Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Martes, 11 agosto 2020

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Atención al periodista










Durante las 24 horas del día

Alertas
Jaén: Gobernador Regional de Cajamarca amenaza a periodistas locales

El Gobernador Regional de Cajamarca, Mesías Antonio Guevara Amasifuen, profirió expresiones denigrantes y amenazantes en contra de medios y periodistas locales de la provincia de Jaén, en dicha región.

Desde hace semanas atrás, los medios de comunicación vienen criticando el trabajo que hace la autoridad regional con respecto al trabajo de contención y control del COVID-19 en su región.

En razón a ello, el último sábado 27 de junio, en el contexto de la reunión que sostuvo con la directora del Hospital de Jaén, declaró durante una rueda de prensa: “aquellos medios de comunicación, que de manera cobarde están lanzando este tipo de desinformaciones, les digo que no están atentando contra Mesías Guevara, ni contra el alcalde, sino que están atentando contra el pueblo de Jaén”.

Seguido agregó: “les digo públicamente que sean responsables, porque el karma existe y cualquier cosa puede pasar”.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú se aúna al pronunciamiento de nuestra base provincial, la ANP Jaén, que ha expresado su “total rechazo y protesta contra esta actitud soberbia y amenazante de esta autoridad regional con intención de callar a la prensa, acción que no va a conseguir jamás”.

Asimismo, la ANP recuerda al señor Mesías Guevara Amansifuen que, como autoridad pública, está permanentemente sometido al escrutinio de la prensa, que cuestiona el actuar de los funcionarios para que estos respondan con claridad y no con expresiones que buscan deslegitimar informaciones que les pueden resultar incómodas.

Finalmente, vemos con alarma que la autoridad lance una amenaza vedada al expresar “cualquier cosa puede pasar”. La ANP se mantendrá alerta, a nivel nacional y provincial ante este gesto de intolerancia que expresa falta de voluntad de la autoridad para respetar la libertad de expresión y de prensa.

 
Atalaya: Periodistas locales son centro de campaña difamatoria por redes sociales

Los periodistas Juan López Encinas, de Radio La Poderosa, y Carlos Eduardo Armas Ríos, de Radio Atalaya, vienen siendo blanco de una campaña difamatoria en redes sociales que busca desacreditarlos y descalificar su trabajo periodístico.

Carlos Eduardo Armas ha venido realizando la cobertura de las protestas de trabajadores y trabajadoras del sector salud en la provincia, quienes reclaman por la falta de implementación para atender a los pacientes con COVID-19.

Por su parte, Juan López -en sus espacios informativos- ha dado voz a la ciudadanía que ha expresado su descontento y cuestionado la falta de visión preventiva y atención sanitaria ante la emergencia en la zona por Covid-19.

Esto ha generado que inicien una campaña de hostilización en redes sociales contra de los hombres de prensa desde cuentas troll, desacreditando su trabajo y a ellos como informadores. A Juan López, en una publicación, le atribuyen falsamente expresiones en contra de la policía local, buscando confrontarlo con la autoridad.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú - ANP es enfática en condenar estos ciberataques que buscan hostigar y poner en cuestión el trabajo informativo de los periodistas Juan López Encinas y Carlos Eduardo Armas Ríos.

Asimismo, la ANP exhorta a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que actúe con celeridad a fin de identificar a las personas responsables de esta campaña difamatoria.

 
Tocache: Periodistas son víctimas de exceso policial durante cobertura de prensa

Los periodistas Roy López Vila, de Radio Nycoll, y Mario Yuri Gómez Príncipe, de Radio Poder, -ambos responsables del portal noticioso en redes sociales Uchiza Opina- denunciaron ser víctimas de maltrato policial durante una cobertura periodística.

El hecho sucedió el reciente 10 de junio, en horas de la mañana, luego que los hombres de prensa se enteraran que las rondas campesinas de Uchiza-Tocache se reunirían para coordinar las acciones sanitarias que iban a implementar para mitigar el impacto de la pandemia por COVID-19. La reunión se realizó en el local conocido como “El Mundialito”.

En estas circunstancias el periodista Gómez Príncipe ingresó al centro donde se realizaba la reunión para la cobertura correspondiente, mientras López Vila se quedó en el exterior recogiendo opiniones de la ciudadanía.

En ese momento, llegan dos camionetas con efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ejército Peruano (EP). López llama a su compañero para que se retire del local antes que incursionen los agentes del orden; Gómez sigue la recomendación.

