Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Lunes, 1 marzo 2021
Internacionales
La Prensa, de Nicaragua, vive la peor crisis en sus casi 95 años de historia

MANAGUA.- El diario La Prensa, el más antiguo de Nicaragua, está inmerso en la peor crisis de su historia debido a una demanda millonaria de uno de sus accionistas, que se suma a la asfixia económica a la que ha estado sometido desde que el sandinista Daniel Ortega, a quien considera su "peor enemigo", retornó al poder en enero de 2007.

Tras una demanda laboral de su exgerente general Hugo Holmann, que exige 2,3 millones de dólares por sus 25 años de servicio, el equipo de redacción del influyente periódico publicó un inusual comunicado en el que afirma que sus empleos están en riesgo por esa "exigencia monetaria".

Desde febrero pasado La Prensa lanzó un SOS para sobrevivir debido a que el Gobierno mantuvo retenido por 500 días su papel y puso en peligro su versión impresa, en el marco de la crisis social, política, de derechos humanos y económica que vive Nicaragua desde abril de 2018.

La retención del papel, más la asfixia económica estatal y la caída de la publicidad privada a raíz de la crisis económica, obligó a La Prensa a disminuir la cantidad de páginas, cerrar suplementos, entre ellos el satírico semanal "El Azote", el más popular entre sus lectores.

DESPIDEN A MÁS DEL 70 % DE SUS PERIODISTAS

El presidente de Editorial La Prensa, Jaime Chamorro Cardenal, ha reconocido que la actual es la peor crisis que ha sufrido La Prensa en sus casi 95 años de historia, y que han tenido que despedir a más del 70 % de sus periodistas.

La Prensa, fundado el 2 de marzo de 1926, ha denunciado que "el peor enemigo que ha tenido este diario en sus 94 años de existencia ha sido Ortega", quien lleva 13 años consecutivos en el poder desde 2007 y que también coordinó una Junta de Gobierno entre 1979 y 1985 y gobernó el país de 1985 a 1990.

Según Luis Sánchez Sancho, editorialista de ese diario, "matar a La Prensa ha sido un viejo delirio totalitario" de Ortega y los sandinistas desde que gobernaron por primera vez Nicaragua.

Recordó que en septiembre de 1981 una delegación del Consejo de Estado que presidía el fallecido "comandante" sandinista Carlos Núñez fue a Cuba en misión oficial, y un comandante de la revolución cubana reprochó a Núñez por qué el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) todavía no había liquidado a La Prensa, como lo habían hecho ellos con el Diario de La Marina, un histórico periódico independiente de la isla.

De acuerdo con Sánchez Sancho, el "comandante" sandinista solo atinó a decir que en Nicaragua estaban haciendo las cosas de manera gradual, "pero que La Prensa inevitablemente tendría que desaparecer".

VIEJA PUGNA FAMILIAR

El libro "Lo que se quiso ocultar, 8 años de censura sandinista", de Roberto Cardenal, señala que los sandinistas, tras derrocar al dictador Anastasio Somoza Debayle, el 19 julio de 1979, ofrecieron a los dueños de La Prensa "convertirlo en el órgano oficial de la Revolución", y al no lograrlo, lanzaron una "conjura" desde adentro que dividió la redacción y una parte fundó el ahora desaparecido El Nuevo Diario.

Para entonces, narra Cardenal en su libro, los sandinistas convencieron a una de las tres familias Chamorro dueñas del diario a estar al servicio de la revolución, y con el apoyo de una parte de los redactores planearon la toma de las instalaciones físicas y declarar una huelga indefinida, pero no lograron ninguno de sus objetivos: cambiar la línea editorial, controlarlo o cerrarlo definitivamente.

Cuatro décadas después, otro miembro de la familia Chamorro, Hugo Holmann, abre otro capítulo en la historia de La Prensa al demandar por la vía laboral a la empresa de su familia en la que solicita 2,3 millones de dólares por indemnización.

En un editorial titulado "La demanda del accionista Holmann contra LA PRENSA y su familia", ese periódico explica que despidió a su gerente general "porque cometió faltas contra principios éticos que la familia Chamorro defiende", y que uno de ellos es "el respeto a la dignidad de nuestros trabajadores que fue atropellada de diversas formas por el señor Holmann".

