Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Sábado, 21 julio 2018
Internacionales
Colombia confirma que cuerpos hallados son los tres periodistas ecuatorianos

BOGOTÁ.- Tres de los cuatro cuerpos hallados ayer en una zona selvática del sur de Colombia corresponden a los miembros del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, confirmó la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín.

"Ayer llamé al canciller (de Ecuador) a darle la noticia de que habíamos encontrado los cuerpos de los periodistas asesinados, están hoy precisamente en Cali en ese reconocimiento para entregárselos a sus familiares", dijo Holguín a periodistas en Paraguachón, paso fronterizo con Venezuela, donde inauguró una casa lúdica.

El equipo del diario quiteño El Comercio, compuesto por el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, fue secuestrado el 26 de marzo en una zona rural de la parroquia de Mataje, provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, a donde se habían desplazado para cubrir la inseguridad creciente en la zona.

El grupo disidente de las FARC autodenominado "Frente Oliver Sinisterra" que lidera Walter Patricio Arizala, alias "Guacho", autor del secuestro, los asesinó días después, según confirmó en su momento el propio presidente ecuatoriano, Lenín Moreno.

En este sentido, Holguín explicó que los dos Gobiernos están trabajando en el caso.

La labor conjunta no sólo se ocupa del caso de los tres miembros del equipo periodístico, sino que también están "tratando de unir esfuerzos en esa lucha contra el narcotráfico" en la frontera común.

Sobre el cuarto cuerpo encontrado ayer, las autoridades no dieron información.

Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, explicó que la zona en que fueron enterrados los cadáveres fue minada para que nunca fueran encontrados los cuerpos.

"Los asesinos de estas personas enterraron los cadáveres de tal modo que nunca fueran encontrados", aseveró a periodistas en la base de la Policía de San Luis, municipio del departamento del Tolima, en donde asistió a una demostración de nuevos mecanismos para erradicación de cultivos ilícitos.

Los cuerpos fueron hallados después de dos meses y 18 días de búsqueda por el grupo antisecuestro de la Policía (Gaula) y las Fuerzas Especiales del Ejército en una zona selvática de Tumaco, municipio del departamento de Nariño fronterizo con Ecuador.

Villegas también aseguró que los asesinos de esas personas buscaban sumir "en la incertidumbre permanente" a Colombia y Ecuador.

El ministro detalló que gracias a la información de inteligencia y a perros amaestrados se logró llegar a la zona en donde estaban las fosas con los cadáveres.

EFE

 
FIP: Denuncian persecución sindical a trabajadores de Canal 7 de Uruguay

La Asociación de Prensa Uruguaya (APU) denunció que Canal 7 enviará al seguro de paro a dos trabajadores y delegados sindicales. La Federación Internacional de Periodistas (FIP), organización que representa a 600.000 comunicadores y comunicadoras en el mundo, reclama la reincorporación de los trabajadores cuyo derecho a organizarse libremente y sin represalias debe ser respetado.

De acuerdo con la prensa local, el Canal 7 de Tacuarembó decidió enviar al seguro de paro durante cuatro meses a su camarógrafo Wilco Yacks y en los próximos diez días tomará la misma medida con el periodista y presidente del Círculo de Periodistas de Tacuarembó, José Esteves.

La medida tomada es argumentada por la patronal por el difícil momento económico que están viviendo. Sin embargo, los enviados al seguro de paro son dos de los cuatro delegados sindicales con los cuales tuvieron que negociar la reestructura empresarial que realizó Canal 7 el año pasado.

Los trabajadores y delegados afectados participaron en una negociación durante el 2017, en el marco de una reestructuración empresarial donde la dirigencia de la señal intentó realizar una fuerte rebaja salarial a la mayoría de sus funcionarios.

En este sentido, la FIP llama a las autoridades para que intercedan en este conflicto y reclama la reincorporación de los trabajadores afectados. Asimismo, la FIP insta a la dirigencia de Canal 7 a respetar el derecho de los comunicadores y comunicadoras a organizarse y luchar por sus reivindicaciones.

 
CPJ denuncia que EEUU incautó registros de comunicaciones de una periodista

NUEVA YORK.- El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) denunció que el gobierno de EEUU incautó los registros de teléfono y correo electrónico de una periodista del diario The New York Times, y consideró que eso “sienta un peligroso precedente” para la libertad de prensa en el país.

El Departamento de Justicia obtuvo los datos de la periodista Ali Watkins durante una investigación sobre varias filtraciones del Comité de Inteligencia del Senado a los medios, que concluyó este jueves con el arresto de su director de seguridad, James A. Wolfe.

“Para cumplir con su responsabilidad pública, los periodistas deben ser capaces de proteger a sus fuentes confidenciales. Los esfuerzos gubernamentales que socavan esta habilidad representan así una amenaza fundamental a la libertad de prensa”, manifestó Alexandra Ellerbeck, coordinadora del CPJ en Norteamérica.

Según el periódico neoyorquino, a Watkins, que había mantenido una relación de tres años con Wolfe, se le informó por carta a posteriori sobre la incautación, en un caso que califica como el primer “ejemplo conocido” de que la justicia estadounidense “va tras los documentos de un periodista durante (la Administración) Trump”.

Wolfe, de 57 años, era el encargado de gestionar la información clasificada y sensible que compartían el Comité de Inteligencia y el Ejecutivo. Tras trabajar para el Comité durante casi tres décadas, sin estar ligado a un partido, dejó su trabajo en diciembre del año pasado y se retiró en mayo.

