Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Sábado, 25 mayo 2019
Internacionales
CPJ y Human Rights Watch instan a Venezuela a liberar a Jesús Medina

NUEVA YORK.- Las autoridades venezolanas deberían liberar inmediatamente a Jesús Medina, quien se encuentra arbitrariamente detenido desde hace casi nueve meses por su trabajo periodístico, señalaron el Comité para la Protección de los Periodistas (Committee to Protect Journalists, CPJ) y Human Rights Watch.

Está previsto que Medina sea llevado ante un juez para su audiencia preliminar, que se ha postergado ocho veces, el 23 de mayo de 2019. El 29 de agosto de 2018, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron a Medina, que ejercía como fotoperiodista para varios medios. Formaba parte de un equipo de periodistas que trabajaba en un proyecto de investigación en el hospital de Caracas, señaló el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Se encuentra detenido en la prisión militar Ramo Verde. (El único otro periodistadetenido actualmente en Venezuela cumple arresto domiciliario, según investigaciones del CPJ).

"Las autoridades venezolanas deberían desistir de inmediato de los cargos absurdos contra Jesús Medina y dejar de buscar pretextos para prolongar su detención preventiva", expresó Natalie Southwick, coordinadora para América Central y del Sur del CPJ. "Encarcelar a periodistas y criminalizar al periodismo no pondrá fin a la profunda crisis que atraviesa Venezuela, ni la ocultará del mundo".

El 31 de agosto, Medina fue acusado de varios delitos, incluidos los de incitación al odio, lucro ilegal en actos de la administración pública y asociación para delinquir, señaló un abogado que integra el equipo que asumió su defensa y pertenece a la organización de derechos humanos venezolana Foro Penal. El abogado manifestó que el expediente penal no incluye ningún análisis legal ni fáctico que fundamente estas acusaciones. Conforme a los imprecisos términos de la ley contra el odio de Venezuela, el delito de "incitación al odio" se pena con hasta 20 años de cárcel. La ley fue promulgada en noviembre de 2017 por la Asamblea Constituyente, conformada por miembros leales a Maduro y creada para arrogarse las facultades legislativas de la Asamblea Nacional, integrada por una mayoría opositora.

Conforme al derecho venezolano, la audiencia preliminar de Medina --en la cual el ministerio público debe justificar los cargos formales-- debería haberse realizado dentro de los primeros 45 días. Ha sido postergada ocho veces, más recientemente el 2 de mayo. En seis ocasiones, la postergación se debió a que el tribunal no había emitido la orden para que Medina fuera trasladado a tiempo desde la cárcel hasta el tribunal, y la audiencia no pudo realizarse sin su presencia, indicó otra de los abogados de Medina del Foro Penal. En las otras dos instancias, el tribunal no había pedido el expediente a la sala de apelaciones, donde se encontraba, y esto también impidió que se realizara la audiencia.

Medina había sido detenido previamente por las autoridades venezolanas en octubre de 2017, mientras realizaba trabajo periodístico desde una prisión en el norte de Venezuela, junto a dos periodistas internacionales, según trascendió en la prensa. El mes siguiente, se desconoció su paradero por dos días. Fue hallado en una autopista en las afueras de Caracas, y afirmó que quienes lo secuestraron, lo habían torturado y amenazado con matarlo, conforme informaron distintas fuentes.

La organización venezolana por la libertad de expresión Espacio Público informó que, entre enero y abril de este año, se detuvo a 37 periodistas, 4 fotoperiodistas y otros 10 trabajadores de medios, incluidos camarógrafos, técnicos y conductores. Esta cifra prácticamente duplica a la del mismo período en 2018.

Algunos casos recientes son la detención del periodista y activista de derechos humanos venezolano Luis Carlos Díaz en marzo, la detención y deportación del periodista independiente estadounidense Cody Weddle, ocurrida una semana antes, y un incidente que tuvo lugar en febrero, cuando miembros de un equipo periodístico de Univisión, encabezado por Jorge Ramos, estuvieron detenidos por varias horas dentro del palacio presidencial de Miraflores antes de ser expulsados del país.

