Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Sábado, 23 octubre 2021
Internacionales
Periodistas de Nicaragua anuncian que recurrirán contra ley de ciberdelitos

MANAGUA.- El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) dijo que recurrirán por inconstitucionalidad contra la Ley Especial de Ciberdelitos, una vez sea aprobada por la Asamblea Nacional, en donde los sandinistas, promotores de esa iniciativa, tienen mayoría absoluta.

El comunicador Sergio Marín Cuernavaca, directivo del PCIN, dijo en rueda de prensa que agotarán la vía legal en Nicaragua para luego entablar "un juicio internacional en contra del régimen de Daniel Ortega".

Marín Cuernavaca, director de la plataforma digital La Mesa Redonsa, indicó que recurrirán ante la Corte Suprema de Justicia, a la que señaló de ser un poder del Estado al servicio del presidente Ortega, pero que igual tienen que agotar las vías legales internas.

Además del recurso, aseguró que harán un periplo por diversas embajadas acreditadas en Nicaragua para explicar el por qué de su condena y rechazo a esa ley, que catalogan como "Ley Bozal" o "Ley Mordaza".

LLAMADO A COMUNIDAD INTERNACIONAL

Asimismo, el PCIN hizo un llamado a la comunidad internacional "para que tomen nota de lo que está ocurriendo en Nicaragua" con ese proyecto y la iniciativa de Ley Reguladora de Agentes Extranjeros, que, a juicio de Marín Cornavaca, "laceran y vulneran los derechos de los nicaragüenses".

Mientras tanto, afirmó, informarán "para resistir" y resistirán "para informar".

"La prensa independiente no ha mentido, la prensa independiente ha denunciado con pruebas, la prensa independiente ha sido responsable", dijo, por su lado, la comunicadora Abigail Hernández, también directiva del PCIN.

Hernández advirtió que "un país que no tiene prensa independiente, es un país que muere día a día".

Además, alertó que esa iniciativa no afecta únicamente a los medios tradicionales y alternativos, sino también a cualquier usuario de redes sociales.

El PCIN hizo un llamado a seguir informando, a mantenerse unidos y a denunciar en todos los foros "esta nueva escalada de represión del régimen, porque quiere acabar con la libertad de expresión y con la libertad de prensa en Nicaragua", según Marín Cornavaca.

Esas declaraciones fueron ofrecidas en el marco de una cadena de radio y redes de noticias contra la iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos, calificada como "Ley Mordaza" por el Foro de Prensa de Nicaragua.

A UN AÑO DE ELECCIONES

El Ejecutivo sandinista, a través de sus diputados en la Asamblea Nacional, está promoviendo esos controvertidos proyectos de leyes, en medio de la grave crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, y a un año de la celebración de las próximas elecciones nacionales.

Diferentes sectores de la oposición nicaragüense, organismos humanitarios, gremios empresariales, entre otros, han expresado su rechazo a esas iniciativas bajo el argumento de que busca controlar, neutralizar y "criminalizar" a la disidencia organizada, a las ONG, a los partidos políticos, a la sociedad civil y a la prensa independiente.

El jueves, el denominado Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua rechazó la ley de ciberdelitos que plantea castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y pedir la extradición de quienes atenten contra la seguridad del Estado.

Según ese foro, esa ley persigue censurar, amenaza a periodistas, medios de comunicación y ciudadanía en general. A su vez, apunta a controlar y censurar la información en internet, criminaliza a los informantes e impediría las investigaciones periodísticas, entre otros.

Las polémicas iniciativas han sido remitidas a varias comisiones legislativas, incluida la de Asuntos Jurídicos, que será la encargada de presentar el dictamen antes de ser discutido en el plenario en una fecha aún no precisada. EFE

 
Ocho meses sin noticias de Daysi, la joven periodista desaparecida en Perú

Ocho meses han pasado sin que se sepa nada de la joven periodista peruana Daysi Mina Huamán, cuya desaparición ha sido incluida por el grupo internacional de medios One Free Press Coalition dentro de los diez casos más urgentes a resolver en el mundo por ataques y hostigamientos a mujeres periodistas.

