Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Sábado, 23 octubre 2021
Nacionales
Caso Hugo Bustíos: Nuevo juicio oral se inicia el 26 de noviembre

La Tercera Sala Penal Nacional Especializada del Poder Judicial fijó para el 26 de noviembre el inicio del nuevo juicio oral contra Daniel Urresti por el crimen del periodista Hugo Bustíos, cometido en noviembre 1988, en Huanta, Ayacucho.

Para el 2 de setiembre se estableció el inicio del proceso, sin embargo, este tribunal reprogramó la audiencia después de que Vanesa Alfaro Mendoza, defensa legal de Daniel Urresti, solicitara más tiempo con el fin de estudiar el expediente contra su defendido.

El Ministerio Público acusa al hoy congresista de haber participado en el asesinato de Hugo Bustíos y, por ello, pide 25 años de cárcel en su contra por la presunta coautoría del delito contra la vida, cuerpo y salud en la modalidad de asesinato.

La audiencia para el 26 de noviembre empezará a las 9 de la mañana y se desarrollará de forma virtual.

El periodista Hugo Bustíos Saavedra fue presidente de la ANP Huanta, corresponsal de la revista Caretas y director de radio Amauta. El 24 de noviembre de 1988 un grupo de militares le disparó para luego detonarle un cartucho de dinamita.

En el 2007 sentenciaron a Amador Vidal Sanbento y Víctor La Vera Hernández como autores materiales del hecho. Sin embargo, en el 2011 son liberados sin completar la condena.

En 2015 inicia el proceso judicial contra Daniel Urresti, acusado de ser autor mediato; el mismo que culmina en octubre 2018 y cuya sentencia fue anulada para dar inicio a este nuevo proceso.

 
ANP: Restringir acceso a información pública es señal de opacidad gubernamental

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su preocupación por la falta de transparencia de ciertas dependencias del Estado que se resisten a brindar información sobre acciones de gobierno adoptadas durante el estado de emergencia nacional. Limitar el acceso a la información pública no solo es señal de opacidad, sino que lesiona el derecho constitucional a estar debidamente informado. La pandemia no debe servir de excusa para restringir las libertades civiles.

De manera particular, la ANP subraya la negativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) de brindar información sobre los beneficiarios del programa Reactiva Perú al portal web de periodismo de investigación Convoca.pe bajo el argumento de “guardar reserva respecto de las operaciones, actos, contratos, documentos e información que se relacionen con los fideicomisos, con los mismos alcances que la ley establece para el secreto bancario”.

Ante la respuesta deficiente del MEF el 8 de julio, en la que precisó que “toda la información del programa se encuentra en su portal web (citando la dirección web de dicho espacio)”, el periodista Luis Enrique Pérez Pinto, de Convoca.pe, se dirigió al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP) para presentar un recurso de apelación demandando se le brinde información sobre “la fecha de aprobación y otorgamiento de cada préstamo”.

El portal de investigación requería dicha data para identificar a las empresas que han sido beneficiadas por el programa de reactivación económica luego de detectar “que dos empresas supervisoras y cuatro estudios de abogados investigados por el megacaso de corrupción Lava Jato accedieron a préstamos con aval del Estado”.

Este hecho llamó la atención del equipo periodístico puesto que, el 11 de mayo el Ejecutivo publicó el decreto legislativo que agregaba restricciones e impedimentos de acceso a empresas procesadas o investigadas por casos de corrupción. Para sorpresa del medio, hasta el 29 de mayo detectaron que, algunas de las entidades involucradas en investigaciones por estos ilícitos, habrían sido beneficiadas luego de aprobada esta norma.

La ANP detecta, a partir de su propia experiencia de pedidos de acceso a la información pública en el marco de esta pandemia, que las instituciones públicas cumplen con el plazo de respuesta, pero lo hacen de manera incompleta y genérica. El Tribunal Constitucional ha señalado anteriormente que “no solo se niega el derecho de acceso a la información pública cuando la negativa es expresa, sino también cuando la respuesta proporcionada es ‘fragmentaria, desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, no oportuna o errada’ (faz negativa de este derecho fundamental)”.

