Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Sábado, 23 octubre 2021
Internacionales
Tres años del asesinato de Daphne Caruana Galizia, tres años sin justicia

ROMA.- Hace tres años la periodista maltesa de investigación Daphne Caruana Galizia era asesinada con una bomba adosada en su coche, un crimen que sacudió la política y la vida de este pequeño país insular europeo y que sigue sin esclarecerse y envuelto en sombras.

En la tarde del 16 de octubre de 2017 una explosión sacudió el páramo maltés de Bidnija. Dentro de un coche en llamas se encontraba Caruana Galizia, una de las periodistas más importantes de Malta por sus investigaciones sobre la corrupción y los "Papeles de Panamá".

Su asesinato conmocionó a este país comunitario enclavado en el Mediterráneo, arrolló al hasta entonces popular primer ministro, Joseph Muscat, y fue objeto de una investigación aún por concluir que no ha dejado de desvelar hechos del todo inquietantes.

CRONOLOGÍA DE UN ATENTADO CONTRA LA LIBERTAD DE PRENSA

El de Caruana Galizia es un crimen contra la prensa y el estado de derecho "impensable" en Europa. Así lo denuncian desde Reporteros Sin Fronteras (RSF), que sitúa a Malta en el puesto 81 de su lista de 180 países sobre el respeto de la libertad de prensa en el mundo.

Tras el asesinato, su familia, especialmente sus tres hijos, y otras figuras de la isla defendieron enseguida que detrás del crimen estaba una mafia que implicaba a empresarios y miembros del Gobierno de Muscat, quien se comprometió a "llegar al fondo" del asunto.

¿La razón? La periodista, autora del blog "Running Commentary", ahondaba en una serie de supuestos casos de corrupción dentro del Gobierno maltés y los lazos del narcotráfico y del crimen organizado que se habían extendido a lo largo y ancho de la isla.

Apenas dos meses después se arrestó a diez personas sospechosas de participar en el crimen y se señaló especialmente a los hermanos Alfred y George Degiorgio y Vince Muscat, los tres con antecedentes y que podrían haber sido quienes detonaron la bomba.

Pero el caso estaba destinado a inflamarse. El 20 de noviembre de 2019 fue detenido a bordo de un lujoso yate el empresario Yorgen Fenech, cuando intentaba salir de las aguas territoriales maltesas.

El magnate, hostigado por las investigaciones de la periodista, fue acusado de idear el crimen y enseguida dirigió su acusación contra el Gobierno, especialmente contra el jefe de gabinete de Muscat, Keith Schembri, a quien calificó de cerebro del asesinato.

Schembri y varios ministros dejaron su cargo al ser sospechosos de mantener lazos financieros con el empresario, una catarata de renuncias que pusieron contra las cuerdas al primer ministro Joseph Muscat, que acabó dimitiendo nada más empezar el año 2020.

Importante fue la detención del taxista Melvin Theuma, supuesto intermediario entre los mandantes y los ejecutores y quien acusó a Fenech y Schembri de ser los autores intelectuales del homicidio.

La investigación parece haber sacado a la luz una auténtica red criminal en la que convergen empresarios, políticos y hasta policías y en la que algo en efecto huele a podrido.

Basta pensar que el pasado verano Theuma, testigo clave y amnistiado por sus testimonios, fue encontrado en su casa gravemente herido con cortes en el tórax, el cuello y las muñecas. Se barajó el intento de suicido pero él ya temía por su vida.

LOS MALTESES QUIEREN LA VERDAD

En cualquier caso tres años después del atentado la verdad sigue sin salir a la luz, aunque algo ha cambiado en Malta, donde la población y asociaciones civiles no han dejado de manifestarse para denunciar la ley del silencio imperante y reclamar justicia.

Para conmemorar el asesinato e impedir que caiga en el olvido, varias organizaciones como "Repubblika", "Occupy Justice Malta" o "GAMAG Europe" han organizado un foro hoy para debatir sobre el estado del periodismo en Malta.

Le seguirá un momento de silencio en el lugar en que la periodista fue asesinada, una misa y la presentación de un documental sobre el caso, "When they come undone", todo respetando las medidas contra el coronavirus.

