros y decisiones cuestionables, como algunas que favorecieron la creación de nuevos partidos, lo que resultó la fragmentación en 30 partidos con representación parlamentaria.

El fallo sobre prisión de condenados despertó nueva ola de críticas.

“Una decisión equivocada” del STF, opinó la Asociación Nacional del Ministerio Público.

Los fiscales de la Lava Jato señalaron en una nota conjunta que la decisión está “en disonancia con el sentimiento (popular) de rechazo a la impunidad y con el combate a la corrupción, prioridad del país”.

Estimaron que 38 de los condenados tras investigaciones de la operación obtendrán su libertad. Pero hay muchos más presos comunes en el país. Son cerca de 4 900 encarcelados tras condena en segunda instancia que podrán beneficiarse de la nueva jurisprudencia del STF, según el Consejo Nacional de Justicia, órgano corregidor.

La decisión no elimina prisiones cautelares y preventivas que se aplican en cualquier fase del proceso judicial, incluso antes de las condenas, en caso de acusados que son peligrosos para la sociedad o pueden obstruir la justicia, destruyendo pruebas, por ejemplo, aclararon los defensores de la nueva jurisprudencia.

La decisión es válida para todos los que tienen abiertos sus procesos, pero pesó mucho el caso de Lula que “contaminó” el juicio, según el magistrado Mendes.

Los abogados del expresidente anunciaron un pedido para su liberación inmediata, pero el juez de ejecuciones penales puede demorarla.

Las actitudes que asuma Lula, quien está inhabilitado de participar en nuevas elecciones por la condena en apelación y que enfrenta otros ocho procesos, tendrán fuerte influencia en la política brasileña, donde una resistencia dispersa trata de contener las veleidades autoritarias de un gobierno con su imagen internacional muy deterioradas, especialmente por su antiambientalismo.

Mario Osava/ Edición: Estrella Gutiérrez (IPS)

 
América del Sur acelera vuelcos políticos que conectan con el pasado

Chile, con sus protestas multitudinarias, de creciente adhesión y estallidos de violencia, refleja mejor que otras rebeliones y los vuelcos electorales de octubre en América del Sur, los dilemas del futuro latinoamericano.

La región se destaca estos tiempos por la agitación en las calles que se diseminó por el mundo en esta década a partir de la llamada Primavera Árabe (2010-2013), al poner en cuestión la desigualdad recordista de América Latina, la sociedad y el modelo económico vigentes.

Sorprendió la profusión de participantes en la sublevación de los chilenos, iniciada por la desobediencia estudiantil que paralizó el metro para derivar luego en saqueos, batallas campales contra policías y militares y la movilización de 1,2 millones de manifestantes en Santiago, el 25 de octubre.

El estopín, el alza de 3,75 por ciento impuesto al pasaje del metro el 4 de octubre, hace recordar las protestas brasileñas iniciadas en junio de 2013 contra el aumento de 6,7 por ciento en los precios de autobuses, metro y trenes de São Paulo.

La represión policial no logró contener el movimiento, al revés fomentó actos cada día más masivos en todo el país, con reclamos ampliados a mejores servicios públicos y al rechazo a los gastos públicos para construir o reformar estadios de la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y las Olimpiadas de 2016 en Río de Janeiro.

Las manifestaciones callejeras ganaron nuevo empuje por los escándalos de corrupción entre políticos desde 2014 y, adueñadas por la oposición derechista, contribuyeron a la caída de la presidenta Dilma Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores, destituida por el parlamento en agosto de 2016.

El proceso desacreditó el sistema político y condujo así a la elección, en octubre de 2018, del presidente Jair Bolsonaro, candidato de la extrema derecha que se presentó como antipolítico y anticorrupción, aunque estuviera hacía décadas en la política.

En Chile la movilización ganó fuerza y amplitud, aunque sea prácticamente espontanea, sin una articulación por una gran organización, al despertar la lucha por objetivos más profundos, como el demorado cambio de la Constitución y una sociedad que ponga coto a la desigualdad en uno de los países menos igualitarios del mundo.

Se trata de finalmente superar los muchos vestigios aún vigentes en el Estados 29 años después del fin de la dictadura comandada por el general Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990. La Constitución que rige la vida nacional sigue siendo la de 1980, impuesta por los militares.

Los indignados chilenos tienen el reordenamiento político, legal y social por hacer, además de alzarse contra algunas medidas económicas actuales y del pasado. Muy distinto de los cambios coyunturales que se están logrando por elecciones y protestas populares en otros países sudamericanos.

La rebelión de principios del sudamericano octubre caliente en Ecuador se deshizo al conquistar la revocación de brutales alza de los combustibles, motivo de la confrontación con el gobierno del reformista Lenín Moreno.