"La detención de Jesús Medina coincide con un patrón de detenciones arbitrarias y hostigamiento de opositores, críticos y cualquiera que se atreva a decir la verdad sobre lo que sucede en Venezuela", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Los líderes de la región y de Europa a quienes les preocupa la falta de independencia judicial y Estado de derecho en Venezuela deberían apoyar nuestro reclamo de que Medina sea liberado en forma inmediata".

 
Demanda de Uribe es parte de una 'campaña sistemática para silenciarme', alerta periodista colombiano

La demanda civil por difamación que el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ha interpuesto en un tribunal estadounidense contra el periodista Daniel Coronell es la última andanada en una larga y agria disputa que enfrenta a uno de los políticos colombianos más poderosos y a un periodista investigativo.

Desde comienzos de la década de 2000, Coronell ha destapado actos de corrupción, conflictos de intereses y violaciones de los derechos humanos por parte de funcionarios que ejercieron cargos en el Gobierno de Uribe o por parte de familiares y aliados políticos. Gran parte de sus investigaciones han aparecido en su popular columna en el semanario colombiano Semana.

Coronell es considerado por muchos como uno de los periodistas colombianos más influyentes y ha recibido en siete ocasiones el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, el equivalente colombiano de los premios Pulitzer. Sin embargo, él ha pagado un alto precio por sus denuncias.

Según Coronell, él y su familia se vieron obligados a huir de Colombia para Estados Unidos en 2005, durante el primer período presidencial de Uribe, luego de que el periodista recibiera amenazas de muerte por parte de un cercano aliado político de Uribe. Las autoridades colombianas confirmaron que Coronell había sido uno de los blancos de una masiva operación de espionaje ilícita del Gobierno de Uribe, la cual había comenzado alrededor de 2004. Uribe constantemente insulta a Coronell por Twitter y ahora ha llevado su pelea al extranjero.

En la demanda civil presentada en el Tribunal de Circuito de Miami-Dade, en Florida, el 30 de marzo, Uribe acusa a Coronell de yuxtaponer hechos para indicar falsamente que el expresidente se había involucrado en intentos de presionar a testigos y obstruir la justicia, y en otros actos ilícitos. Coronell declaró al CPJ que ratifica las informaciones que difundió.

"Esta es una campaña sistemática para silenciar me", Coronell, quien posee doble ciudadanía colombiana y estadounidense, expresó en entrevista telefónica desde Miami, donde es presidente de Noticias de Univisión. Uribe, agregó, "está tratando de callarme y de arruinar mi reputación".

Uribe, quien actualmente es senador de la República, no respondió a correos electrónicos del CPJ donde se le solicitaba comentar al respecto.

Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con sede en Bogotá, afirmó al CPJ que no conoce ningún otro caso en el cual un político colombiano haya demandado a un periodista por difamación en un tribunal extranjero. Pero, sostuvo Vaca, eso muestra los extremos a los que Uribe está dispuesto a llegar para acosar a periodistas.

"Esto tiene un efecto inhibidor porque cuando Uribe demanda a Daniel Coronell, también está enviando un mensaje a otros periodistas y organizaciones noticiosas sobre hasta qué punto sus críticas serán toleradas", señaló Vaca.

Durante sus dos períodos presidenciales, de 2002 al 2010, Uribe adquirió gran popularidad por emprender una campaña militar que debilitó a los rebeldes marxistas y mejoró la seguridad en el país, que estaba devastado por la guerra. Debido a una disposición constitucional que le impedía postularse para un tercer mandato consecutivo, Uribe fundó el partido conservador Centro Democrático y resultó elegido al Senado en 2014 y reelegido en 2018, con más votos que ningún otro candidato a legislador.

Uribe ha mantenido tanta influencia que su oposición a un acuerdo de paz de 2016 que había sido negociado por el entonces presidente Juan Manuel Santos para poner fin a medio siglo de conflicto con la guerrilla, ayudó a convencer a los votantes a rechazar el acuerdo en un plebiscito. [Posteriormente el Congreso ratificó una versión modificada]. El año pasado, el apoyo de Uribe ayudó a catapultar a la presidencia a Iván Duque, un senador que estaba en su primer período y era poco conocido.

