Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Miércoles, 21 octubre 2020
Internacionales
El empeño de Vietnam en silenciar el periodismo digital

HO CHI MINH.- La detención de la prominente periodista y activista Pham Doan Trang expone la dificultad de ejercer el periodismo en Vietnam, mientras el régimen comunista está empeñado en silenciar las publicaciones digitales que funcionan como alternativa a los controlados medios tradicionales.

La Policía arrestó a Trang en la noche del lunes en Ho Chi Minh (antigua Saigón), acusada de propaganda contra el Estado por "producir, almacenar, diseminar o propagar información, materiales y productos que persiguen oponerse a la República Socialista de Vietnam".

La detención se produjo horas después del encuentro anual sobre derechos humanos entre Vietnam y Estados Unidos, una reunión en la que se trataron asuntos como la libertad de expresión, en la que Vietnam figura en el puesto 175 sobre 180, según Reporteros Sin Fronteras.

Convertida en una de las voces más prominentes contra el régimen comunista de Hanói en asuntos como el medio ambiente, los derechos de las mujeres, la brutalidad policial y los conflictos por la tierra, Trang vivía sin domicilio fijo, consciente de que su detención podía producirse en cualquier momento.

"No me puedo quedar en la misma casa más de un mes", comentaba a Efe el pasado enero.

El profesor de la Universidad de South Wales (Australia) Carlyle Thayer explica su arresto en este momento por la voluntad de acallar voces críticas ante la cercanía del Congreso del Partido Comunista el próximo enero, en el que serán elegidos los líderes del país para el próximo lustro.

"Es un tiempo propicio para que los futuros líderes demuestren su lealtad al régimen socialista de partido único reprimiendo a activistas prodemocracia para asegurarse así un camino sin obstáculos al congreso del partido", dice el académico a Efe.

CONFLICTO POR LA TIERRA

Otro de los posibles motivos de la detención de Trang es su participación en un libro que cuestiona la versión oficial acerca de un violento enfrentamiento entre los vecinos de una aldea cercana a Hanói y la Policía por la propiedad de unos terrenos.

El conflicto, larvado durante décadas, llegó a su punto álgido en la madrugada del 9 de enero, cuando los vecinos se resistieron a la irrupción de decenas de policías y el enfrentamiento se saldó con la muerte de tres agentes y un líder vecinal de 84 años.

Frente a la versión oficial difundida en la prensa, Trang y los otros cuatro coautores del libro (tres de ellos también han sido detenidos en los últimos meses) exculpaban a los lugareños y acusaban de brutalidad a las fuerzas del orden.

Semejante desafío al relato de las autoridades resulta impensable en los medios de comunicación tradicionales, controlados por los aparatos del Estado o del Partido Comunista, que gobierna el Vietnam reunificado desde 1975.

PRENSA CONTROLADA

Aunque Vietnam ha completado en las últimas tres décadas una asombrosa transición económica desde una economía socialista hacia un libre mercado supervisado por el gobierno comunista, los medios de comunicación se han quedado al margen y siguen sujetos a un férreo control estatal.

"El código penal de Vietnam contiene artículos muy vagos que criminalizan todo tipo de comportamientos como propaganda contra el Estado. Todos los medios de comunicación pertenecen al Estado y todos los editores practican una forma de autocensura siguiendo las indicaciones del Ministerio de Información y Comunicaciones", apunta Thayer.

Los funcionarios de este ministerio se reúnen una vez a la semana con los directores de los periódicos para analizar lo publicado en los últimos días e informar de qué asuntos es aconsejable tratar y cuáles es mejor dejar de lado.

"Uno siempre es consciente de sus límites, de hasta dónde puede llegar, aunque a veces no estén claros y sean simples suposiciones que uno hace", apunta un periodista que prefiere permanecer en el anonimato.

Pese a esta autocensura, los medios oficiales se ven a veces envueltos en problemas, como le ocurrió en 2018 al portal del diario Tuoi Tre (Juventud), clausurado durante tres meses por "citar mal" declaraciones del presidente del país.

NUEVAS VOCES

La propia Trang trabajó durante años en el periódico oficial Phap Luat, hasta que decidió abandonar los medios controlados por el Estado y dar el salto a la prensa en internet, que en la última década se ha convertido en el refugio y altavoz de la disidencia del país.

En paralelo a la proliferación de blogs y publicaciones críticas en redes sociales como Facebook o Youtube, un grupo de intelectuales fundó en 2014 la Asociación de Periodistas Independientes del país, con unos 80 miembros que crearon un periódico digital, el Vietnam Thoi Bao (Vietnam Times).

Su impulsor, Pham Chi Dung, un antiguo cuadro del Partido Comunista, fue arrestado el pasado noviembre con la misma acusación de propaganda contra el Estado que pesa sobre Trang y once meses después sigue esperando la celebración del juicio.

