Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Martes, 27 octubre 2020
Informe Especial
Lavarse las manos es imposible para millones de escolares

NACIONES UNIDAS.- Una dificultad de la mayor importancia para reabrir las escuelas en el mundo es que, antes de la actual pandemia, en al menos cuatro de cada 10 no había acceso a lavar las manos con agua y jabón, requisito de higiene indispensable frente a la covid-19.

Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) divulgado este jueves 13 indicó que 43 por ciento de las escuelas de todo el mundo carecían, al cierre de 2019, de ese servicio imprescindible para que puedan funcionar con seguridad ante la pandemia.

La educación de los niños “debemos priorizarla, y para ello es necesario garantizar que las escuelas estén en condiciones de reabrir en forma segura y que dispongan de acceso a la higiene de las manos, agua potable limpia y un saneamiento adecuado”, afirmó Henrietta Fore, directora ejecutiva de Unicef.

El examen de las escuelas hecho por Unicef y la OMS mostró que casi 818 millones de niños, entre los 1900 millones de estudiantes de todas las edades, asistían en 2019 a escuelas sin los requisitos de higiene indispensables.

De esos 818 millones, 355 millones iban a escuelas en las que había instalaciones con agua, pero no jabón, y 462 millones acudían a escuelas en las que no había ni jabón ni agua para lavarse las manos. Una tercera parte de los niños con esas carencias esenciales, 295 millones, vivían en África subsahariana.

En los países menos desarrollados, siete de cada 10 escuelas carecen de instalaciones básicas para el lavado de manos, mientras que la mitad de esos centros de enseñanza no disponen de servicios básicos de agua y saneamiento.

En una de cada tres escuelas de todo el mundo el servicio de agua potable era limitado o inexistente en 2019, y 698 millones de niños carecían de servicios básicos de saneamiento en su escuela.

En los 60 países con mayor riesgo de sufrir crisis humanitarias y de salud debido a la covid, tres de cada cuatro niños no tenían servicios básicos para lavarse las manos en su escuela al comienzo del brote, la mitad de todos los niños carecían de servicios básicos de agua y más de la mitad no disponían de servicios básicos de saneamiento.

El acceso a esos servicios “es esencial para prevenir y controlar eficazmente la infección en todos los escenarios, incluidas las escuelas”, dijo por su parte el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Esa debe ser la prioridad de los gobiernos a la hora de diseñar sus estrategias para que las escuelas vuelvan a abrir y funcionen en condiciones de seguridad durante la pandemia mundial”, sostuvo Tedros.

El informe da por sentada la necesidad de abrir las escuelas oportunamente pues “están bien documentadas las pruebas que demuestran los efectos negativos de su cierre prolongado sobre la seguridad, el bienestar y la educación de los niños”.

Unicef, la OMS, el Banco Mundial y otras entidades producen directrices sobre la mejor reapertura posible de las escuelas, que incluye medidas de higiene, el uso de equipos de protección personal, la limpieza y desinfección, acceso al agua limpia, estaciones para lavarse las manos con jabón, y retretes adecuados.

(IPS).

 
Enfermedades distintas a la covid amenazan a América Latina

WASHINGTON.- La pesada carga de la pandemia covid-19 amenaza con interrumpir la lucha que se sostiene en América Latina y el Caribe contra otras enfermedades, transmisibles o no, advirtió la directora de la Organización  Panamericana de la Salud (OPS), la dominiquesa Carissa Etienne.

“Los servicios para enfermedades como la tuberculosis, el VIH y la hepatitis se están viendo afectados. Más del 80 por ciento de los países de América Latina y el Caribe están informando de problemas en la prestación de tratamiento de la tuberculosis”, observó la responsable de la OPS.

La tuberculosis alcanza en la región a más de 200 000 personas cada año y cobra más de 20 000 vidas, en tanto las muertes relacionadas con VIH/sida pasan de 40 000.

La covid, con la interrupción general de los servicios y la carga sobre el sistema sanitario, amenaza el plan adoptado en octubre de 2019 por los Estados miembros de la OPS para la eliminación, hacia 2030, de más de 30 enfermedades transmisibles y afecciones relacionadas, dijo Etienne.