Por su parte, Coronell con frecuencia investiga el abuso de poder por parte de los políticos.

Según el sitio noticioso colombiano La Silla Vacía: "Coronell ha destapado algunos de los grandes escándalos de los últimos años. Su principal habilidad como investigador es destapar los secretos del poder Ejecutivo".

En otro perfil, publicado en la revista colombiana Soho el año pasado, se citaron las siguientes palabras de Coronell: "No ha nacido el hijueputa al que le tenga miedo".

La trayectoria de Coronell como periodista televisivo despegó a finales de la década de 1980, cuando reveló que un mercenario israelí estaba entrenando a grupos paramilitares. Coronell también informó cómo la torpeza del Gobierno le había permitido al jefe narcotraficante Pablo Escobar escapar de la prisión en 1992, y sobre vínculos entre el presidente colombiano Ernesto Samper y poderosas figuras del narcotráfico.

"He sido crítico de todos los presidentes colombianos y todos ellos han podido manejarlo porque entendían que ese era mi trabajo", señaló Coronell. "La excepción es Uribe".

Poco antes de que Uribe saliera elegido presidente por primera vez, en 2002, Coronell reveló indicios que apuntaban a que un helicóptero utilizado por el padre de Uribe había aterrizado en un laboratorio de cocaína de Escobar. Uribe negó la acusación. Posteriormente, Coronell destapó un esquema para la compra de votos en el Congreso que allanó el camino a la aprobación de una enmienda constitucional que permitió que Uribe se postulara como candidato a la reelección en 2006. Dos exministros y el ex jefe de gabinete de Uribe han sido condenadospor el delito de soborno. El periodista también dio a conocer violaciones de los derechos humanos cometidas por los jefes militares de Uribe; los presuntos vínculos con grupos paramilitares por parte del hermano de Uribe, quien continúa enfrascado en una demanda judicial por la acusación; y denuncias de que los dos hijos de Uribe habían recibido un trato preferencial en acuerdos de negocio, lo cual la familia Uribe rechaza.

Coronell declaró al CPJ que no tiene nada personal contra Uribe, pero que mientras el expresidente continúe siendo un político poderoso él continuará investigando sus actos.

Nelson Fredy Padilla, editor dominical del periódico bogotano El Espectador, declaró al CPJ que, debido a recortes presupuestarios, la mayoría de los medios informativos colombianos han reducido los reportajes investigativos.

"Me siento muy solo en este trabajo", afirmó Coronell, quien agregó que, en lugar de darles seguimiento a sus revelaciones sobre Uribe, los medios noticiosos colombianos con frecuencia se centran en la pelea entre los dos hombres.

Vaca, el director de la FLIP, expresó que, además de la demanda, Uribe con frecuencia utiliza las entrevistas y las redes sociales para fustigar a los periodistas, a la vez que exhorta a sus casi cinco millones de seguidores de Twitter a hacer lo mismo. Según Vaca, la generalmente feroz reacción de Uribe y sus partidarios puede disuadir a los periodistas de criticar al expresidente.

"Uribe es el campeón en estigmatizar a los periodistas", declaró Vaca.

La FLIP ha documentado cómo Uribe ha utilizado Twitter para llamar a Coronell un "miserable", "un lavador de dinero", y "el periodista de la mafia", y frecuentemente publica artículos negativos sobre el periodista. El año pasado, la Corte Suprema colombiana le ordenó a Uribe retractarse de un comentario que había publicado en Twitter, en el cuál había calificado a Coronell de proceder con "actitud mafiosa".

Durante todo esto, Coronell sigue adelante con sus investigaciones. En lugar de opinar sobre las noticias del día, él publica investigaciones bien sustentadas que a veces requieren dos o tres columnas para llegar a su conclusión. Aunque Coronell vive en el extranjero, él explicó al CPJ que a menudo colabora con el periodista investigativo Ignacio Gómez, quien está radicado en Bogotá.

Coronell "es un periodista de completa integridad, lo cual es difícil de hallar en este país", Gómez declaró al CPJ.

