Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Sábado, 23 octubre 2021
Internacionales
FMI distingue al periodista de EFE Álex Segura entre los mejores de economía

WASHINGTON.- El periodista español Álex Segura, actualmente corresponsal de la Agencia EFE en Los Ángeles (EE.UU.), ha sido reconocido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como uno de los mejores jóvenes comunicadores económicos del mundo.

Segura (Barcelona, 1993), junto con los también periodistas Mary-Jean Nleya (Botswana), Krithiga Narayanan (India) y Cynthia Nyongesa (Kenia), han sido los ganadores 'ex aequo' de la edición 2020 del IMF Youth Fellowship Contest, competición impulsada por el FMI para que las nuevas generaciones de periodistas presentaran sus propuestas para hacer frente a la grave situación financiera ante la crisis provocada por la pandemia de la covid-19.

Más de 700 aspirantes de todo el mundo de entre 20 y 32 años aplicaron para participar en el programa, que finalmente ha elegido a cuatro ganadores, entre ellos Segura, el único en lengua española, según ha informado este viernes la organización económica.

El periodista barcelonés, de 27 años, se ha alzado con este reconocimiento gracias a una pieza audiovisual titulada "¿Pueden las empresas fintech ayudar a cerrar la brecha de género en la inclusión financiera?".

En el vídeo, Segura aborda la brecha de género que existe en algunos países del mundo a la hora de solicitar créditos financieros y propone algunas soluciones para dar la vuelta a esta situación, como facilitar el acceso a los microcréditos, impulsar la identificación digital o promover la educación financiera entre las mujeres.

Los cuatro proyectos ganadores se publicarán por primera vez en enero de 2021 en la Revista de Finanzas y Desarrollo del FMI.

Álex Segura, que ha sido también corresponsal de EFE en Texas y Washington, ha agradecido el galardón del FMI, institución que cubrió como periodista en su anterior etapa en la capital estadounidense.

"La experiencia ha sido muy enriquecedora y ahora ya puedo decir que tengo amigos brillantes en todos los rincones del mundo", ha destacado en un comunicado.

El FMI anunció este concurso a principios de septiembre de 2020 y los participantes tenían plazo hasta el 24 de ese mes para presentar sus candidaturas, en formato texto y/o vídeo, con sus propuestas para impulsar la recuperación tras la crisis del coronavirus.

Más de 700 periodistas y comunicadores de un centenar de países presentaron sus ideas, aunque solo 26 fueron elegidos para participar en un programa intensivo de capacitación con expertos del FMI durante la celebración de la Asamblea Anual de la organización y del Banco Mundial 2020.

En este curso han participado profesionales como Geoffrey Okamoto, primer subdirector del FMI; Rhoda Weeks Brown, directora del Departamento Jurídico del Fondo, o periodistas de medios como Politico o la cadena CNBC.

El FMI ha subrayado la "transparencia total" de este programa y ha explicado que el comité de jueces del mismo ha llevado a cabo "un proceso de revisión exhaustivo" de los proyectos presentados, con varias rondas en las que participaron profesionales del Departamento de Comunicaciones del FMI y del diario Financial Times.

Álex Segura trabaja actualmente en la delegación de EFE en Los Ángeles y es miembro de la junta directiva de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en EE.UU., en la que ejerce de presidente de la entidad en la capital californiana.

Antes de su llegada a Los Ángeles trabajó para la agencia de noticias española en Washington, donde cubrió la información del Congreso y de organizaciones económicas, como el FMI, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, además de seguir al presidente estadounidense, Donald Trump, junto a otros compañeros de redacción.

También fue corresponsal de EFE en Austin (Texas), en Londres y trabajó en la sección de Economía en la delegación de Barcelona, donde realizó sus prácticas universitarias.