Fue arrestado el jueves y las autoridades lo acusan de haber hecho declaraciones falsas al FBI sobre el suministro de información clasificada a dos reporteros, aunque él niega haber dado nunca ese tipo de material a periodistas, de acuerdo al NYT.

Los documentos de la acusación exponen que Wolfe se comunicó con cuatro periodistas mediante su teléfono, su correo oficial y aplicaciones de mensajería encriptadas, como Signal o Whatsapp.

En el caso de Watkins, el FBI investigaba cómo ella se había enterado de que espías rusos intentaron contratar en 2013 a un exasesor del actual presidente, Donald Trump, tal y como publicó en un artículo para Buzzfeed, según el Times.

En febrero, el Departamento de Justicia le informó que tenía información sobre sus registros de clienta y suscripciones de dos correos electrónicos y números de teléfono, procedentes de firmas de telecomunicaciones como Google y Verizon.

Aunque el Times señala que los investigadores no obtuvieron el contenido de sus mensajes, los documentos de la periodista abarcan años de comunicaciones, incluidas las asociadas a su correo universitario, de cuando era estudiante.

El abogado de la periodista, Mark J. MacDougall, consideró “siempre desconcertante” que las autoridades obtengan registros telefónicos de un periodista “mediante una citación de un gran jurado u otro proceso legal”, y cuestionó que fuera “realmente necesario”.

En vista de los hechos, el CPJ advirtió que la “incautación gubernamental de los datos de Ali Watkins sienta un peligroso precedente”.

“Tememos que pueda ser una salva inicial en la actual batalla contra la habilidad de los periodistas para proteger a sus fuentes”, señaló el comité.

Asimismo, la organización recordó que el año pasado, el fiscal general Jeff Sessions afirmó que la Administración Trump ha triplicado el número de investigaciones sobre filtraciones y que se mostró a favor de revisar las normas del Departamento de Justicia para facilitar la obtención de documentos de periodistas.

EFE

 
Reporteros mexicanos dicen a candidatos que sin periodismo no hay democracia

CIUDAD DE MÉXICO.- México es el país más peligroso de América para ejercer el periodismo, por lo que varios reporteros han decidido levantar la voz y exigir garantías para la profesión a los candidatos presidenciales, a quienes recordaron que sin periodismo libre no hay democracia.

“Desgraciadamente no hemos visto en ninguno de los candidatos una propuesta clara y específica de lo que van a hacer para atajar los ataques contra la prensa y garantizar de manera integral la libertad de expresión”, declaró en rueda de prensa Ana Cristina Ruelas, directora de la asociación de periodistas Artículo 19.

El próximo 1 de julio se disputarán la Presidencia de México el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, líder en las encuestas, el conservador Ricardo Anaya, el oficialista José Antonio Meade y el independiente Jaime Rodríguez Calderón.

Ruelas sostuvo que “es una mentira hablar de democracia mientras no existe la posibilidad de palabra” y exigió a los candidatos que reconozcan que la prensa en México “está sujeta a la violencia del Estado”.

Según la organización, 48 % de las agresiones a reporteros proviene de autoridades municipales, seguidas de funcionarios estatales y federales.

La mayoría de agresiones son amenazas dado que “en México una amenaza basta para buscar el silencio de los periodistas porque sabes que después de la amenaza viene la muerte”, dijo Ruelas.

“La violencia contra la prensa es algo que afecta a toda la sociedad” ya que sin el periodismo “no podemos ejercer libertades de manera clara y efectiva”, expuso.

Por ello, la organización lanzó hoy una campaña de concienciación junto con la agencia de publicidad La Doblevida, que ha diseñado un chaleco antibalas elaborado con noticias de periódico sobre los reporteros asesinados en México.

Manuel Camacho, coordinador del proyecto, sostuvo que el objetivo de este chaleco es “demostrar que la información nos protege a todos” y, a la vez, reivindicar que los periodistas no deben necesitar chalecos antibalas.

La prenda, pintada con una mancha de sangre en la que figuran nombres de periodistas asesinados, será distribuida para que los reporteros que lo deseen se fotografíen con ella y la difundan a través de las redes sociales.

“La información nos termina protegiendo y la información tendría que ser a prueba de balas”, añadió Ana Cristina Ruelas.

Guillermo Xibille, reportero que cubrió este evento, contó a Efe que la situación del periodismo en México es “bien complicada” porque “hay que ir con cuidado cuando te metes con algún grupo que no le gusta lo que dices”.

“A compañeros los han levantado (secuestrado), torturado y a algunos los han matado”, deploró.

De acuerdo con Artículo 19, durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, iniciado en diciembre de 2012, 42 periodistas han sido asesinados y se han registrado cerca de 2.000 agresiones a reporteros.

Además, México cerró 2017 con 12 periodistas asesinados, encabezando la lista de países más peligrosos para los comunicadores junto con Siria, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras.

Tanto la Organización de Naciones Unidas (ONU) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han condenado enérgicamente estos crímenes y han urgido al gobierno a “aumentar los recursos para la protección de periodistas“.

Los mecanismos estatales y federales de protección a periodistas no han funcionado dado que varios de los reporteros asesinados se habían acogido a ellos.

La fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión tampoco ha tenido el éxito esperado, pues 99 % de los crímenes contra reporteros quedan impunes, según Artículo 19.

En lo que va de año, siete periodistas han sido asesinados en México. Los últimos dos fueron Héctor González, muerto en el estado de Tamaulipas, y Alicia Díaz, asesinada en Nuevo León, con menos de una semana de diferencia.

EFE/Foto: eldiario.net

 
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