Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Domingo, 20 enero 2019
Internacionales
FAPE rechaza incautación de documentos y equipos de Europa Press y de periodista del Diario de Mallorca

La Federación de Asociaciones de Periodistas considera que esta incautación vulnera el derecho de los periodistas al secreto profesional, en el que se basa la protección de sus fuentes, y que incluye los documentos y los equipos con los que trabaja el reportero.

La FAPE rechaza tajantemente la incautación de documentación y equipos corporativos y personales efectuada hoy por  agentes de la Policía Nacional en la delegación balear de la agencia de noticias Europa Press y a un periodista del Diario de Mallorca, con el objetivo de determinar el origen de una filtración periodística.

Tres agentes y una secretaria judicial han entregado en la redacción de la Agencia de noticias la orden de registro y han exigido a la periodista que cubre la información relacionada con el caso Cursach que facilitase cualquier documentación sobre la macrocausa de la Policía Local.

Amparándose en el mandato judicial, los agentes se han llevado su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel. Además, la Policía también ha requisado su teléfono móvil particular a un periodista del Diario de Mallorca.

La FAPE considera que esta incautación vulnera el derecho de los periodistas al secreto profesional, en el que se basa la protección de sus fuentes, y que incluye los documentos y los equipos con los que trabaja el reportero.

En los casos de filtraciones, la jurisprudencia exime de este delito a los periodistas y lo atribuye en su caso a los funcionarios que hayan facilitado la información.

La FAPE recuerda que el secreto profesional es un derecho de los periodistas y tiene una doble finalidad: de un lado, ampara al periodista de los requerimientos de terceros (la Administración o los tribunales) para que revele sus fuentes; de otro, ampara también a la fuente que le ha suministrado la información.

Por lo tanto, los periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca no están obligados a revelar quienes le facilitaron la información y mucho menos a entregar los documentos y los equipos con lo que desarrollan su trabajo.

La FAPE recuerda que la jurisprudencia sostiene que la libertad de información legitima la actuación de los medios y de sus periodistas, al tiempo que hace prevalecer el derecho a las libertades de expresión y de información sobre otros derechos cuando la noticia cuestionada es veraz, se refiere a asuntos de interés general o de relevancia pública y está debidamente contrastada.

La FAPE exige la devolución del material incautado y la aclaración de los hechos y respalda todas las actuaciones en defensa de ambos periodistas y de sus medios que realice su federada en Baleares, la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares.

http://fape.es

 
CPJ: Asesinatos de periodistas en represalia por su trabajo se duplican el 2018

NUEVA YORK (EEUU).- El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), en sus siglas en inglés) denunció el aumento del número de ellos asesinados en el 2018, 53 en total, y destacó que se ha duplicado el número de profesionales de la información asesinados en represalia por desempeñar su labor.

“El número de periodistas asesinados en represalia por sus trabajos prácticamente se ha doblado en el 2018 respecto al año pasado, lo que ha elevado el número total de periodistas asesinados en su trabajo”, indicó el CPJ en un informe en el que denuncia especialmente el asesinato en Turquía del periodista saudí afincado en Estados Unidos Jamal Khashoggi.

Hasta el pasado 15 de diciembre se registraron 53 muertes en total, frente a las 47 del 2017 y las 50 del 2016.

Entre estas muertes, al menos 34 se debieron a asesinatos premeditados de periodistas en venganza por su trabajo, frente a los 17 profesionales muertos por el mismo móvil en el 2017.

El Comité señaló a Afganistán como el país con más muertes de informadores, debido “al aumento de los ataques deliberados contra los periodistas llevados a cabo por extremistas”.

Solo en este país asiático 13 periodistas perdieron la vida, nueve de ellos el 30 de abril en un doble ataque suicida cuya autoría fue asumida por el grupo terrorista Estado Islámico.

La ONG también destacó la muerte de cuatro periodistas en México, que el año pasado encabezó la lista de este tipo de defunciones con al menos seis profesionales asesinados.

Además, recordó el fallecimiento de otros cuatro reporteros en Estados Unidos, a manos de una persona que había denunciado sin éxito al medio en el que trabajaban, en Maryland, por una supuesta difamación.

Se trató “del ataque individual más mortal contra los medios en la historia reciente de Estados Unidos”, dijo la ONG.

En total, el CPJ apuntó que 34 reporteros fueron asesinados en represalia por su trabajo, 11 perecieron en fuego cruzado, en conflictos armados, y otros 8 en misiones peligrosas, como protestas violentas.

Para el Comité este incremento de muertes se produce “cuando el encarcelamiento de periodistas ha alcanzado un alto registro, aumentando la profunda crisis mundial en libertad de prensa”.

