NUEVA YORK. Representantes de periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y periódicos del mundo se reunieron en la sede de Naciones Unidas en Nueva York para debatir la necesidad de una Convención Internacional dedicada a garantizar la seguridad de los periodistas.

La misión, de la que formó parte la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), a través de su secretaria general, Zuliana Lainez, subrayó que en lo que va del año -en promedio- dos periodistas son asesinados en el mundo cada semana.

En la reunión estuvieron representantes de las misiones permanentes en Naciones Unidas de Europa, Oriente Medio, África del Norte, América Latina, Asia y América del Norte. Cabe destacar la presencia del gobierno peruano a través del consejero Jason Mestanza.

La iniciativa, lanzada por la Federación Internacional de Periodistas (FIP) el año pasado, ha logrado el apoyo también de los representantes de WAN-IFRA, la Asociación Mundial de Propietarios de Periódicos, la Unión Europea de Radiodifusión y UNI-MEI, una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores de medios, entretenimiento y artes en todo el mundo.

“NO SOLO SANCIÓN, TAMBIÉN REPARACIÓN”

Zuliana Lainez, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, recordó que en América Latina hay países que mantienen tasas de impunidad de casi un 98%, que lamentable muchas iniciativas impulsadas de cara a la comunidad internacional han tenido resultados cero y que esto no sólo carga de frustración a las familias y colegas, sino que genera autocensura por miedo o temor.

Subrayó que hay que demandar a los Estados no solo que los culpables materiales e intelectuales de los crímenes respondan ante la justicia, sino garantizar que estos hechos no vuelvan a repetirse. “La lucha contra la impunidad no es solo sanción, sino también reparación”, enfatizó.

“No pasa una semana sin que recibamos informes de más ataques o represión contra los trabajadores de los medios de comunicación. A menos que haya acción, tememos que sigamos hablando de cada vez más ataques. Expresamos nuestro apoyo a la iniciativa de la FIP”, señaló, por su parte, Johannes Studinger, secretario general de UNI-MEI.

El presidente de la Federación Internacional de Periodistas, Philippe Leruth, advirtió que “el asesinato de un periodista simplemente por su actividad es un escándalo, pero un escándalo mucho más grande es que 9 de cada 10 asesinatos de periodistas sigan impunes. El caso de Khashoggi, como todos los demás, ilustra que los periodistas están señalados como un objetivo y, como tales, necesitan una protección específica”.

“Este ha sido un primer paso importante para asegurar una mayor protección para periodistas y profesionales de los medios. Agradecemos el apoyo y el compromiso de los Estados miembros y nuestras organizaciones profesionales y continuaremos formando una coalición más amplia para ofrecer una acción real contra la impunidad”, concluyó el secretario general de la Federación Internacional de Periodistas, Anthony Bellanger.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú condena, una vez más, el accionar de un grupo de legisladores de Fuerza Popular, quienes en carta dirigida a la ministra de Cultura, Patricia Balbuena Palacios, exigen una sanción contra la periodista Sheyla Herrera Yui, de TV Perú, por el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de opinión y expresión como ciudadana en redes sociales.

Para la ANP este tipo de demandas son propias de regímenes totalitarios. Dicho requerimiento, suscrito por los legisladores Alejandra Aramayo, Mario Mantilla, Milagros Takayama, entre otros, no solo vulnera la Constitución Política del Perú que señala que en el Perú no hay delito de opinión, sino que transgrede los convenios y pactos internacionales de los que el país es firmante.

Vale la pena recordarles a los legisladores signantes de la petición que en el país nadie puede ser perseguido por razón de sus ideas, que la Carta Magna consigna la libertad de conciencia y que tal cual precisa la misma todos tenemos derecho a trabajar libremente con sujeción a la ley.

La ANP expresa su solidaridad con la periodista Sheyla Herrera Yui y exige que se respete su derecho a la libertad de expresión y derecho al trabajo. Dejar pasar una acción así en la que se perpetra una abierta injerencia inconstitucional exigiendo medidas correctivas contra su accionar significaría admitir que los congresistas pueden ser censores previos o posteriores a la labor de los periodistas que trabajan para medios del Estado. Ello es lesivo para cualquier régimen democrático ya que alentaría la insana práctica de la autocensura por miedo o temor.