Los organizadores han emitido un comunicado en sus redes sociales en el que denuncian que el suceso "ha revelado importantes problemas de corrupción", piden enjuiciar a los empresarios bajo la lupa de Caruana Galizia y se recuerda que todavía "no se ha hecho justicia".

Y tienen un recado especial para el sucesor de Muscat al frente del Gobierno, Robert Abela, a cuyo gabinete laborista consideran "cómplice directa o indirectamente" del anterior.

En concreto le exigen que no se excuse con la pandemia y que de una vez por todas se comprometa a arrojar luz sobre estos hechos.

"Le recordamos que nosotros, el pueblo, seguimos vigilando, estamos más enfadados que nunca y no dejaremos de luchar por la justicia de Daphne Caruana Galizia, por la justicia de nuestro país y de nuestra gente, hasta que no se nos ofrezca de verdad", zanjan.

Por su parte el Consejo de Europa ha reclamado "verdad y justicia" y una investigación independiente sobre el homicidio y, para homenajear a la periodista, publicó algunas partes de su última entrevista que ella misma ofreció sobre los riesgos de su trabajo.

En aquella conversación recordaba las amenazas que vivió durante años por sus indagaciones y las presiones del poder a sus editores para que le quitaran su columna y señala al Partido Laborista como responsable de su hostigamiento público.

"Las mayores dificultades que encuentro derivan del hecho de que ellos me han convertido en un chivo expiatorio nacional. Y esto ha ocurrido durante los últimos treinta años, por lo menos", avisaba.

EFE

 
La justicia francesa confirma que Google tiene que negociar con la prensa

PARÍS.- La justicia francesa confirmó la obligación que le había impuesto en abril a Google la Autoridad de la Competencia de negociar con los editores de prensa un mecanismo para remunerarles por la publicación de sus contenidos.

El Tribunal de Apelación de París rechazó la demanda del gigante estadounidense de internet, que pretendía anular esa obligación, por considerar que es "proporcionada" dada la situación del mercado.

Además, condena a Google al pago de 20.000 euros a cada una de las tres partes que defendían sus intereses, el Sindicato de Editores de la Prensa Magazine (SPEM), la Alianza de la Prensa de Información General (APIG) y la agencia AFP.

La Autoridad de la Competencia de Francia había instado al buscador a negociar "de buena fe" con los editores de prensa amparándose en la ley francesa en vigor desde el 24 de octubre pasado, que transpone la directiva europea sobre los derechos conexos de abril de 2019.

Por esa razón, la posición de la justicia francesa podría tener consecuencias indirectas también en otros países europeos.

El Tribunal de Apelación de París confirmó el análisis de la Autoridad de la Competencia en el sentido de que los editores de prensa tienen un muy elevado nivel de dependencia de Google para el tráfico de visitantes a sus páginas web (entre un 26 y un 90 %, según un estudio de la publicidad).

Y que a la vista de esa dependencia, no pueden permitirse el lujo de prescindir de esa aportación por sus dificultades económicas.

Google recurrió ese dictamen de la Autoridad de la Competencia ante la justicia, pero al mismo tiempo abrió discusiones con la AGIP.

A ese respecto, antes incluso de que se hiciera pública la sentencia del Tribunal de Apelación de París, el gigante estadounidense hizo notar que esas negociaciones "han evolucionado positivamente en las últimas semanas".

Una evolución confirmada por el responsable de la negociación por la APIG, Pierre Louette, que certificó que "Google acepta el principio de la remuneración para las cabeceras de prensa y por tanto hace realidad los derechos conexos".

Por su parte, el "número uno" de Google en Francia, Sébastien Missoffe, indicó que su empresa quiere "apoyar el periodismo y asegurar que el mayor número posible de personas pueden seguir accediendo a contenidos de calidad".

EFE

 
HRW pide a OEA rechazar leyes que "reprimen" libertad de prensa en Nicaragua

MANAGUA.- Human Rights Watch (HRW) urgió a los países de la OEA rechazar las nuevas leyes que el sandinismo prepara sobre ciberdelitos y agentes extranjeros, las cuales, advirtió, "reprimen el disenso y la libertad de prensa" en Nicaragua.

"Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) deben pronunciarse urgentemente contra la más reciente arremetida autoritaria del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega", abogó HRW en una declaración pública.