En el caso del VIH, por ejemplo, una encuesta en línea del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA consultó en julio a 2300 personas en 28 países de la región y más de 30 por ciento declaró que “no habían recibido suficiente información sobre cómo prevenir la transmisión del nuevo coronavirus”.

Un porcentaje similar de pacientes que viven con el virus VIH evitan acudir a los servicios de salud durante la pandemia y, al mismo tiempo, los países tienen un suministro limitado de antirretrovirales, según los datos en poder de la OPS.

La situación es peligrosa, destacó Etienne, porque si los pacientes se saltan las dosis o interrumpen el tratamiento, un problema manejable puede convertirse rápidamente en una infección activa que amenaza no sólo al paciente, sino también a la familia y a los conocidos cercanos.

Un tercio de los países de América Latina también registran interrupciones en las pruebas de detección de la hepatitis, las cuales son clave para la detección temprana y el tratamiento de la enfermedad.

Etienne señaló que su organización se preocupa por los avances de las enfermedades transmitidas por mosquitos, como el Aedes aegypti, que proliferan cuando se bajan las defensas y merman los servicios en el saneamiento ambiental y las prevenciones ante fenómenos como lluvias e inundaciones.

En Venezuela y Nicaragua se mantienen grandes focos de malaria, que afecta a unas 500 000 personas en la región, y el dengue avanzó hasta 1,6 millones de casos en los primeros cinco meses de 2020, localizados principalmente en Brasil y Paraguay.

En casos como el dengue “sabemos que los datos no nos cuentan toda la historia. Sin una vigilancia robusta seguimos sin saber el alcance de esta enfermedad que afecta a nuestra población y por lo tanto no podemos planificar suficientemente los servicios y salvar vidas”, dijo Etienne.

La funcionaria destacó que los mosquitos y los patógenos que transmiten siguen circulando y que, sin pruebas ni tratamiento, los casos graves de enfermedades causadas por estos insectos podrían pasar de condiciones fácilmente tratables a la muerte. “Esto no es aceptable”, remarcó.

Los países, resumió Etienne, “no pueden retardar la lucha contra la covid-19, pero al mismo tiempo no pueden dejar que esa lucha les impida combatir las otras enfermedades”.

(IPS)

 
Redes de odio y difamación dominan la política en Brasil

RÍO DE JANEIRO.- Felipe Neto, un fenómeno de la comunicación, con 39 millones de inscritos en su canal en YouTube, se puso en el centro de la guerra de difamación por redes sociales que envenena la política y la vida en Brasil.

Acusaciones de pedofilia y amenazas de muerte contra él se intensificaron en las redes sociales operadas por los adeptos del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, después que el diario estadounidense The New York Times difundió en su portal web, el 15 de julio, un video con opiniones de Felipe Neto, expresadas en inglés.

En seis minutos, el famoso youtuber adefinió a Bolsonaro como el peor presidente del mundo en el manejo de la pandemia de covid-19 (The worst covid president) y recordó sus desmanes: negó la gravedad de la pandemia, promovió concentraciones en las calles, destituyó a dos ministros de Salud, médicos que antagonizaron con sus planteamientos, y los sustituyó por un general, impuso la cloroquina y desdeñó a los muertos.

Neto, de 32 años y poco conocido por sus apellidos Rodrigues Vieira, ya había ganado el odio de los bolsonaristas en septiembre de 2019, al comprar 14 000 ejemplares de libros de historietas sobre diversidad sexual y distribuirlos gratis en la feria Bienal del Libro, en Río de Janeiro.

Frustró así la censura del alcalde Marcelo Crivella, un pastor de una Iglesia evangélica allegado a Bolsonaro, que intentó incautar esos libros porque algunos exhiben besos entre varones.

Las intimidaciones que lo acosan suscitan la posibilidad de buscar seguridad en el exterior, algo que Neto descartó hasta ahora. Pero la diseminación del odio y de las amenazas ya forzaron a muchos brasileños al exilio, especialmente investigadores víctimas de la actual hostilidad contra la ciencia.