Finalmente, la ANP les recuerda a los legisladores de Fuerza Popular que un contrato de trabajo no hipoteca las ideas de los periodistas. Las libertades de expresión y opinión están protegidas por primacía de derechos. La tolerancia a la crítica y la libertad de conciencia son propios de un Estado democrático de derecho.

Lima, 18 de octubre del 2018

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú considera que el fallo del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la ley que regula el gasto de publicidad del Estado Peruano garantiza el derecho a la información de la ciudadanía.

El Tribunal Constitucional con este dictamen resguarda el derecho de las personas a recibir información oportuna, subrayando que no se puede por vía de acciones estatales reprimir este derecho.

El fallo, calificado por la ANP de saludable, es legítimo en cuanto la denominada “Ley Mulder” o “Ley Mordaza” era discriminatoria y afectaba también el deber del Estado a ser transparente.

Para la ANP el tema ahora es ¿quién repara el daño? ¿Quién resarce el perjuicio ocasionado a los periodistas autogestionarios y emprendedores del interior del país? Tenemos registro de más de una veintena de programas periodísticos forzados a cerrar por ausencia de publicidad estatal desde aquel lamentable 18 de junio en que se promulgó la ley.

La ANP está convencida que hay necesidad de regular la distribución de publicidad oficial -para que la misma se otorgue con criterios técnicos que respondan al alcance, sintonía y sentido de pluralidad-, pero deplora que la prohibición sea el camino. Por ello se mantendrá vigilante ante cualquier iniciativa que se presente. Considera, además, que esta puede ser una buena oportunidad para abrir un debate nacional y se escuchen las voces de los medios de las regiones que demandan que la publicidad del gobierno central llegue a las provincias de forma directa, sin intermediarios, que son quienes se quedan con el mayor porcentaje de la inversión publicitaria.

Finalmente, la ANP recuerda lo señalado por la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión, que en el artículo 13.3 de la Convención Americana establece que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

Lima, 11 de octubre del 2018

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

10 de octubre. Melissa Alfaro. Hace 27 años fue brutalmente asesinada producto de la explosión de un sobre/periódico/bomba que recibió en el semanario Cambio y que iba destinado al director de dicha publicación.

Hoy 27 años después ya solo son vocecitas agónicas aquellas que pretenden poner sombras al caso.

Hoy se cumplen 27 años sin justicia. 27 años que pesan sobre los hombros de una madre que no ha callado nunca. De una madre, de una hermana, que han tenido que librar varias batallas. Primero, para rescatar la memoria de Melissa, para que las instituciones se sumen a la causa, la hagan suya, la defiendan.

Hemos vivido durante muchos años asesinando a Melissa con el silencio.

Han pasado casi tres décadas y hoy hay esperanza. Y es que los jóvenes han hecho suya esta causa. Alguna vez Norma Méndez en medio de su dolor me decía: las voces de los jóvenes hacen que recupere fuerza. Me levantan cuando caigo. Y es que hoy Melissa está viva en ellos. Porque se ha sabido construir memoria, recuperar historia, traer con nosotrxs sus ganas de cambiar esa realidad que la indignaba.

Tenía 14 años cuando asesinaron a Melissa. Ella estudió en la misma escuela de periodismo donde luego acabé la carrera. Siempre he estado convencida que si ella viviera sería una activa anepista. La ANP hubiera sido su casa natural. Al gremio la hubiera traído esa capacidad de enfadarse con lo que no creía correcto.

Hoy quiero especialmente abrazar a Norma (y la fecha me encuentra lejos). Porque la he visto y la veo dejarse la vida por lograr justicia para Melissa. Porque la sé arropada por todos quienes la queremos. Porque cuando la enfermedad viene sabe levantarse porque siente desde la entraña esa tarea que tiene por cumplir. Hoy exigimos que empiece el juicio oral. Ya es hora que aquellos que terminaron con Melissa respondan ante una justicia.

Desde la ANP, este 10 de octubre decirle de nuevo a la familia Alfaro-Méndez: No nos vamos a cansar. Estas voces no se apagarán. No hay qué o quién pueda apagarlas (ZL).