Una ventaja de vivir en Miami y no en Colombia es que Coronell y su familia se sienten más seguros. Pero ahora, afirma, "este acoso judicial de Uribe está trayendo un problema de Colombia a Estados Unidos".

Por John Otis, corresponsal del CPJ para la región andina

 
México: Viuda de reportero asesinado Valdez lamenta que gobierno no frene violencia

CULIACÁN. Los crímenes y agresiones contra los periodistas continúan en México con el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia "y hasta hora no hay indicios de que las cosas vayan a cambiar", denunció este miércoles en entrevista con EFE Griselda Triana.

Se cumplen dos años del asesinato de su marido, Javier Valdez, en Culiacán, un homicidio en plena calle y a sangre fría de este reputado periodista que conmocionó a todo el país y expuso, una vez más, la fragilidad del ejercicio del periodismo en México.

"El panorama del periodismo actualmente es más grave de lo que pensábamos. El problema del nuevo Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es que las expectativas que creó fueron desmedidas y se pensó que la impunidad para agredir a los periodistas se podrían parar", aseguró Triana.

Para la mujer del fallecido reportero, fundador del semanario RíoDoce y experto en narcotráfico, "lo único cierto es que se continúa agrediendo y matando a los periodistas y hasta ahora no hay indicios de que las cosas vayan a cambiar", agregó.

Al menos ocho reporteros han sido asesinados en el país desde diciembre, cuando López Obrador asumió el poder, unas cifras incluso más elevadas que las de su antecesor.

Javier Valdez fundó RíoDoce y fue autor de libros de crónicas del narcotráfico como "Malayerba" o "Narcoperiodismo", también era corresponsal del diario La Jornada.

A dos años del crimen, su esposa y colegas del noroccidental estado Sinaloa celebran este miércoles una jornada de aniversario que incluye actividades culturales, talleres, exposiciones y mesas sobre periodismo.

Sobre las investigaciones del asesinato de su esposo, Griselda Triana comentó que "hasta ahora el proceso contra los asesinos materiales se encuentra detenido".

Mencionó que los presuntos implicados que se han arrestado presentaron un amparo. Y mientras no se resuelva, las audiencias para continuar con el juicio no se llevarán a cabo.

La Fiscalía de Sinaloa tiene a dos presuntos asesinos detenidos por el asesinato de Javier Valdez: Heriberto Picos Barraza, alias el Koala, y Juan Francisco Picos Barrueta, el Quillo.

Un tercer sicario acusado de participar en el crimen fue identificado como Luis Idelfonso Sánchez Romero, el Diablo, pero fue asesinado en septiembre del 2017 en San Luis Río Colorado, municipio fronterizo del vecino estado de Sonora.

La audiencia que está pendiente es para que la Fiscalía presente las pruebas que tiene para acusar a los dos detenidos.

El Semanario RíoDoce asegura que el otro asunto que queda sin resolver es la autoría intelectual del crimen.

"Nosotros hemos insistido mucho en que la autoría intelectual es una parte de la búsqueda de la verdad", denunció recientemente el medio de comunicación en un artículo.

Uno de los presuntos autores intelectuales es Dámaso López Núñez, "el Licenciado", quien disputaba la dirección del Cártel de Sinaloa a los hijos de Joaquín "el Chapo" Guzmán, hasta que este fue detenido y extraditado a los Estados Unidos.

Detenido en mayo del 2017, López Nuñez acudió como testigo de los fiscales en el juicio contra Guzmán en Nueva York, donde declaró que que ni él ni su hijo, Dámaso López Serrano "el Mini lic" tuvieron qué ver en el crimen de Javier Valdez.

"Fueron los hijos del Chapo Guzmán quienes dieron la orden", aseguró el testigo.

Griselda Triana comentó que el periodismo de investigación que investiga casos de corrupción y lazos políticos es "el que más incomoda".

"La manera más fácil de silenciarles es asesinándoles", aseguró la mujer, que definió a Valdez como "un periodista incorruptible y valiente".