Según relataron los reporteros a la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, en ese momento, un agente PNP les indica que ingresen al local para el operativo que estaban iniciando, ante esto, los hombres de prensa indican que ellos no eran parte del acto, sino que realizaban la cobertura del mismo; para ello se identifican presentando sus documentos, sin embargo, el policía los desconoce y fuerza a que ingresen.

En el interior del local los periodistas insisten en que no eran parte de la reunión, pero un agente policial responde indicando que “cualquier reclamo, en la comisaría hacen su descargo”.

Ya en la Comisaría de Uchiza los hombres son retenidos por espacio de una hora, hasta que el comisario –previa reunión con el fiscal de turno- indicó que no les iban a poner una papeleta.

Antes de retirarse un agente PNP trae una hoja para que firmen todas las personas que fueron llevadas a la comisaría. Cuando llegó el turno de los hombres de prensa, estos indican que el documento estaba en blanco, ante lo que el efectivo policial señaló que si no firmaban no iban a salir, por lo que estuvieron forzados a hacerlo.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú –ANP condena el trato que los agentes del orden dieron a los periodistas Roy López Vila y Mario Yuri Gómez Príncipe, quienes en todo momento realizaban labor de prensa.

Asimismo, la ANP reprueba que se desconociera la documentación de los hombres de prensa, puesto que se identificaron y mostraron que cumplían plenamente las exigencias que el Estado de Emergencia Nacional demanda.

 
Pomabamba: Amenazan con querellar a periodista por difundir video de intervención policial a médicos

El periodista del portal web Pomabamba TV en vivo (Ancash), Fredy Edgar Poma Vergaray, reprodujo en sus redes sociales un video en el que se aprecia la intervención policial a un grupo de médicos que se encontrarían libando licor en el interior de un domicilio, en pleno toque de queda, el sábado 6 de junio.

Tras la difusión del informe audiovisual del programa Contrapunto -replicado por el comunicador-, los médicos Daniel Fernando Gonzalez Alegre, exdirector de la Red de Salud Sur Huari, y Luis Anderson Bernal Li, remitieron una carta notarial a Poma Vergaray exigiéndole se retracte, bajo amenaza de ser querellado.

En la carta, los médicos intervenidos subrayan que el periodista “no se ha tomado el trabajo de indagar, informarse, verificar si la noticia que le enviaron era real o falsa y con una total falta de profesionalismo edita y narra la noticia señalando hechos inexistentes dañando nuestro honor y reputación como personas y profesionales de la salud”.

Asimismo, los médicos atribuyen a Vergaray Poma la responsabilidad por los comentarios realizados por ciudadanos en redes sociales, en la que se les califica de “irresponsables”, entre otros adjetivos.

Por tal razón, a través del documento, exigen que el periodista “rectifique por el mismo medio que propaló la noticia, con afirmaciones inexactas editando los sucesos dolosamente, tal y conforme los prescribe la Constitución Política del Estado, además esperamos las disculpas públicas; por cuando no existen documentos a nivel policial y fiscal de lo que usted afirmó en su noticia calumniosa”.

La carta termina indicando que “caso contrario y sin lugar a dudas se rehúse en corregir lo mal que ha hecho, formularemos la denuncia penal – querella ante el órgano jurisdiccional con la correspondiente indemnización por daños y perjuicios ocasionados”.

Es de precisar que la carta notarial que enviaron los médicos en mención cuenta con varias inexactitudes, como el mencionar que el periodista trabaja para la Municipalidad Provincial de Pomabamba o que el portal web de noticias Pomabamba TV en vivo es administrado por dicha comuna.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP reitera su rechazo por el uso y abuso de la vía legal como mecanismo de amedrentación a periodistas, más aún cuando -en casos como este- el periodista replica un reportaje periodístico que no es de su autoría. Además, en un absurdo jurídico, se le pretende responsabilizar por las opiniones expresadas por los ciudadanos tras la difusión del material periodístico.

 
Satipo: Periodista víctima de exceso policial es denunciado por funcionaria

La directora del Centro de Salud de Mazamari, provincia Satipo (Junín), Marilú Isabel Astoray Vivanco, denunció al periodista Marco Antonio Morán Huanaco, de radio Integración, acusándolo de la comisión del delito contra la tranquilidad pública y contra la intimidad personal.

El periodista había difundido la grabación de una conversación telefónica con la funcionaria, a quien contactó para confirmar sobre la presencia de un posible paciente COVID-19 en el nosocomio local. A consecuencia de dicha denuncia periodística el hombre de prensa fue detenido el 10 de abril del año en curso por efectivos policiales de la Comisaría de Mazamari. Luego de la diligencia –que al parecer de la ANP tuvo excesos policiales-, Morán Huanaco fue puesto en libertad por orden de la fiscal de turno.