EFE

 
CPJ pide a Perú investigar exhaustivamente ataques contra la prensa en manifestaciones

BOGOTÁ.- Las autoridades peruanas deben garantizar que los periodistas puedan cubrir las protestas de manera segura, e investigar exhaustivamente los ataques contra la prensa perpetrados tanto por manifestantes como por agentes policiales, declaró el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

Los agentes policiales atacaron a periodistas con gases lacrimógenos, perdigones y otros proyectiles cuando los periodistas cubrían las protestas que estallaron a raíz de la destitución del presidente Martín Vizcarra, hecho ocurrido el 9 de noviembre. Como mínimo 35 periodistas resultaron lesionados, según versiones periodísticas y un comunicado del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), organización local defensora de la libertad de prensa.

En entrevista con el medio local Convoca, Zuliana Lainez, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), declaró que los manifestantes habían sido responsables de un pequeño número de ataques contra la prensa, y que la Policía había cometido el “90 por ciento” de tales ataques.

Las manifestaciones han dejado un saldo de, como mínimo, dos manifestantes muertos, según informaciones de prensa.

“Las autoridades peruanas deben garantizar que los periodistas puedan cubrir las manifestaciones con libertad y sin sufrir daños ni represalias por parte de las fuerzas de seguridad y los manifestantes”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Las denuncias sobre el empleo de la fuerza por las autoridades contra los medios deben investigarse exhaustivamente, y los responsables deben rendir cuentas de sus actos”.

El 10 de noviembre, un agente policial disparó perdigones en dirección de Karen Santillán, reportera de Lima TV y de la radioemisora Exitosa, cuando cubría las protestas en Lima; la periodista salió ilesa, pero los perdigones impactaron contra el parabrisas de la unidad móvil de la radioemisora, según un informe de la ANP.

El mismo 10 de noviembre, manifestantes arrojaron proyectiles contra la Policía, y una piedra golpeó en la cabeza a Pedro Goñi, reportero de la radioemisora RPP, según el informe de la ANP, que indicaba que el periodista había sido trasladado a un centro de salud, donde le habían suturado la herida con nueve puntos.

El 12 de noviembre, agentes policiales dispararon una bomba lacrimógena que impactó en la pierna a Alonso Balbuena, videógrafo del medio digital de periodismo investigativo Ojo Público, y le abrió una herida de gran tamaño, según una nota de su medio informativo. Los agentes amenazaron con golpearlo, hasta que Balbuena enseñó su credencial de prensa.

Ojo Público señaló que Balbuena se recuperaba de la lesión en una clínica de Lima.

El mismo 12 de noviembre, la Policía disparó un perdigón que impactó en la espalda a Alonso Chero, fotógrafo del diario de Lima El Comercio, declaró el periodista al canal de YouTube de Perú21.

El perdigón se incrustó a unos centímetros de la columna vertebral, y fue necesaria una intervención quirúrgica en una clínica de Lima para extraerle los restos. Chero declaró que ya se había recuperado de la herida, pero señaló a Perú21: “Los doctores me dicen que he tenido mucha suerte”.

En entrevista concedida el 12 de noviembre a RPP, el ministro del Interior Gastón Rodríguez negó que la Policía hubiera disparado perdigones durante las protestas, y declaró que solamente tenía autorización para emplear gases lacrimógenos. Rodríguez renunció a su cargo ayer, según informaciones de prensa.

El CPJ llamó y envió un correo electrónico al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional para obtener una declaración, pero no recibió respuesta. En un comunicado divulgado el 14 de noviembre, la Policía Nacional del Perú declaró que sus agentes solamente harían “uso racional de la fuerza” con la finalidad de salvaguardar el orden interno y la seguridad pública.

 

 
FIP: Represión policial deja dos manifestantes muertos y periodistas heridos

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y su organización afiliada en Perú, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) condenan los crímenes y la represión a periodistas durante las recientes manifestaciones, e instan a las autoridades y fuerzas de seguridad a respetar los derechos de ciudadanos y reporteros.