Triana enfatizó que su muerte no ha logrado sacudir es al Estado, ya que hasta el momento no ha demostrado que los mecanismos y medidas para prevenir y evitar cualquier tipo de violencia contra los periodistas.

Recordó que, según organizaciones dedicada a la defensa de la libertad de expresión, el 99 % de las agresiones contra el gremio queda en la impunidad, en sintonía con los datos generales de violencia en México.

"Uno de los últimos textos que Javier escribió, lo tituló Periodismo en tiempos violentos, y lo triste es que siguen siendo más violentos porque las agresiones contra periodistas no acaban", dijo sobre el país, donde cada mes matan a uno o dos periodistas.

Contó que a pesar del miedo y a pesar del apoyo de organizaciones internacionales de protección a periodistas para que su esposo saliera del país, Javier eligió quedarse.

En sus últimos años, se dedicó a narrar las historias de vida de las víctimas de la violencia.

Valdez estaba enfermo de depresión, no dormía, vivía con un estrés constante y cómo él viven muchos periodistas que se saben amenazados por su trabajo.

Por lo que Triana enfatizó que no basta con reconocer que la situación del periodismo "va mal" y el asunto de fondo es evitar que continúen la agresiones.

"Es un panorama sombrío para el periodismo. Hasta ahora no existen garantías, incluso con el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, para que se detengan las agresiones y los asesinatos", concluyó.

Organizaciones defensoras de periodistas como Artículo 19 denuncian que México tiene niveles de violencia y crimen contra reporteros sólo comparados con países en guerra.

EFE

 
Colombia: Piden investigación exhaustiva tras asesinato de documentalista Mauricio Lezama

BOGOTÁ.-Las autoridades colombianas deben realizar una investigación exhaustiva y celera sobre el asesinato del documentalista Mauricio Lezama Rengifo y asegurar que los responsables sean enjuiciados, declaró el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

El 9 de mayo, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta asesinaron a tiros a Lezama en la localidad de La Esmeralda, una zona del departamento de Arauca plagada por la violencia y cercana a la frontera con Venezuela, mientras el cineasta realizaba entrevistas, según informaciones de prensa.

En el ataque, una bala rozó al camarógrafo Ricardo Llaín, quien fue trasladado a un hospital del cual fue dado de alta posteriormente, según esas informaciones.

“El asesinato de Mauricio Lezama Rengifo es el último y más alarmante incidente de una ola de amenazas y violencia contra los que informan cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Las autoridades colombianas deben investigar a fondo el asesinato de Lezama y garantizar que los periodistas puedan ejercer la profesión de manera segura en esta tensa región”.

Lezama realizaba un trabajo audiovisual sobre Mayo Villarreal, una activista política y enfermera de la región que trataba a las víctimas durante el prolongado conflicto armado colombiano, según el periódico de Arauca El Mirador. Lezama también era consejero departamental de cine de Arauca, según el periódico.

En un video publicado por Twitter, el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, atribuyó el asesinato a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Luego de sostener una lucha armada por varias décadas, las FARC acordaron entregar las armas de conformidad con un acuerdo de paz de 2016, pero desde entonces varios miles de excombatientes se han rearmado y se estima que 1700 están presentes en Arauca, según informaciones de prensa.

Alvarado declaró a los reporteros que las FARC podían haber creído que Lezama era un informante del Gobierno, según esas versiones periodísticas.

El ministro de Defensa colombiano, Guillermo Botero, condenó el ataque por Twitter y expresó que se habían enviado a la zona tropas adicionales así como investigadores de la Fiscalía General de la Nación.

El CPJ envió un correo electrónico a la sede de la Fiscalía General en Arauca para solicitar una declaración sobre el caso, pero no recibió inmediatamente una respuesta.

Durante mucho tiempo Arauca ha sido una zona peligrosa para el ejercicio del periodismo debido a la presencia de grupos guerrilleros y de narcotraficantes, según datos del CPJ. Daniel Martínez, corresponsal en Arauca de la cadena colombiana RCN Televisión, declaró al CPJ que había huido de la región el 1 de mayo luego de recibir una amenaza de muerte del Ejército de Liberación Nacional, un grupo guerrillero colombiano.

 
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