Pese a que en aquella ocasión los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron al periodista inicialmente por una “infracción” no fueron presentados cargos en su contra.

Sin embargo, semanas después, el 28 de abril en horas de la tarde, el Marco Antonio Morán recibió la visita de los agentes de la Comisaría de Mazamari, quienes le indicaban que debía acercarse a la dependencia policial para firmar una denuncia. El periodista se negó a apersonarse, puesto que, si el motivo era una notificación, la ley no lo obligaba a hacerlo.

Dos días después recibe en su vivienda una citación policial con fecha 28 de abril que lo invocaba en calidad de investigado por estar “inmerso en la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública – contra la intimidad personal, en agravio de Marilú Isabel Astoray Vivanco”. Dos semanas después, el 14 de mayo, la citación le fue renovada.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú le recuerda a la funcionaria que la divulgación de información referida a la salubridad es considerada de interés público. El periodista, como corresponde, consultó una fuente directa -la titular del Centro de Salud local- para corroborar información. Por ello consideramos un absurdo jurídico considerar dicha práctica atentatoria a la intimidad personal.

La ANP se mantendrá vigilante ante cualquier intento policial o legal de hostigamiento que pretenda silenciar la labor de los periodistas locales.

 
Chepén: ANP condena hostilización contra periodista y eventual atentado contra su vida

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP denuncia y condena la hostilización de la que viene siendo víctima la periodista Flor de María Armas Cáceres, del portal noticioso en redes sociales 98.7 TV, en la provincia de Chepén, región La Libertad.

A través de su espacio informativo la periodista había revelado presuntas irregularidades en la gestión de la Municipalidad Provincial de Chepén, en las que estaría involucrado el hijo de la alcaldesa María Del Carmen Cubas Cáceres, Francis Paul Abanto Cubas, señalado por tres sicarios como la persona que los contrató “para cumplir algunos trabajos especiales” en Chepén.

La periodista, en comunicación con la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista de la ANP, indica que ella podría haber sido uno de los objetivos de los delincuentes contratados, ya que es una de las más visibles voces críticas que viene denunciando hechos de corrupción en la actual gestión municipal. A los sicarios se les incautó armamento militar en el hostal en el que estaban hospedados.

En la víspera de la captura la mujer de prensa venía recibiendo reiterados ataques en redes sociales que intentaban desprestigiar su trabajo periodístico. Las cuentas troll desde las que se iniciaron las agresiones y ofensas se identifican con los nombres de “María Isabel Sánchez Patiño” y “Golondrina Paloma D Las Casas”.

Semanas atrás, la comunicadora ya había perdido el espacio informativo que tenía en radio Estación Latina 98.7 el mismo que -señaló en su momento- le había sido arrebatado para silenciarla.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú rechaza todo tipo de hostilización contra la periodista y expresa su preocupación por un eventual atentado contra la vida de Flor de María Armas Cáceres.

Ante ello, demanda otorgarle garantías personales e invoca al Ministerio Público a investigar con celeridad a los detenidos a fin de determinar si la periodista era objetivo de los sicarios. Al mismo tiempo, demanda la máxima sanción que prevea la ley para el sicariato.

 
Andahuaylas: Amenazan a periodista y su familia por replicar información oficial

El periodista Edwin Ramírez Delgado, del portal web en redes sociales “Portada.pe”, ha sido víctima de amenazas contra su familia luego que difundiera una nota de prensa oficial remitida por el Frente Policial Apurímac de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El último martes 2 de junio, en horas de la tarde, el hombre de prensa compartió dicha información que alude a la detención de tres personas acusadas de ser presuntos traficantes de animales en el distrito de Santa María de Chicmo, provincia de Andahuaylas.

Ese día por la noche el periodista recibe mensajes desde un número desconocido en su WhatsApp personal (el que figura en las redes sociales del medio) indicando que debía informar con conocimiento, ante lo que Ramírez Delgado responde que estaba replicando la información remitida por la policía.

Ante esto, el desconocido indica que la publicación está bajo su responsabilidad por lo que se le abriría proceso administrativo y penal. El periodista indica que puede retirarla esa noche, esperando una rectificación, pero que al día siguiente volvería a subir dicha información.