También aseguró que otorgaron a Holmann 445.000 dólares en concepto de liquidación, más el seguro de vida, seguro de salud y una camioneta valorada en 120.000 dólares, y que luego aceptó un nuevo contrato ajustado a la realidad del negocio.

Pero después de "comprobarse que solo llegaba cuatro horas a la semana y maltrataba al personal, fue despedido en diciembre de 2019 con la invitación de hacer un finiquito que no quiso aceptar y cortó toda documentación" y luego presentó la demanda, según el rotativo.

El equipo de redacción cerró filas con la Junta Directiva, corroboró los maltratos que recibía del anterior gerente general, a quien acusan de querer "quebrar a la empresa mediante una millonaria demanda, que se suma a la asfixia económica que el régimen de Ortega ha impuesto al periódico en los últimos años".

La Prensa y Hoy, que pertenecen al Grupo Editorial La Prensa, son los últimos periódicos impresos de circulación nacional que quedan en Nicaragua.

EFE

 
Tres años del asesinato de Daphne Caruana Galizia, tres años sin justicia

ROMA.- Hace tres años la periodista maltesa de investigación Daphne Caruana Galizia era asesinada con una bomba adosada en su coche, un crimen que sacudió la política y la vida de este pequeño país insular europeo y que sigue sin esclarecerse y envuelto en sombras.

En la tarde del 16 de octubre de 2017 una explosión sacudió el páramo maltés de Bidnija. Dentro de un coche en llamas se encontraba Caruana Galizia, una de las periodistas más importantes de Malta por sus investigaciones sobre la corrupción y los "Papeles de Panamá".

Su asesinato conmocionó a este país comunitario enclavado en el Mediterráneo, arrolló al hasta entonces popular primer ministro, Joseph Muscat, y fue objeto de una investigación aún por concluir que no ha dejado de desvelar hechos del todo inquietantes.

CRONOLOGÍA DE UN ATENTADO CONTRA LA LIBERTAD DE PRENSA

El de Caruana Galizia es un crimen contra la prensa y el estado de derecho "impensable" en Europa. Así lo denuncian desde Reporteros Sin Fronteras (RSF), que sitúa a Malta en el puesto 81 de su lista de 180 países sobre el respeto de la libertad de prensa en el mundo.

Tras el asesinato, su familia, especialmente sus tres hijos, y otras figuras de la isla defendieron enseguida que detrás del crimen estaba una mafia que implicaba a empresarios y miembros del Gobierno de Muscat, quien se comprometió a "llegar al fondo" del asunto.

¿La razón? La periodista, autora del blog "Running Commentary", ahondaba en una serie de supuestos casos de corrupción dentro del Gobierno maltés y los lazos del narcotráfico y del crimen organizado que se habían extendido a lo largo y ancho de la isla.

Apenas dos meses después se arrestó a diez personas sospechosas de participar en el crimen y se señaló especialmente a los hermanos Alfred y George Degiorgio y Vince Muscat, los tres con antecedentes y que podrían haber sido quienes detonaron la bomba.

Pero el caso estaba destinado a inflamarse. El 20 de noviembre de 2019 fue detenido a bordo de un lujoso yate el empresario Yorgen Fenech, cuando intentaba salir de las aguas territoriales maltesas.

El magnate, hostigado por las investigaciones de la periodista, fue acusado de idear el crimen y enseguida dirigió su acusación contra el Gobierno, especialmente contra el jefe de gabinete de Muscat, Keith Schembri, a quien calificó de cerebro del asesinato.

Schembri y varios ministros dejaron su cargo al ser sospechosos de mantener lazos financieros con el empresario, una catarata de renuncias que pusieron contra las cuerdas al primer ministro Joseph Muscat, que acabó dimitiendo nada más empezar el año 2020.

Importante fue la detención del taxista Melvin Theuma, supuesto intermediario entre los mandantes y los ejecutores y quien acusó a Fenech y Schembri de ser los autores intelectuales del homicidio.

La investigación parece haber sacado a la luz una auténtica red criminal en la que convergen empresarios, políticos y hasta policías y en la que algo en efecto huele a podrido.