Agregó que la OEA "debe rechazar categóricamente los recientes proyectos de ley que buscan aumentar la censura y la represión a los periodistas independientes y organizaciones de derechos humanos".

Según HRW, la iniciativa de Ley Reguladora de Agentes Extranjeros, presentada por los legisladores oficialistas, permitiría que el Gobierno de Ortega "controle las actividades de prácticamente cualquier persona que reciba fondos o apoyo del exterior, incluidas organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes".

En tanto, la Ley de Ciberdelitos penalizaría la difusión de "noticias falsas y otras expresiones en internet, que podría usarse para silenciar y castigar la libre expresión".

OEA NO DEBE GUARDAR SILENCIO

"Estos proyectos de ley pretenden darle una fachada de legalidad al Gobierno de Ortega para seguir hostigando y persiguiendo a periodistas, organizaciones de derechos humanos y a cualquier otra persona que critique al Gobierno", explicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

"Los Estados de la OEA no deben guardar silencio mientras Ortega intensifica su ataque contra las voces críticas de su Gobierno", continuó.

HRW dijo que ha documentado que otros países, como Rusia, han usado leyes similares sobre "agentes extranjeros" para silenciar a la sociedad civil.

Esa iniciativa contempla multa, la confiscación de sus bienes y la cancelación de la personalidad jurídica a "agentes extranjeros", si intervienen en "cuestiones, actividades o temas de política interna", y les prohíbe que se postulen a cargos públicos.

Por su lado, sostuvo HRW, el proyecto sobre "ciberdelitos" incluye varias disposiciones "excesivamente amplias que amenazan particularmente la libertad de prensa".

"REPRIMIR" EL DISENSO

"Estos proyectos de ley incluyen numerosas disposiciones de contenido excesivamente amplias que son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y podrían ser usadas fácilmente para perseguir a críticos y medios de comunicación", dijo esa ONG.

HRW también criticó que el Ejecutivo esté considerando penas de prisión perpetua para los "crímenes de odio", cuando el derecho nicaragüense no contempla los "crímenes de odio, pero el Gobierno a menudo ha acusado a críticos y opositores políticos de cometer estos delitos".

"Dado que el Gobierno nicaragüense ha acosado y perseguido penalmente a periodistas y opositores en el pasado, su retórica sobre una reforma contra los "crímenes de odio" parece ser un intento más por intimidar a sus críticos", apuntó ese organismo.

Esas polémicas iniciativas de ley se dan en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde hace más de dos años.

Vivanco dijo al respecto que "a pesar de la violenta represión y la creciente hostilidad que sufren los medios y las organizaciones de derechos humanos en el país, estas entidades siguen denunciando los abusos que comete el Gobierno de Ortega".

"Sin embargo, los nuevos proyectos legislativos de Ortega podrían terminar por sofocar definitivamente a la sociedad civil y al periodismo independiente en Nicaragua", avisó.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.

EFE

 
El empeño de Vietnam en silenciar el periodismo digital

HO CHI MINH.- La detención de la prominente periodista y activista Pham Doan Trang expone la dificultad de ejercer el periodismo en Vietnam, mientras el régimen comunista está empeñado en silenciar las publicaciones digitales que funcionan como alternativa a los controlados medios tradicionales.

La Policía arrestó a Trang en la noche del lunes en Ho Chi Minh (antigua Saigón), acusada de propaganda contra el Estado por "producir, almacenar, diseminar o propagar información, materiales y productos que persiguen oponerse a la República Socialista de Vietnam".

La detención se produjo horas después del encuentro anual sobre derechos humanos entre Vietnam y Estados Unidos, una reunión en la que se trataron asuntos como la libertad de expresión, en la que Vietnam figura en el puesto 175 sobre 180, según Reporteros Sin Fronteras.

Convertida en una de las voces más prominentes contra el régimen comunista de Hanói en asuntos como el medio ambiente, los derechos de las mujeres, la brutalidad policial y los conflictos por la tierra, Trang vivía sin domicilio fijo, consciente de que su detención podía producirse en cualquier momento.

"No me puedo quedar en la misma casa más de un mes", comentaba a Efe el pasado enero.

El profesor de la Universidad de South Wales (Australia) Carlyle Thayer explica su arresto en este momento por la voluntad de acallar voces críticas ante la cercanía del Congreso del Partido Comunista el próximo enero, en el que serán elegidos los líderes del país para el próximo lustro.