La represión policial, que fue registrada en múltiples videos por los manifestantes, fue desplegada durante las protestas contra la destitución del entonces presidente Martín Vizcarra y la llegada al poder del mandatario interino Manuel Merino, quien debió renunciar a su cargo tras el rechazo generalizado de la ciudadanía.

Fue ese rechazo lo que motivó a miles de peruanos a que tomaron las calles del país durante los últimos días; con consignas a favor de la democracia y de una nueva Constitución y contra la asunción de Merino por fuera del voto popular, los ciudadanos marcharon cada día desde el 9 de noviembre.

Hacia el fin de semana las protestas alcanzaron su mayor intensidad, la represión policial escaló y sumó incluso cortes de luz en las zonas de protesta. Los hospitales, hasta el momento, han registrado dos muertos y varios periodistas fueron heridos por la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad. Asimismo, llegó a haber 42 desaparecidos, aunque esa cifra fue bajando con el correr de las horas.

Al respecto, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú expresó en un comunicado: “La ANP considera crímenes de Estado la muerte de dos civiles en el marco de la legítima protesta ciudadana en el país. Dichas muertes deben ser llevadas a los tribunales internacionales y se debe someter a la justicia a los responsables políticos, a quienes la renuncia a sus funciones no exime de juicio”.

“La ANP recuerda que la Policía Nacional del Perú es una institución altamente jerarquizada por lo que hay responsabilidades políticas en este nivel de represión policial no visto en los últimos 30 años. Deploramos, en ese sentido, que el renunciante Manuel Merino de Lama y Antero Flores-Aráoz, en su condición de primer ministro, felicitaran públicamente el accionar de efectivos policiales en los operativos de contención de las protestas, a pesar de las detenciones arbitrarias, agresiones y graves limitaciones al trabajo periodístico denunciadas en el marco de las mismas”, remarcó la entidad.

Asimismo, la ANP totalizó en 38 los ataques a periodistas durante las marchas. Con “31 agresiones perpetradas por agentes policiales y siete por sujetos no identificados”. “Periodistas y fotoperiodistas fueron deliberadamente atacados a pesar de tener visible su identificación de prensa”, afirmó la organización.

En consonancia, desde la FIP se expresó: “Los ataques de elementos del Estado hacia trabajadores de prensa son un peligro para el Estado de Derecho en general y la libertad de expresión en particular. Degradan la vida en democracia y no deben ser permitidos ni quedar impunes. Acompañamos a los colegas peruanos en este duro momento y nos mantendremos alertas monitoreando el desarrollo de la situación”.

Foto EFE

 
La Prensa, de Nicaragua, vive la peor crisis en sus casi 95 años de historia

MANAGUA.- El diario La Prensa, el más antiguo de Nicaragua, está inmerso en la peor crisis de su historia debido a una demanda millonaria de uno de sus accionistas, que se suma a la asfixia económica a la que ha estado sometido desde que el sandinista Daniel Ortega, a quien considera su "peor enemigo", retornó al poder en enero de 2007.

Tras una demanda laboral de su exgerente general Hugo Holmann, que exige 2,3 millones de dólares por sus 25 años de servicio, el equipo de redacción del influyente periódico publicó un inusual comunicado en el que afirma que sus empleos están en riesgo por esa "exigencia monetaria".

Desde febrero pasado La Prensa lanzó un SOS para sobrevivir debido a que el Gobierno mantuvo retenido por 500 días su papel y puso en peligro su versión impresa, en el marco de la crisis social, política, de derechos humanos y económica que vive Nicaragua desde abril de 2018.

La retención del papel, más la asfixia económica estatal y la caída de la publicidad privada a raíz de la crisis económica, obligó a La Prensa a disminuir la cantidad de páginas, cerrar suplementos, entre ellos el satírico semanal "El Azote", el más popular entre sus lectores.