La antropóloga Débora Diniz dejó Brasil en agosto de 2018 después que los ataques contra ella se extendieron a su familia y amigos, además de colegas y alumnos de la Universidad de Brasilia, en represalia a su defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de la despenalización del aborto hasta la 12 semana de gestación.

El exdiputado Jean Wyllys también abandonó el país en enero de 2019, tras renunciar al mandato para el cual fue reelegido tres meses antes. Se le hicieron insoportables las mentiras difundidas contra su reputación y las amenazas a su vida, agravadas con Bolsonaro en la presidencia, donde llegó el primer día de ese año.

El entonces nuevo presidente lo tenía como diana principal de sus ataques homofóbicos durante los ocho años en que convivieron en la Cámara de Diputados. Wyllys fue el primer legislador abiertamente homosexual en el país y encabezaba la lucha por los derechos de las minorías sexuales, por lo que vivía protegido por escolta policial.

Una reacción institucional a las campañas de odio y difamación, que intoxican la política brasileña especialmente desde las elecciones de octubre 2018, comenzó en los poderes Legislativo y Judicial, contra los intereses del Ejecutivo.

El proyecto de ley sobre “Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet”,  aprobado en el Senado el 30 de junio y ahora en trámite en la Cámara de Diputados, busca regular las redes sociales para contener la diseminación de las noticias falsas, encaradas como amenaza a la democracia y fuente de daños personales y colectivos.

El Supremo Tribunal Federal impulsa desde marzo de 2019 una investigación sobre noticias falsas que ofenden y amenazan a la máxima corte brasileña y sus magistrados y familias. Ese proceso, jurídicamente controvertido, tiene como objetivo a decenas de legisladores, empresarios y activistas sospechosos de atacar personas e instituciones organizadamente.

“La manipulación de los hechos para fines de propaganda es tan antigua como la política” y la practican todos, pero “en las democracias masivas contemporáneas surgidas en el siglo XX, en general, la apropiación más directa de las estrategias de propaganda la hace la derecha”, según Alessandra Aldé, profesora de Comunicación y Política en la Universidad del Estado de Río de Janeiro.

“Un uso más agresivo de informaciones falsas por la derecha” quedó evidente en las elecciones brasileñas de 2018 en que triunfó Bolsonaro, la que llevó a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2016 y en el plebiscito que aprobó el brexit en el Reino Unido, también en 2016, acotó IPS, por teléfono desde el interior desde el estado de Goiás, en el centro-oeste del país.

Lo que se ve actualmente en Brasil es el empleo permanente de las redes sociales para diseminar noticias falsas, agresiones y maledicencia por grupos bolsonaristas, para descalificar opositores e incluso como forma de orientar la gobernación.

Se sospecha incluso, por las investigaciones judiciales, el cierre de cuentas y bloqueos de mensajes por Facebook y otras redes digitales, que un grupo organizado y allegado a Bolsonaro, sea la gran fuente de los mensajes maliciosos que degradan la política actual en Brasil.

El mismo Bolsonaro reconoció esas redes sociales como “mi medio de comunicación” (“mi media”), al protestar contra las acciones judiciales que intentan contener las informaciones falsas.

Las redes se convirtieron de hecho en un arma muy útil para la extrema derecha, adecuadas a sus textos cortos, ideas simples y la distorsión de los hechos como argumento.

“Pero no hay un determinismo tecnológico, en que las características técnicas del medio  determinan su uso”, y que permita decir que las redes sociales son por su naturaleza un instrumento de la extrema derecha, matizó Aldé.

Recordó que “para el triunfo electoral de Bolsonaro, tan importante como su campaña de desinformación directa por WhatsApp el mismo 2018 fue la construcción de su imagen a lo largo de años, incluso en programas de televisión populares donde él tenía gran visibilidad”.

“Desinformación y apología de la violencia no son exclusivas de las redes sociales, se veían también en el sensacionalismo de la televisión, en programas de gran audiencia y bajo contenido”, sostuvo.