En su informe, el organismo vincula esta crisis con los cambios en la tecnología que, según el CPJ, han permitido que más personas practiquen el periodismo y, por otro lado, han favorecido que los grupos políticos y criminales prescindan de los periodistas para difundir su mensaje.

Asimismo, insiste en que hay “una falta de liderazgo internacional sobre los derechos y la seguridad de los reporteros”.

La ONG con sede en Nueva York también dedicó parte de su dossier a denunciar el asesinato en Turquía por agentes saudíes del periodista saudí afincado en Estados Unidos Jamal Khashoggi, un caso que destacó como ilustrativo de dicha “falta de liderazgo”.

“La Casa Blanca, tradicionalmente un fuerte defensor de la libertad de prensa a nivel global, ha sido ambigua a la hora de denunciar el asesinato de Khashoggi, a pesar de que, según el diario Washington Post, las conclusiones de la CIA aseguran que solo el príncipe heredero (Mohamed bin Salman) pudo haber ordenado una operación de ese tipo”, sostiene el CPJ.

En este sentido, recordó las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que preguntado sobre el tema subrayó que, “en todo caso”, la Casa Blanca “tiene la intención de continuar siendo un socio sólido de Arabia Saudí”.

“Esencialmente, Trump señaló que los países que hacen suficientes negocios con Estados Unidos son libres de asesinar a periodistas sin consecuencias”, denunció el CPJ.

El informe también recoge el caso del periodista checo Jan Kuciak, que fue asesinado en febrero.

Para el CPJ, esta muerte junto a la de la periodista del “Malta Times” Daphne Caruana Galizi, en el 2017, que “continúan sin resolverse”, favorecen “un estado de impunidad que (…) perpetúa una mayor violencia”.

Por otra parte, en las zonas de conflicto, como Yemen y Siria, el CPJ apuntó que las muertes de periodista en fuego cruzado ha registrado su nivel más bajo desde el 2011, debido a la “reducción del acceso en estos lugares” sumado al exilio, el abandono de la profesión o la percepción de un riesgo demasiado alto por parte de los reporteros.

Más allá de estas defunciones, la ONG investiga la muerte de otros 23 periodistas para determinar su origen.

Por su parte, en su informe anual Reporteros Sin Fronteras (RSF) también denunció el lunes una degradación de la libertad de prensa y apuntó que 63 miembros de los medios de comunicación fueron asesinados en el mundo en el 2018, la cifra más alta en tres años.

 
Fallece a los 83 años Joana Biarnés, la primera fotoperiodista española

BARCELONA.– Joana Biarnés, considerada la primera fotoperiodista española y una destacada defensora de los derechos de la mujer, falleció los 83 años, confirmaron a Efe fuentes próximas a la familia.

Nacida en Tarrasa (provincia de Barcelona) en 1935, era hija del también fotoperiodista deportivo Joan Biarnés, y a lo largo de su trayectoria colaboró en numerosos medios de comunicación españoles.

Biarnés se convirtió en la primera fotoperiodista española a principios de los años 60 del pasado siglo contratada por un medio de comunicación al entrar en el periódico Pueblo (ya desaparecido), donde trabajó con importantes periodistas españoles.

Fue la única fotoperiodista que estuvo cerca de los Beatles, acompañó a la cantante Massiel en el Festival de Eurovisión de 1968, fue la fotógrafa oficial de Raphael durante una década y amiga del cantante Joan Manuel Serrat, del director de orquesta Xavier Cugat, del actor Fernando Rey, del torero El Cordobés o de la Duquesa de Alba.

Fotografió además a Luis Buñuel, Salvador Dalí, Orson Welles, Audrey Hepburn, Jackie Kennedy, Yul Brinner, Jack Lemmon, Clint Eastwood, Roman Polanski o Lola Flores, entre muchos otros personajes famosos.

Hace dos años los retratos de esos personajes desfilaron por la exposición “Joana Biarnés. A contracorriente”, que pasó por Madrid, Zaragoza y Barcelona.

Su trabajo quedó también reflejado en el libro “Joana Biarnés. Disparando con el corazón”, una publicación antológica y biográfica que resume la trayectoria de esta mujer, que nadó a contracorriente en un mundo de hombres, venció los prejuicios e inmortalizó a grandes personajes de la historia.

Durante la presentación de la exposición en el Palau Robert de Barcelona, en octubre de 2017, la fotógrafa consideró que sus imágenes tienen “esa mirada femenina que tienen las mujeres fotógrafas y que es distinta a la de los hombres”.

Joana Biarnés abandonó la fotografía en 1985, “de un día para otro”, al sentirse desencantada porque la prensa sensacionalista lo invadía todo, según explicó en el mismo acto.

“Luchadora y bondadosa, todos aquellos que tuvimos la suerte de conocer a Joana no hicimos más que recibir lecciones de vida de una persona que, a pesar de su innegable talento, siempre destacó por su humildad”, subrayó hoy un comunicado de la familia y amigos de la fotógrafa.