DESPIDEN A MÁS DEL 70 % DE SUS PERIODISTAS

El presidente de Editorial La Prensa, Jaime Chamorro Cardenal, ha reconocido que la actual es la peor crisis que ha sufrido La Prensa en sus casi 95 años de historia, y que han tenido que despedir a más del 70 % de sus periodistas.

La Prensa, fundado el 2 de marzo de 1926, ha denunciado que "el peor enemigo que ha tenido este diario en sus 94 años de existencia ha sido Ortega", quien lleva 13 años consecutivos en el poder desde 2007 y que también coordinó una Junta de Gobierno entre 1979 y 1985 y gobernó el país de 1985 a 1990.

Según Luis Sánchez Sancho, editorialista de ese diario, "matar a La Prensa ha sido un viejo delirio totalitario" de Ortega y los sandinistas desde que gobernaron por primera vez Nicaragua.

Recordó que en septiembre de 1981 una delegación del Consejo de Estado que presidía el fallecido "comandante" sandinista Carlos Núñez fue a Cuba en misión oficial, y un comandante de la revolución cubana reprochó a Núñez por qué el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) todavía no había liquidado a La Prensa, como lo habían hecho ellos con el Diario de La Marina, un histórico periódico independiente de la isla.

De acuerdo con Sánchez Sancho, el "comandante" sandinista solo atinó a decir que en Nicaragua estaban haciendo las cosas de manera gradual, "pero que La Prensa inevitablemente tendría que desaparecer".

VIEJA PUGNA FAMILIAR

El libro "Lo que se quiso ocultar, 8 años de censura sandinista", de Roberto Cardenal, señala que los sandinistas, tras derrocar al dictador Anastasio Somoza Debayle, el 19 julio de 1979, ofrecieron a los dueños de La Prensa "convertirlo en el órgano oficial de la Revolución", y al no lograrlo, lanzaron una "conjura" desde adentro que dividió la redacción y una parte fundó el ahora desaparecido El Nuevo Diario.

Para entonces, narra Cardenal en su libro, los sandinistas convencieron a una de las tres familias Chamorro dueñas del diario a estar al servicio de la revolución, y con el apoyo de una parte de los redactores planearon la toma de las instalaciones físicas y declarar una huelga indefinida, pero no lograron ninguno de sus objetivos: cambiar la línea editorial, controlarlo o cerrarlo definitivamente.

Cuatro décadas después, otro miembro de la familia Chamorro, Hugo Holmann, abre otro capítulo en la historia de La Prensa al demandar por la vía laboral a la empresa de su familia en la que solicita 2,3 millones de dólares por indemnización.

En un editorial titulado "La demanda del accionista Holmann contra LA PRENSA y su familia", ese periódico explica que despidió a su gerente general "porque cometió faltas contra principios éticos que la familia Chamorro defiende", y que uno de ellos es "el respeto a la dignidad de nuestros trabajadores que fue atropellada de diversas formas por el señor Holmann".

También aseguró que otorgaron a Holmann 445.000 dólares en concepto de liquidación, más el seguro de vida, seguro de salud y una camioneta valorada en 120.000 dólares, y que luego aceptó un nuevo contrato ajustado a la realidad del negocio.

Pero después de "comprobarse que solo llegaba cuatro horas a la semana y maltrataba al personal, fue despedido en diciembre de 2019 con la invitación de hacer un finiquito que no quiso aceptar y cortó toda documentación" y luego presentó la demanda, según el rotativo.

El equipo de redacción cerró filas con la Junta Directiva, corroboró los maltratos que recibía del anterior gerente general, a quien acusan de querer "quebrar a la empresa mediante una millonaria demanda, que se suma a la asfixia económica que el régimen de Ortega ha impuesto al periódico en los últimos años".

La Prensa y Hoy, que pertenecen al Grupo Editorial La Prensa, son los últimos periódicos impresos de circulación nacional que quedan en Nicaragua.

EFE

 
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Créditos: Eylen Jalilíe