En Bolivia la oposición sigue protestando contra un supuesto fraude en las elecciones para forzar una segunda vuelta en que podría poner fin a 13 años de gobierno del izquierdista e indígena Evo Morales, quien evitó por mínimo margen esa instancia en los comicios del día 20.

Las elecciones presidenciales en Bolivia, y Argentina y Uruguay el domingo 27, junto con las de Colombia en los municipios y los departamentos, ese mismo día, aceleraron el sube y baja entre izquierda y derecha, tendencias también denominadas de progresistas y neoliberales.

La reelección o la continuidad de una misma corriente en el gobierno se hizo más difícil en América Latina.

“La inestabilidad es profunda y amplía las incertidumbres”, resumió para IPS el politólogo Clovis Brigagão, exdirector del Centro de Estudio de las Américas de la Universidad Cándido Mendes, de Río de Janeiro.

En Argentina el peronismo, inscrito en el populismo de centroizquierda, vuelve a la presidencia con Alberto Fernández, al derrotar a Mauricio Macri que fracasó en recuperar la economía nacional con su política liberal.

En Colombia, la derecha con veleidades de extrema derecha que gobierna el país con el presidente Iván Duque sufrió duras derrotas en las elecciones municipales y departamentales, que son vistas como un castigo a sus políticas y a su mentor, el expresidente Álvaro Uribe.

Pero la izquierda también sufre reveses. En Uruguay el Frente Amplio, en el poder hace 15 años, ganó los comicios el domingo 27, pero va a la segunda vuelta el 24 de noviembre en desventaja ante el tradicional Partido Nacional apoyado por otras fuerzas de derecha y de la recién irrumpida extrema derecha.

En Bolivia, Morales fue declarado vencedor por el Tribunal Electoral al obtener por apenas décimas los 10 puntos sobre su principal rival, lo que le salva de una segunda vuelta, pero tiene su tercera reelección amenazada por sospechas nacionales e internacionales de fraude y masivas manifestaciones de rechazo.

Hay excepciones en la tendencia. En Venezuela el gobierno del izquierdista Nicolás Maduro se sostiene desde 2013, con una deriva autoritaria, en medio a las más persistentes y masivas manifestaciones de rechazo, e incluso tolerando desde enero un autodeclarado presidente paralelo, Juan Guaidó, reconocido por 50 gobiernos.

La llamada Revolución Bolivariana dura ya dos décadas, aunque haya perdido su principal líder y fundador -Hugo Chávez muerto en 2013-, destruido la economía y provocado la migración de casi cinco millones de personas desde ese año, en un país de 29 millones de personas. Elementos que lo han convertido en un espantajo izquierdista para el discurso de la derecha.

Chile es el país latinoamericano que vivió las experiencias más radicales de los dos polos que son referencias en las disputas de poder. Entre 1970 y 1973 el presidente Salvador Allende intentó desarrollar un socialismo chileno por vía democrática.

El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 puso fin a su proyecto y a su vida.

“Algo quedó en la memoria popular de las medidas socializantes, como salud para todos, leche gratis para niños, madres y lactantes, las soluciones colectivas y solidarias, como las ollas comunes cuando vino el desabastecimiento provocado por empresarios”, recuerda Maria do Carmo Brito, una brasileña que vivió esa época en Chile.

Ya han pasado 46 años, pero son “hechos que cuentan los más viejos a los hijos y jóvenes”, plantea a IPS la socióloga que daba clases en la Universidad Católica de Santiago.

En 1997 ella volvió a Chile para hacer un curso de administración pública y quedó “chocada” con los cambios sociales. En lugar del anhelo y acciones por igualdad y la vida comunitaria, el “lujo ostensivo de los ‘mall’ y los barrios ricos”, en contraste con los miserables en las calles, además del silencio sobre el pasado.

La dictadura militar impuso, junto con la Constitución de 1980, el modelo económico dicho neoliberal, que luego ganaría difusión internacional por medio de los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña.

De eso hace parte el sistema previsional de capitalización, individual, que se apunta como una de las principales razones de la rebelión chilena. Las pensiones recibidas por los ancianos son insuficientes, muy inferiores a las esperadas y prometidas.

Salud, enseñanza y otros servicios privatizados, de difícil acceso para los más pobres es otra herencia, no superada de la “revolución económica” impuesta por los llamados “Chicago boys”, economistas adeptos del ultraliberalismo, formados en la estadounidense Escuela de Chicago.

En consecuencia Chile se incorporó a los países de mayor desigualdad económica y social, no muchos años después de acercarse al sueño del socialismo.

Contra ese sistema se volvieron las protestas actuales en las grandes ciudades chilenas, en una evolución desde los primeros actos de rebeldía contra el alza del pasaje de metro en Santiago.