El comunicado subraya que “en pleno franquismo se enfrentó al machismo de la época y, sin buscarlo, se convirtió en una pionera”.

Coherente con su ética profesional, añade la fundación, “abandonó el periodismo cuando se dio cuenta de que este había perdido su esencia y no fue hasta hace unos años que le llegó el merecido reconocimiento por su obra pero, también, por su personalidad coherente e insobornable”.

Sus allegados señalaron que “en estos últimos años estaba ilusionada y feliz por los numerosos proyectos que surgían fruto de este reconocimiento”.

Cuando era joven, Biarnés prometió a su padre -su mentor y referente-, que no le haría bajar nunca la cabeza, y el recuerdo de aquella promesa la guió el resto de su vida a través de una ética personal y profesional.

El pasado mes de noviembre, Biarnés fue distinguida con uno de los premios Gràffica “por saber captar la escena perfecta en el momento más idóneo y hacerlo con la sutil delicadeza de un felino (y sin traicionar o aprovecharse de aquellos que protagonizaban sus imágenes)” y “por disfrazarse de muchos personajes (secretarias, esposas) con un fin: conseguir la impecable instantánea que tanto anhelaba”.

El jurado de los premios Gràffica consideró que Biarnés demostró que “el buen fotoperiodismo no entiende de género o discriminación, sino de personas comprometidas, apasionadas y valientes” y valoró que con su “singular mirada” inmortalizó el mundo del deporte, la moda, la cultura, la política y la sociedad de su época.

Biarnés estuvo además en su carrera profesional muy comprometida con el feminismo y la defensa de los derechos de la mujer, una faceta que se refleja en el documental “Una entre todos”.

El galardonado fotoperiodista Gervasio Sánchez, uno de los responsables del redescubrimiento de sus trabajos, escribió hoy en su cuenta de Twitter que “el mejor homenaje que se le puede hacer a esa maravillosa mujer es conocer y profundizar en su obra, realizada en tiempos muy difíciles para una mujer fotógrafa que se dedicó en cuerpo y alma a su gran pasión: la fotografía”.

EFE

 
‘Narcopolítica’ es mezcla mortal para periodistas que cubren crimen y política

Eran las tres de la tarde del 13 de enero cuando Carlos Domínguez Rodríguez se detuvo en un semáforo en Nuevo Laredo, en el estado mexicano de Tamaulipas. Dos hombres se acercaron al auto del conocido columnista de periódicos, abrieron la puerta del conductor y lo apuñalaron más de 20 veces frente a su familia.

Domínguez, de 77 años, fue el primer periodista asesinado en México en 2018. El Comité para la Protección de los Periodistas, (CPJ) determinó que al menos cuatro periodistas, entre ellos Domínguez, fueron asesinados en represalia directa por su trabajo allí este año, y están investigando los asesinatos de otros cinco para determinar el motivo.

Aunque puede ser difícil determinar el motivo de estos asesinatos, el CPJ a menudo encuentra indicios de que el crimen organizado y los actores estatales pueden haber estado involucrados directa o indirectamente. Los observadores como Juan Veledíaz, un veterano reportero de delitos para el periódico nacional  El Sol de México , llaman a esto “narcopolítica”, el fenómeno de los funcionarios públicos, la política local y el crimen organizado que se entrelazan tanto que ya no son distinguibles.

“La narcopolítica significa que los intereses de los funcionarios públicos y el crimen organizado se superponen”, dijo al CPJ. “Como tal, se convierte en un enorme riesgo para los periodistas en este país que informan sobre el crimen y la corrupción”.

El efecto violento de esta superposición fue evidente en las elecciones de julio, cuando más de 150 candidatos fueron asesinados en lo que analistas como Alejandro Hope creían que era una mezcla de conflicto político y crimen organizado que intentaba integrarse en el proceso político. Por otra parte, Red #RompeElMiedo, una campaña de medios sociales dirigida por grupos locales de libertad de prensa, informó sobre 52 ataques a los medios durante el período electoral.

Las autoridades mexicanas han negado o ignorado durante mucho tiempo el papel de los actores estatales en la violencia contra la prensa, en lugar de culpar directamente al crimen organizado. En mayo del año pasado, el entonces presidente Enrique Peña Nieto organizó apresuradamente una cumbre para abordar el tema luego del asesinato en 2017 del reportero de Sinaloan Javier Valdez Cárdenas. Junto con los 32 gobernadores mexicanos y el Gabinete de Seguridad federal, Peña Nieto dijo que “[era] la obligación del estado mexicano en su totalidad de garantizar que los periodistas puedan ejercer su profesión, especialmente cuando se enfrentan a la amenaza del crimen organizado”.