Además de estas detenciones de figuras prominentes, en los últimos meses se han multiplicado los arrestos y multas por publicaciones en las redes sociales, en especial desde la aprobación en 2019 de la ley de ciberseguridad, que castiga los contenidos críticos y obliga a las empresas tecnológicas a proporcionar datos personales de sus usuarios.

Thayer cree probable que las detenciones sigan en aumento y vayan engordando la lista de los presos de conciencia, que asciende a 138 según las últimas estadísticas de Amnistía Internacional, casi el doble de los 84 contabilizados en 2016.

El académico no prevé que el régimen abra la mano con la libertad de expresión a medio plazo y vaticina que la transición en el liderazgo del país que culminará en el congreso del partido en enero "solo reforzará el sistema actual, no lo reformará".

EFE/ Eric San Juan

 
Periodistas de Nicaragua anuncian que recurrirán contra ley de ciberdelitos

MANAGUA.- El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) dijo que recurrirán por inconstitucionalidad contra la Ley Especial de Ciberdelitos, una vez sea aprobada por la Asamblea Nacional, en donde los sandinistas, promotores de esa iniciativa, tienen mayoría absoluta.

El comunicador Sergio Marín Cuernavaca, directivo del PCIN, dijo en rueda de prensa que agotarán la vía legal en Nicaragua para luego entablar "un juicio internacional en contra del régimen de Daniel Ortega".

Marín Cuernavaca, director de la plataforma digital La Mesa Redonsa, indicó que recurrirán ante la Corte Suprema de Justicia, a la que señaló de ser un poder del Estado al servicio del presidente Ortega, pero que igual tienen que agotar las vías legales internas.

Además del recurso, aseguró que harán un periplo por diversas embajadas acreditadas en Nicaragua para explicar el por qué de su condena y rechazo a esa ley, que catalogan como "Ley Bozal" o "Ley Mordaza".

LLAMADO A COMUNIDAD INTERNACIONAL

Asimismo, el PCIN hizo un llamado a la comunidad internacional "para que tomen nota de lo que está ocurriendo en Nicaragua" con ese proyecto y la iniciativa de Ley Reguladora de Agentes Extranjeros, que, a juicio de Marín Cornavaca, "laceran y vulneran los derechos de los nicaragüenses".

Mientras tanto, afirmó, informarán "para resistir" y resistirán "para informar".

"La prensa independiente no ha mentido, la prensa independiente ha denunciado con pruebas, la prensa independiente ha sido responsable", dijo, por su lado, la comunicadora Abigail Hernández, también directiva del PCIN.

Hernández advirtió que "un país que no tiene prensa independiente, es un país que muere día a día".

Además, alertó que esa iniciativa no afecta únicamente a los medios tradicionales y alternativos, sino también a cualquier usuario de redes sociales.

El PCIN hizo un llamado a seguir informando, a mantenerse unidos y a denunciar en todos los foros "esta nueva escalada de represión del régimen, porque quiere acabar con la libertad de expresión y con la libertad de prensa en Nicaragua", según Marín Cornavaca.

Esas declaraciones fueron ofrecidas en el marco de una cadena de radio y redes de noticias contra la iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos, calificada como "Ley Mordaza" por el Foro de Prensa de Nicaragua.

A UN AÑO DE ELECCIONES

El Ejecutivo sandinista, a través de sus diputados en la Asamblea Nacional, está promoviendo esos controvertidos proyectos de leyes, en medio de la grave crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, y a un año de la celebración de las próximas elecciones nacionales.

Diferentes sectores de la oposición nicaragüense, organismos humanitarios, gremios empresariales, entre otros, han expresado su rechazo a esas iniciativas bajo el argumento de que busca controlar, neutralizar y "criminalizar" a la disidencia organizada, a las ONG, a los partidos políticos, a la sociedad civil y a la prensa independiente.

El jueves, el denominado Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua rechazó la ley de ciberdelitos que plantea castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y pedir la extradición de quienes atenten contra la seguridad del Estado.

Según ese foro, esa ley persigue censurar, amenaza a periodistas, medios de comunicación y ciudadanía en general. A su vez, apunta a controlar y censurar la información en internet, criminaliza a los informantes e impediría las investigaciones periodísticas, entre otros.

Las polémicas iniciativas han sido remitidas a varias comisiones legislativas, incluida la de Asuntos Jurídicos, que será la encargada de presentar el dictamen antes de ser discutido en el plenario en una fecha aún no precisada. EFE

 
Ocho meses sin noticias de Daysi, la joven periodista desaparecida en Perú

Ocho meses han pasado sin que se sepa nada de la joven periodista peruana Daysi Mina Huamán, cuya desaparición ha sido incluida por el grupo internacional de medios One Free Press Coalition dentro de los diez casos más urgentes a resolver en el mundo por ataques y hostigamientos a mujeres periodistas.