El caso de Daysi, de 21 años, ocupa el cuarto lugar en la lista de esta coalición de la que forma parte Efe, y es la única latinoamericana junto a casos emblemáticos de otras regiones del mundo como la egipcia Solafa Magdy, acusada de terrorismo y detenida en condiciones inhumanas e insalubres.

El caso de la joven periodista, que trabajaba en el canal de televisión local VRAE TV (Valle de los Ríos Apurímac y Ene), la principal zona de producción de cocaína de Perú, el segundo productor mundial de esta droga, parece apuntar sin embargo más a otro flagelo que golpea a las mujeres peruanas: la violencia machista y el desinterés de las autoridades por atajar ese problema.

SIN RASTRO

A Daysi se le perdió el rastro el 26 de enero, día en que Perú celebró sus elecciones parlamentarias, cuando regresaba desde el municipio de Santa Rosa, donde había votado y reportado sobre los comicios, hasta la casa donde convivía con su pareja, en la localidad vecina de San Francisco.

En ese trayecto de alrededor de una hora de viaje por carretera de tierra a través de esta agreste zona de selva montañosa de la región de Ayacucho, en el sur de los Andes peruanos, se perdieron las huellas de la reportera.

Gracias a los esfuerzos de búsqueda emprendidos por su familia se encontraron a un lado de la carretera su DNI, su tarjeta bancaria y su carné universitario, pues hasta hacía poco cursaba estudios de pedagogía en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”, de Lima.

Sin embargo, la familia de la reportera desaparecida se ha encontrado con una desesperante burocracia y la investigación que apenas ha avanzado, menos aún con los largos meses de confinamiento que ha vivido Perú por la pandemia del coronavirus.

“Fue muy complicado primero poner la denuncia”, comentó a Efe Denia Mina Huamán, la hermana de Daysi, que hasta ahora no ha cesado de exigir públicamente a las autoridades que cumplan con investigar y dar con el paradero de su hermana.

DESINTERÉS Y BUROCRACIA

Al inicio la comisaría de Santa Rosa no quiso recibir la denuncia bajo el argumento de que el abuelo, el único de la familia que en ese momento se encontraba en el municipio para poder hacer el trámite, no era un pariente directo.

Tuvo que ubicar a su madre, que se encontraba haciendo labores agrícolas en una zona poco accesible de selva, para que formalizara la denuncia mientras el tiempo pasaba.

Luego la comisaría tardó más de lo debido en trasladar el expediente a la unidad especializada de la Policía que se encuentra en Kimbiri, al otro lado del río Apurímac, en la región de Cusco, y el fiscal Felipe Chuchón, que tomó el caso, lo calificó de leve, por lo que no dio prioridad a las investigaciones.

Este fiscal incluso recriminó a la hermana de Daysi la relevancia pública que le estaba consiguiendo dar a la desaparición y le advirtió que eso le podía costar la vida a su hermana en caso de que estuviese secuestrada, culpándola a ella de una eventual muerte.

EFE

 
Periodista rusa se quema a lo bonzo frente al edificio de la policía

MOSCÚ.- La periodista rusa Irina Slávina falleció tras quemarse a lo bonzo frente a la sede del Ministerio del Interior en la ciudad de Nizhni Novgorod, según informaron testigos presenciales a medios locales.

“Pido que se culpe de mi muerte a la Federación Rusa“, escribió previamente en su página de Facebook Slávina, directora del diario digital “Koza Press”.

Slávina, de 47 años de edad, murió a consecuencia de las quemaduras recibidas antes de que los policías pudieran apagar las llamas, según confirmaron los servicios de emergencias.

El líder opositor ruso, Alexéi Navalni, acusó en su cuenta de Twitter a las autoridades de incitar a Slávina a quitarse la vida al fabricar un caso político contra ella y registrar la víspera su domicilio derribando la puerta.