De todas formas, la investigadora sobre el papel de los medios digitales en la política reconoce que es más complejo su uso masivo por las corrientes de izquierda, cuyo “discurso comprende elementos pedagógicos, explicaciones, de conciencia”.

Establecer reglas legales para evitar que los nuevos medios sirvan a la difusión masiva de mentiras, ofensas y creencias riesgosas parece una necesidad, especialmente en un Brasil agitado por intensa circulación de noticias falsas.

Pero el proyecto de ley que persigue ese objetivo enfrenta fuertes objeciones y controversias.

Hay imposibilidades técnicas en las propuestas para el rastreo de los mensajes e identificación de sus responsables finales en las distintas redes y, al pretenderlo, “el artículo 10, por ejemplo, viola el derecho a la privacidad”, comentó Carlos Afonso, ingeniero y experto en tecnología de información y comunicación, por teléfono a IPS.

“Los legisladores estarán siempre muy rezagados en la comprensión de los mecanismos” de los nuevos servicios de comunicación digital y tienden a cometer “fallas flagrantes” en sus intentos de regulación, observó Afonso, creador del primer proveedor de servicios de internet en Brasil, Alternex, en 1989.

En todo caso este especialista relativiza la “maldad” en los medios digitales. “Las ponzoñas de afuera siempre terminan reproducidas en línea” y ya hay leyes que castigan civilmente e incluso en algunos casos penalmente la difamación, la injuria y los abusos en general, el desafío es “compatibilizar regulaciones nacionales con redes transfronterizas”, concluyó.

Para el youtuber Felipe Neto,  basta con que las plataformas cumplan realmente sus propias reglas internas y se evitarían muchas de esas prácticas nocivas que envenenan a la sociedad.

Por Mario Osava (IPS).

 
Los argumentos a favor de una renta básica universal

BANGKOK.-La regla número uno del manual de gestión de crisis es el siguiente: cuando te encuentres en un hoyo, primero, deja de cavar.

La vorágine en la que nos ha sumergido el brote de covid-19 ha llevado a varios países a considerar la posibilidad de establecer incentivos fiscales a gran escala y la impresión de dinero para mitigar las dos crisis que se están desarrollando simultáneamente: la pandemia y la desenfrenada depresión económica.

La aplicación de estas medidas resulta fundamental, pero deben ser estratégicas y sostenibles. Para tratar las crisis actuales, debemos evitar plantar las semillas de otras nuevas, ya que hay mucho en juego.

Ha llegado el momento de incorporar un nuevo elemento al conjunto de medidas políticas que los gobiernos están adoptando. Un factor conocido de sobra, pero al que hemos olvidado por completo: La Renta Básica Universal, un mecanismo necesario como parte del paquete de medidas económicas que nos ayudará a salir de este abismo.

Los detractores, y hay muchos, señalarán que no funcionará porque ningún país puede permitirse repartir dinero regularmente a todos los ciudadanos. Argumentarán que tendremos déficits insostenibles, que no pueden ser financiados.

Esta es una preocupación valida. Pero la alternativa dará como resultado un mayor aumento de la desigualdad, aumentando las tensiones sociales que costarían aún más a los gobiernos y supondrían un mayor riesgo de conflicto social para los países.

La pandemia que comenzó en China ha hecho estragos en toda Asia, e incluso fuera de ella, exponiendo las desigualdades y vulnerabilidades de las grandes poblaciones de la región.

Esto incluye a los trabajadores informales, estimados en 1,3 mil millones de personas o dos tercios de la fuerza laboral de Asia y el Pacífico, así como a los migrantes, con casi 100 millones de desplazados, solo en India.

Si una gran parte de una generación entera pierde su sustento, sin una red de seguridad, los costos sociales serán insoportablemente altos. La inestabilidad económica seguirá al estallido de las tensiones sociales.

En estos momentos en los que tenemos que reactivar unas economías que se encuentran en plena erosión, el beneficio que reportaría la estabilidad social sería enorme, lo que constituye un argumento aún más convincente en favor de la Renta Básica Universal.

