La multitudinaria presencia de la ciudadanía en las calles de Lima, Cusco, Trujillo, Chiclayo, Arequipa y otras ciudades del territorio nacional, exigiendo la salida del señor Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, del sillón principal de la Fiscalía Nacional, a la vez que manifiesta rechazo a los graves males que viene ocasionando la corrupción al país, merece ser interpretada como la expresión de una nación digna, fiel a los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.

Estos hechos de trascendencia cívica, con apego a lo consagrado en la Constitución Política del Perú, nos hace ver que la nación ha comprendido que haciéndose escuchar está en condiciones de crecer, avanzar, alcanzar su desarrollo y prosperidad, a la par que movilizándose tiene la fortaleza suficiente para enmendar los malos pasos de quienes vienen incumpliendo con la promesa de servir a la patria, acabar con la delincuencia que se ha enquistado en funciones claves del Estado y llevar a los estrados de la justicia a los que se han enriquecido a punta de suculentas coimas y millonarios sobornos.

Existen antecedentes de episodios democráticos como los que hoy protagoniza el pueblo, pero estos últimos sobresalen porque la comunidad nacional ha logrado unir a los arriba y a los de abajo, a los jóvenes y a los viejos, en aras de un objetivo común que los identifica, esto es, una misma vocación histórica para salvar al país del peor de los males que le afectan, como es el caso de la corrupción. Un cáncer que viene de tiempo atrás y que amenaza en convertirse en metástasis generalizada. Una cirugía profunda, con el bisturí que posee la democracia, es impostergable ahora, ya mismo.

Sin embargo, la última palabra no está dicha. La debilitada pero no vencida, mayoría parlamentaria que representa al neofujimorismo y al neoaprismo, maniobra maquiavélicamente para obstaculizar la demanda de la sociedad peruana, en esta lucha contra la corrupción. Apela para ello a burdas interpretaciones de la Constitución, con el propósito de dilatar la aprobación urgente del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, que pondría fin al reinado de Chávarry Vallejos en la Fiscalía de la Nación y de otros tantos funcionarios que están al servicio de corruptos y corruptores.

Es evidente que todo el mal que esa mayoría parlamentaria ha hecho desde hace dos años y medio, lo ha hecho bien. Ante eso está reaccionando la ciudadanía. Ya no soporta la falta de vergüenza, descaro, cinismo, demagogia de tales legisladores. Eso explica el porqué de su presencia multánime en las calles. La vida social ofrece un ejemplo del grave deterioro que sufre la convivencia nacional por culpa de esa mayoría. Padece profunda anemia. Pero hoy este pueblo se ha puesto de pie, está recuperando la unidad y la vocación del derecho a una vida justa y digna, el sentido y la conciencia de nación. Por ello se deja sentir y comparte valores y principios que los une y solidariza. La lucha cívica recién comienza. Aquellos a quienes se les dio poder de representación en el cuerpo político, lo están usando irrespetuosamente, para atender y beneficiar fines privados. Ahora están notificados. La ambición salvaje, primitiva, los están llevando al ocaso y a la perdición.

Roberto Mejía Alarcón

Se fue el año 2018 y como en otras oportunidades no queda otra cosa que esperar que el 2019 sea distinto en toda la extensión de la palabra. Denominado con exceso de optimismo como “Año del Diálogo y la Reconciliación”, no fue ni lo uno ni lo otro. La crisis política, con el acompañamiento también preocupante de la crisis económica y de la crisis social, explican que los pasados 365 días se convirtieron en otra pesada desventura para la ciudadanía. Igual que periodos pasados.

Habría que reconocer, sin embargo, que el último semestre llegó con su balón de oxígeno y volvió a inyectar nuevas dosis de esperanza a este pueblo doliente, que supo apreciar mejoras en la gobernabilidad, no suficiente por supuesto, pero promisorias, al igual que la lucha abierta y sin miramientos iniciada por una nueva generación de fiscales superiores, que han sabido enfrentarse a ese mal de males que significa la corrupción, tanto en el sector público como en el sector privado. Los nombres se conocen y los casos emblemáticos también. No voy a ser reiterativo al respecto, por una razón en especial: hay que esperar que concluya el justo proceso acusador y quienes administran justicia sancionen a quienes haya que sancionar. El anhelo ciudadano es que por fin termine el reinado de los intocables, de los blindados, ya sea porque gozan de poder político o disfrutan de poder económico.