Comparte su opinión el multimillonario ruso Mijaíl Jodorkovski, que acusó a las fuerzas de seguridad de presionar a Slávina en el caso abierto contra la organización opositora patrocinado desde el exilio Rusia Abierta.

Slávina, que dirigía un medio muy crítico con el Gobierno local, era también una activista y fue multada en 2019 por organizar una acción en memoria del opositor ruso Boris Nemtsov, asesinado frente al Kremlin en 2015.

Según otros medios, Slávina era miembro de la Iglesia Pastafarí fundada en EEUU, que algunos consideran una secta y cuya filial rusa tendría relación con Jodorkovski.

Slávina era una conocida periodista en Nizhni Nóvgorod, una de las principales ciudades de Rusia y su muerte provocó la reacción de numerosos opositores y activistas de derechos humanos, que relacionaron el deceso con la preparación en todo el país de las elecciones legislativas de 2021. EFE

 
Agreden al periodista radial argentino tras denunciar hechos de corrupción en su localidad

MIAMI.- Las autoridades argentinas deben investigar la agresión perpetrada contra el periodista Luis Alberto Mancini, esclarecer si está relacionada con su trabajo periodístico y enjuiciar a los agresores, declaró el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

El 16 de septiembre, cerca de las 11 a.m., Mancini fue agredido violentamente por dos sujetos cuando presentaba el programa de radio “Mano a Mano” en la sede de Radio FM Horizonte, una radioemisora propiedad suya situada en Villa Río Bermejito, en la norteña provincia del Chaco, según informaciones de

prensa. En los días previos a la agresión, Mancini había denunciado presuntos actos de corrupción en esa municipalidad, según las informaciones citadas. Mancini también es un dirigente local del Partido Justicialista, el partido del presidente argentino Alberto Fernández, según versiones periodísticas.

Erika Alfonso, la representante en el Chaco de la organización defensora de la libertad de prensa Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), colocó videos de la agresión en Twitter. Alfonso declaró al CPJ por vía telefónica que los videos eran de las cámaras de seguridad de la radioemisora. En los videos se observa cómo dos sujetos salen de un auto gris estacionado en la entrada de la radioemisora, ingresan al estudio y agreden a Mancini con los puños y con sillas antes de salir huyendo en el mismo auto.

“Las autoridades argentinas deben investigar exhaustivamente la brutal agresión perpetrada contra el periodista Luis Alberto Mancini, determinar si está vinculada con el ejercicio del periodismo, y garantizar que los responsables se sometan a la justicia”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Las autoridades deben transmitir claramente el mensaje de que en Argentina se puede ejercer el periodismo sin ser objeto de violencia y represalias”.

La Fiscalía inició una investigación sobre los hechos y designó a un fiscal al frente de la causa, según Alfonso. El CPJ llamó a la Fiscalía para obtener una declaración, pero la llamada no fue respondida.

Horas después de la agresión, dos sujetos se entregaron a la Policía y confesaron haber agredido a Mancini, de acuerdo con un informe policial sobre los hechos, una copia del cual Alfonso compartió con el CPJ. El informe no contiene el nombre completo de los sujetos, sino sus iniciales, e indica que ambos fueron detenidos y comparecieron ante la sede local de la Fiscalía.

De acuerdo con informaciones de prensa, un funcionario de Villa Río Bermejito declaró que uno de los presuntos agresores es el secretario de Obras Públicas de la localidad, y que ya había sido destituido de su cargo. El CPJ llamó a la municipalidad de Villa Río Bermejito al número telefónico que aparece en su sitio web oficial, pero la línea telefónica no estaba en funcionamiento.

Después del incidente, Mancini fue llevado a una clínica cercana donde lo ingresaron en la unidad de cuidados intensivos y le diagnosticaron hematomas internos, una lesión ocular y trauma craneal, según Alfonso, quien se enteró de las lesiones cuando habló con la esposa de Mancini el día de la agresión. El CPJ llamó a un número telefónico perteneciente a Mancini pero nadie respondió.

 

 
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