Matriz Histórica
Del Gremio De La Prensa
Sábado, 11 julio 2020
Roban datos a dos periodistas que cubrían el COVID-19 y la corrupción en Paraguay

MIAMI.- El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) elogió la rápida acción de las autoridades paraguayas para investigar el robo de datos de los teléfonos de los periodistas Juan Clari Arias y Jorge Torres, e instó a las autoridades a llevar la investigación hasta el final y enjuiciar a los responsables.

El mes pasado, hackers ingresaron a los datos telefónicos de Arias y Torres, reporteros de Grupo Nación, según Arias, quien habló con el CPJ por vía telefónica, y varios tuits de Torres.

El 28 de abril, agentes policiales acompañados de funcionarios de la Fiscalía detuvieron a dos personas acusadas de hackear los teléfonos, y los acusaron de los delitos de asociación criminal y acceso indebido a datos y sistemas informáticos, según informaciones de prensa y un tuit de la Fiscalía. Las dos personas también son acusadas de haber hackeado el teléfono del diputado independiente Carlos Antonio Rejala, según versiones periodísticas.

El 30 de abril, Gerardo Fabián Martí, abogado afiliado al opositor Partido Liberal Radical Auténtico y quien, según las autoridades, presuntamente contrató a los acusados, se entregó luego de que se expidiera una orden de captura contra él y agentes policiales allanaran su vivienda, según versiones periodísticas. Los tres sujetos siguen detenidos, Arias declaró al CPJ.

Arias aseguró que los hackers habían accedido a todos los datos de su teléfono celular, inclusive a la identidad de las fuentes periodísticas que había reunido a lo largo de su trayectoria periodística de 29 años. “Ese es el mayor daño que me han causado”, declaró Arias al CPJ. “El daño desde el punto de vista profesional es devastador. Ahora estoy tratando de reconstruir mi red de fuentes”.

“Las autoridades paraguayas deben continuar la investigación hasta llegar al fondo del robo de datos de los teléfonos de los periodistas Juan Clari Arias y Jorge Torres”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Paraguay debe transmitir el mensaje inequívoco de que responderá firmemente a las acciones que afectan la reserva de las fuentes periodísticas, que es una piedra angular de la libertad de prensa”.

De acuerdo con Arias, el 17 de abril él se dio cuenta que faltaba todo el contenido de su teléfono celular, y que no podía hacer ninguna llamada. Arias presentó una queja ante la empresa de telecomunicaciones Personal, y un representante de la empresa le dijo que habían “clonado su teléfono”, es decir, que alguien había duplicado todos sus datos.

El representante le dijo que Personal estaba investigando el incidente y que presentarían una denuncia penal ante la Fiscalía, señaló Arias, quien también presentó una denuncia ante la Fiscalía el 18 de abril, una copia de la cual el CPJ revisó.

El 24 de abril, Torres anunció en Twitter que su teléfono también había sido clonado, y que alguien había intentado acceder a su cuenta de Facebook.

Recientemente, ambos periodistas habían investigado presuntos actos de corrupción relacionados con contratos del Ministerio de Salud Pública, y habían denunciado que los contratos se habían otorgado a empresas fantasmas dirigidas por una sola familia, conocida como el “Clan Ferreira”.

Martí llamó varias veces a Arias para rechazar esas acusaciones en nombre del Clan Ferreira, luego de que el periodista denunciara el presunto acto de corrupción en su programa televisivo diario “Dos en la ciudad” el 13 de abril, Arias declaró al CPJ.

Según Arias, la Unidad de Delitos Informáticos de la Fiscalía había investigado prontamente su denuncia. Arias agregó que la Fiscalía también había asignado protección policial a su vivienda.

El CPJ envió un correo electrónico a la Fiscalía para obtener una declaración, pero no recibió una respuesta de inmediato.

Martí ha rechazado todas las acusaciones contra él, y su abogado argumentó que la acusación podría tener trasfondos políticos, según informaciones de prensa.

El Ministerio de Salud anunció que rescindiría los contratos con las empresas afiliadas al Clan Ferreira, según versiones periodísticas.

 

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Créditos: Eylen Jalilíe