En razón a ello, y ante un segundo pedido de apelación de Convoca.pe para acceder a la data sobre la fecha de aprobación y otorgamiento de préstamos a la empresas beneficiarias del programa Reactiva Perú -precisando que la entrega de esta información no vulnera el secreto bancario de las empresas beneficiarias-, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP exhorta al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que priorice la necesidad de información de la ciudadanía.

Asimismo, la ANP recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su resolución 001-2020 (denominada “Pandemia y Derechos Humanos, en América Latina”), señala que los estados miembros deben “asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el COVID-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público”, recomendación que subrayamos con especial énfasis.

Para la ANP, la transparencia debe ser considerada una prioridad tanto en el sector público como el privado. La obligación de rendición de cuentas del Gobierno es esencial en democracia.

Lima, 22 de octubre del 2020

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

 
ANP recuerda a periodista Melissa Alfaro Méndez

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) recuerda a Melissa Alfaro Méndez, que fue estudiante de la Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza y practicante del semanario Cambio, crítico al régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

Se la recuerda por su trabajo de cerca con las poblaciones vulnerables. Su labor destacada le permitió llegar a ser jefa de informaciones del medio de comunicación a los 23 años, mientras seguía sus estudios.

Murió el 10 de octubre de 1991 al abrir un sobre que contenía anfo gelatina, explosivo de uso militar. Desde ese momento su familia ha emprendido una lucha incesante por alcanzar la justicia.

 
Periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas denuncian seguimiento y amenaza de muerte

La periodista de investigación Paola Ugaz Cruz denunció haber recibido una amenaza de muerte el reciente viernes 2 de octubre. Esto se suma al seguimiento por parte de agentes no identificados del que vienen siendo objeto Ugaz y Pedro Eduardo Salinas Chacaltana.

“Vas a morir. Rojos, se viene el Charlie Hebdo peruano. Los vamos a fumigar a plomo”, señala el mensaje privado recibido por la periodista Ugaz, en clara alusión al ataque en el 2015 al semanario satírico francés en el que dos encapuchados irrumpieron a tiros en la redacción matando a 12 personas entre ellas el director y algunos de los caricaturistas más famosos de Francia.

Antes de esta amenaza de muerte directa, el 9 de setiembre, en el distrito de Mala, provincia de Cañete -donde reside el periodista Pedro Salinas-, dos personas en moto con la foto del DNI de la periodista indagaban sobre la presencia de éstos en la zona. “Preguntaban por mí y por Pedro —en los alrededores donde él vive— [sobre] qué hacemos, qué no estamos haciendo, si nos dedicamos al tráfico de terrenos o no”, expresó a un medio local.

Estos dos hechos de gravedad, que evidencian seguimiento y reglaje a los periodistas se suman a la abierta campaña de demolición y desprestigio de la que viene siendo blanco la periodista Paola Ugaz a quien se le pretende involucrar en una supuesta red de lavado de activos.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) reconoce el trabajo periodístico investigativo de Paola Ugaz y Pedro Salinas, quienes han recogido testimonios que revelan los abusos cometidos al interior de la organización religiosa Sodalicio de Vida Cristiana.

La ANP invoca a las autoridades competentes -División de Investigaciones de Delitos de Alta Tecnología de la Policía- a realizar las investigaciones correspondientes, a fin de dar con la identidad de la persona que amenazó de muerte a Paola Ugaz.

Asimismo, demanda se inicien procesos contra quienes resulten responsables del reglaje realizado a los periodistas, en el que según versión del periodista Pedro Salinas estaría involucrado el oficial Iván Antonio Barrios Arteaga, quien trabaja en la dependencia policial de San Vicente de Cañete.

Finalmente, la ANP rechaza de manera categórica que se intente afectar la reputación de quienes hacen labor de investigación sin ninguna prueba. Estas prácticas son propias de la década de los 90, en las que se atacaba a periodistas a través de titulares y caricaturas claramente injuriosas y ofensivas, reportajes sistemáticos destinados a relacionar periodistas y políticos con actividades ilícitas o moralmente cuestionables, ediciones apócrifas de algunos medios de prensa y hasta veladas amenazas de denuncias penales.

 

 

 
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