Como es costumbre, pasado el periodo anual, se busca premiar con la distinción del mejor o de los mejores, a los personajes que se hubieran distinguido por alguna razón buena. En mi caso, no creo conveniente sostener tal escrutinio, bajo las premisas tradicionales. Yo estoy entre quienes considera que a quien habría que premiar simbólicamente, es a ese colectivo de peruanos que participaron del referéndum nacional en el que se votó por el ¡sí! , respaldando la consulta que permitirá la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura, la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas, y  la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República, al mismo tiempo que le dijo ¡no! a la engañosa  reforma constitucional que pretendía establecer la bicameralidad en el Congreso de la República. Esto último trajo abajo el ardid de la actual mayoría parlamentaria, por la cual se pretendía  quebrar el equilibrio que debe existir en las relaciones entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo.

¿Hay que esperar mucho con la llegada del Año Nuevo?. La reflexión personal de cada ciudadano es importante, en la medida en que esté dispuesto a dar de sí una actitud firme ante quienes se oponen al verdadero cambio que nos lleve de una democracia formal a una democracia participativa. Esa meditación quizás permita germinar la fuerza que inspira y crea un modo de vida y un sistema ético particular en una sociedad tan compleja como la nuestra. Estamos viviendo una hora aciaga, cuando nuestra patria podría precipitarse en un vacío de soledad y de confrontaciones inútiles si concluye por perder la fundamental comunidad de intereses, de ideales y propósitos. Los mensajes en contra de ese cambio tan anhelado, se vienen incrementando desde el Poder Legislativo, algunos articulistas y, como se esperaba, desde los despachos de quienes se consideran poderosos.

Es el año que nos convoca a ser más fuertes, sin más escudos que las propias armas que nos da la Constitución Política del Estado. La fortaleza moral que nos anima y el derecho a la palabra libre y responsable impedirá que sea roída la configuración del alma colectiva de la mayoría ciudadana con el divorcio del espíritu y de la materia y con las estériles discordias grupales y las ambiciones individualistas de caudillos y grupos partidarios que traicionan los valores y principios que justificaron su nacimiento. Tenemos que estar atentos ante un hecho real, que presentan al Perú transitando por una de las coyunturas más difíciles de su historia. “El poder anónimo del dinero, decía Emmanuel Mounier, ha ocupado todos los puestos de la vida económica, después se ha deslizado, sin quitarse el velo hacía los puestos de la vida pública, ha alcanzado finalmente la vida privada, la cultura y la misma religión”.  Allí están los enemigos del pueblo, allí están los que no quieren que el pueblo alcance un tipo de vida mejor, allí están los que adoran el culto turiferario, que castra e intimida todo arresto ciudadano a un destino más digno, más armonioso, más justo.

Roberto Mejía Alarcón

El nuevo año encontrará al pueblo peruano expectante de dos reformas que trascienden, en tanto auguran la posibilidad de que el país camine sobre ejes de una democracia más sólida y de participación más efectiva de la ciudadanía.  Nos estamos refiriendo a la Reforma de Justicia y a la Reforma Política.

La primera etapa de esta delicada tarea se ha cumplido. La Comisión encargada de la Reforma de Justicia hizo entrega, en su oportunidad, de diez recomendaciones al Jefe del Estado y éste, a su vez, las ha hecho de  conocimiento del Congreso de la República.  Ahora se espera que, luego del debate respectivo, la reforma en mención permitirá realizar en el país un auténtico cambio y asegurar la transparencia de los ciudadanos en sus instituciones. El anhelo general es que haya una reforma integral del sistema. ¿Se cumplirá ese cometido o entrarán en juego otros intereses a los que ya nos tiene acostumbrados el actual Parlamento?

La segunda etapa corre por cuenta de la Comisión encargada de la Reforma Política, la misma que ha asumido la responsabilidad de plantear, en el marco de la mayor autonomía, los cambios que deben de efectuarse. La tarea es sumamente delicada porque se trata de una reforma que, sin medias tintas, asegure la participación democrática del pueblo en asuntos que tienen que ver con su dignidad y plena realización.

La calidad intelectual de quienes integran esta comisión ha sido bien recibida y se espera mucho de ella, en cuanto pueda superar, por ejemplo, los cambios que el Congreso de la República, introdujo a la reforma de la bicameralidad parlamentaria y que dieron lugar al rechazo ciudadano, en la consulta popular que se efectuó el pasado 9 de diciembre.

Sin embargo, ahora es de esperar que la comisión que comenzará sus funciones el primer día útil de enero entrante, tenga en consideración tres principios fundamentales que se presentan como condiciones que gobiernan y determinan toda sociedad. Se trata de la igualdad, la libertad y la justicia, bases que sustentan la vida en una verdadera democracia.