Basta pensar que el pasado verano Theuma, testigo clave y amnistiado por sus testimonios, fue encontrado en su casa gravemente herido con cortes en el tórax, el cuello y las muñecas. Se barajó el intento de suicido pero él ya temía por su vida.

LOS MALTESES QUIEREN LA VERDAD

En cualquier caso tres años después del atentado la verdad sigue sin salir a la luz, aunque algo ha cambiado en Malta, donde la población y asociaciones civiles no han dejado de manifestarse para denunciar la ley del silencio imperante y reclamar justicia.

Para conmemorar el asesinato e impedir que caiga en el olvido, varias organizaciones como "Repubblika", "Occupy Justice Malta" o "GAMAG Europe" han organizado un foro hoy para debatir sobre el estado del periodismo en Malta.

Le seguirá un momento de silencio en el lugar en que la periodista fue asesinada, una misa y la presentación de un documental sobre el caso, "When they come undone", todo respetando las medidas contra el coronavirus.

Los organizadores han emitido un comunicado en sus redes sociales en el que denuncian que el suceso "ha revelado importantes problemas de corrupción", piden enjuiciar a los empresarios bajo la lupa de Caruana Galizia y se recuerda que todavía "no se ha hecho justicia".

Y tienen un recado especial para el sucesor de Muscat al frente del Gobierno, Robert Abela, a cuyo gabinete laborista consideran "cómplice directa o indirectamente" del anterior.

En concreto le exigen que no se excuse con la pandemia y que de una vez por todas se comprometa a arrojar luz sobre estos hechos.

"Le recordamos que nosotros, el pueblo, seguimos vigilando, estamos más enfadados que nunca y no dejaremos de luchar por la justicia de Daphne Caruana Galizia, por la justicia de nuestro país y de nuestra gente, hasta que no se nos ofrezca de verdad", zanjan.

Por su parte el Consejo de Europa ha reclamado "verdad y justicia" y una investigación independiente sobre el homicidio y, para homenajear a la periodista, publicó algunas partes de su última entrevista que ella misma ofreció sobre los riesgos de su trabajo.

En aquella conversación recordaba las amenazas que vivió durante años por sus indagaciones y las presiones del poder a sus editores para que le quitaran su columna y señala al Partido Laborista como responsable de su hostigamiento público.

"Las mayores dificultades que encuentro derivan del hecho de que ellos me han convertido en un chivo expiatorio nacional. Y esto ha ocurrido durante los últimos treinta años, por lo menos", avisaba.

EFE

 
La justicia francesa confirma que Google tiene que negociar con la prensa

PARÍS.- La justicia francesa confirmó la obligación que le había impuesto en abril a Google la Autoridad de la Competencia de negociar con los editores de prensa un mecanismo para remunerarles por la publicación de sus contenidos.

El Tribunal de Apelación de París rechazó la demanda del gigante estadounidense de internet, que pretendía anular esa obligación, por considerar que es "proporcionada" dada la situación del mercado.

Además, condena a Google al pago de 20.000 euros a cada una de las tres partes que defendían sus intereses, el Sindicato de Editores de la Prensa Magazine (SPEM), la Alianza de la Prensa de Información General (APIG) y la agencia AFP.

La Autoridad de la Competencia de Francia había instado al buscador a negociar "de buena fe" con los editores de prensa amparándose en la ley francesa en vigor desde el 24 de octubre pasado, que transpone la directiva europea sobre los derechos conexos de abril de 2019.

Por esa razón, la posición de la justicia francesa podría tener consecuencias indirectas también en otros países europeos.

El Tribunal de Apelación de París confirmó el análisis de la Autoridad de la Competencia en el sentido de que los editores de prensa tienen un muy elevado nivel de dependencia de Google para el tráfico de visitantes a sus páginas web (entre un 26 y un 90 %, según un estudio de la publicidad).

Y que a la vista de esa dependencia, no pueden permitirse el lujo de prescindir de esa aportación por sus dificultades económicas.

Google recurrió ese dictamen de la Autoridad de la Competencia ante la justicia, pero al mismo tiempo abrió discusiones con la AGIP.

