Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Martes, 11 agosto 2020
Internacionales
Demandan otra vez a la periodista filipina Maria Ressa por ciberdifamación

MANILA.- La conocida periodista filipina Maria Ressa tiene pendiente una segunda demanda por ciberdifamación, interpuesta por el empresario Wilfredo Keng el pasado 13 de febrero a causa de un tuit publicado un año antes por la directora de Rappler, informó ese medio.

Maria Ressa ya fue declarada culpable el lunes de ciberdifamación a raíz de una demanda presentada también por Keng en 2017 debido a un artículo publicado por Rappler en mayo de 2012, en el que el empresario era vinculado con el tráfico de drogas y la trata de personas, alegaciones basadas en un informe de la inteligencia.

Por esa demanda, Ressa y el periodista Reynaldo Santos -autor del artículo- pueden enfrentarse a entre 6 meses y 6 años de prisión, aunque la sentencia aún no es firme.

En esta nueva querella, Keng demanda a la periodista por un tweet del 19 de febrero de 2019, que mostraba capturas de pantalla de un artículo ahora retirado en la página web del periódico Philstar, que relacionaba al empresario con el asesinato del exconcejal de Manila Chika Go.

El Philstar retiró el artículo al día siguiente de su web después de que los abogados de Keng amenazaran con emprender acciones legales.

La dirección del medio indicó que querían ser "prudentes" ya que "el alcance y los límites de la Ley de Prevención de Delitos Cibernéticos de 2012 -la que sirvió de base para condenar a Ressa- aún no han sido explorados", informa hoy Rappler.

Según la querella de Keng de once páginas, al publicar ese artículo, Ressa "difundió imputaciones maliciosas" contra él "con sus 350.000 seguidores y cualquier persona con acceso a internet".

Los supuestos vínculos de Keng con las drogas y el tráfico de personas que citaban los artículos de Rappler y de Philstar se basaron en un informe confidencial de inteligencia, obtenido por el veterano periodista de investigación Aries Rufo, fallecido en 2015 y quien contribuyó en la historia de Santos.

La condena por ciberdifamación de Ressa y Santos del pasado lunes ha sido muy cuestionada por expertos legales en Filipinas, ya que el delito de difamación prescribe después de un año y la demanda de Keng se produjo 5 años después de la publicación del reportaje.

Sin embargo, el Departamento de Justicia admitió a trámite la demanda en base a una reciente ley de Delitos Cibernéticos y estableció que la ciberdifamación prescribe a los 12 años.

Otra irregularidad es que la ley se aprobó en octubre de 2012, cinco meses después de la publicación del reportaje, por lo que se aplicó con carácter retroactivo. La fiscalía se apoyó en el hecho de que un error tipográfico se corrigió en 2014, para alegar la "republicación" del mismo y eludir el escollo de la retroactividad.

Ressa tiene otros siete casos criminales pendientes relacionados con evasión de impuestos y la ley de propiedad de medios filipinos, causas que ella achaca a una "persecución política" por el periodismo crítico de Rappler con el gobierno de Rodrigo Duterte, quien no ha ocultado su animadversión hacia el medio.

EFE

 
FEPALC: Violencia contra periodistas en EEUU no debe quedar impune

El uso desmedido, arbitrario y deliberado de la fuerza policial contra periodistas, en el marco de las protestas en Estados Unidos a partir del asesinato del ciudadano George Floyd, no debe quedar impune.

La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) hace un llamado para que se castigue a los agresores de decenas de periodistas víctimas de violencia y arbitrariedades en las ciudades de Nueva York, Chicago, Washington DC, Minneapolis, Pittsburgh, Los Ángeles, Filadelfia, San Diego, Detroit y Denver; varios de ellos incluso resultaron con heridas considerables. La policía disparó balas de goma en el rostro de más de un periodista que, probablemente, no recuperarán la visión.

Ante esta situación demandamos poner fin a cualquier acción que afecte el derecho a la información y la libertad de prensa y requerimos se garantice a los periodistas trabajar de manera segura durante cualquier tipo de protestas.

Finalmente, expresamos nuestra firme solidaridad con las y los trabajadores de la prensa, sus organizaciones -en especial con el National Writers Union (NWU) y el NewsGuild-CWA-, y con el pueblo norteamericano en general en este difícil momento de crisis y auguramos una salida democrática que garantice los derechos a todos los sectores de la sociedad estadounidense, en el marco de lo prescrito en la Primera Enmienda Constitucional.

América Latina-Caribe, 16 de junio del 2020

FEDERACIÓN DE PERIODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (FEPALC)

Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE)

Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ)

Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER)

Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica

Federación Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de Chile (FENATRAMCO)

Associations des Journalistes Haitiens (AJH)

Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa de México (SNRP)

Sindicato de Periodistas de Panamá (SPP)

Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP)

Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP)

Asociación de Prensa Uruguaya (APU)

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de República Dominicana (SNTP)

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP)

Foto EFE

 
Al menos 400 ataques a la libertad de prensa en EEUU durante las protestas

NUEVA YORK.- Desde el pasado 26 de mayo, con el inicio de las protestas en EEUU por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco, se han producido en el país unas 400 violaciones de libertad de prensa, según indicó este viernes en un comunicado el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, sus siglas en inglés).