Por eso la movilización prosigue, aún después del derechista presidente Sebastián Piñera moderar su política económica, cancelando la medida para el metro y anunciando otras, como el aumento de las pensiones, un ingreso mínimo para complementar salarios, contención de precios de electricidad y ayuda para medicamentos.

La situación, de hecho, forzó a Piñera este miércoles 30 a declinar acoger el Foro de la APEC, que iba a celebrarse en el país en noviembre, y la Conflerencia de las Partes sobre el clima (COP25) en diciembre, con que pretendía consolidar la imagen de empuje y solidez del país, que se ha evaporado este mes.

En Brasil, el actual gobierno de extrema derecha adoptó el neoliberalismo. El ministro de Economía, Paulo Guedes, intentó introducir la capitalización en la reforma previsional recién aprobada por el parlamento.

Pero los parlamentarios excluyeron ese y otros puntos que reducirían las pensiones de discapacitados y trabajadores rurales. Su disposición es atenuar el ajuste fiscal que intenta promover el gobierno.

De todas formas muchos analistas creen que Brasil difícilmente escapará a un estallido social, ante el alto desempleo y la política económica adoptada.

Mario Osava/(IPS)

 

 

 

 
Ira contra las élites: otra revolución de octubre, en América Latina

Indignación y rabia contra élites que se alejan de sus bases sociales, incumplen promesas democráticas y aplican ajustes sobre las mayorías han animado la ola de manifestaciones populares que estremecieron  este octubre a varios países de América Latina.

Las protestas callejeras multiplicadas en Ecuador, Chile, Haití y Bolivia “tienen un sustrato en la insatisfacción de la mayor parte de la población, muy perjudicada por las políticas que adelantan las élites”, dijo a IPS el argentino Andrés Serbin, presidente de la académica Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales.

A su vez, la violencia que ha acompañado esas manifestaciones, de parte de quienes protestan y de las fuerzas que las reprimen, muestra que “los espacios cívicos, institucionalizados, cada vez son más restringidos y reprimidos, y la gente no ha podido organizarse, lo que abre campo a la anarquía”, observó Serbin desde Buenos Aires.

En Ecuador, el 1 de octubre el presidente reformista Lenín Moreno lanzó un paquete de ajustes pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con fuertes alzas en los precios de los combustibles al eliminarse subsidios, desatando dos semanas de protestas que incluyeron el asedio a los poderes públicos por miles de indígenas que convergieron sobre Quito, la capital.

En el balance de las protestas y su represión quedaron ocho muertos, 1 300 heridos, más de 1 000 detenidos, según la Defensoría del Pueblo, y la decisión de Moreno de revocar el decreto con los ajustes y entablar un diálogo con los movimientos indígenas y otros opositores.

El transporte también disparó la protesta en Chile. El pasaje en el metro (tren subterráneo) de Santiago subió unos pocos centavos de dólar el 6 de octubre, y bastó para que estallase la ira: primero los estudiantes abordaron los trenes saltando sobre los torniquetes de cobro, luego los exaltados destruyeron esos controles, las estaciones, los vagones y llegaron saqueos, incendios y barricadas.

El presidente derechista Sebastián Piñera sacó el Ejército a las calles para contener desmanes, declaró que “estamos en guerra” contra quienes destruían bienes, y en el contexto de las protestas, desmanes y represión perecieron al menos 18 personas, hubo 289 heridos (incluidos 50 uniformados) y 2 151 detenidos, según cifras del gobierno y de la Fiscalía.

Días después, al progresar las manifestaciones pacíficas, Piñera dio marcha atrás, pidió perdón “porque es verdad que los problemas se acumulaban desde hace décadas y no fuimos capaces de reconocer esta situación”, eliminó el alza en las tarifas del metro (ya parcialmente destruido) y ordenó algunos paliativos en materia de salarios y salud.

“Si el estallido en Ecuador se explica por el ‘paquetazo’ del FMI, en Chile se explica  porque las recetas del llamado Consenso de Washington (de políticas neoliberales de finales del siglo XX) se han ido inoculando por dosis hasta que llegaron a una saturación”, señaló a IPS el analista y exdirector de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Gustavo González.

En Chile “los gobiernos de la mal llamada restauración democrática se esforzaron por jugar “en las ligas mayores” y negociaron acuerdos comerciales con todo el mundo. En este afán liberaron el capital financiero y avalaron herencias de la dictadura (1973-1990), en particular un sistema de pensiones que implica la expropiación de los ahorros previsionales en beneficio de los grupos económicos. La salud y la educación se someten al endeudamiento de las familias”, opinó González desde Santiago.

El analista reconoce que “hay vandalismo, sobre todo en los saqueos de comercios, que en última instancia son la extralimitación de una sociedad de consumo, con una suerte de lumpen-pequeña burguesía (si se permite este lenguaje marxista), que ve en el robo de un plasma de televisión, de una lavadora, un refrigerador o hasta un colchón de dos plazas, el acceso a bienes con que el sistema lo está tentando a diario”.