Los dos primeros principios son inmanentes a la esencia misma del ser humano, mientras el tercer principio, derivado de la igualdad y fundado en la libertad, constituye un fin ético de suyo inseparable de toda relación que tenga el ser humano, como uno de sus términos.

En cuanto al principio de igualdad, hay que subrayar que cualquier sociedad que se pretenda legítima, debe disponer su organización de modo tal que garantice, para todas y todos de sus miembros, la posibilidad de alcanzar su propia realización y de acceder a los beneficios que la vida en común comporta. La igualdad se funda en la naturaleza humana. Todos los seres humanos son esencialmente iguales.

En cuanto al principio de libertad debe ser entendida como indeterminación del acto humano, acto en el que se distingue entre una libertad interior o libre albedrío y una libertad exterior o de libertad de independencia. El libre albedrío es una nota esencial del ser humano, de la misma manera como lo es la igualdad que deriva de la naturaleza humana. La libertad de independencia corresponde a la igualdad de proporción y se erige en condición de posibilidad de su realización fáctica. El orden jurídico determina los alcances de la libertad.

Decíamos que otro principio es el referente a la justicia, principio por el cual el acto humano, individual o social, se acerca, se ajusta, a su fin. Bastará a los fines propuestos, entender a la justicia como orden que hace referencia a la igualdad o que persigue, como se suele decir, la realización de la igualdad entre un cierto “dar” y un cierto “recibir”.

Como principio de la organización social, o principio operativo de la sociedad, la justicia afecta tanto las relaciones entre los seres humanos que son sus miembros, como las que ocurren entre los grupos intermedios y los seres humanos, la de aquellos miembros entre ellos, y también las de todos los componentes individuales colectivos de la sociedad con el propio cuerpo social, considerado en su totalidad y generalmente representado por aquella parte suya responsable de la gestión del bien común, es decir, el Estado.

Hemos querido subrayar la importancia de estos tres principios como aporte que con mayores luces asumirá la Comisión de Reforma Política. Por una razón muy sencilla: tales principios se nos presentan como principios operativos de la sociedad. Constituyen en realidad verdaderas condiciones para su organización pues, en ausencia de ellos el resultado no se da en una sociedad autentica, sino un colectivo de seres humanos, más o menos coercitivo, más o menos aceptado o mantenido, pero donde los seres humanos, varones y mujeres, jóvenes y mayores, no tienen posibilidades de desenvolverse adecuadamente en busca de su destino. La reforma política puede ser el hito inicial de una democracia real. El Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de hacer suyos o no las recomendaciones de la Comisión de Reforma Política. ¿El Poder Legislativo actuará, preguntamos, a la altura de estas circunstancias históricas o reincidirá en poner obstáculos a los cambios que demanda el país?

Roberto Mejía Alarcón

El periodista y emblemático defensor de la libertad de prensa, como derecho ciudadano, en la región amazónica, Johnny Pezo Tello, dejó de existir el reciente 23 de diciembre, víctima de una grave enfermedad. Su deceso se produjo en la Sala de Cuidados Intensivos del Hospital Almenara, en la ciudad de Lima.

Johnny Pezo Tello dirigía el Diario al Día, con circulación en Yurimaguas, en el oriente peruano, región Loreto. El público lector seguía con gran interés sus notas editoriales, en las cuales demandaba una mayor atención a los serios problemas sociales  y económicos que afectaban a la población, al mismo tiempo, que le expresaba su respaldo por las investigaciones periodísticas mediante las cuales hizo conocer una serie de irregularidades, sobre todo en el manejo de los recursos públicos.

Esa labor, incansable, del reconocido hombre de prensa, le significó, sin embargo, querellas,amenazas y agresiones de parte de funcionarios corruptos, enquistados en la administración estatal, e inclusive pérdida de su libertad. No faltaron quienes le acusaron de delitos que nunca cometió. Pero Pezo Bello, quien era agremiado a la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y presidente de la ANP-Yurimaguas, supo defender su honor y superar esos duros trances.

Su esposa, Janina Acosta Saavedra y sus dos menores hijos lloran su muerte, a consecuencia del dengue, mal que contrajo en Yurimaguas, lejos de su extrañada Barranquita, en San Martín, en donde nació hace 44 años.

Enterados de la enfermedad que contrajo Johnny, sus familiares lograron trasladarlo a Tarapoto y luego a Lima, en donde sus colegas estuvieron pendientes de su estado de salud. Lamentablemente, los facultativos no pudieron dar remedio al mal.

Sus restos mortales han sido trasladados a San Martín, en donde recibirá sagrada sepultura.