De esta crisis debe surgir un nuevo contrato social que reequilibre las profundas desigualdades que prevalecen en las sociedades. Para decirlo sin rodeos: la pregunta ya no debería ser si se pueden encontrar recursos para una protección social efectiva, sino cómo se pueden encontrar. La Renta Básica Universal promete ser un elemento útil de dicho marco.

Estados Unidos y Canadá ya están haciendo tales planes. Alaska, de hecho, ha estado haciendo pagos anuales de este tipo, a cada residente del estado, durante décadas. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, prometió 2000 dólares canadienses por mes, durante los próximos cuatro meses, a los trabajadores que han perdido sus ingresos debido a la pandemia.

Ahora necesitamos expandirlo y hacerlo funcionar a largo plazo, y podemos.

Debemos abordarlo de manera diferente que en el pasado. No debemos verlo como un folleto, ni como una solución adicional para agregar a los que ya están en su lugar. En cambio, deberíamos usar las crisis gemelas para reevaluar dónde estamos todavía «cavando”.

Necesitaremos impuestos justos. Los países tendrán que trabajar juntos, intercambiando datos, para evitar que las personas y las corporaciones evadan impuestos. Todos debemos pagar nuestra parte justa. En buena conciencia, ya no podemos privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.

Debemos detener los subsidios, especialmente para los combustibles fósiles, que obstaculizan el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los objetivos de cambio climático. Esto nos beneficiaría a todos, al tiempo que genera recursos financieros para un ingreso básico, pero también para apoyar a las compañías de combustibles fósiles.

Warren Buffet y Bill Gates, entre las personas más ricas del planeta, han abogado para que los ricos paguen más impuestos, cuya falta ha llevado a una disparidad enorme y creciente.

Según el Informe de Riqueza Global 2018 de Credit Suisse, el 10% de las personas más ricas del mundo posee el 85% de la riqueza.

Las multinacionales tampoco pagan su parte justa. Apple, Amazon, Google y Walmart, por nombrar solo algunos, generan ganancias inconcebibles y, después de aprovechar todas las lagunas en los sistemas impositivos, pagan cantidades limitadas.

Si las 1000 principales corporaciones del mundo estuvieran sometidas a impuestos, permitiría que un modesto ingreso básico se distribuyera de manera ajustada y razonable en todo el mundo.

Hay algo que simplemente va mal y no funciona cuando se priva a los gobiernos de los fondos que deberían tener de un modo legítimo para crear un mejor Estado.

Para que los detractores que no piensen que se trata de una teoría de la izquierda, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos ha abordado la idea de la competencia fiscal durante años. Sus miembros incluyen Estados Unidos, Canadá y países de Europa occidental.

Esto es lo que dicen sus expertos en política fiscal: “Para trabajar de manera efectiva, una economía global necesita algunas reglas básicas aceptables para guiar a los gobiernos y las empresas”.

“Dicho marco puede ayudar a las empresas a trasladar capital a ubicaciones donde pueda optimizar su rendimiento, sin impedir el objetivo de los gobiernos nacionales de cumplir con las expectativas legítimas de sus ciudadanos de una participación justa en los beneficios y costos de la globalización», añaden.

Para lograr «reglas básicas aceptables» y «una participación justa en los beneficios y costos» requerirá una coordinación mundial; porque si un país comienza a cobrar impuestos de este modo, el capital con alta capacidad de movilidad huirá a los países que no lo hagan.

No hay duda de que la Renta Básica Universal será difícil de poner en marcha. Es importante considerar imparcialmente los pros y los contras, las razones por las que no se ha implementado ampliamente hasta ahora y qué podría hacerlo viable.

Un factor clave que complica, más allá de su costo, es que no llegaría en el vacío. Tendría que encajar y complementar los programas de asistencia social existentes, tanto basados en seguros como basados en necesidades, y se necesitarían normas para evitar cobrar una doble prestación.

Pasar a un sistema de este tipo debería garantizar que los incentivos para tener un trabajo permanezcan intactos.