El caso de Daysi, de 21 años, ocupa el cuarto lugar en la lista de esta coalición de la que forma parte Efe, y es la única latinoamericana junto a casos emblemáticos de otras regiones del mundo como la egipcia Solafa Magdy, acusada de terrorismo y detenida en condiciones inhumanas e insalubres.

El caso de la joven periodista, que trabajaba en el canal de televisión local VRAE TV (Valle de los Ríos Apurímac y Ene), la principal zona de producción de cocaína de Perú, el segundo productor mundial de esta droga, parece apuntar sin embargo más a otro flagelo que golpea a las mujeres peruanas: la violencia machista y el desinterés de las autoridades por atajar ese problema.

SIN RASTRO

A Daysi se le perdió el rastro el 26 de enero, día en que Perú celebró sus elecciones parlamentarias, cuando regresaba desde el municipio de Santa Rosa, donde había votado y reportado sobre los comicios, hasta la casa donde convivía con su pareja, en la localidad vecina de San Francisco.

En ese trayecto de alrededor de una hora de viaje por carretera de tierra a través de esta agreste zona de selva montañosa de la región de Ayacucho, en el sur de los Andes peruanos, se perdieron las huellas de la reportera.

Gracias a los esfuerzos de búsqueda emprendidos por su familia se encontraron a un lado de la carretera su DNI, su tarjeta bancaria y su carné universitario, pues hasta hacía poco cursaba estudios de pedagogía en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”, de Lima.

Sin embargo, la familia de la reportera desaparecida se ha encontrado con una desesperante burocracia y la investigación que apenas ha avanzado, menos aún con los largos meses de confinamiento que ha vivido Perú por la pandemia del coronavirus.

“Fue muy complicado primero poner la denuncia”, comentó a Efe Denia Mina Huamán, la hermana de Daysi, que hasta ahora no ha cesado de exigir públicamente a las autoridades que cumplan con investigar y dar con el paradero de su hermana.

DESINTERÉS Y BUROCRACIA

Al inicio la comisaría de Santa Rosa no quiso recibir la denuncia bajo el argumento de que el abuelo, el único de la familia que en ese momento se encontraba en el municipio para poder hacer el trámite, no era un pariente directo.

Tuvo que ubicar a su madre, que se encontraba haciendo labores agrícolas en una zona poco accesible de selva, para que formalizara la denuncia mientras el tiempo pasaba.

Luego la comisaría tardó más de lo debido en trasladar el expediente a la unidad especializada de la Policía que se encuentra en Kimbiri, al otro lado del río Apurímac, en la región de Cusco, y el fiscal Felipe Chuchón, que tomó el caso, lo calificó de leve, por lo que no dio prioridad a las investigaciones.

Este fiscal incluso recriminó a la hermana de Daysi la relevancia pública que le estaba consiguiendo dar a la desaparición y le advirtió que eso le podía costar la vida a su hermana en caso de que estuviese secuestrada, culpándola a ella de una eventual muerte.

EFE

 
Periodista rusa se quema a lo bonzo frente al edificio de la policía

MOSCÚ.- La periodista rusa Irina Slávina falleció tras quemarse a lo bonzo frente a la sede del Ministerio del Interior en la ciudad de Nizhni Novgorod, según informaron testigos presenciales a medios locales.

“Pido que se culpe de mi muerte a la Federación Rusa“, escribió previamente en su página de Facebook Slávina, directora del diario digital “Koza Press”.

Slávina, de 47 años de edad, murió a consecuencia de las quemaduras recibidas antes de que los policías pudieran apagar las llamas, según confirmaron los servicios de emergencias.

El líder opositor ruso, Alexéi Navalni, acusó en su cuenta de Twitter a las autoridades de incitar a Slávina a quitarse la vida al fabricar un caso político contra ella y registrar la víspera su domicilio derribando la puerta.

Comparte su opinión el multimillonario ruso Mijaíl Jodorkovski, que acusó a las fuerzas de seguridad de presionar a Slávina en el caso abierto contra la organización opositora patrocinado desde el exilio Rusia Abierta.

Slávina, que dirigía un medio muy crítico con el Gobierno local, era también una activista y fue multada en 2019 por organizar una acción en memoria del opositor ruso Boris Nemtsov, asesinado frente al Kremlin en 2015.

Según otros medios, Slávina era miembro de la Iglesia Pastafarí fundada en EEUU, que algunos consideran una secta y cuya filial rusa tendría relación con Jodorkovski.

Slávina era una conocida periodista en Nizhni Nóvgorod, una de las principales ciudades de Rusia y su muerte provocó la reacción de numerosos opositores y activistas de derechos humanos, que relacionaron el deceso con la preparación en todo el país de las elecciones legislativas de 2021. EFE

 
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Créditos: Eylen Jalilíe