La cifra es un reflejo de los incidentes contra periodistas en las protestas que ha registrado el US Press Freedom Tracker, del cual el CPJ es un miembro fundador, y ha llevado a este grupo y a otras asociaciones locales e internacionales a enviar una carta al presidente de EEUU, Donald Trump, y a los gobernadores del país, pidiendo que se expresaran públicamente en contra de estos ataques.

“No es una sorpresa que los periodistas hayan salido a la calle a cubrir las mayores protestas que se han registrado en EEUU en los últimos 50 años. Lo que ha sido sorprendente es que los periodistas hayan sido tratados con violencia (…) por la Policía por hacer su trabajo”, señaló en un comunicado la representante de CPJ Courtney Radsch.

Mientras algunos de los incidentes se han producido cuando los periodistas han quedado atrapados en violentas protestas, la gran mayoría de los ataques, alrededor de un 80 %, han sido llevados a cabo por las fuerzas del orden, según el US Press Freedom Tracker, que señala que se han recibido información de este tipo de sucesos en 61 comunidades y 33 estados de todo el país.

“Los policías detrás de estos ataques no están cumpliendo la ley ni se están ateniendo a la Constitución de EE.UU”, señaló Radsch, que dijo que periodistas claramente identificados, con acreditaciones de prensa y con equipamiento profesional, han sido objeto de asaltos por parte de las fuerzas del orden.

“Determinar cómo de prevalentes son estos ataques ha sido crítico para enfrentarnos al problema más amplio de impunidad policial”, aseveró la portavoz del CPJ.

Algunos de los ataques, subraya el CPJ, parecen haber sido racistas, como el del corresponsal de la CNN Omar Jimenez, que fue arrestado en Mineapolis el 29 de mayo mientras que otro compañero blanco, que era parte del equipo de transmisión de esa emisora y que se hallaba a pocos metros, no fue detenido.

En otro incidente, señalan, se vio cómo la Policía de Detroit le pedía la credencial de prensa a un periodista negro, pero no así a sus compañeros blancos.

En concreto, según las últimas cifras del US Press Freedom Tracker, se han producido 58 arrestos de periodistas, 86 ataques físicos (54 de ellos a manos de policías), 54 incidentes con gas lacrimógeno, 31 con espray de pimienta, 87 con balas de goma u otros proyectiles, 53 incidentes en los que cámaras fueron dañadas y 38 más de diversa índole.

EFE

 
Bolivia: Grave ataque desata pedidos en defensa de la libertad de prensa

LA PAZ.- Un ataque a periodistas, que temieron por su vida, ha desatado en Bolivia numerosas denuncias en defensa de la libertad de información, en medio de la tensión que vive una zona cocalera.

Un equipo del canal de televisión Unitel y una periodista del diario El Deber denunciaron un intento de lincharlos cuando realizaban una cobertura informativa este jueves en el trópico de Cochabamba, una zona de Bolivia donde existe tensión con el Gobierno interino de la que este acusa al expresidente Evo Morales.

Un periodista, un camarógrafo y un chófer de la televisora, además de la redactora del diario, tuvieron que ser escoltados por policías para salir del lugar tras denunciar que fueron agredidos y amenazados por una turba con quemarlos vivos.

Las asociaciones Nacional de la Prensa de Bolivia y de Periodistas de La Paz, la Defensoría del Pueblo, la misión en el país de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Ejecutivo transitorio, expresidentes del país como Evo Morales y Carlos Mesa, partidos políticos y desde otros ámbitos, incluso desde el exterior a través de voces de organizaciones como Human Rights Watch, condenaron la agresión, con mensajes de apoyo que se repiten este viernes en redes sociales.

Estos colectivos de prensa aseguraron en un comunicado que la agresión fue obra de "militantes" del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, como también se acusó desde el Gobierno interino, mientras que el exmandatario, que está en Argentina, culpó en redes sociales al Ejecutivo interino de Jeanine Áñez de atribuirle todo lo malo que pase en Bolivia.

Un "vil suceso" que atenta contra derechos fundamentales como la libertad de expresión, según estas asociaciones, que pidieron a las autoridades que investiguen a los posibles responsables, como también hicieron la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el expresidente Mesa.

Estos colectivos de prensa exigieron además respeto a los líderes políticos, mintras desde el MAS se ha condenado el ataque.

La agresión se produjo en una zona cocalera considerada un bastión político de Morales, cuyos accesos están controlados por militares y policías como medida para evitar un aumento de casos de coronavirus, del que el Gobierno interino y el MAS se culpan mutuamente, al acusar a este partido de instar a desobedecer la cuarentena mientras la formación de Morales denuncia que el Ejecutivo transitorio utiliza medidas de restricción por la COVID-19 para ejercer una represión política.

EFE/ Imagen referencial. ARCHIVO

 
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Créditos: Eylen Jalilíe