Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Viernes, 25 mayo 2018
Internacionales
CPJ exige justicia por muerte de equipo periodístico del Ecuador

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) manifestó que las autoridades ecuatorianas y colombianas deben investigar con transparencia el secuestro y la muerte de un equipo periodístico ecuatoriano en Colombia y asegurar que los responsables sean sometidos a la justicia.

Hasta la fecha, los cadáveres de los periodistas y el chofer todavía se encontraban en territorio colombiano, así lo dio a conocer el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Además se sabe que los presuntos secuestradores aún no han acordado entregar los cadáveres a las autoridades.

“Los dos gobiernos deben colaborar para asegurar que las familias y los colegas de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra sepan lo que les sucedió y vean que el peso de la justicia recae sobre quienes los mataron”, sostuvo Joel Simon, director ejecutivo del CPJ.

Entre tanto el 27 de marzo, funcionarios colombianos y ecuatorianos declararon que un grupo de narcotraficantes liderados por Walter Arizala, ex combatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) conocido como alias “Guacho”, había tomado de rehenes a los integrantes del equipo periodístico, según el diario El Comercio.

El 11 de abril, RCN recibió un comunicado que afirmaba ser parte del grupo de Arizala y que decía que los dos periodistas y el chofer habían resultado muertos durante un operativo militar. Al día siguiente, RCN TV recibió fotos que parecían indicar que los tres habían sido ejecutados.

De otro lado, en conferencia de prensa celebrada en Quito el 13 de abril, Polivio Vinueza, jefe de la unidad antisecuestro y antiextorsión de la Policía Nacional de Ecuador, declaró que su gobierno había estado en contacto con el grupo de Arizala mediante esporádicos mensajes de whatsapp entre el 26 de marzo y 7 de abril y que Arizala había exigido la liberación de tres miembros de su grupo, entre ellos su cuñada, quienes están presos en Quito.

Por su parte Vinueza afirmó que los funcionarios de Gobierno estaban estudiando los aspectos jurídicos relacionados con la liberación de los miembros del grupo de Arizala y habían exigido que el Gobierno ecuatoriano suspendiera operativos antidroga conjunto con las fuerzas armadas colombianas a lo largo de la frontera, más adelante el grupo Arizala declaraba que los rehenes habían muerto porque los Gobiernos ecuatoriano y colombiano se habían negado a suspender los operativos militares contra el grupo de Arizala.

Finalmente el mismo 13 de abril, funcionarios ecuatorianos arrestaron a nuevo presuntos miembros del grupo de Arizala, quienes supuestamente estaban vinculados con el secuestro, según voceros de prensa.

Ante sucesos de esta naturaleza la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Cultura y Comunicación Social (FELATRACCS), se adhiere al reclamo exigiendo justicia.

 
Felatraccs: Comunicadores protestan por asesinato de periodista

El asesinato a balazos del periodista Ángel Ganoa, ocurrido el reciente sábado 21 en Bluefields, una ciudad de la costa caribeña, mientras  transmitía en vivo un reporte sobre las protestas desencadenadas en Nicaragua como consecuencia del aumento de las cuotas de la seguridad social, la reducción de las pensiones y establecimiento de la cotización perpetua, ha dado lugar al reclamo de amplios sectores de la población, sobre todo trabajadores, que consideran que el hecho forma parte de una política de estado orientada a silenciar a la prensa independiente.

Ante sucesos de esta naturaleza la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Cultura y Comunicación Social (FELATRACCS), se adhiere al reclamo y aunque considera que la decisión gubernamental de revocar tales medidas alivia la situación, considera que el gobierno está en la obligación de enmendar sus pasos, debido a que antes de la muerte de Ángel Ganoa se han registrado múltiples agresiones, privación de la libertad, robo de los equipos periodísticos e inclusive la suspensión de transmisiones de cuatro televisoras independientes.

Karina Reyes Bernuy

Secretaria Ejecutiva FELATRACCS

 
Brasil: Violencia politica amenaza libertad de prensa

La Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Cultura y Comunicación-Social (FELATRACCS) hace suya la preocupación de los comunicadores sociales de Brasil que enfrentan en estos momentos una ola de violencia inusitada, en perjuicio de su integridad física y del trabajo informativo.

El hecho denunciado por María José Braga, Presidenta de la Federación Nacional de Periodistas (FENAJ), precisa que "las instituciones y el Estado de derecho están sujetos a amenazas, incluyendo la libertad de expresión, los movimientos sociales, la sociedad en general, y eso es un factor de más violencia".

También subrayó para la agencia de noticias Inter Press Service (IPS) que "la principal fuente de agresiones contra periodistas desde 2013 es el Estado, sus fuerzas de seguridad, además del Poder Judicial con acciones que se cercenan la libertad de prensa.

Es de indicar, que el 2017, en Brasil se registraron 99 casos de agresiones contra periodistas y aun cuando la cifra es menor en 38,5% que en 2016, los comunicadores señalan que  a 6 meses de las elecciones presidenciales, legislativas y regionales, el problema se puede agudizar, razón por la cual desde ya demandan que las autoridades de su país adopten las medidas necesarias para preservar, más allá de las tensiones políticas, el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada.

 
Ecuador: Familias de periodistas asesinados piden a CIDH grupo de investigación

QUITO.- Familiares de los tres trabajadores del diario quiteño El Comercio secuestrados y asesinados por un grupo disidente de las FARC pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la creación de un grupo de investigación de los hechos.

Así lo reveló en una rueda de prensa Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl Rivas, integrante del equipo periodístico secuestrado el 26 de marzo cuando realizaba un reportaje en una zona fronteriza con Colombia sobre la inseguridad dominante en el área.

Representantes de la familia junto con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), de Colombia y la ecuatoriana Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), solicitaron en un documento dirigido al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, la constitución de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El objetivo, según se lee en el escrito con fecha del pasado jueves 19 de abril, es que “se investigue y transparente la información relacionada al secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paún Rivas y Efraín Segarra, en circunstancias que deben ser esclarecidas”.

Familiares de los ecuatorianos asesinados visitaron Washington esta semana y mantuvieron encuentros con organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa como Human Rights Watch o Freedom House, además de verse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y las cancilleres de Ecuador y Colombia, María Fernanda Espinosa y María Ángela Holguín.

De acuerdo a Ricardo Rivas, el secretario general de la OEA “se manifestó muy abierto” y mostró “mucho interés en coordinar acciones con la CIDH, a la que solicitaron la conformación de este comité internacional independiente”.

El hermano del fotógrafo asesinado recalcó que el interés fundamental de las familias es la repatriación de los cuerpos de sus seres queridos, que aún permanecen en manos de sus captores, que adujeron que suspendían la entrega porque los gobiernos de Ecuador y Colombia “insisten en la represión”, alusión a las operaciones que sus fuerzas de seguridad llevan a cabo en el área de la frontera.

Sobre el grupo de investigación, Rivas confió en que “no se dilate en el tiempo” y que podría concretarse la próxima semana como órgano independiente que sirva de “acompañamiento a la investigación que se está realizando en Ecuador”.

Consideró que era “importante determinar cuáles han sido los errores o la inexperiencia” en la actuación de las autoridades ecuatorianas, según sugirió el presidente, Lenín Moreno, en una entrevista con un medio internacional al que aseguró que se habían producido “errores de buena fe”.

En su opinión, durante el proceso de secuestro “no se buscó ayuda internacional” y censuró que “hay cosas que no se hicieron bien”, puntos que debería esclarecer la comisión en ciernes.

Como precedente, la CIDH estableció un grupo de trabajo que investigó el caso de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en 2014.

EFE

 
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