A ese respecto, antes incluso de que se hiciera pública la sentencia del Tribunal de Apelación de París, el gigante estadounidense hizo notar que esas negociaciones "han evolucionado positivamente en las últimas semanas".

Una evolución confirmada por el responsable de la negociación por la APIG, Pierre Louette, que certificó que "Google acepta el principio de la remuneración para las cabeceras de prensa y por tanto hace realidad los derechos conexos".

Por su parte, el "número uno" de Google en Francia, Sébastien Missoffe, indicó que su empresa quiere "apoyar el periodismo y asegurar que el mayor número posible de personas pueden seguir accediendo a contenidos de calidad".

EFE

 
HRW pide a OEA rechazar leyes que "reprimen" libertad de prensa en Nicaragua

MANAGUA.- Human Rights Watch (HRW) urgió a los países de la OEA rechazar las nuevas leyes que el sandinismo prepara sobre ciberdelitos y agentes extranjeros, las cuales, advirtió, "reprimen el disenso y la libertad de prensa" en Nicaragua.

"Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) deben pronunciarse urgentemente contra la más reciente arremetida autoritaria del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega", abogó HRW en una declaración pública.

Agregó que la OEA "debe rechazar categóricamente los recientes proyectos de ley que buscan aumentar la censura y la represión a los periodistas independientes y organizaciones de derechos humanos".

Según HRW, la iniciativa de Ley Reguladora de Agentes Extranjeros, presentada por los legisladores oficialistas, permitiría que el Gobierno de Ortega "controle las actividades de prácticamente cualquier persona que reciba fondos o apoyo del exterior, incluidas organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes".

En tanto, la Ley de Ciberdelitos penalizaría la difusión de "noticias falsas y otras expresiones en internet, que podría usarse para silenciar y castigar la libre expresión".

OEA NO DEBE GUARDAR SILENCIO

"Estos proyectos de ley pretenden darle una fachada de legalidad al Gobierno de Ortega para seguir hostigando y persiguiendo a periodistas, organizaciones de derechos humanos y a cualquier otra persona que critique al Gobierno", explicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

"Los Estados de la OEA no deben guardar silencio mientras Ortega intensifica su ataque contra las voces críticas de su Gobierno", continuó.

HRW dijo que ha documentado que otros países, como Rusia, han usado leyes similares sobre "agentes extranjeros" para silenciar a la sociedad civil.

Esa iniciativa contempla multa, la confiscación de sus bienes y la cancelación de la personalidad jurídica a "agentes extranjeros", si intervienen en "cuestiones, actividades o temas de política interna", y les prohíbe que se postulen a cargos públicos.

Por su lado, sostuvo HRW, el proyecto sobre "ciberdelitos" incluye varias disposiciones "excesivamente amplias que amenazan particularmente la libertad de prensa".

"REPRIMIR" EL DISENSO

"Estos proyectos de ley incluyen numerosas disposiciones de contenido excesivamente amplias que son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y podrían ser usadas fácilmente para perseguir a críticos y medios de comunicación", dijo esa ONG.

HRW también criticó que el Ejecutivo esté considerando penas de prisión perpetua para los "crímenes de odio", cuando el derecho nicaragüense no contempla los "crímenes de odio, pero el Gobierno a menudo ha acusado a críticos y opositores políticos de cometer estos delitos".

"Dado que el Gobierno nicaragüense ha acosado y perseguido penalmente a periodistas y opositores en el pasado, su retórica sobre una reforma contra los "crímenes de odio" parece ser un intento más por intimidar a sus críticos", apuntó ese organismo.

Esas polémicas iniciativas de ley se dan en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde hace más de dos años.

Vivanco dijo al respecto que "a pesar de la violenta represión y la creciente hostilidad que sufren los medios y las organizaciones de derechos humanos en el país, estas entidades siguen denunciando los abusos que comete el Gobierno de Ortega".

"Sin embargo, los nuevos proyectos legislativos de Ortega podrían terminar por sofocar definitivamente a la sociedad civil y al periodismo independiente en Nicaragua", avisó.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.

EFE

 
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Créditos: Eylen Jalilíe