Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Lunes, 16 setiembre 2019
Internacionales
Argentina: Comisión de Libertad de Expresión recibió a representantes de la FIP

BUENOS AIRES.- En una reunión informativa, la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de Argentina presidida por el diputado Leopoldo Moreau (FpV-PJ), recibió a representantes de la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

El encuentro tuvo como finalidad conocer las recomendaciones y observaciones en materia de defensa de los medios públicos y sus trabajadores, que fueran redactadas por el plenario de la organización mencionada.

La FIP representa a 600.000 profesionales de medios de comunicación agrupados en 187 sindicatos, federaciones y asociaciones de más de 140 países. Organiza medidas colectivas para apoyar a los sindicatos de periodistas en negociaciones por salarios, condiciones de trabajo y la defensa de sus derechos laborales. También promueve la acción internacional para defender la libertad de prensa; impulsa la igualdad de género en todas sus estructuras; se opone a todo tipo de discriminación y reprueba la utilización de los medios de comunicación para promover propaganda, intolerancia y conflictos.

Las políticas de la FIP son decididas en un congreso que se reúne cada tres años. Su labor es llevada a cabo por el secretariado, bajo la dirección de un Comité Ejecutivo elegido en votación.

Moreau dirigió unas palabras de bienvenida a la delegación de la FIP que representa a América Latina y el Caribe y aclaró que en el Congreso realizado en Túnez se habló de “la situación de los medios públicos en nuestro país, ante la cual estamos en alerta”. Afirmó, en ese sentido, que “se está viviendo una situación de emergencia comunicacional” y consideró que “es muy importante el respaldo internacional”.

Además, el diputado recordó que presentaron un proyecto en 2018 para declarar la emergencia en materia comunicacional y reflexionó sobre el “conflicto que atraviesan no sólo los medios públicos sino también los comerciales y comunitarios”.

Lainez explicó que desde la asociación acompañan los reclamos y reciben constante información de los sindicatos de prensa de Buenos Aires, además de mencionar “la problemática de la pauta oficial”.

Por último, la presidenta de la FIP calificó al caso Télam como “emblemático” y afirmó que “si se llevan en conjunto medidas de lucha no se arrebatan los derechos”.

Sin integrantes del oficialismo, la comisión escuchó a representantes gremiales de la TV Pública, Télam y Radio Nacional, todos con un diagnóstico crítico sobre la situación de esos medios.

Fuente: www.hcdn.gob.ar

 
Nicaragua: Autoridades aduaneras retienen insumos de dos diarios

ÁMSTERDAM.- Las autoridades nicaragüenses deben entregar insumos pertenecientes a los periódicos La Prensa y El Nuevo Diario, declaró el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

Desde finales de agosto de 2018, las autoridades aduaneras han retenido importaciones de tinta y papel de La Prensa y El Nuevo Diario sin dar ninguna explicación por la retención de los insumos, según informaciones de prensa y representantes de ambos medios, quienes hablaron con el CPJ por vía telefónica.

El 30 de agosto, el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo de Nicaragua resolvió que las autoridades aduaneras debían cesar la retención de insumos importados por La Prensa, según una nota del periódico. El editor jefe de La Prensa, Eduardo Enríquez, declaró al CPJ que las autoridades no han cumplido con el fallo.

Con anterioridad, el 20 de junio, el tribunal les había ordenado a las autoridades que entregaran los embarques de insumos de El Nuevo Diario, según informaciones de prensa.

La Dirección General de Aduanas (DGA) no ha respondido formalmente a ninguno de los fallos del tribunal, pero el 8 de julio entregó una pequeña cantidad del papel periódico destinado a El Nuevo Diario, que este medio está utilizando para imprimir una edición en formato tabloide, en lugar de su tradicional formato sábana, declaró al CPJ el subdirector del periódico, Douglas Carcache.

“Las autoridades están intentando asfixiar abiertamente a dos importantes periódicos como La Prensa y El Nuevo Diario al retener sus insumos sin motivo alguno”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Las autoridades aduaneras de Nicaragua deben entregar los insumos que están secuestrando y permitir que los periódicos continúen ejerciendo su vital papel de informar a la sociedad”.

La DGA no respondió a una solicitud de declaración que el CPJ envió por correo electrónico. El sitio web de la DGA muestra un mensaje de error, y el CPJ llamó a siete teléfonos oficiales distintos que aparecen en los datos de contacto de las autoridades aduaneras, pero no recibió ninguna respuesta.

La DGE retiene aproximadamente 92 toneladas de papel destinadas a La Prensa, según una nota de este diario. La mayor parte de los ingresos de La Prensa provienen de la publicidad impresa, y la falta de recursos ha obligado al diario a reducir la paginación de su edición diaria y a dejar cesante al 65 % de su personal, Enríquez declaró al CPJ.

Enríquez expresó que, si el periódico no recibe los insumos pronto, se verá obligado a suspender completamente su edición impresa, lo cual provocaría más cesantías.

“Pagamos todo lo que hay que pagar. Hicimos todo lo que había que hacer; sin embargo, ellos no nos han entregado los insumos completos. No hay razón para ello, ni legal ni técnica”, afirmó Carcache. “Esto es un ataque abierto contra la libertad de prensa y la libertad de expresión”.

Desde inicios de 2018, el Gobierno nicaragüense ha allanado la sede de múltiples medios, les ha ordenado a las empresas de servicio de TV por cable que suspendan las transmisiones de canales críticos del Gobierno, y ha encarcelado periodistas, según datos del CPJ.

 
El Salvador: Bloquean participación de dos medios de investigación en conferencias de prensa

ÁMSTERDAM.- Las autoridades salvadoreñas deben dejar de bloquear la participación de los medios digitales de periodismo investigativo El Faro y Revista Factum en las conferencias de prensa celebradas en la Casa Presidencial, declaró el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), por sus siglas en inglés).