El desconocido envía una captura de pantalla de un conjunto de fotos, entre las que figura una del hombre de prensa junto a su hija, para luego quedarse en silencio ante las interrogantes del periodista.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP condena la amenaza contra el periodista Edwin Ramírez Delgado y su familia, y considera este acto como un intento de amedrentamiento e intimidación.

Asimismo, demanda a la policía local a investigar lo sucedido, identificando al titular de la línea desde la que se remitió el mensaje de Whatsapp. Compartir información oficial no es ningún delito, amenazar sí, según prescribe el Código Penal Peruano, que precisa que el anonimato -como en este caso- agrava la pena.

 
Efectivo policial borra material fílmico a periodista en Juliaca

El periodista Deyvid Rufino Ito Apaza, reportero de Cositel TV Juliaca, fue víctima del arrebato de su equipo de trabajo y el borrado de su material periodístico por parte de un agente de la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El hecho ocurrió el último sábado 30 de mayo, alrededor del mediodía, luego que Ito recibiera el mensaje del técnico PNP Mario Espillico, quien daba a conocer la intervención a un local clandestino donde estarían preparando bebidas alcohólicas adulteradas.

El periodista se dirigió al lugar de los hechos, se identificó con las autoridades presentes mostrando sus documentos e inició el registro fílmico con su teléfono celular.

En el momento que graba el suceso los agentes PNP habían detenido a dos personas, presuntas responsables del ilícito, y estaban elaborando el acta de la intervención. En ese instante, el abogado de uno de los detenidos expresó que el periodista no debía grabar la intervención. Ito continuó grabando.

Sin embargo, según relató el periodista a la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista de la ANP, minutos después, un técnico PNP apellidado Castillo, del denominado grupo terna, le indicó al hombre de prensa que estaba obstruyendo el trabajo que realizaban.

El periodista se defiende aludiendo su trabajo de prensa e indica que antes de iniciar de iniciar la grabación se había identificado con las autoridades, a lo que el técnico Castillo le responde indicando que ellos son de otra dependencia.

Acto seguido, el técnico ordena que lo detengan y dos efectivos terna se acercan para sujetarlo. En ese momento el agente Castillo le arrebata el celular y borra el registro fílmico del hecho. Asimismo, ordenó que levanten un acta por la incautación del teléfono celular.

Sin embargo, antes de que esto se concrete, el agente devolvió el equipo de trabajo al hombre de prensa y lo dejó en libertad para que se retire.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP rechaza enérgicamente este abuso policial. No es la primera vez, durante la emergencia nacional, que los agentes del orden en la región Puno han cometido excesos en contra de periodistas locales que cumplían labor informativa.

Asimismo, la ANP invoca a Inspectoría de la Policía para que realice los procesos internos con el fin de identificar y sancionar a los agentes responsables del abuso cometido en contra del periodista Deyvid Rufino Ito Apaza.

 
ANP rechaza amenazas a periodistas de diario judicial Jornada en Ayacucho

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP expresa su firme rechazo a las amenazas por redes sociales contra el equipo periodístico del diario judicial Jornada, en Ayacucho, que tienen la clara intención de amedrentarlos.

Estas amenazas se produjeron luego que el mencionado medio de comunicación, que tiene alcance regional, publicara una crónica el último 27 de noviembre informando que tres policías fueron detenidos por los comuneros del centro poblado Natividad, en el distrito de Pichari, provincia de La Convención en el VRAEM.

En el mencionado texto, el diario expresa que los agentes “fueron capturados por presuntamente estar inmersos en robos y asaltos” y, al ser identificados por la población mientras agredían a una mujer, fueron ajusticiados para luego ser llevados a la Fiscalía, donde quedó registrado en actas lo sucedido.

El diario Jornada cita en todo momento el acta fiscal, sin embargo, en el transcurso del día, un mensaje por Facebook, de una cuenta que pertenecería a un agente policial, cuestionaba el trabajo del medio al mismo tiempo que usaba expresiones amenazantes como “tenga cuidado en redactar su diario”.

De la misma forma, indicaba que presentaría la portada a “las instancias pertinentes”. Estas expresiones, usadas en este contexto, representan una clara amenaza e intento de amedrentar el trabajo periodístico.

Ante esta situación, la ANP condena estos mensajes amenazantes, cuya única finalidad recae en el intento de censura al equipo de prensa del diario Jornada, que cumplió con el deber de informar un hecho de interés público.

Asimismo, invoca a la inspectoría de la policía para que tome las acciones correspondientes con el posible agente que sería responsable de estas amenazas en un intento de mermar la libertad de prensa, derecho consagrado en la Constitución.

 
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