"Es un tiempo propicio para que los futuros líderes demuestren su lealtad al régimen socialista de partido único reprimiendo a activistas prodemocracia para asegurarse así un camino sin obstáculos al congreso del partido", dice el académico a Efe.

CONFLICTO POR LA TIERRA

Otro de los posibles motivos de la detención de Trang es su participación en un libro que cuestiona la versión oficial acerca de un violento enfrentamiento entre los vecinos de una aldea cercana a Hanói y la Policía por la propiedad de unos terrenos.

El conflicto, larvado durante décadas, llegó a su punto álgido en la madrugada del 9 de enero, cuando los vecinos se resistieron a la irrupción de decenas de policías y el enfrentamiento se saldó con la muerte de tres agentes y un líder vecinal de 84 años.

Frente a la versión oficial difundida en la prensa, Trang y los otros cuatro coautores del libro (tres de ellos también han sido detenidos en los últimos meses) exculpaban a los lugareños y acusaban de brutalidad a las fuerzas del orden.

Semejante desafío al relato de las autoridades resulta impensable en los medios de comunicación tradicionales, controlados por los aparatos del Estado o del Partido Comunista, que gobierna el Vietnam reunificado desde 1975.

PRENSA CONTROLADA

Aunque Vietnam ha completado en las últimas tres décadas una asombrosa transición económica desde una economía socialista hacia un libre mercado supervisado por el gobierno comunista, los medios de comunicación se han quedado al margen y siguen sujetos a un férreo control estatal.

"El código penal de Vietnam contiene artículos muy vagos que criminalizan todo tipo de comportamientos como propaganda contra el Estado. Todos los medios de comunicación pertenecen al Estado y todos los editores practican una forma de autocensura siguiendo las indicaciones del Ministerio de Información y Comunicaciones", apunta Thayer.

Los funcionarios de este ministerio se reúnen una vez a la semana con los directores de los periódicos para analizar lo publicado en los últimos días e informar de qué asuntos es aconsejable tratar y cuáles es mejor dejar de lado.

"Uno siempre es consciente de sus límites, de hasta dónde puede llegar, aunque a veces no estén claros y sean simples suposiciones que uno hace", apunta un periodista que prefiere permanecer en el anonimato.

Pese a esta autocensura, los medios oficiales se ven a veces envueltos en problemas, como le ocurrió en 2018 al portal del diario Tuoi Tre (Juventud), clausurado durante tres meses por "citar mal" declaraciones del presidente del país.

NUEVAS VOCES

La propia Trang trabajó durante años en el periódico oficial Phap Luat, hasta que decidió abandonar los medios controlados por el Estado y dar el salto a la prensa en internet, que en la última década se ha convertido en el refugio y altavoz de la disidencia del país.

En paralelo a la proliferación de blogs y publicaciones críticas en redes sociales como Facebook o Youtube, un grupo de intelectuales fundó en 2014 la Asociación de Periodistas Independientes del país, con unos 80 miembros que crearon un periódico digital, el Vietnam Thoi Bao (Vietnam Times).

Su impulsor, Pham Chi Dung, un antiguo cuadro del Partido Comunista, fue arrestado el pasado noviembre con la misma acusación de propaganda contra el Estado que pesa sobre Trang y once meses después sigue esperando la celebración del juicio.

Además de estas detenciones de figuras prominentes, en los últimos meses se han multiplicado los arrestos y multas por publicaciones en las redes sociales, en especial desde la aprobación en 2019 de la ley de ciberseguridad, que castiga los contenidos críticos y obliga a las empresas tecnológicas a proporcionar datos personales de sus usuarios.

Thayer cree probable que las detenciones sigan en aumento y vayan engordando la lista de los presos de conciencia, que asciende a 138 según las últimas estadísticas de Amnistía Internacional, casi el doble de los 84 contabilizados en 2016.

El académico no prevé que el régimen abra la mano con la libertad de expresión a medio plazo y vaticina que la transición en el liderazgo del país que culminará en el congreso del partido en enero "solo reforzará el sistema actual, no lo reformará".

EFE/ Eric San Juan

 
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Créditos: Eylen Jalilíe