Hoy, las autoridades de la Casa Presidencial, situada en San Salvador, la capital, le impidieron al reportero de la Revista Factum Rodrigo Baires ingresar a una conferencia de prensa ofrecida por un ministro del Gobierno, el periodista declaró al CPJ por vía telefónica. Según Baires, un oficial de seguridad le dijo: “Tú eres de Factum, no puedes entrar”.

Anteriormente, el 6 de septiembre, agentes de seguridad de la Casa Presidencial les habían prohibido al reportero de El Faro Gabriel Labrador y al reportero de la Revista Factum Fernando Romero participar en una conferencia de prensa del presidente Nayib Bukele, ambos periodistas declararon al CPJ por vía telefónica. Horas después ese mismo día, la Presidencia divulgó un comunicado por Twitter, en el cual expresaba que a ambos medios se les había negado el ingreso debido a su “mal comportamiento” y señalaba que ambos reporteros podían ser admitidos nuevamente si mostraban respeto por la labor de los demás periodistas y de la institución de la Presidencia.

El comunicado también reafirmaba reiteradamente que el Gobierno era “respetuoso de la libertad de prensa” y de la accesibilidad a los medios.

“En lugar de divulgar comunicados que describen su compromiso con la libertad de prensa, las autoridades salvadoreñas deben demostrar ese compromiso permitiéndoles a los periodistas cubrir las conferencias de prensa gubernamentales”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Debe permitirse que los medios de prensa informen sobre actos de interés público sin enfrentar arbitrarios obstáculos al ingreso. Las autoridades salvadoreñas deben restablecer de inmediato el acceso de El Faro y la Revista Factum a la Casa Presidencial”.

Ambos medios han sido críticos de la gestión de Bukele. Hace poco El Faro publicó una investigación que afirmaba que Bukele había incumplido su promesa de campaña de actuar con transparencia en el Gobierno, mientras que la Revista Factum ha publicado una serie de reportajes sobre ministros y empleados públicos nombrados por el presidente que presuntamente habían intervenido en negociaciones secretas con las pandillas en Gobiernos anteriores.

Labrador expresó que, durante la visita que realizó el 6 de septiembre a la Casa Presidencial, él ya había pasado dos de los tres controles de seguridad cuando se le acercó un responsable de prensa y le dijo que no se permitía su presencia en el evento.

“Pensé que era una broma, pero cuando tratamos de caminar por el tercer control, a mi compañero, el fotógrafo Víctor Peña, y a mí nos impidieron el paso los soldados que protegen la residencia presidencial”, afirmó Labrador.

El comunicado emitido por la Presidencia acusaba a ambos medios de irrumpir en el evento “a gritos” y de dirigirse de “manera irrespetuosa y petulante” a personal de la Casa Presidencial.

Labrador declaró al CPJ que, el 27 de agosto, los responsables de prensa de Bukele terminaron una conferencia de prensa justo cuando el reportero de El Faro Jimmy Alvarado se disponía a hacer una pregunta, y el reportero alzó la voz para que se escuchara su pregunta.

Romero describió un incidente similar ocurrido el 2 de julio, cuando se puso fin a una conferencia de prensa justo cuando el reportero de la Revista Factum Bryan Avelar iba a hacerle una pregunta al presidente, pero señaló que Avelar no había alzado la voz.

“Estas cosas están pasando con bastante frecuencia. Tú, como periodista, pides tu turno para preguntarle [al presidente], pero cuando llega tu momento, ellos terminan la conferencia o a veces hasta apagan el micrófono”, expresó Romero.

El CPJ llamó en tres ocasiones a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia; todas las veces, una persona respondía y decía que transferiría la llamada del CPJ, pero luego colgaba. El CPJ se comunicó con Sofía Medina, la secretaria de Comunicaciones del presidente, mediante una aplicación de mensajería, pero Medina no respondió.

 
Nuevo Código Penal de Honduras dejará de tipificar difamación como delito

MIAMI.- El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) acogió con beneplácito el anuncio del Congreso Nacional de Honduras de que el país despenalizará la difamación y la injuria.

El 26 de agosto, Mario Pérez, presidente de la comisión a cargo de modificar el Código Penal del país, anunció que el nuevo código eliminará los llamados “delitos contra el honor”, como la difamación, la calumnia y la injuria, los cuales pasarán al Código Civil, según versiones de prensa y una declaración del Congreso. El nuevo código también eliminará reglas que responsabilizan penalmente al personal de los medios de comunicación por lo publicado por sus empresas, según esas informaciones de prensa. Las modificaciones efectuadas al código, que han sido aprobadas por el Congreso, entrarán en vigor cuando el nuevo código entre en vigencia el 10 de noviembre, según lo indicado por la prensa.

“La decisión del Congreso de Honduras de eliminar los delitos contra el honor del Código Penal y sumarse al creciente consenso regional en el sentido de que las sanciones civiles proporcionan una reparación adecuada en las demandas por difamación es un paso positivo”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, en Nueva York. “En un país donde los periodistas se enfrentan a enormes retos, la decisión de despenalizar la difamación es una victoria bienvenida para la libertad de prensa en Honduras”.

El periodista televisivo hondureño Ariel Armando D'Vicente fue sancionado penalmente por difamación en 2016, y el director de Radio Globo, David Romero Ellner, en la actualidad cumple una pena de 10 años de cárcel por difamación, según datos del CPJ. Según una nota publicada en el diario local El Heraldo, Romero tendrá derecho a apelar su sentencia en virtud del nuevo Código Penal.

 
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