Serbin concuerda en que “la gente reacciona ante élites que prometen mucho pero resultan incapaces de desarrollar las soluciones y terminan imponiendo políticas desfavorables no solo para los más pobres, sino también para las capas medias”.

El sustrato común que esgrimen los manifestantes que en este octubre se lanzan a las calles es el de la desigualdad. La región,  pese a sus avances económicos, sigue siendo la más desigual del mundo, con expresiones como que una de cada cinco personas vive en tugurios, según diferentes agencias de las Naciones Unidas.

Las expresiones son multidimensionales y locales, pero el contexto es que la falta de acompañamiento del progreso económico con la inclusión social ha llevado, según las últimas cifras del Banco Mundial, a que en la lista de los 10 países más desiguales del mundo, ocho sean latinoamericanos, Chile destacado entre ellos.

También resalta en esa lista Haití, donde las protestas tienen carácter casi crónico, que han debido solventar los 17 presidentes que ha tenido desde 1990.

Allí, en septiembre comenzaron manifestaciones contra el gobierno del mandatario Jovenel Moise. El detonante esta vez ha sido la escasez en el suministro de combustible, aunque también de alimentos y de agua potable.

En un país donde más de la mitad de la población sobrevive con menos de tres dólares al mes, la protesta se animó con las denuncias de corrupción en el manejo de más de 2 000 millones de dólares recibidos en los últimos años de Petrocaribe, el programa de cooperación petrolera que ha mantenido Venezuela para paliar el déficit energético de países del área.

Ya a finales de octubre las protestas callejeras masivas han alcanzado a Bolivia, aunque el disparador en este caso es la presunción de fraude en las elecciones presidenciales del domingo 20, pues el actual mandatario y candidato a reelegirse por tercera vez, Evo Morales, reivindica que ha triunfado y la oposición reclama una segunda vuelta según prevé la Constitución.

Pese al fuerte origen nacional y social que soporta las protestas, la idea de un hilo conductor político en la serie de revueltas que agitan a países con gobiernos opuestos al Foro de São Paulo (colectivo de partidos de izquierda de la región) ha ganado algún espacio en medios políticos y de opinión pública, aunque no sea el caso de Morales, que gobierna Bolivia desde 2006.

“Es un disparate razonar sobre las movilizaciones sociales en América Latina endosándolas al Foro de São Paulo.  Eso es anticomunismo inútil. La izquierda, por el contrario, vive su peor momento, es un cierre de ciclo con clara pérdida de la mayoría popular en El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia. Que incluso compromete al Frente Amplio de Uruguay, que ha hecho un gobierno excelente”, dijo a IPS Rodrigo Cabezas, quien condujo por años los asuntos internacionales del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela.

Cabezas, también exministro de Finanzas del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), opinó que “en el caso de Ecuador y Chile queda la experiencia de que los programas macroeconómicos de ajuste excesivo, sin gradualidad y sin atención a la exclusión social, terminan en el mediano plazo siendo inviables por la desigualdad y pobreza que generan. Pensé que los neoliberales habían aprendido de la experiencia histórica, todo indica que no”.

Perú fue otro escenario de manifestaciones callejeras, después de que el presidente Martín Vizcarra utilizó una prerrogativa legal para disolver el legislativo Congreso el 30 de septiembre y convocó a elegir un nuevo parlamento el 26 de enero, con lo cual quebró el poder bloqueador de la oposición guiada por los herederos políticos del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000).

Esas movilizaciones estrenaron el efervescente mes latinoamericano de octubre, en esa ocasión a favor del presidente y contra el intento del Congreso de destituirlo, lo que amenazaba con extender y profundizar el conflicto institucional.

Pero la crisis fue conjurada con la renuncia a asumir la primera magistratura de la vicepresidenta Mercedes Araoz, el respaldo de las fuerzas Armadas y policiales al gobernante y, sobre todo, al evidenciarse en las calles, e igual en las encuestas, que el presidente contaba con mucho mayor apoyo que sus detractores.

Finalmente, la región también se vio estremecida este octubre por la violenta eclosión del crimen organizado en México, cuando las fuerzas del cartel de drogas de Sinaloa doblegaron al ejército en esa ciudad del noroeste mexicano e impusieron la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del afamado traficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien purga cadena perpetua en Estados Unidos.

“Una muestra de que al distanciarse las élites de las bases sociales, la descomposición penetra en todos los ámbitos”, resumió Serbin.

¿Qué hacer? Para Serbin, la primera recomendación a los gobiernos es que deben “hacer a un lado los liderazgos carismáticos y generar los espacios organizativos necesarios para los indispensables empoderamiento y participación de la gente”.

Análisis de Humberto Márquez (IPS).

 
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