Sin embargo, los datos compilados por organizaciones de libertad de prensa contradicen la narrativa oficial de que la delincuencia organizada es casi exclusivamente la culpable. Desde 1992, el CPJ ha encontrado que en al menos 10 casos los funcionarios gubernamentales o militares fueron los presuntos culpables de los asesinatos de periodistas mexicanos.

Además, en su informe anual publicado en marzo, el capítulo 19 del grupo de libertad de prensa de México encontró que el 48 por ciento de los ataques contra reporteros que documentó el año pasado fueron cometidos por o con la participación de funcionarios del gobierno.

Esas estadísticas no cuentan toda la historia. En México, la línea entre los funcionarios públicos y el crimen organizado es a menudo borrosa.

“En los lugares donde los funcionarios públicos locales y el crimen organizado se han fusionado, sus intereses se entrelazan y, a menudo, ambos son responsables de los ataques contra periodistas que amenazan sus intereses”, dijo Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, una organización sin fines de lucro de la Ciudad de México que brinda asistencia legal. Asistencia a periodistas y defensores de derechos humanos.

Mendiola y su organización representan a la familia de Miroslava Breach Velducea, una reportera asesinada en el estado norteño de Chihuahua el 23 de marzo de 2017. Breach, corresponsal del periódico La Jornada de la Ciudad de México, recibió amenazas luego de informar sobre pandillas criminales que intentaban postular candidatos electorales para alcalde en pequeños municipios de la región de Sierra Tarahumara, en el estado. Fue uno de los varios asesinatos que el CPJ ha documentado de dónde pudo haber sido el motivo la narcopolítica.

Otros casos incluyen a Leobardo Vázquez Atzín, de 42 años, quien fue asesinado  el 21 de marzo en Gutiérrez Zamora, Veracruz, el estado más mortal en México para periodistas. Antes de ser asesinado, Vázquez había criticado al alcalde de un pueblo cercano en Enlace Informativo Regional , una página de noticias que había iniciado recientemente en Facebook. El 20 de septiembre, cuatro sospechosos fueron arrestados por su presunta participación en una serie de delitos, incluido el asesinato de Vázquez, según los informes. Pero, a mediados de diciembre, las autoridades no habían dado a conocer más información sobre la identidad de los sospechosos o un posible motivo.

Y en Acapulco, Leslie Ann Pamela Montenegro del Real, de 36 años, fue asesinada a tiros el 9 de febrero. Conocida por su personaje excéntrico “La Nana Pelucas” (la abuela en pelucas) y lo que sus colegas describieron al CPJ como su “lengua afilada”. “Montenegro fue a menudo crítico de la política local en” El Sillón “, un programa de noticias satírico que transmitió en YouTube. Un día después del asesinato, el Procurador General de Guerrero, Javier Olea, dijo que Montenegro había provocado la ira de un funcionario del gobierno no identificado y un grupo criminal, y agregó que el periodista había sido amenazado por un oficial de policía con vínculos con la pandilla. Un sospechoso fue arrestado en agosto, según informes. A mediados de diciembre,

En el caso de Domínguez, la policía arrestó a un ex agente político llamado Rodolfo Cantú por acusaciones de orquestar el asesinato. El sobrino de Cantú es el ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Cantúrosas Villareal, a quien Domínguez había acusado de controlar una red de compañías fantasmas para lavar dinero. En una entrevista de marzo con El Universal, el hijo del reportero acusó a Cantúrosas de estar involucrada en el asesinato. El paradero de este último es actualmente desconocido y el CPJ no pudo encontrar los datos de contacto de él.

El CPJ preguntó a Irving Barrios Mojíca, fiscal general del estado de Tamaulipas, por mensaje de texto si Cantúrosas era sospechoso en el caso, pero hasta el 17 de diciembre no había recibido respuesta.

Más allá de los ataques por sus reportajes, los periodistas que trabajan para pequeños establecimientos locales también están a menudo en riesgo debido a sus estrechos vínculos con la política local. La mayoría de los periodistas en áreas remotas o pequeños municipios ganan el equivalente a unos pocos cientos de dólares por mes, con poco o ningún beneficio, según docenas de conversaciones que el CPJ ha tenido en los últimos meses con reporteros de todo el país. Para aumentar sus ingresos, los reporteros a menudo trabajan como portavoces o funcionarios de comunicación de los gobiernos locales, lo que puede dificultar en ocasiones que el CPJ determine si un ataque fue en relación con el periodismo o los vínculos políticos de una víctima.

El CPJ continúa monitoreando de cerca el progreso de las investigaciones en estos casos. Y, aunque el motivo exacto a menudo no está claro, no se puede descartar la “narcopolítica”.

Reporte de Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez y Ciudad Victoria

Por Jan-Albert Hootsen / Representante de CPJ México/Foto EFE

 
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