Eso es relativamente simple de hacer: una Renta Básica Universal debería ser suficiente para mantener a una persona en un mínimo modesto, dejando suficientes incentivos para trabajar, ahorrar e invertir.

Finalmente, se pueden hacer buenos argumentos para vincularlo a condiciones muy concretas, algunas relacionadas con bienes públicos, como vacunar a todos los niños y garantizar que asistan a la escuela.

Tales condiciones selectivas no socavarían el objetivo principal de eliminar la pobreza y permitir que las personas de bajos ingresos asuman riesgos calculados, para tratar de salir de la pobreza.

La alternativa de no tener una Renta Básica Universal es la creciente probabilidad de disturbios sociales, conflictos, migración masiva inmanejable y la proliferación de grupos extremistas que capitalizan y fermentan por la desilusión social.

Es en este contexto que debemos considerar seriamente su implementación bien diseñada, de modo que las crisis puedan golpear, pero no destruir.

Por Kanni Wignaraja (IPS)/ Foto: Linh Pham/PNUD.

 
La banca latinoamericana aún evade el cambio climático

PANAMÁ.- La mayor parte de la banca privada de América Latina y el Caribe todavía evade el peso del cambio climático en su estrategia y operaciones, reveló un estudio de tres entidades internacionales del sector financiero.

De los 78 bancos encuestados para el estudio, que representan 54 por ciento de los activos del sector, 38 por ciento incorpora lineamientos asociados al cambio climático en su estrategia, pero solo 24 por ciento tiene una política de evaluación y divulgación de riesgos climáticos.

El estudio “Cómo los bancos incorporan el cambio climático en su gestión de riesgos” fue presentado por la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Unepfi, en inglés), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).

En la región operan, según Felaban, 623 bancos y entidades financieras, con un patrimonio superior a 380 000 millones de dólares y previsiones en su cartera de créditos por más de 90 000 millones.

De acuerdo con el análisis, 41 por ciento de los bancos encuestados sostiene que no tiene mecanismos para identificar, analizar y gestionar riesgos climáticos.

Los autores de la encuesta concluyen que los riesgos climáticos no se gestionan, principalmente, por falta de información respecto al impacto financiero del cambio climático y por la ausencia de exigencias de parte de los entes reguladores.

“Aún los bancos tienden a percibir los riesgos climáticos desde la perspectiva de cómo impactan las empresas al ambiente, y no de cuál es el grado de exposición de esas empresas frente a las amenazas climáticas, lo cual es clave de cara al aumento esperado de impactos relacionados con un clima más extremo”, señala el reporte.

El estudio recuerda que según el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPC), dada la actual concentración y las continuas emisiones de gases de efecto invernadero, es probable que a finales de siglo el incremento de la temperatura mundial supere los 1,5 grados centígrados sobre los niveles preindustriales.

La mayor temperatura implicará aumentos en el nivel del mar y una mayor frecuencia e intensidad de los impactos del cambio climático.

El estudio señala que el sector bancario de la región tiene “una gran oportunidad de avanzar en la evaluación de los riesgos asociados al cambio climático en sus planes y estrategias”, con el objetivo de aumentar su resiliencia y prepararse mejor para apoyar la transición hacia economías bajas en carbono.

La evaluación de riesgos climáticos “es clave para alinear a la industria bancaria con una economía global sostenible y equitativa en el siglo XXI, lo que adquiere aún más relevancia hoy que necesitamos reconstruir mejor tras la pandemia covid-19”, señaló Eric Usher, director de Unepfi.

El reporte llama a seguir las recomendaciones del Grupo de Trabajo internacional sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima (TCFD, en inglés), y a replicar iniciativas como las de Unepfi para desarrollar indicadores que ayuden a fortalecer la evaluación y divulgación de riesgos climáticos.

Debido al desconocimiento y poca claridad respecto a definiciones relacionadas a los riesgos climáticos, los autores también llaman al sector bancario de la región a trabajar en la elaboración de una taxonomía que permita dar a conocer definiciones comunes en la banca latinoamericana sobre estos temas.

(IPS)

 
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Créditos: Eylen Jalilíe